El presidente de Gustavo Petro, ya está en Washington D.C. para cumplir con su encuentro bilateral con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Este evento marca un punto de inflexión tras un periodo de intensas fricciones diplomáticas que comenzaron el 26 de enero de 2025. Hoy, sin embargo, el tono entre ambos mandatarios ha cambiado, abriendo paso a una nueva etapa en la relación bilateral.El encuentro clave en el Despacho OvalLa reunión principal está programada para las 11:00 de la mañana en el Despacho Oval. Es la segunda vez que el mandatario colombiano es recibido en esta oficina por un presidente estadounidense, habiendo ocurrido la primera durante la administración de Joe Biden. Aunque la Casa Blanca ha definido el encuentro como un evento cerrado a la prensa, existe la expectativa de que Trump permita el ingreso de los medios en el último momento, siguiendo su costumbre habitual en este tipo de actos oficiales.En esta importante cita, se espera que el presidente Trump esté acompañado por figuras de alto nivel de su gabinete, incluyendo al Secretario de Estado, Marco Rubio, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y posiblemente el vicepresidente JD Vance.Narcotráfico y seguridad: los temas prioritarios en la mesaEl gobierno estadounidense ya ha adelantado que el narcotráfico será el punto central de la conversación. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo y la principal fuente de esta droga hacia los Estados Unidos, una situación que Trump ha calificado como preocupante debido a las "cantidades tremendas" que salen del país sudamericano.Además de la lucha contra las drogas, la agenda contempla la discusión sobre acciones conjuntas contra organizaciones terroristas, específicamente el ELN y las disidencias de las FARC. Marco Rubio ha insistido previamente en que estos grupos son una amenaza para la estabilidad regional y ha denunciado su movilidad en territorio venezolano con el presunto apoyo de las autoridades de dicho país.Un giro en la diplomacia: de la crítica a la amabilidadEl cambio de actitud de Petro ha sido notado por la administración Trump. El mandatario estadounidense señaló que, aunque Petro fue muy crítico en el pasado, su postura se volvió más constructiva tras los recientes eventos en Venezuela. "Él ha sido muy amable durante el último mes o dos... espero verlo, vamos a tener una buena reunión", afirmó Trump recientemente.Conclusiones de la jornada y agenda legislativaPara cerrar el primer día de actividades, el presidente Petro tiene prevista una conferencia de prensa a las 3:30 de la tarde en la Embajada de Colombia, donde compartirá las conclusiones del encuentro con Trump.Sin embargo, la visita no termina allí. La agenda de Petro en Washington incluye reuniones clave en el Congreso de los Estados Unidos con senadores republicanos y demócratas. Entre los legisladores con los que se entrevistará se encuentran Rand Paul (quien facilitó el contacto inicial con Trump), Tommy Tuberville, Kevin Cramer, Peter Welch, Tim Kaine y el colombo-estadounidense Rubén Gallego. Esta ronda de reuniones busca fortalecer el respaldo bipartidista a los temas estratégicos de la relación entre Colombia y Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras un año de sonoros desencuentros en el que Washington ha acusado al mandatario suramericano de narcotraficante y este ha criticado repetidamente la política exterior del republicano.Estas son las claves de un cara a cara al que Petro llega en la recta final de su mandato pero que puede ser el más importante de su presidencia.¿Dónde y cuándo es la reunión?El encuentro será a las 11.00 horas de Washington (misma hora en Bogotá y 16.00 GMT) en la Oficina Oval de la Casa Blanca y oficialmente se desarrollará a puerta cerrada, aunque Trump suele permitir a última hora el acceso de la prensa.Petro es el tercer dirigente latinoamericano recibido por Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato, después del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, aliados ideológicos del republicano.El presidente colombiano llegó a Washington el domingo por la noche tras obtener un visado especial, ya que está sancionado por la Administración estadounidense.Le obsequiará a Trump una cesta de chocolates y café colombianos en un intento de simbolizar su política de sustitución de cultivos de coca.¿Cómo se deterioró la relación?La relación entre Petro y Trump ha sido tensa desde que el líder republicano regresó al poder el 20 de enero de 2025.Días después de su investidura, amenazó a Colombia con una guerra arancelaria por la negativa de Petro a recibir vuelos de deportación de migrantes, al denunciar un "trato indigno". La crisis se resolvió el mismo día, pero dejó una herida abierta.En septiembre, Washington retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha antidrogas y ese mismo mes, el Departamento de Estado revocó su visa tras instar, en un mitin en Nueva York, a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.El tono se elevó aún más en octubre, cuando Trump acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico", mientras que el Departamento del Tesoro le impuso sanciones financieras al incluirlo, junto a parte de su familia y al ministro de Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton.Petro condenó además los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, y Trump llegó a sugerir que el mandatario colombiano podría ser "el siguiente" objetivo después del operativo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero ambos acordaron verse en una sorpresiva llamada telefónica del 7 de enero, días después del arresto del líder chavista.