El próximo 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar por las listas al Senado y Cámara que conformarán el próximo Gobierno en el Congreso de la República. Por parte del Partido de la U encabeza el senador Juan Felipe Lemos, que aspira volver a tener su curul para “avanzar en temas que beneficien a los colombianos”.“Soy un congresista dedicado única y exclusivamente a este ejercicio político. Formado en los temas públicos, particularmente en Hacienda Pública, en las económicas. Y el Congreso requiere voces autorizadas, respetadas, que den el debate con argumentos, con seriedad, con rigor técnico. Eso es lo que he hecho durante estos últimos 16 años de mi vida, y quiero hacer este último periodo porque veo que el país no va bien, porque habrá que llegar a hacer una reforma a la salud, porque habrá que llegar a reformar la seguridad, porque habrá que llegar a devolverle el orden económico al país, y para eso se necesita gente experimentada con la capacidad de incidir a través del debate, la discusión, el respeto que ya nos hemos ganado en la toma de decisiones que beneficien a los colombianos”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.¿Cuáles son las propuestas de Juan Felipe Lemos en el Congreso?Primero fue enfático al mencionar que seria uno de los principales opositores de quienes intenten impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y que en el Congreso trabajará para tramitar reformas estructurales.Uno de los puntos centrales de su agenda legislativa es la reforma tributaria. Lemos afirmó que el país necesita una nueva reforma, pero con un enfoque distinto al implementado recientemente. Criticó el aumento de la carga tributaria al sector productivo, que pasó del 32 % al 35 %, ubicándose, según indicó, por encima del promedio de los países de la OCDE.“El país tiene una deuda con el sector rural. Yo quiero impulsar la creación del sector agropecuario. Hay 5 millones de trabajadores en el país que son los trabajadores de la tierra, los que producen el café, la caña, el arroz, el algodón, en fin, todos los productos que hoy estamos exportando. La gran mayoría de esos trabajadores están en la informalidad. La tasa de informalidad en el sector rural de Colombia es del 83 % comparada con la tasa de informalidad en el sector urbano. ¿Qué queremos nosotros? Crear una figura de contratación especial de los trabajadores del campo que atienda las realidades de ese sector”, puntualizó.Por eso, puso sobra la mesa la creación de la “primera banca agropecuaria en la historia”, para fortalecer la economía rural. Destacó que Colombia cuenta con más de 20 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos.“Estos años de incertidumbre han mostrado que la producción agropecuaria ha crecido de manera significativa. Tenemos un gran potencial, siempre y cuando el Estado y el Congreso direccionen su mirada hacia el campo”, afirmó.
Durante el segundo día de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, que se realiza en Cartagena, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó su informe sobre el estado de la tenencia de la tierra en el mundo durante los últimos 20 años.El informe, advierte el organismo internacional, pone de relieve el lento avance que ha tenido la ampliación de la tenencia segura de la tierra.De acuerdo con la FAO, solo el 35 % de la tierra en el mundo está formalmente documentada y el 23 % de los adultos se sienten inseguros frente a esa propiedad.Esta última cifra representa que más de 1.100 millones de personas en el mundo creen probable perder el derecho a una parte o a la totalidad de sus tierras y viviendas en los próximos cinco años.“El informe subraya que fortalecer la seguridad de la tenencia requiere acciones integrales que combinen seguridad jurídica, protección física y sostenibilidad de los medios de vida, permitiendo a las personas permanecer en sus territorios”, explicó Máximo Torero, economista jefe de la FAO.La concentración de la tierra y la falta de acceso a ella, especialmente para mujeres y jóvenes, también ocupó un capítulo importante del informe, que presenta un balance global integral sobre cómo se posee, usa y gobierna la tierra en el mundo.“A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidad de poseer tierra. En muy pocos países se están implementando títulos conjuntos. En 2024, el 48 % de los hombres y el 40 % de las mujeres declararon ser propietarios de vivienda, una brecha ampliada respecto a 2020. En Colombia, solo el 36,3 % de los titulares únicos son mujeres y muchas no toman decisiones sobre sus predios. Cerrar la brecha no es solo titular tierras, sino garantizar control y toma de decisiones efectivas”, detalló Torero.Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien asistió a la presentación del informe, señaló que este es una ruta para la redistribución y el reconocimiento de la tierra en Colombia, que —aseguró— son dos metas fundamentales del Acuerdo de Paz.“En Colombia, el acaparamiento, el despojo y la concentración, que están prohibidos en el régimen agrario, muchas veces se han hecho violando y omitiendo su cumplimiento. Por supuesto, este informe nos pone en el lugar de reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de seguir insistiendo en que la tenencia de la tierra, como lo dijimos en 2016 y como lo ratifica este informe, es fundamental para construir la paz y reconstruir el tejido social en Colombia”, agregó.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
