Luego de pasar por el Gobierno como presidente del Senado de la República y como embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras entró a la carrera electoral por la Presidencia para tomar el lugar de Gustavo Petro en la Casa de Nariño en este 2026.En diálogo con Recap de Blu Radio, Barreras aseguró que será el encargado de continuar el progresismo que, hasta ahora, ha hecho el Gobierno actual y aseguró que derrotará “la consulta uribista” para convertirse en el encargado de unir nuevamente el país y crear un puente que “acabe con las diferencias”.“Los liberales progresistas, los verdes progresistas, los independientes, la gente que marchó conmigo en defensa del plebiscito por la paz, los que tuvimos plebitusa, no hemos ido a las urnas. Yo voy el 8 de marzo a las urnas convocando a los colombianos a unir al país porque no estamos condenados al radicalismo, ni a los extremos, ni a la opción violenta que propone la extrema derecha. Voy a ir además a derrotar a la consulta uribista”, dijo.De acuerdo con Roy Barreras, él es un candidato de centro y buscará que “en su Gobierno se acabe de la violencia”, por eso, seguirá el legado que ha puesto el presidente Gustavo Petro y por eso buscará reunirse con Iván Cepeda el 9 de marzo, día en el que, según él, habrá ganado la consulta y podrá llegar “un nuevo pacto”.“Yo espero que el 9 de marzo tengan voluntad de diálogo. Han estado muy agresivos injustamente, muy nerviosos tal vez. Han dicho, por ejemplo, la exministra Susana Muhammad, que yo estoy dividiendo la izquierda. Yo no soy de izquierda, voy a dividir la izquierda. Yo lo que soy es un liberal progresista de centro socialdemócrata, eso ha sido toda la vida. Y por supuesto quiero que este país tenga un gobierno de centro moderado, estable, que avance hacia el cambio”, puntualizó.Por otro lado, en medio de la controversia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia electoral y el llamado de sectores del Pacto Histórico a no participar en la consulta, Barreras marca distancia y fija postura. “Confío totalmente en el sistema electoral. No es perfecto, pero funciona”, sostuvo, recordando que con el mismo mecanismo han ganado y perdido distintos sectores políticos en los últimos años.“Un país desunido no logra avanzar. No le aprobaron las reformas al presidente por la confrontación permanente”, señaló.De cara al 8 de marzo, el exsenador confía en que el voto de opinión —más que “las maquinarias”— definirá el resultado. “La ola que crece es la de quienes no quieren polarización. Esa es la que va a ganar”, afirmó.
Roy Barreras, candidato a la Presidencia 2026-2030, habló sin titubeos sobre lo que sería su gobierno de ser elegido presidente de Colombia y, aunque todavía espera tener un encuentro con Iván Cepeda en las urnas, también señaló que espera cumplir las promesas que ha sostenido el progresismo durante el gobierno de Gustavo Petro y que no se han concretado por la oposición.Ante esto, Roy Barreras afirmó que el actual gobierno ha dado el primer paso hacia una inclusión social adecuada, dándoles voz a los más vulnerables y, según el candidato, “Colombia es de todos, también del vendedor ambulante, de la madre jefe de hogar, de la madre comunitaria, del desempleado, del campesino, del indígena”; además, sostuvo que Colombia por décadas ha sido un país que ha mantenido en el olvido y en la negación a los más pobres.Y es que, según Barreras, Colombia es el tercer país más injusto del mundo, por lo que el avance que ha tenido el gobierno ha sido clave para establecer cambios en favor de las personas más pobres. Pese a ello, aseguró que su tarea será cumplir lo que no se ha logrado en cuatro años del gobierno de Petro.Roy Barreras cumplirá con lo que Petro no pudoRoy Barreras señaló que, en el primer año en que presidió el Congreso, bajo ese criterio hubo una coalición estable, donde se aprobaron las reformas. Pero tras su salida se han presentado varias confrontaciones entre el Congreso, los gobernadores, los alcaldes e incluso con las cortes, por lo que considera que “un país desunido no funciona. No le aprobaron las reformas al presidente por la polarización”.Ante ello, señaló: “Yo voy a hacer aprobar esas reformas y voy a avanzar en esas reformas sociales, pero también en la reactivación de la economía”.Así mismo, afirmó que respalda el subsidio a los adultos mayores y considera necesario formalizar a las madres comunitarias, y que incluso dará un subsidio de vivienda.Y finalmente indicó que, bajo su presidencia, el campesinado estará protegido, pues va a “reconstruir el Idema como centro de acopio para los campesinos”, con el objetivo de poner a Colombia a producir, dejando claro que, si hay dinero en el país, se podrá pagar la deuda social y poner fin a la desigualdad.