¿Qué asuntos están sobre la mesa?Trump afirmó este martes que Petro "ha cambiado mucho su actitud" desde el derrocamiento de Maduro, y se mostró convencido de que tendrán una buena reunión.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, que acompaña a Petro en Washington, también se mostró este martes "muy positiva" sobre el cara a cara y aseguró que el encuentro relanzará las relaciones entre ambos países.Petro llega a la cita en la recta final de su mandato, ya que la primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 31 de mayo, pero la lista de temas a abordar es variada y compleja.Esos van desde la posible petición del mandatario para ser retirado de la Lista Clinton hasta asuntos migratorios y la eventual colaboración con Washington en sus planes para la transición en Venezuela, país que comparte más de 2.000 kilómetros de porosa frontera con Colombia.El asunto del narcotráfico, sin embargo, es central. "Será fundamental que Petro encuentre puntos en común con Trump en áreas de máxima prioridad para Estados Unidos", dijo a EFE Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.Petro llegará a la Casa Blanca con la intención de demostrar con datos que su política, que apuesta por la sustitución de cultivos en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico, ha sido exitosa.La Casa Blanca denuncia, sin embargo, que el área de cultivos de coca ha aumentado, con base en cifras de Naciones Unidas que, según el Gobierno colombiano, se elaboraron con una "metodología equivocada".Kevin Sullivan, vicepresidente del Consejo de las Américas, declaró a EFE que Petro todavía tiene margen de maniobra para implementar cambios dado que ejercerá el cargo "durante gran parte de 2026", hasta que en agosto asuma un nuevo mandatario."El presidente Trump buscará compromisos concretos del presidente Petro para intensificar las acciones y frenar el creciente flujo de cocaína que sale de Colombia", pronosticó.
Con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 cada vez más cerca, uno de los pasos clave para los ciudadanos es verificar con tiempo dónde les corresponde votar. Aunque pueda parecer un trámite menor, consultar el puesto de votación evita contratiempos el día de las elecciones y facilita una participación tranquila y organizada.La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de administrar el censo electoral, ya tiene habilitados los canales oficiales para que los colombianos, dentro y fuera del país, puedan confirmar esta información con anticipación.¿Por qué es importante consultar el puesto de votación?Saber con exactitud el lugar asignado para votar permite planear mejor la jornada electoral y evitar desplazamientos innecesarios. No son pocos los casos de personas que llegan a un sitio equivocado por no haber verificado previamente su información.Al hacer la consulta, el ciudadano puede confirmar datos clave como:La localidad o municipio donde está inscrita su cédula.El nombre del puesto de votación.La dirección exacta del lugar.La mesa asignada para sufragar.Además, esta revisión previa ayuda a detectar errores o cambios en el registro y corregirlos antes del día de la votación. Para 2026, el calendario electoral contempla elecciones al Congreso el 8 de marzo, primera vuelta presidencial el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.¿Cómo hacer la consulta del puesto?La forma más rápida y sencilla es a través de la plataforma digital de la Registraduría. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Basta con ingresar al portal oficial del censo electoral y digitar el número de cédula, sin puntos ni comas.El sistema mostrará de inmediato el lugar de votación actual, con todos los datos necesarios. Este servicio está disponible tanto para quienes viven en Colombia como para los ciudadanos que se encuentran en el exterior.Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a las sedes de la Registraduría en todo el país, donde también se ofrece orientación sobre el estado del registro electoral.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí. La Registraduría permite actualizar el puesto de votación dentro de los plazos definidos en el calendario electoral. Este trámite está pensado para personas que cambiaron de ciudad o desean votar en un lugar diferente.El cambio se puede hacer en jornadas presenciales o a través de las plataformas habilitadas. Para los colombianos en el exterior, los consulados y embajadas funcionan como puntos autorizados para estos trámites.La recomendación de las autoridades es consultar con tiempo, guardar la información y llegar el día de la votación con la cédula original o digital. Prepararse con anticipación hace la diferencia y permite ejercer el derecho al voto sin afanes ni confusiones.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