Asocapitales pidió al Gobierno nacional adoptar medidas fiscales y presupuestales excepcionales que permitan a las ciudades capitales enfrentar con mayor eficacia los efectos del frente frío que impacta distintas regiones del paísA través de un comunicado, aseguran que la magnitud de este fenómeno y sus impactos han superado las capacidades de respuesta de los entes territoriales, tanto en dineros como operativos, lo que hace indispensable la expedición de herramientas extraordinarias que faciliten una reacción oportuna.Piden, por ejemplo, que el Gobierno Nacional habilite nuevas fuentes de recursos y flexibilice los mecanismos de ejecución del gasto, con el fin de asegurar que los apoyos lleguen con rapidez a las ciudades más afectadas.“La emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica. Las crecientes y afectaciones en infraestructura crítica, redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y actividades productivas exigen respuestas inmediatas que eviten un deterioro mayor en las finanzas territoriales y en la estabilidad social”, dice el comunicado.En esa línea, dicen los alcaldes, se está afectando la prestación de servicios esenciales y la seguridad de la población, generando presiones adicionales sobre las finanzas de las ciudades y solo la agilidad en la asignación y desembolso de fondos, así como la simplificación de trámites administrativos, ayudarían a mitigar el impacto.Finalmente, Asocapitales manifestó su disposición para trabajar de manera articulada todas las entidades del orden nacional, mediante la instalación de una mesa técnica conjunta para evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las propuestas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la capacidad de recuperación territorial.Según el reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las lluvias y el paso del frente frío han causado emergencias en 171 municipios afectando a 331.754 personas de 117.512 familias.
La nueva gira de la banda bogotana Morat ha empezado a dar de qué hablar en poco tiempo, pese que aún no se ha dado alguno de los conciertos de la agrupación. Todo gracias a sus fans, pues han logrado vender una cifra impresionante de fechas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Más de 24 conciertos confirmados.Estas son las fechas de Morat a nivel mundialChile – SantiagoMovistar Arena – 8 de septiembre de 2026Movistar Arena – 9 de septiembre de 2026Movistar Arena – 10 de septiembre de 2026Movistar Arena – 14 de septiembre de 2026Movistar Arena – 15 de septiembre de 2026La banda agotó sus primeras fechas en tiempo récord, lo que llevó a abrir un quinto concierto ante la alta demanda del público chileno.Argentina – Buenos AiresMovistar Arena – 24 de septiembre de 2026Movistar Arena – 25 de septiembre de 2026Movistar Arena – 26 de septiembre de 2026Movistar Arena – 29 de septiembre de 2026Las entradas se vendieron en minutos, consolidando a Morat como uno de los actos internacionales más convocantes del año en el país y llevando a la banda a anunciar cuatro fechas.Colombia – BogotáMovistar Arena – 14 de agosto de 2026Movistar Arena – 15 de agosto de 2026Movistar Arena – 16 de agosto de 2026Movistar Arena – 21 de agosto de 2026Movistar Arena – 22 de agosto de 2026Movistar Arena – 23 de agosto de 2026En casa, la banda alcanzó un hito sin precedentes con múltiples fechas consecutivas completamente agotadas.España – “Ya Es Mañana World Tour”Barcelona – Palau Sant Jordi – 16 de octubre de 2026Barcelona – Palau Sant Jordi – 17 de octubre de 2026Pamplona – Navarra Arena – 21 de octubre de 2026Valencia – Roig Arena – 23 de octubre de 2026Sevilla – Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) – 25 de octubre de 2026Madrid – Movistar Arena – 27 de octubre de 2026Madrid – Movistar Arena – 28 de octubre de 2026Madrid – Movistar Arena – 30 de octubre de 2026Madrid – Movistar Arena – 31 de octubre de 2026Un regreso a BogotáMorat volverá a casa para dar inicio a una de las giras más importantes de su carrera, y no lo hará en cualquier escenario. La banda bogotana anunció que el ‘Ya es mañana world tour’ arrancará con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá, los días 14, 15 y 16 de agosto, una decisión que responde tanto a razones emocionales como artísticas.El anuncio se realizó en una rueda de prensa en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), en un año clave para el grupo, que en 2025 celebró su primer Latin Grammy al mejor álbum pop/rock por Ya es mañana y cerró la exitosa gira Asuntos pendientes, con la que llenó estadios en distintos países de Latinoamérica.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
Recap Blu presenta un resumen de los hechos que marcaron la agenda informativa del martes, 24 de enero de 2026, con claves de actualidad, política y cultura:Katherine Miranda habló sobre la denuncia según la cual algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dio detalles sobre por qué su renuncia al Centro Democrático.Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina, mencionó las más recientes novedades, luego de confirmarse que la mujer apareció con vida tras un presunto “paseo millonario” en Bogotá.