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la primera jornada laboral de este 2026 en Colombia. Ese día millones de colombianos, específicamente 41.287.084, participarán en las consultas interpartidistas y elegirán el nuevo Congreso de la República en todos los puestos de votación que pondrá a disposición la Registraduría en todo el país.Asimismo, cientos de colombianos son elegidos por la Registraduría para hacer el rol de jurado de votación, que, de incumplirse, traerá fuertes sanciones y por eso es importante verificar si usted es o no parte de eso.“Ser jurado es una responsabilidad clave para garantizar elecciones transparentes en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya designó más de 862.000 ciudadanos como jurados para los comicios al Congreso y consultas populares del próximo 8 de marzo de 2026”, indicó el Senado de la República en un comunicado.Link para consultar si es jurado de votaciónSaber si usted fue designado para la jornada electoral no es difícil, de hecho, puede hacerlo a través de su celular en cuestión de minutos con los siguientes pasos:Ingrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.¿Cuál es la multa por no cumplir?De acuerdo con la Registraduría, el que incumpla con esta norma deberá pagar una multa de hasta 10 salario mínimo legales vigentes y pueden perder su trabajo en caso de ser servidores públicos.“En caso de las elecciones de Consejos de Juventud, el joven menor de edad que sin justa causa no concurra a desempeñar las funciones como jurado de votación deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas”, explicaron.
El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó este domingo que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para desarrollar el operativo en el que se dio de baja a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, corroboró en un mensaje en su cuenta de X que el gobierno estadounidense ayudó en la redada en la que terminó abatido el Mencho en Talpalpa, una ciudad del estado mexicano de Jalisco.“'El Mencho' era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, agregó Leavitt sobre el líder abatido.Según los datos compartidos por la Casa Blanca, tres miembros más del cartel fueron abatidos, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.Un funcionario de defensa estadounidense había adelantado al Washington Post que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), una unidad de inteligencia recién conformada bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, había sido clave para el operativo en el que murió el líder la CJNG.Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”, recalcó la vocera en su mensaje.Además, Leavitt dijo que la Casa Blanca “elogia y agradece” al ejército mexicano por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo.Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.Washington incluyó el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.
En la noche de este domingo 22 de febrero un hecho de gran magnitud llamó la atención en Girón, pues un incendio afectó el patio de Metrolínea, servicio público que opera en Bucaramanga y su área metropolitana, la cual incluye los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.En total resultaron calcinados 14 buses. Bomberos de Floridablanca trabajaron con siete máquinas para extinguir el fuego.Frente a esto, la empresa Metrolínea S.A. informó que el incendio ocurrió al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón.De acuerdo con el comunicado emitido, el hecho fue atendido de manera inmediata por los organismos de socorro y no dejó personas lesionadas ni daños en la infraestructura principal.Según los reportes preliminares de las autoridades, el incendio afectó algunos vehículos antiguos que se encontraban en el portal y que pertenecen a la anterior empresa operadora Metro 5 Plus S.A., actualmente en proceso de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.La entidad destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia, lo que permitió una respuesta coordinada entre el Cuerpo de Bomberos y los organismos de control. La oportuna intervención evitó la propagación de las llamas.De acuerdo con el informe preliminar, no se registraron daños estructurales en el portal ni personas afectadas. Sin embargo, las autoridades continúan verificando lo ocurrido con el fin de esclarecer las causas del incendio, establecer posibles responsabilidades y cuantificar los daños materiales.Por último la compañía de transporte público expresó su agradecimiento al Cuerpo de Bomberos, a las autoridades locales y a los equipos de primera respuesta que atendieron la emergencia.Y, finalmente, la entidad hizo un llamado a los municipios que integran el área metropolitana para “fortalecer el trabajo conjunto en favor de la sostenibilidad y viabilidad del sistema de transporte público, garantizando la seguridad, la continuidad y la calidad del servicio para los usuarios”.