Las operaciones militares desarrolladas en el departamento del Putumayo y en la zona de frontera con Ecuador han permitido un golpe sostenido contra el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal, actividades que financian a grupos armados organizados que operan en esta región del país. Las acciones del Ejército se han concentrado en municipios como Orito, San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, La Hormiga y Valle del Guamuez, considerados corredores estratégicos para el narcotráfico.De acuerdo con el balance de los últimos 24 meses, las tropas han logrado poner fin al funcionamiento de 827 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y ocho más dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína. A esto se suma la incautación de 513 kilogramos de pasta base, ocho toneladas de cocaína y más de siete toneladas de marihuana, evidenciando la magnitud de las economías ilícitas que operan en esta zona fronteriza.Las operaciones también han impactado otras fuentes ilegales de financiación. En ese periodo fueron intervenidas 39 refinerías clandestinas, 24 unidades de minería ilegal y 46 válvulas usadas para la extracción ilícita de hidrocarburos, afectando directamente las redes criminales que sostienen estas actividades.En el componente armado, los resultados incluyen la captura de 43 personas, el sometimiento a la justicia de 11 más y la incautación de 49 armas de fuego, más de 23.000 municiones y 531 artefactos explosivos. Estas acciones han debilitado de manera significativa a estructuras criminales que delinquen en la región, entre ellas la Estructura 48 Comandos de Frontera.Las autoridades señalaron que las operaciones continúan con el objetivo de cerrar corredores ilegales, reducir la capacidad operativa de los grupos armados y fortalecer el control territorial en una de las zonas más sensibles del país, clave para la seguridad regional y binacional.
La movilidad en Bogotá tendrá una semana atípica a comienzos de febrero de 2026. La combinación entre el esquema habitual de pico y placa y la jornada del Día sin carro y sin moto hará que algunos conductores solo puedan usar su vehículo particular un solo día entre semana, según confirmó la administración distrital.¿Qué placas solo podrán circular un día esta semana?Los carros particulares a combustión con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 serán los más afectados, debido a que tendrá restricción de pico y placa los días pares, es decir:Lunes 2Miércoles 4Viernes 6A esto se suma que el jueves 5 de febrero de 2026 se llevará a cabo el Día sin carro y sin moto en Bogotá, jornada que prohíbe la circulación de vehículos particulares durante 16 horas continuas.Con este escenario, el único día en el que estos carros podrán circular será el martes 3, ya que no tienen pico y placa y no coincide con la jornada ambiental.¿Cuáles son los horarios del Día sin carro y sin moto?Bogotá vivirá su primera jornada del año del Día sin carro y sin moto el jueves 5 de febrero, fecha en la que la capital cumple 26 años de implementación de esta iniciativa ambiental.La restricción operará desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, periodo en el que se priorizará el uso del transporte público, la bicicleta y otros medios de movilidad sostenible. Durante estas 16 horas no podrán circular carros ni motocicletas particulares, salvo las excepciones establecidas por la norma.Multa por incumplir Día sin carro y sin motoLa Secretaría de Movilidad confirmó que para 2026 los valores de las multas fueron actualizados. Quienes circulen sin estar dentro de las excepciones se exponen a la infracción C14, correspondiente a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos.Las sanciones incluyen inmovilización del vehículo o motocicleta, con traslado a patios, y una multa por 633.200 pesos, que subió con el ajuste para este año.Vehículos que no podrán circular durante la jornadaDurante el Día sin carro y sin moto se suspenderán algunos beneficios que operan en días normales. Por ejemplo, los permisos de pico y placa solidario no serán válidos ese día, aunque el sistema repondrá automáticamente la jornada al usuario.La restricción aplica para:Transporte privadoCarros y motos particularesVehículos y motos de escuelas de conducciónVehículos con permiso de pico y placa solidarioVehículos particulares de medios con placa amarillaVehículos híbridosVehículos dedicados a gasTransporte públicoTaxis con placa terminada en 3 y 4Vehículos de carga con restricción vigenteCuáles son las excepciones de la jornadaPara garantizar el funcionamiento de la ciudad y la atención de servicios esenciales, la normativa establece un listado de vehículos autorizados para circular durante la jornada.Entre ellos se encuentran:Transporte públicoTransporte para personas con discapacidadVehículos de emergenciaTransporte escolar propiedad de la instituciónVehículos con capacidad para más de 10 pasajerosServicios públicos domiciliariosVehículos destinados al control de tráficoCaravana presidencialVehículos de Fuerzas Militares, Policía, organismos de seguridad y CTIVehículos diplomáticos o consularesMotocicletas de vigilancia y seguridad privadaVehículos asignados por la Unidad Nacional de ProtecciónVehículos eléctricos o de cero emisiones, incluidas motocicletasCarrozas fúnebresMotocicletas de mensajería y domiciliosControl operacional y mantenimiento del SITPTransporte de valoresLa administración distrital recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación, priorizar el uso del transporte público y optar por la micromovilidad para evitar sanciones y contribuir a la reducción del impacto ambiental durante esta jornada especial en la capital.