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
A través de la circular externa 003 de 2026, el Ministerio de Salud ordenó a las EPS intervenidas o las que están bajo una vigilancia especial priorizar a los hospitales públicos en la postulación mensual del mecanismo de giro directo.Estas entidades, al momento de presentar ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, su plan para el giro directo mensual, deberán garantizar que la red pública hospitalaria tenga prioridad en la asignación de recursos. El no cumplir la instrucción puede llevar a sanciones.“En caso de detectarse incumplimiento, la ADRES, en cumplimiento de las funciones de control y seguimiento para el giro directo establecidas en el Decreto 489 de 2025, devolverá la postulación correspondiente y requerirá a las EPS intervenidas para efectos de que la reformulen en un plazo no superior a tres días hábiles”, dice la circular.El argumento detrás de la circular es la de garantizar el derecho a la salud y responder a las advertencias de la Corte Constitucional que ha insistido en que no basta con expedir normas, sino que debe velar por un flujo real y oportuno de recursos para una prestación efectiva y continúa de los servicios de salud, algo que no se está cumpliendo con las altas deudas y el desbalance, dice el ministerio, en la entrega de recursos.Pero también, esta circular retoma observaciones recientes de la Contraloría General de la República y decisiones judiciales que han señalado que el mecanismo de giro directo no ha logrado corregir de manera suficiente los problemas de liquidez del sistema y que ha beneficiado en mayor proporción a prestadores privados, mientras la red pública hospitalaria continúa enfrentando altos niveles de deuda y dificultades financieras.El Ministerio insiste en que busca incrementar la liquidez inmediata de los hospitales públicos, especialmente de las Empresas Sociales del Estado, que cumplen una función estratégica en la atención de poblaciones vulnerables y en territorios donde la oferta privada es limitada y al tratarse de EPS intervenidas, el Estado cuenta con un mayor margen de dirección y control de los recursos.
Ad portas de las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo y a tres meses de la primera vuelta presidencial, se conocieron los resultados de la más reciente encuesta Invamer que mide el panorama electoral antes de los comicios.Realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país con un total de 3.800 encuestas, dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.Así se encuentra la aprobación del presidente PetroDe acuerdo con la encuesta, la aprobación por su gestión se encuentra en 49.1 % y su desaprobación en 46.1 %. Cabe recordar que, en noviembre, en la última realizada antes de esta, un 37,7 % de los colombianos aprobaba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprobaba.En materia de país, el mayor problema para los colombianos ha sido el orden público con un 30.9 %, destacando también la economía (18.0 %), necesidades básicas (14.6 %), corrupción (13.3 %) y mala función del Gobierno y/o sistema político (8.3 %).¿Cuál es el escenario de cara a las votaciones?“Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, planteó la encuesta y la respuesta de los resultados dio que Iván Cepeda lidera con un 37.1 % la intención de voto en Colombia.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.La primera jornada electoral del 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en donde los colombianos no solo votarán la consulta de precandidatos, sino que elegirán los nuevos senadores y representantes el Congreso de la República.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completA
Para la mayoría de trabajadores en Colombia, el domingo es un día sagrado para descansar; sin embargo, existen quienes deben salir a trabajar. Comercio, vigilancia, salud, transporte, restaurantes e industria no se detienen, y detrás de esa dinámica hay reglas que no todos conocen o que pasan por alto.Según dicta la ley laboral, ese día no pasa inadvertido y establece beneficios cuando el trabajo dominical se convierte en una situación habitual para el trabajador.La duda suele centrarse en si solo se tiene derecho al recargo dominical o también a un día libre, y la respuesta depende de cuántos domingos se trabajen al mes y de lo que señala el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en sus artículos 180 y 181.Esto dice la ley sobre trabajar los domingosEl artículo 180 señala que cuando el trabajo dominical es excepcional, es decir, uno o dos días al mes, el empleado tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o a un pago adicional con el recargo correspondiente. Es decir, el trabajador puede escoger una de esas dos opciones.Sin embargo, el panorama cambia cuando la jornada dominical se convierte en habitual, es decir, cuando se trabajan tres o cuatro domingos al mes. Es allí donde entra en juego el artículo 181, el cual establece un beneficio doble.Pago con recargo.Descanso compensatorio remunerado.En este escenario no tiene que elegir, pues de manera obligatoria le deben reconocer ambos derechos.Si trabaja domingo, recibirá más dinero en la quincenaCon la reciente reforma laboral, el recargo por trabajo dominical o festivo quedó establecido en el 80 % sobre el valor de la hora