Un incendio registrado en horas de la noche del pasado domingo en el Portal de Girón dejó como saldo la destrucción de 14 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea, según confirmaron las autoridades.La emergencia se presentó al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón, y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la infraestructura.De acuerdo con los reportes preliminares, los vehículos afectados correspondían a buses que se encontraban fuera de operación. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el portal.Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las respectivas inspecciones técnicas para determinar el origen de la conflagración y establecer posibles responsabilidades.A través de una comunicado, Metrolínea mostró su solidaridad frente a los hechos con al empresa Metro 5 Plus, dueña de los buses que hacen parte de un proceso de liquidación.Desde la administración de Metrolínea se indicó que se mantiene coordinación con los entes de control y se entregará información oficial una vez avancen las investigaciones.El hecho genera preocupación frente al estado actual del sistema de transporte masivo en el área metropolitana, mientras se evalúan los impactos operativos y financieros derivados de la pérdida de los vehículos.
El grupo armado ilegal ELN anunció este 23 de febrero un cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.En un comunicado, el grupo insurgente aseguró que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, en un contexto que, según su lectura, refleja una crisis profunda que —afirman— no ha sido atendida por quienes han gobernado. A juicio del ELN, las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.“Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, informó el grupo insurgente.En el pronunciamiento, el ELN reiteró su propuesta de un “acuerdo nacional”, el cual —según indicó— estaría abierto a ser discutido “con todo el país, así como también con el próximo Presidente y el nuevo poder Legislativo”. La organización sostuvo que Colombia requiere construir “soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”."Ante el fracaso de la paz total" y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del papa León XIV señalando que «la paz no se puede imponer por vías de la fuerza». Por eso en la actual coyuntura también recogemos el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana de una «paz electoral"", dice el comunicado.Diálogos con el ELNEl Gobierno de Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla.El pasado julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el ELN estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela. La crisis en las negociaciones se acentuó en enero de 2025 tras la ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en una disputa por el control territorial de esa vasta región del departamento de Norte de Santander.
El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera "El Mencho", fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el capo más poderoso de México y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.Oseguera, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste). Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.El CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Jalisco -sede del cártel- y en otros estados del país. Células del cartel incendiaron negocios y provocaron terror entre la población.La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cártel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización.La respuesta brutal del cartel reavivó incógnitas sobre el futuro de la organización criminal y los posibles escenarios que podrían abrirse tras este episodio. Aquí algunas respuestas.1. ¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y qué tan poderoso es?El "Mencho" fundó este cartel en 2009 y, según expertos, es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. El capo fallecido era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según el gobierno de ese país."Es ciertamente una de las organizaciones más poderosas en México en términos de capacidad militar, en capacidad de reclutamiento y de armas", dice a la AFP David Mora, experto del centro de análisis Crisis Group.Los negocios del cártel se extendieron a otras actividades criminales como la extorsión, el robo de gasolina y el tráfico de personas, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), delitos que le dejan un fuerte ingreso y una gran capacidad económica.El CJNG se ha caracterizado por mostrarse "siempre dispuesto a desafiar al gobierno mexicano", señala. Muchas veces difundió imágenes de sus sicarios presumiendo armamento y vehículos blindados, además de atentar en 2020 contra el actual secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, cuando este era el zar de la policía en la capital. También estuvo en noviembre detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo."En su narrativa siempre están muy dispuestos a desafiar y a mostrar su capacidad operativa (...). No son tímidos de entrar en ataques muy políticos como el de García Harfuch", dice Mora.2. ¿Por qué la reacción fue tan violenta en varios estados de México?La reacción violenta tras el operativo contra Oseguera resaltó el poder del cártel en México. Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).Es la organización criminal preponderante en varios estados, pero en otros está en conflicto con otras agrupaciones criminales. "Lo que vimos hoy es justo una demostración de en donde operan y en donde pueden infligir violencia", dice Mora.Por su parte, el analista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, señala que las autoridades tenían "medida su reacción"; lo que "no tenían en el radar era que (la reacción) fuera de alcance nacional" y que activaran células afines en todo el país.Pese a ello, Rodríguez destaca que con sus acciones, el cártel no pudo evitar que Oseguera fuera abatido y su cuerpo trasladado por las autoridades a Ciudad de México."En términos tácticos operativos, es una operación muy exitosa del gobierno de la República", dice Rodríguez.3. ¿Qué sucederá con el cártel sin el "Mencho" al frente?Nemesio Oseguera, era un líder criminal al estilo al estilo de Joaquín "Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, encarcelados en Estados Unidos. Tenía una presencia omnipresente en el CJNG y no tenía sucesores claros.Según expertos, el CJNG se había empoderado, tras el debilitamiento del cártel de Sinaloa por sus guerras intestinas. Su hijo mayor, conocido como "El Menchito", fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.Los posibles escenarios son que el cártel siga haciendo negocios sin su líder o que entre en una guerra intestina por su liderazgo. En caso de una guerra interna "tendríamos un incremento de la violencia homicida", dice el experto en seguridad David Saucedo."Al no haber una sucesión directa, se crea un vacío de poder que abre la posibilidad de generar reacomodos violentos dentro de la organización", explica el analista de Crisis Group.
Confianza total tiene el precandidato presidencial Roy Barreras de cara a las elecciones interpartidistas del próximo 8 de marzo para ir a la contienda de la primera vuelta por la Presidencia de la República y, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró tendría listo el gabinete en caso de ser elegido por los colombianos.Su objetivo será continuar el progresismo que “comenzó con el Gobierno de Gustavo Petro”, del cual hizo parte. Para él su gabinete estaría conformado por diferentes ideales, entre esos, entraría Armando Benedetti, ministro del Interior, a quien considera “un hombre inteligente”. “Me parece que es un gran constructor. No, yo creo que es un hombre que tiene mucho que ofrecer en una campaña, pero no puede porque está de ministro del Interior. Ojalá estuviera en mi campaña”, dijo.Así sería el gabinete de Roy Barreras de ser elegido presidente“El gabinete próximo tiene que ser un gabinete, y será un gabinete de expertos, un experto en hacienda pública. Hay que recuperar la economía, expertos en salud, en educación, hay gente muy buena. Pero le doy dos datos de los perfiles: el 60, no el 50, el 60 % de mi gabinete serán mujeres, porque la brecha de género es enorme. En el consejo de Popayán, por ejemplo, en el consejo de Pasto hay 18 concejales, 17 hombres y una sola mujer. En el eje cafetero hay casi medio centenar de alcaldes, 47 hombres, una sola mujer. Esa brecha de género hay que cerrarla. Y empecemos por darle más espacios de poder a las mujeres en el alto Gobierno”, dijo.Además, que su gabinete será parte de la continuidad del progresismo, pues, bajo su Gobierno, saldrá a flote: reforma agraria, Transición energética, inclusión social, entre otros proyectos.¿Petro sería su vicepresidente?Sí. De acuerdo con Roy Barreras, la persona perfecta para este rol sería el presidente, quien sería capaz de equilibrar y unir, que, además, la ley se lo permite y hasta ahora “no le ha dicho que no”.“¿Quién mejor para representar el legado de Gustavo Petro que Gustavo Petro? Y no está inhabilitado. ¿Usted va a insistir en esa tesis? Claro, porque no está impedido y no me ha dicho que no. Y yo creo que le daría garantía a, a las mayorías y al pueblo petrista de que hay un sello de, de inclusión social con un, con un Gobierno equilibrado de centro”, puntualizó.