En zona montañosa del municipio de Tuluá, en el corregimiento de Santa Lucía, Valle del Cauca, cuatro mujeres que se movilizaban en una motocicleta fueron arrastradas por la creciente de una quebrada. El hecho ocurrió cuando intentaban cruzar el afluente, momento en el que perdieron el control del vehículo y cayeron al agua.Como consecuencia de la emergencia, una madre y sus dos hijas, de 3 y 6 años de edad, fueron halladas sin vida por la comunidad y kilómetros más abajo fue encontrada la cuarta mujer, quien presentaba varias lesiones, la cual posteriormente fue trasladada de urgencias a un centro asistencial.“Son unos lamentables hechos producto de un accidente ocurrido a bordo de una motocicleta. Desafortunadamente, el resultado es fatal. Inicialmente fue hallado el cuerpo de la madre de las dos niñas y posteriormente, hacia las 6:00 de la tarde, fueron encontrados los cuerpos de las menores, los cuales fueron trasladados al centro poblado de Santa Lucía, específicamente al templo parroquial. En este accidente también resultó lesionada la otra acompañante que se movilizaba en la motocicleta”, dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.La madre de las menores fue identificada como Adriana Ante, mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Olga Lucía Sánchez, quien se recupera de las heridas en un centro hospitalario de Tuluá. Las autoridades del municipio adelantan las labores de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.“Activamos de inmediato los protocolos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia. El alcalde ordenó que la administración municipal asuma la totalidad de los gastos fúnebres de las víctimas, cuyos cuerpos están siendo trasladados desde Santa Lucía hasta la cabecera municipal. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantarán los actos urgentes para la inspección técnica de los cuerpos”, agregó Hincapié.Cabe señalar que, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, el río Tuluá también se desbordó, generando múltiples emergencias en la cabecera municipal, con vías inundadas, barrios y viviendas afectadas.
En la región Caribe, las lluvias no dan tregua desde las 11:30 de la noche del sábado, cuando se empezaron a sentir los efectos de la interacción de dos frentes fríos y tres sistemas de baja presión que crearon una vaguada, es decir, se alinearon las condiciones para que el clima se inestabilizara, como si se volviera loco, y diera lugar a prolongadas e intensas lluvias, que además están acompañadas de olas que podrían alcanzar hoy hasta las 4 metros de altura."Vea, se están arrastrando las cabezas de ganado por el río. Ahí se ven", dijo un habitante de Puerto Escondido en un video grabado desde el puente San Jorge, en Córdoba. Precisamente, este es el departamento más afectado en el Caribe, donde 12 municipios están bajo inundaciones, con especial afectación en pasos entre municipios, quedando aislados como islas, mientras ven a sus animales ser arrastrados por la corriente. La pérdida es total para al menos 10.000 personas. El municipio Canalete es uno de los más afectados, donde una mujer conmovió al grabarse llorando frente a lo que quedó de su casa en el municipio de Canalete."Ay Dios mío ya ni reconozco dónde quedaba mi casa. Por favor, todos salgan de sus casas y póngase a salvo. Esto es horrible", contó la mujer. Lo peor podría venir en las próximas horas, siendo que las lluvias se intensificarán. Por esto, hay alerta roja para la ciencia del río Sinú, incluyendo al departamento de Sucre, pues, como si fuera poco, desde las 6:30 de la tarde del domingo se presentó el desbordamiento del embalse de Urrá, lo que está aumentando aún más los niveles del Sinú. En estos momentos, es como si por minuto estuvieran descargando en el embalse el agua de 43 piscinas olímpicas, hasta cuatro veces más de lo habitual. Ante esto, reconoce el gobernador Erasmo Zuleta que tiene desbordada su capacidad de atención.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer dos homicidios de mujeres registrados en el municipio de San José de Pare, Boyacá, en límites con Santander, hechos que han generado conmoción entre la comunidad debido a que ocurrieron con menos de 48 horas de diferencia y presentan similitudes en los signos de violencia.El primer caso se registró el 29 de enero en la vereda Balsa, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con evidentes signos de violencia. Al día siguiente, el 30 de enero, las autoridades encontraron a otra mujer asesinada en un cafetal de la vereda Resguardo, con características similares en las lesiones, situación que es materia de análisis por parte de los organismos judiciales para establecer si ambos crímenes están relacionados.Las víctimas fueron identificadas como María Elvia González y María Rosalía Díaz Tamayo.Frente a estos hechos, la secretaria de Integración Social de Boyacá, Luisa Rodríguez, expresó un mensaje de solidaridad y rechazo contundente a la violencia contra las mujeres.