ordinaria. Es decir, si la hora normalmente vale $10.000, el domingo se pagaría a $18.000.Por lo tanto, si trabaja las ocho horas, la diferencia en el ingreso mensual del trabajador tendrá un peso considerable, especialmente en sectores donde el fin de semana registra mayor movimiento. Por ejemplo:Si se trabajan cuatro domingos en el mes, se recibe el 80 % adicional por cada hora.Además, se deben otorgar cuatro días de descanso compensatorio remunerado.Si solo se laboran dos domingos:Se puede elegir entre el pago con recargo o el día libre.Trabajo dominical habitual: así funciona el compensatorioPara muchos colombianos diferenciar entre trabajo dominical habitual y excepcional es crucial para identificar qué deben percibir. Muchas empresas manejan turnos rotativos y es ahí donde pueden surgir confusiones. No reclamar el descanso compensatorio o aceptar un pago inferior al legal representa una afectación directa a los ingresos mes a mes.De hecho, el Ministerio de Trabajo ha reiterado que estos recargos y descansos son obligatorios; su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas.Si bien para muchos hogares trabajar el domingo implica un sacrificio, la ley contempla una compensación para los trabajadores, la cual no debería verse afectada por el desconocimiento ni dejarse pasar.
La intención de voto en segunda vuelta presidencial cambia según el enfrentamiento planteado, de acuerdo con la encuesta Colombia Opina #20 realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol .El estudio evaluó cuatro posibles duelos entre candidatos, con base en quienes definitivamente o probablemente votarían y excluyendo a los indecisos.Cepeda vs. De la EspriellaEn este escenario, Iván Cepeda obtiene 59,4 % frente a 37,4 % de Abelardo de la Espriella. El voto en blanco alcanza 3,2 %.Cepeda vs. FajardoSi la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el resultado sería 53,9 % frente a 42,8 %, respectivamente. El voto en blanco se ubica en 3,2 %.Fajardo vs. De la EspriellaEste es el escenario más ajustado. Abelardo de la Espriella registra 47,1 %, mientras que Sergio Fajardo marca 46,4 %. El voto en blanco llega a 6,5 %.Cepeda vs. ValenciaEn un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, la diferencia es más amplia: 65,2 % frente a 30,7 %. El voto en blanco alcanza 4,1 %.¿A favor o en contra del Gobierno?Al cierre del bloque de intención de voto, la encuesta preguntó si los ciudadanos preferirían votar por un candidato a favor o en oposición al gobierno de Gustavo Petro. El 52,6 % respondió que optaría por uno a favor, mientras que el 43,5 % lo haría por un aspirante de oposición. Un 3,9 % no sabe o no responde.La medición se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 encuestas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
La tarde del 25 de febrero ocurrió un lamentable suceso en la provincia de Ricaurte: durante la instalación del puente metálico El Triunfo, entre Moniquirá y San José de Pare, la estructura colapsó y dejó varias personas lesionadas. La emergencia activó de inmediato a los organismos de socorro.De acuerdo con los primeros reportes, seis personas resultaron heridas tras el desplome, aunque por fortuna no se reportaron casos de gravedad. La mayoría de los afectados eran obreros que trabajaban en la instalación de la placa de concreto, fase que se adelantaba cuando ocurrió el colapso.Gobernación de Boyacá envió equipo tras colapsoEn un comunicado oficial, la Gobernación informó que “un equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura ya se desplaza hacia el lugar para evaluar la situación”. Adicionalmente, señalaron que “la estructura metálica del puente ya se encontraba instalada y actualmente se adelantaba el proceso de fundición del concreto para la placa”.Ante el suceso, el Cuerpo de Bomberos de Boyacá reveló que enviaron dos máquinas de ataque rápido, cinco unidades desde Moniquirá, cinco unidades desde Barbosa y una ambulancia para apoyar la atención en la zona.Los seis lesionados fueron trasladados por la comunidad a centros asistenciales cercanos. El alcalde de Moniquirá señaló que “afortunadamente, seis personas resultaron lesionadas, pero no de gravedad”, y explicó que presentaron golpes.Autoridades investigan desplome del puenteLa obra, de 34 metros de longitud, contaba con una inversión de 2.800 millones de pesos, de los cuales 500 millones fueron aportados por la Alcaldía y el resto por la Gobernación. El proyecto hace parte de la estrategia departamental “Así va la obra”, enfocada en el seguimiento de proyectos viales.Por su parte, la Alcaldía indicó que los hechos son materia de investigación y que “se adelantan las visitas técnicas correspondientes para esclarecer lo sucedido”. A su vez, la Gobernación anunció que se realizará “un estudio riguroso de las causas para comunicar a la ciudadanía”.De esta manera, entre las hipótesis que se estudian están posibles fallas en la construcción, condiciones climáticas al momento de la instalación, así como aspectos técnicos relacionados con la fase de concreto.Cabe recordar que el puente buscaba restablecer la conectividad afectada desde hace más de tres años, cuando una creciente del río provocó el colapso de la estructura anterior. Ahora la prioridad es atender a los heridos y esclarecer qué ocurrió con la obra que dejó seis lesionados.