La Registraduría Nacional realizó una prueba técnica para verificar el funcionamiento de los bolígrafos que se utilizarán en las elecciones del Congreso y en la consulta de precandidatos a la Presidencia el próximo 8 de marzo.La jornada se llevó a cabo en Bogotá con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) y auditorías internacionales como IIDH y CAPEL.Durante la prueba, los asistentes marcaron tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta con bolígrafos de tinta negra y morada. Luego sometieron las tarjetas a diferentes pruebas: aplicaron agua, alcohol, thinner, borrador, fuego y aire caliente. También doblaron las tarjetas para revisar si la tinta se traspasaba o manchaba.El resultado, según las autoridades y observadores, fue claro: la tinta no se borra, no se corre y no traspasa el papel. Con esto, la Registraduría busca despejar dudas que han circulado en redes sociales sobre una posible desaparición de las marcas hechas por los votantes.El delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que los bolígrafos son de buena calidad y que incluso los ciudadanos pueden usar su propio esfero si así lo desean. Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirmó que las pruebas demostraron que la tinta permanece intacta después de aplicar distintos elementos.La Registraduría anunció que esta prueba también se realizará con representantes de las agrupaciones políticas como parte de las acciones para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
El incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde un avión de LATAM Airlines que cubría la ruta Bogotá–San Andrés tuvo que abortar su despegue tras cruzarse en trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ha generado preocupación en el sector.El Sindicato de Trabajadores Aéreos en Colombia (Sintratac) emitió un comunicado en el que advierte sobre problemas estructurales que, según la organización, representan riesgos para la seguridad operacional y la sostenibilidad del sistema aéreo nacional.Daniel Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que actualmente el país cuenta con 799 controladores aéreos a nivel nacional. Sin embargo, el sindicato estima que, para soportar la capacidad aérea actual y el crecimiento proyectado, se requerirían entre 1.000 y 1.200 profesionales.“Cualquier desbalance entre la demanda operativa y la disponibilidad de controladores representa un riesgo para la seguridad, la eficiencia, la estabilidad y la operatividad del sistema”, se lee en el comunicado. El sindicato sostiene que el fortalecimiento de la planta de controladores es una condición indispensable para garantizar las operaciones, especialmente en aeropuertos con alta demanda.El sindicato también alertó sobre la creciente concentración de operaciones en aeropuertos como Cartagena, Medellín (Rionegro) y Cali, que enfrentan limitaciones logísticas y operativas para absorber un mayor flujo de vuelos.Según Gallo, la congestión no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado con el aumento del tráfico aéreo y con la coexistencia de operaciones civiles y militares en El Dorado. “Tenemos un aeropuerto militar dentro de un aeropuerto civil, y cuando hay operaciones de orden público, eso congestiona aún más la operación”, explicó.Entre las medidas que el sindicato considera necesarias están la implementación de radares terrestres para el control de superficie, el fortalecimiento de los sistemas de aeronavegación y, nuevamente, la contratación de más controladores.Otro de los puntos de preocupación del sindicato es la posible modificación del sistema de asignación de slots, es decir, las franjas horarias para despegues y aterrizajes, por parte de la Aeronáutica Civil.Gallo confirmó que ya hubo una reunión con la autoridad aeronáutica en la que se les informó que no existe aún un borrador formal, pero que el tema está en estudio. El sindicato insiste en que, más que cambiar el modelo, se debe reforzar el monitoreo y el control sobre el uso de los slots. “Nos preocupa a quién se le van a asignar los nuevos slots, cuál es la capacidad máxima real de aterrizajes y despegues y, sobre todo, qué pasará con las franjas prime”, indicó.Advierten que una supervisión insuficiente puede incrementar la congestión, afectar la previsibilidad del sistema y generar impactos tanto para los usuarios como para los trabajadores.En su comunicado, Sintratac también expresó inquietud frente a la expansión de modelos operativos basados en esquemas de tercerización. Según Gallo, ya existen aerolíneas emergentes que estarían reduciendo costos a través de la precarización laboral.Para la organización, la seguridad y confiabilidad del sistema dependen de personal calificado, con experiencia y condiciones laborales estables. “Fragmentar responsabilidades y debilitar las condiciones de trabajo también impacta la calidad de las operaciones”, advierte el comunicado, a la vez que insiste en que la transferencia de conocimiento a personal no calificado es limitada.El sindicato reiteró su disposición a participar en mesas técnicas con la Aeronáutica Civil para buscar soluciones que fortalezcan la capacidad operativa y la seguridad aérea en el país.