“Desde la Secretaría de Integración Social le enviamos un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a la comunidad de San José de Pare, del departamento de Boyacá, por los hechos ocurridos que enlutan nuestros corazones. Rechazamos cualquier tipo de acto violento que agreda la integridad de nuestras mujeres. Instamos a las autoridades locales y departamentales a que se articulen para generar celeridad y esclarecimiento de los hechos”, señaló la funcionaria.Las autoridades continúan con las labores investigativas y de recolección de pruebas para dar con los responsables de estos homicidios y determinar si existe conexión entre ambos casos.
La recopilación de videos a través de cámaras de seguridad, entre otras evidencias, fue suficiente para que investigadores de la Sijín identificaran y lograran la ubicación del hombre que, con arma de fuego, atacó a un patrullero de la Policía cuando se dirigía a atender un hecho de homicidio registrado el fin de semana anterior en un establecimiento público del corregimiento de Bruselas, en jurisdicción del municipio de Pitalito.Se trata de alias ‘Sombra’, quien, según versiones oficiales, desde una motocicleta, como parrillero, habría disparado un arma de fuego contra el uniformado, que permanece bajo observación médica y fuera de peligro en el hospital de Pitalito, en el sur del Huila.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía en el Huila, indicó que los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la patrulla se desplazaba a atender el homicidio de una persona que se presentó en el corregimiento de Bruselas, hecho que también es materia de investigación.Posteriormente al ataque contra el patrullero, de inmediato se desplegó un plan candado en todo el centro poblado y, según la Policía, los operativos constantes sirvieron como presión para que alias ‘Sombra’ se entregara de manera voluntaria en las últimas horas.“Ante la presión operativa y el cierre total del territorio, alias ‘Sombra’ no tuvo otra alternativa que presentarse ante las autoridades judiciales. La Policía agradece a la ciudadanía la información suministrada, la cual fue clave para la ubicación de este sujeto y su posterior judicialización”, aseguró el coronel Carlos Eduardo Téllez.Alias ‘Sombra’, quien resultó herido en un intercambio de disparos con la patrulla policial, recibe atención médica y, tan pronto sea dado de alta, será llevado a un centro de reclusión por orden de un juez de control de garantías.
El Gobierno nacional retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify, entre otras, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba “servicio ilegal de transporte”.La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el Ministerio de Transporte optó por retirar la iniciativa para hacer ajustes a varios de sus artículos, tras las críticas y confusiones generadas en distintos sectores.Según Serna, el retiro del proyecto responde a “las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos” del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso.Por esta razón, el Gobierno decidió modificar el articulado para que tenga mayor claridad y refleje los acuerdos discutidos en mesas de negociación con los gremios del sector transporte, especialmente los de carga.El proyecto había sido radicado el 20 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Aunque el texto abordaba varios aspectos del sector transporte, una parte sustancial se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.Uno de los puntos más polémicos era la definición de “servicio ilegal de transporte”, entendido como aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente. Bajo este concepto, el proyecto pretendía declarar ilegal el transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas.Además, la iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones. El artículo 8 establecía castigos no solo para los conductores que prestaran el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica, esto abría la puerta a sanciones para usuarios, plataformas tecnológicas e incluso conjuntos residenciales vinculados al uso de estas aplicaciones.Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca replantear el texto y evitar interpretaciones ambiguas, mientras continúa el diálogo con los gremios. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del transporte por plataformas en el país sigue abierta y podría regresar al Congreso con un nuevo articulado en los próximos meses.