La intención de voto para la primera vuelta presidencial de 2026 muestra a Iván Cepeda en el primer lugar en los distintos escenarios evaluados, seguido por Abelardo De La Espriella por la encuesta Colombia Opina #20, realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol.¿Qué tan probable es que los colombianos voten?Ante la pregunta: “Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones?”, el 52,9 % respondió que definitivamente sí votaría y el 19,2 % que probablemente sí lo haría.En contraste, el 11,2 % no sabe si votará, el 5,5 % probablemente no lo haría y el 10,5 % afirmó que definitivamente no votaría.Escenario con ganadores de consultasCuando se plantea el escenario: “Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, Iván Cepeda obtiene el 37,1 %.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.Escenario con tarjeta cerrada de candidatosFrente a la pregunta: “Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, Cepeda alcanza el 43,0 %.En segundo lugar, está Abelardo De La Espriella con 23,4 %. Luego aparecen Claudia López con 12,5 %, Sergio Fajardo con 10,3 % y Paloma Valencia con 7,8 %. Daniel Quintero registra 1,4 % y el voto en blanco 1,6 %.La encuesta se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 entrevistas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
La fractura en la izquierda colombiana quedó más expuesta tras la decisión de Carlos Caicedo de no participar en la consulta presidencial impulsada por sectores afines al Gobierno. En entrevista con Recap Blu, el exgobernador del Magdalena explicó que su retiro responde a profundas diferencias políticas y a lo que calificó como “incoherencias” dentro del llamado Pacto Amplio, espacio que agrupa principalmente a figuras que han sido ministros, embajadores o congresistas del presidente Gustavo Petro.Caicedo intentó construir una consulta alternativa junto a Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo Rentería. Sin embargo, el proceso no avanzó por falta de avales y requisitos formales. Aunque él logró recoger cerca de 2,6 millones de firmas, los otros precandidatos no contaban con el respaldo necesario, lo que obligó a tomar una decisión antes del plazo legal.Las "incoherencias" para CaicedoEl exmandatario también confirmó que recibió una invitación directa del senador Iván Cepeda para sumarse al Pacto Amplio, propuesta que declinó tras una llamada ocurrida días atrás. Según Caicedo, participar en esa consulta implicaba respaldar sin matices al actual Gobierno, algo incompatible con su postura crítica. "Estar en una consulta de lo que llaman el Pacto Amplio es la consulta de todos los sectores que han sido o senadores, gracias al presidente Petro, o ministros o embajadores y les corresponde hacer una defensa a ultranza del Gobierno (...) Se la pasaron saltando de partido en partido, porque más que progresistas son gobernistas y son hoy inclusive los portavoces del propio Gobierno", afirmó.En sus declaraciones, Caicedo fue más allá y cuestionó alianzas recientes del Gobierno en escenarios regionales, particularmente en el Magdalena, donde denunció acuerdos con sectores tradicionales como Cambio Radical y el Centro Democrático. Para él, estas decisiones contradicen el discurso progresista del Ejecutivo y explican por qué muchas reformas no han avanzado. "El pueblo colombiano votó por el cambio y ese cambio para que fuera posible necesitaba coherencia al momento de integrar el gabinete y de impulsar las diversas iniciativas de gobierno y por eso, en buena medida, es que no ha podido avanzar y se ha quedado en buena parte en discursos que son absolutamente plausibles”, sostuvo, al tiempo que criticó el centralismo del Gobierno y la falta de resultados concretos en las regiones.Finalmente, Caicedo defendió su propuesta como la de una “izquierda diferente”, enfocada más en resultados que en discursos. Aseguró que, aunque valora algunos logros del actual Gobierno, Colombia no puede quedarse en lo que llamó “una transición inconclusa”. Por eso, reiteró que seguirá adelante con su candidatura presidencial, abierto a eventuales coincidencias programáticas con otros sectores, pero firme en su decisión de no “maquillar errores ni legitimar falsas unidades” dentro de la izquierda.