Ya casi termina el segundo mes del año 2026; sin embargo, el calendario llegó con buenas y malas noticias para los trabajadores del país. Si bien Colombia sigue siendo uno de los países con más festivos en la región, dos puentes tradicionales ya no serían tal y como los conocemos, lo que representaría un golpe para las temporadas altas.En el país existe una norma llamada Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani, que obliga a que la mayoría de festivos se trasladen al lunes para incentivar el descanso y darle un impulso al turismo.De hecho, según lo revelado por Bloomberg, Colombia lidera en número de festivos en Latinoamérica, superando a países como Chile (17), Argentina (16) y Perú (16). Por lo tanto, en Colombia habrá 18 festivos, uno más que en 2025. Sin embargo, los festivos de alta importancia histórica o religiosa no pueden ser movidos y se debe respetar el día en que caen; esto evita que se presenten los fines de semana largos.Dos puentes en 2026 sufrirán fuerte cambio ¿Qué pasó?Para 2026 se presentarán ajustes en dos fechas importantes que, por tradición, han sido de las más aprovechadas por los colombianos para descansar:Día de la Ascensión: en 2025 se celebró el lunes 2 de junio, en plena temporada alta de viajes. En 2026 será el lunes 18 de mayo. Aunque sigue siendo puente, cae en un periodo ordinario, lo que podría reducir su impacto turístico.Día de las Velitas (Inmaculada Concepción): en 2025 permitió descanso el 6, 7 y 8 de diciembre al caer lunes. En 2026 será martes, eliminando el puente largo de inicio de Navidad.El primero de los puentes afecta las vacaciones de mitad de año, mientras que el segundo impacta las fechas de fin de año, usadas por millones de colombianos para el descanso familiar.¿Cuáles son los meses con más descanso en 2026?Este año, de los 18 festivos que se celebran en Colombia, 11 se moverán al lunes, por lo que el panorama de puentes largos sería el siguiente:Marzo: lunes 23 (San José).Abril: jueves 2 y viernes 3 (Semana Santa).Mayo: viernes 1 (Día del Trabajo) y lunes 18 (Ascensión).Junio: tres puentes consecutivos.Julio: lunes 20 (Independencia de Colombia), regresa el puente tras siete años.Agosto: lunes 10 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción).Octubre: lunes 12 (Día de la Raza).Noviembre: lunes 2 (Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).Diciembre: viernes 25 (Navidad), que se une al fin de semana.Mayo, junio y agosto concentran la mayor cantidad de pausas. En contraste, febrero y septiembre no tienen ningún festivo.Por lo tanto, este año habrá más oportunidades de descanso; sin embargo, dos puentes que muchos colombianos suelen aprovechar perderán protagonismo, por lo que deben tener en cuenta los cambios que se presentarán debido a estos ajustes en el calendario.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
Desde Cartagena, el procurador Gregorio Eljach rechazó las recientes declaraciones y publicaciones en las que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la legalidad y transparencia de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales programadas para este 8 de marzo.Para Eljach, no hay respeto ni derecho a cuestionar, además, a las entidades de control que acompañan el proceso."Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea y porque fue el que me postuló aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento", aseveró Eljach.El jefe del Ministerio Público contó que este miércoles tendrá una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para evaluar las tareas alrededor de la jornada electoral."Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no digan, está bien, decimos que está bien", detalló.Más temprano, Eljach dijo que hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades o fraude, como lo ha mencionado Petro en varias ocasiones.Por su parte, Penagos, la semana pasada, también había pedido respeto por el trabajo de las entidades que, insistió, son independientes."Y nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera", afirmó el funcionario.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.Miranda mencionó a la cuñada de Jaramillo, María Clara Berrocal, quien, según la denuncia, ha firmado cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de 390 millones de pesos.La congresista también señaló a dos sobrinos del ministro, uno de los cuales firmó un contrato con el Ministerio de Ciencias por 72 millones de pesos en 2024.“También está Camilo Jaramillo Berrocal, que ha firmado más de 12 contratos con entidades como la empresa ferroviaria regional, que en total suma más de 1.400 millones de pesos. Hay un dato aún más delicado porque en 2023 esta persona fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y además fue imputada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht”, dijo Miranda.La congresista también afirmó que el hijastro del ministro fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) durante el gobierno Petro, con contratos por 97 millones de pesos, y que el hermano del ministro también habría recibido contratos de la Contraloría General de la República por 38 millones de pesos.“El hijo, Alejandro Jaramillo Gómez, desde agosto de 2024 es el director de ProColombia en el Reino Unido. Ese cargo le representa ingresos que superan los 40 millones de pesos mensuales”, agregó Miranda.Por otro lado, señaló que la esposa del ministro es la superintendente delegada para las prestadoras de servicios de salud.“La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un entramado familiar beneficiado con recursos públicos? Más de 3.000 millones de pesos mientras el país enfrenta una crisis en el sistema de salud y los colombianos esperan atención”, concluyó Miranda.
El viceministro de Comercio Exterior, Tito Yepes, se refirió a las negociaciones con Ecuador en el marco de la guerra arancelaria y el decreto del Gobierno colombiano que responde recíprocamente a los aranceles anunciados por el presidente de ese país, Daniel Noboa.“Ya se iba a firmar por el presidente, pero se revisó para blindar jurídicamente al Estado, ahora estamos a la espera. Hemos hecho demandas ante la Comunidad Andina. Ecuador se inventó esa tasa de seguridad y eso es un arancel y está prohibido dentro de lo acordado. Hemos hecho dos demandas de diferente tipo y ya fueron aceptadas por el tribunal para su estudio. Son procesos largos y estamos esperando señales positivas de Ecuador para que dialoguen de nuevo con nosotros”, dijo.Cabe mencionar que Ecuador respondió a las demandas anunciando tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. Argumentan “vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional” y agregan que las medidas arancelarias anunciadas desde Colombia carecen de justificación técnica y jurídica.Colombia aplicó aranceles del 30 % a 23 líneas de productos provenientes de Ecuador, entre ellos arroz, fríjol, plátano y pescado. El Gobierno también anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica hacia ese país.Ahora será la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) la encargada de evaluar si estas decisiones contravienen lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, que contempla el libre comercio intracomunitario con arancel cero. En caso de encontrar irregularidades, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podría ordenar que se retiren los gravámenes e incluso habilitar la imposición de sanciones comerciales.