El presidente Gustavo Petro llevará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una ancheta con café de especialidad y chocolates de exportación. Estos productos son cultivados por 20.300 familias que participan en el programa de sustitución de cultivos en Argelia, Cauca, una zona con alta presencia de plantas de coca.El Gobierno nacional indicó que el objetivo de este regalo es mostrar a la Casa Blanca los resultados de la transición de cultivos ilícitos a economías legales. Los chocolates tienen la marca 'Peace Chocolates' y el café es denominado 'Café de la Sustitución'. También llevarán un poncho fabricado por campesinos del departamento de Nariño y canastos hechos por indígenas del Chocó con fibra de palma de Werregue.Otros regalos para el gabinete de TrumpAdemás del regalo para el presidente Trump, la delegación colombiana incluyó objetos para otros funcionarios del gobierno estadounidense: la primera dama Melania Trump, la portavoz Caroline Leavitt, Marco Rubio y JD Vance. Con esta entrega, el presidente Petro busca presentar los avances en sustitución de cultivos e interdicción, en un momento donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cuestionado los resultados de la estrategia de seguridad y la expansión de grupos ilegales en el país.La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.
La Concesión Línea Férrea Central anunció el avance en la ejecución del Proyecto de Asociación Público-Privada (APP) La Dorada–Chiriguaná. El proyecto será el primer corredor estratégico para la reactivación del transporte férreo en el país, que conecta el interior de Colombia con la costa Caribe, el Magdalena Medio y departamentos como Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.Así comenzó la rehabilitación de los 522 kilómetros de vía férrea entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar), una obra que tienes una inversión total de 3,4 billones de pesos. La iniciativa busca mejorar la conexión entre el centro productivo de Colombia y la región Caribe, facilitando el transporte de carga y avanzando hacia un sistema logístico más eficiente y sostenible.“El 2026 es un año determinante para el proyecto, porque comenzamos a traducir el trabajo técnico y de preparación adelantado, en resultados visibles en los territorios. Este avance permitirá generar impactos concretos en conectividad y desarrollo regional, manteniendo una ejecución responsable y articulada con las comunidades y las autoridades”, señaló Germán de la Torre, gerente general de la Concesión Línea Férrea Central.Desde agosto de 2025, cuando se inició el proyecto, se han desarrollado actividades de preparación, como los estudios y diseños de la vía, la rehabilitación de cuatro puentes ferroviarios prioritarios y la planificación de un puente vehicular y peatonal en Río Sogamoso. Además, se diseñaron dos instituciones educativas en Cimitarra (Santander) y se han realizado gestiones ambientales, sociales y prediales en los 25 municipios del área de influencia, para garantizar que las obras se desarrollen.Mientras se prepara la infraestructura, la concesión ha asegurado la continuidad de la operación ferroviaria. Entre agosto y diciembre de 2025, se movilizaron aproximadamente 549.000 toneladas de carga, lo que permite mantener activo el transporte de mercancías y apoyar la logística del país sin interrupciones, incluso mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.En 2026, el proyecto entra en su fase más visible con la ejecución de obras prioritarias que impactan directamente a las comunidades. Entre ellas están la construcción de las instituciones educativas, la rehabilitación de los puentes de Puerto Berrío, Carare, Cuatrobocas y Río Sogamoso.