A partir de 2026, el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca de Colfuturo, una de las iniciativas más importantes para la formación de posgrado de colombianos en el exterior. Así lo confirmó la propia fundación a través de un comunicado oficial y mensajes publicados en sus redes sociales, en los que aclaró que la promoción 2025 será la última en recibir recursos públicos.La decisión marca el cierre de una alianza que se mantuvo durante dos décadas ininterrumpidas y que permitió que miles de colombianos accedieran a estudios de maestría y doctorado en universidades de alto nivel en todo el mundo, con el compromiso de regresar al país y aportar al desarrollo nacional.En su comunicado, Colfuturo explicó que, aunque el convenio con el Estado llega a su fin, la organización continuará operando de manera independiente y ya trabaja en un rediseño del programa para garantizar su sostenibilidad financiera a partir de 2026. Sin embargo, no será hasta los primeros meses del próximo año que se anuncie cómo funcionará el programa.El Programa Crédito Beca de Colfuturo se consolidó como el más grande de su tipo en América Latina, de acuerdo con la fundación, que registra que gracias a la cooperación entre el Estado y Colfuturo, cerca de 25.000 colombianos y colombianas pudieron adelantar estudios de posgrado en el exterior.Durante estos 20 años, el Gobierno nacional y Colfuturo comprometieron 892 millones de dólares. “El objetivo siempre fue que los beneficiarios regresaran al país para contribuir con sus conocimientos al desarrollo económico, científico y social de Colombia”, señaló Colfuturo en el documento firmado por su director, Jerónimo Castro.La finalización del convenio implica que Colfuturo no contará con recursos del Gobierno nacional para nuevas cohortes a partir de 2026. Sin embargo, la fundación fue enfática en señalar que esta decisión no afecta a los estudiantes que ya fueron seleccionados ni a quienes están próximos a iniciar sus estudios.Según explicó la organización, todas las personas beneficiarias que actualmente están estudiando o que comenzarán su posgrado mantendrán las condiciones pactadas al momento de su selección, y los recursos necesarios para cumplir esos compromisos están garantizados.“La promoción 2025 será la última que recibirá recursos del Gobierno Nacional, pero Colfuturo tiene asegurados los fondos para cumplir cabalmente con todos los compromisos adquiridos”, indicó Castro.Ante este nuevo escenario, Colfuturo anunció que desde hace varios meses trabaja en el diseño de nuevas condiciones para el Programa Crédito Beca y en la gestión de fuentes de financiación adicionales.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
Con arengas y pancartas, alrededor de 400 empleados de una IPS en Neiva adelantaron un plantón exigiendo a la Nueva EPS que gire los recursos a la entidad prestadora de salud, quienes llevan cinco meses sin recibir sus honorarios y demás prestaciones como trabajadores.En diálogo con Blu Radio, la fisioterapeuta Alison Valencia dijo que desde hace un año se han presentado dificultades en los pagos de la Nueva EPS con la IPS que brinda sus servicios de fisioterapia y agregó que desde hace cinco meses no reciben el pago de sus salarios, situación que los ha obligado a suspender los servicios como profesionales de la salud.“Es injusto que en plena fecha de Navidad ,quienes venimos trabajando todo el año y todos los días, nosotros le brindemos todos los servicios a nuestros pacientes y la EPS no responda con los recursos económicos, por eso entramos en protesta. Desde el día de hoy suspendimos parcialmente nuestros servicios, pero si no hay una solución urgente, la decisión que tomaría la IPS es cerrar los servicios para todos los usuarios y son más de 1.500 usuarios afectados en todo el Huila”, advirtió la trabajadora profesional.De acuerdo con la profesional de la Salud, Alison Valencia, la IPS Fisiohome presta sus servicios especializados en Neiva y en todo el departamento del Huila, donde laboran fisioterapeutas, psicólogos, médicos generales y administrativos, entidad que depende del flujo de recursos por parte de las EPS a las que están afiliados sus pacientes.Blu Radio también habló con Tania Marcela Tovar, madre de un niño con autismo y expresó que, con esta protesta de los trabajadores de la salud, se afectan al menos 150 pacientes menores de edad que reciben terapia en todas las especialidades en la IPS Fisiohome.“Yo tengo un hijo que debe recibir como control de terapias constantes, hoy vine a control con mi niño y me encontré que los fisioterapeutas no están trabajando porque les deben varios meses de salarios y eso para nosotros como usuarios y pacientes es bastante preocupante” dijo con angustia la madre de familia.A raíz de la protesta y del cese de labores de los profesionales de la salud de la IPS especializada en fisioterapia, se han visto afectados al menos 150 niños en su mayoría con autismo y otras enfermedades que deben recibir terapias permanentes, expresaron con preocupación algunos padres de familia y pacientes.