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que apenas tres de las 23 medidas técnicas recomendadas a la Aeronáutica Civil han sido implementadas para aumentar la capacidad de operaciones por hora en la principal terminal aérea del país.El origen de esta discusión se remonta a 2023, cuando un monitoreo técnico concluyó que, si se aplicaban 23 acciones de corto, mediano y largo plazo, el Aeropuerto Internacional El Dorado podría alcanzar hasta 100 operaciones por hora. Esto significaría un aumento del 47 % en su capacidad, una cifra clave para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Colombia.Sin embargo, según la IATA, el avance ha sido mínimo: además de las tres medidas ya ejecutadas, solo seis más están en proceso, mientras que el resto no registra progresos concretos. Para el gremio, que representa a más de 360 aerolíneas y cerca del 85 % del tráfico aéreo mundial, la operación actual es insuficiente frente al panorama operativo que enfrenta el aeropuerto.Uno de los puntos más sensibles es la gestión de los llamados “slots”, es decir, las franjas horarias de despegue y aterrizaje. La IATA insiste en que se debe implementar un sistema de monitoreo alineado con los estándares internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), utilizados globalmente para organizar la operación en aeropuertos congestionados.Sin embargo, antes de tener en cuenta las medidas, la Aerocivil anunció que trabaja en una nueva política para la asignación de slots en El Dorado, decisión que ha generado inquietud en el sector aéreo, lo que representaría consecuencias directas para los viajeros y la economía del país."La demanda para el transporte aéreo en Colombia sigue siendo fuerte, pero la capacidad en los principales aeropuertos, especialmente en Bogotá, sigue estando severamente limitada. Existen medidas claras que pueden mejorar la eficiencia de inmediato en El Dorado, e instamos a las autoridades y al operador aeroportuario a actuar con antelación. El cumplimiento integral de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) por parte del gobierno sigue siendo esencial, incluyendo los procesos de monitoreo de slots”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA.Entre los riesgos señalados están menos opciones de vuelo, lo que limitaría rutas disponibles; aumento en los precios de los tiquetes debido a una menor oferta; debilitamiento de los enlaces comerciales, especialmente en el transporte de carga como flores y productos perecederos; y una posible caída del turismo.Además, la IATA aseguró que el hecho de que se presente una menor conectividad podría restarle competitividad a Colombia frente a otros centros regionales como Panamá o São Paulo. En 2025, más de 47 millones de pasajeros viajaron por Colombia, consolidando al país como uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica y un centro creciente de comercio e inversión.
Las autoridades encontraron este lunes a los tres soldados colombianos que desaparecieron tras los combates del fin de semana contra miembros de una disidencia de las Farc en una zona rural del departamento del Guaviare (sur), en los que murieron un uniformado y otros nueve resultaron heridos."Los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados", detalló el Ejército en un comunicado.Los uniformados desaparecieron tras los enfrentamientos en la vereda (aldea) Caño Mosco, del municipio de San José del Guaviare, contra miembros del grupo armado Isaías Carvajal, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.Una vez fueron hallados, el Ejército le informó a las familias de los soldados, que "estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos".En los combates, entre tanto, murió el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba y también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales.El departamento de Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC y, tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.El EMBF, entre tanto, surgió de la ruptura de otra disidencia de las FARC y actualmente negocia la paz con el Gobierno en unos diálogos que están empantanados.
La discusión sobre la financiación de los presupuestos máximos del sistema de salud volvió a tomar fuerza tras publicaciones en redes sociales que advertían una supuesta insuficiencia de recursos para 2026. Frente a esto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) emitió un comunicado en el que aseguró que no existe desfinanciación.De acuerdo con la entidad, entre 2023 y 2025 se destinaron 11,66 billones de pesos para financiar servicios y tecnologías no incluidos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para 2026, la apropiación inicial asciende a 2,87 billones de pesos, cifra que, según la ADRES, es superior a la asignada en años anteriores al inicio de cada vigencia.La entidad explicó que los presupuestos máximos se asignan cada enero con una partida aprobada por el Ministerio de Hacienda, luego de garantizar los recursos de la UPC. A partir del segundo mes del año se realizan adiciones presupuestales progresivas, definidas junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, hasta completar la necesidad anual.En el comunicado se señala que en los últimos tres años no ha existido limitación presupuestal para la ejecución de estos recursos y que los giros se han realizado conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. También se indicó que algunos retrasos en pagos han obedecido a demoras en la postulación del mecanismo de giro directo por parte de ciertas EPS.En medio del debate, algunas sociedades han manifestado que los recursos asignados resultan suficientes para cubrir las obligaciones previstas, siempre que se mantenga la programación de adiciones durante el año. Estas organizaciones hicieron un llamado a cumplir y acatar los fallos emitidos por la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud, en especial aquellos relacionados con la continuidad en la prestación de servicios y el suministro de tecnologías no financiadas con la UPC.El Gobierno, por su parte, sostiene que el esquema de asignación garantiza la disponibilidad de recursos durante la vigencia y que el sistema cuenta con los mecanismos para responder a las necesidades que se presenten a lo largo del año.