El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un borrador de resolución que actualiza el marco normativo para la autorización, funcionamiento y vigilancia de los laboratorios que utilizan animales de laboratorio en Colombia. La medida desarrolla el artículo 25 de la Ley 84 de 1989 y establece nuevas exigencias administrativas, técnicas y de control para las instituciones públicas y privadas que adelantan actividades de experimentación, investigación, docencia o diagnóstico.Uno de los principales cambios es la obligatoriedad de contar con una autorización formal expedida por el Ministerio de Salud, previa evaluación técnico-científica del Instituto Nacional de Salud (INS). La autorización tendrá una vigencia de dos años y será requisito indispensable para continuar operando. Sin este trámite, los laboratorios no podrán desarrollar actividades que involucren animales de laboratorio.La resolución endurece los requisitos técnicos que deben cumplir las instituciones. Los laboratorios deberán acreditar infraestructura adecuada, bioterios habilitados, personal capacitado y atención médico-veterinaria permanente, además de planes de manejo para los animales en caso de cierre temporal o definitivo de las instalaciones.Otro de los ejes de la norma es el fortalecimiento de los comités de ética para el uso de animales de laboratorio. Las instituciones estarán obligadas a conformar o actualizar estos comités, que deberán evaluar y hacer seguimiento a los protocolos de investigación, garantizando que el uso de animales esté debidamente justificado y documentado.La resolución establece que el uso de animales solo será admisible cuando sea indispensable desde el punto de vista científico, cuando no existan métodos alternativos validados y cuando se apliquen los principios de reemplazo, reducción y refinamiento, conocidos como las “3R”. Esto obliga a los laboratorios a sustentar de manera expresa por qué recurren a modelos animales y qué medidas adoptan para minimizar su uso.En materia de control, se refuerza el papel del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que ejercerá acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos autorizados. En caso de incumplimientos, especialmente aquellos relacionados con el bienestar animal, podrán adoptarse medidas sanitarias y cancelarse las autorizaciones otorgadas.La norma también ratifica la prohibición de la experimentación cosmética con animales, salvo las excepciones previstas en la Ley 2047 de 2020, y excluye este tipo de actividades del ámbito de autorización ordinaria, con el fin de evitar interpretaciones amplias.Finalmente, se establece un periodo de transición que incluye jornadas de socialización y plazos para que las instituciones ajusten sus procesos internos, adecuen los comités de ética y radiquen la solicitud de autorización. Una vez vencidos estos plazos, el uso de animales de laboratorio sin autorización podrá dar lugar a sanciones administrativas.
El anuncio se hace luego de que se conociera que la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) señalara que se realizarían acciones que podrían afectar las operaciones en el aeropuerto El Dorado y demás aeropuertos de Colombia tras incumplimientos en acuerdos con el Gobierno.En diciembre del 2024 también se registró un escenario similar, que afectó por completo las operaciones en el aeropuerto El Dorado. Un caso que generó más de 65 retrasos y cancelaciones, afectando a 2.239 pasajeros, a causa de acciones de restricción para que los usuarios pudieran volar. Esto evidencia que cualquier interrupción en los servicios migratorios tiene consecuencias reales y significativas, según como lo menciona la aerolínea.Avianca señaló que se tendrían grandes impactos en el funcionamiento del sector aéreo, en el servicio al pasajero y la competitividad, ya que la eficiencia en los controles migratorios es esencial para garantizar la operatividad de los aeropuertos y la puntualidad de los vuelos, mientras que un control y servicio ágil representa el primer y último contacto del viajero con Colombia, asegurando una experiencia positiva para turistas y ciudadanos. Y por último, la fluidez en los aeropuertos internacionales es clave para mantener la posición de Colombia como principal destino turístico de Sudamérica y para así, atraer inversión extranjera.La aerolínea hizo un llamado urgente a las autoridades y sindicatos para garantizar que el servicio migratorio se mantenga de manera ininterrumpida, subrayando que la aviación solo funciona de forma eficiente cuando todos los actores de la cadena operan coordinadamente. Avianca aseguró que está monitoreando de cerca la situación y trabajando con el sector para minimizar los impactos potenciales. Cualquier alteración en los procesos de migración no solo afecta a los pasajeros y aerolíneas, sino que también pone en riesgo la competitividad internacional de Colombia y la confianza de los turistas en el país.Asimismo, Wingo emitió una alerta frente al riesgo que se vive en las operaciones en los próximos días.