La intención de voto en las consultas interpartidistas de marzo de 2026 muestra una alta dispersión y un amplio margen de indecisos, según la encuesta Colombia Opina #20 de Invamer, para Blu Radio y Noticias Caracol, realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país .De acuerdo con el estudio, el 46,4 % de los encuestados afirma que “definitivamente sí votaría” en las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo, y un 20,1 % señala que “probablemente sí votaría”. Es decir, cerca de dos tercios manifiestan disposición a acudir a las urnas. Sin embargo, un 15,0 % aún no sabe si votará y un 17,9 % se inclina por no participar .¿Quién lidera la intención de voto en las consultas?Entre quienes aseguran que votarán y pedirán el tarjetón de las consultas, el 62,6 % respondió que sí participará en estos mecanismos partidistas, frente a un 37,4 % que no lo hará .En el escenario “todos contra todos”, el 43,9 % no sabe o no responde por cuál precandidato votaría.Al observar la sumatoria por bloques, la llamada “Gran consulta por Colombia” concentra el 34,3 % de la intención de voto; la “Consulta de las soluciones”, el 13,0 %; y la “Consulta frente por la vida”, el 8,9 %. El resto corresponde a indecisos .Resultados por cada consulta sin indecisosAl excluir el voto no definido, dentro de la Gran consulta por Colombia lidera Paloma Valencia con 41,6 %, seguida por Juan Manuel Galán (12,2 %) y Juan Daniel Oviedo (10,4 %).En la Consulta de las soluciones, Claudia López encabeza con 92,9 % frente a Leonardo Humberto Huerta (7,1 %).En la Consulta frente por la vida, Daniel Quintero obtiene 68,1 %, seguido por Roy Barreras con 23,0 % .Esta edición de Colombia Opina fue realizada en todas las regiones de Colombia, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026. En total se hicieron 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
Una de las obligaciones legales en Colombia que muchos ciudadanos pasan por alto es la definición de la situación militar. Aunque el servicio militar ha sido históricamente obligatorio para los hombres mayores de edad, miles de colombianos llegan a la adultez sin cumplir con este requisito.Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 1861 de 2017, el panorama cambió. Antes, el cumplimiento era prácticamente obligatorio en todos los casos; hoy existen nuevas disposiciones que han modificado de manera significativa su aplicación.A pesar de ello, persiste el mito social de que al cumplir 24 años el servicio militar deja de ser una obligación. Frente a esta creencia, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado para aclarar la situación y precisar cuáles son las responsabilidades reales de los ciudadanos en materia de definición de la situación militar.¿Es obligatorio el servicio militar después de los 24 años?No. De hecho, el Ministerio de Justicia aclaró que los ciudadanos en este rango mayor de edad tampoco tendrán que pagar algún tipo de sanción, sin embargo, sí exigen cumplir con la libreta militar para acceder a algunos cargos y normativas.Estos son los requisitos para aclarar la situación militarCopia de la cédula de ciudadanía.Copia de la cédula de ciudadanía de los padres.Certificación de la universidad donde conste que ha cursado más de 5 semestres.Certificación de ingresos mensuales (desprendibles de pago de los últimos 3 meses, las últimas 3 planillas de pago de seguridad social si es independiente o si no tiene ingresos una declaración que lo manifieste).El valor de la cuota única de compensación militar no podrá superar los siguientes rangos, de acuerdo con los ingresos mensuales del ciudadano:Para personas sin ingresos económicos mensuales: hasta el 5 % de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).Para personas con ingresos mensuales iguales o inferiores a 2 SMLMV: hasta el 15 % de un (1) SMLMV.Para personas con ingresos mensuales entre 2 y 4 SMLMV: hasta el 25 % de un (1) SMLMV.Para personas con ingresos mensuales superiores a 4 SMLMV: hasta el 50 % de un (1) SMLMV.
La insinuación de la precandidata Paloma Valencia sobre una fórmula vicepresidencial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez generó reacciones políticas en todas las orillas.“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. Ustedes qué piensan”, dijo Valencia.En la consulta del Frente por la Vida, el precandidato Roy Barreras aseguró que Valencia le copió su idea. Previamente, Barreras había propuesto que el presidente Gustavo Petro fuera su fórmula vicepresidencial; sin embargo, esta iniciativa no tuvo acogida por parte del mandatario y abrió un debate sobre la legalidad y viabilidad jurídica de que mandatarios o exmandatarios puedan asumir este rol.“Lo que quiero es preguntarle a millones de colombianos que quieren al presidente, si quisieran que él pudiera ser vicepresidente en una fórmula que garantice que el cambio siga comprometido con la inclusión social. No está impedido ni inhabilitado, puede hacerlo”, dijo en su momento.Tras conocerse el anuncio de la precandidata del Centro Democrático, el precandidato volvió a referirse al tema y esta vez extendió una pregunta a los colombianos.“Ya que Paloma se copió de mi idea y ya que los expresidentes no se quieren jubilar, yo pregunto: ¿tú con qué vicepresidente te quedas, el que quiere el cambio, las reformas sociales y justicia social o con el que quiere que nos regresemos al pasado de la represión, la inequidad social y la exclusión?”, concluyó.Por ahora, no se han concretado las fórmulas vicepresidenciales de la mayoría de los candidatos, que están a la espera de los resultados de las consultas el próximo 8 de marzo.
El Consejo Nacional Electoral prorrogó el término de postulación de testigos electorales en el exterior, auditores de sistemas y observadores electorales para las elecciones del Congreso, que se realizarán el próximo 8 de marzo.“Con el fin de garantizar la vigilancia electoral en las 1.945 mesas de votación que se instalarán en 67 países, y acorde con las estadísticas de postulación con corte al 20 de febrero de 2026, en el cual se tiene una cobertura de 84,95 %, aunado al hecho de que los partidos han solicitado la modificación de este plazo, por cuanto la definición de la División Político Electoral (DIVIPOLE) se consolidó en la semana del 17 de febrero de 2026 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que se hace necesario prorrogar el término de postulación de testigos electorales en el exterior para las elecciones de Congreso”, señala en su resolución el CNE.Es importante recordar que las organizaciones de observación electoral también pidieron ampliar el plazo de postulación de observadores electorales. Por eso, el CNE amplió los términos hasta el 27 de febrero a las 11:59 p. m.“Se hace necesario prorrogar el término de postulación de auditores de sistemas para las elecciones de Congreso de la República de 2026, por cuanto esta corporación debe garantizar la vigilancia y auditoría técnica de los centros de cómputo y de procesamiento de datos implementados por la organización electoral para este evento democrático”, agregó el CNE.
Toda una polémica se ha generado después de que la senadora Paloma Valencia abriera la puerta a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea su fórmula a la Vicepresidencia, en caso de que sea ella la ganadora de la Gran Consulta por Colombia.Vicky Dávila, quien también hará parte de la consulta del 8 de marzo, se pronunció sobre el tema, asegurando que Uribe no será vicepresidente de ningún candidato.“El presidente Álvaro Uribe dijo el 18 de julio de 2025 que no será fórmula vicepresidencial, porque no pondrá al país en esa ‘discusión institucional’. Eso es querer a Colombia de verdad y no prestarse para la politiquería. Y yo le creo que no será vicepresidente de nadie, porque Uribe tiene palabra”, dijo Dávila.La senadora Paloma Valencia aseguró que Uribe sería la persona más indicada para ser su fórmula vicepresidencial.“Todo el mundo me anda preguntando que quién va a ser mi vicepresidente, yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas, todavía nos falta ganar esa consulta. Lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”, dijo Valencia.El trino al que hace referencia la candidata Vicky Dávila es uno en el que Uribe cerraba la puerta a ser vicepresidente.“No puedo considerar ser candidato a la Vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, dijo en su momento el expresidente Uribe.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.