Las fuertes lluvias que se han registrado en el Huila han ocasionado emergencias en ocho municipios principalmente deslizamientos de tierra, vías rurales colapsadas, viviendas afectadas y crecientes súbitas del ríos y quebradas que han destruido cultivos de plátano y café.Asimismo, en el río Suaza dos operarios de maquinaria amarrilla que adelantaban trabajos de canalización quedaron atrapados en medio de una creciente súbita del afluente, quienes finalmente fueron rescatados sanos y salvos por unidades de la Defensa Civil.Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila, informó que los municipios de Timaná, Teruel, Tello, Algeciras, La Argentina, Pitalito, Campoalegre y Suaza, han reportado emergencias por cuenta de las intensas lluvias que se han presentando en las últimas horas en todo el departamento.“Las lluvias se nos han intensificado en estos últimos cinco días y de las precipitaciones que se han registrado desde la noche anterior han ocasionado emergencias en ocho municipios del Huila. Tenemos reportes de viviendas afectadas y vías rurales colapsadas en Tello, Algeciras, La Argentina, Timaná. Una de las emergencias a la que le hemos dado prioridad ha sido los derrumbes en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45”, indicó el funcionario.Le puede interesar: Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadasEl reciente informe entregado por la Oficina de Atención de Desastres en el Huila da cuenta de que hay afectaciones en infraestructura en tres instituciones educativas en los municipios de Neiva, Íquira y La Plata; entre tanto, en Teruel y Campoalegre, dos familias campesinas fueron evacuadas por averías en sus viviendas.Cabe mencionar, que, según el reporte de los organismos de socorro del departamento, en lo corrido del año 2026 hay un registro de 21 municipios que han presentado emergencias por deslizamientos de tierras, afectaciones en acueductos veredales, puentes vehiculares y viviendas averiadas; también crecientes súbitas, que han destruido cultivos de plátano.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026(01 de enero de 2026 a la fecha)● Total de emergencias registradas: 77● Municipios afectados: 21● Tipo de eventos:○ Deslizamientos: 48○ Crecientes súbitas: 12○ Inundaciones: 6○ Caída de árboles: 5○ Hundimientos: 1
Desde Washington, tras una reunión preparatoria para el encuentro bilateral Petro–Trump, el embajador Daniel García-Peña reconoció que la reunión es impredecible, pero aseguró que las garantías brindadas al mandatario colombiano para llegar a Estados Unidos son una buena señal.“Estamos empeñados en seguir acompañando para que esta visita resulte. Aquí no está en juego una reunión entre un presidente, sino un momento fundamental para el país, una reunión de estas no se sabe qué puede pasar, pero las garantías que el gobierno Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras”, dijo.Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, confirmó la extradición de Pipe Tulua para mañana. “El presidente de la República dio una orden clara: el criminal Pipe Tulua debe llegar lo más rápido posible, extraditado de Colombia a EE. UU.”La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno buscará “relanzar” la relación con EE. UU. tras este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. “Hemos realizado un proceso a nivel diplomático para desescalar y llegar a este punto tan positivo, de máxima importancia para nuestro país”, afirmó.La agenda del presidente Gustavo Petro comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero. La visita incluirá reuniones con congresistas, estudiantes, empresarios y connacionales.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo criminal como alias ‘Gonzalito’, fue durante años uno de los hombres clave del Clan del Golfo, organización en la que llegó a ocupar el cargo de segundo cabecilla del Estado Mayor Conjunto. Su muerte, confirmada en las últimas horas, cierra el ciclo de una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por la violencia armada, el uso de minas antipersonal, secuestros y el control de economías ilegales en el norte del país.Nacido el 30 de diciembre de 1974, Sánchez inició su carrera criminal en 1998, cuando ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cinco años después ya hacía parte de estructuras armadas móviles de ese grupo, experiencia que lo llevó a consolidarse como mando operativo y, tras la desmovilización paramilitar, mantenerse en el crimen organizado bajo nuevas siglas.Su ascenso dentro de las estructuras herederas fue constante. En 2018 asumió como cabecilla de la estructura Rubén Darío Ávila; en 2021 pasó a liderar el bloque completo y, para 2023, fue designado segundo cabecilla del Clan del Golfo, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor poder de decisión dentro de la organización.Alias ‘Gonzalito’ tenía una amplia injerencia territorial en zonas rurales de Córdoba y Antioquia, con presencia en municipios como Montería, Ayapel, Tierralta y Caucasia, desde donde coordinaba comisiones armadas y rutas estratégicas. Según los reportes oficiales, su estructura controlaba corredores usados para el cobro de extorsiones al sector minero y para la producción y comercialización de pasta base de coca, además de confrontar a otros grupos armados ilegales en áreas limítrofes.En su prontuario figuran ataques reiterados contra la fuerza pública. Entre 2018 y 2022 se le atribuyen emboscadas con explosivos, activación de campos minados y combates que dejaron militares y policías heridos y muertos en zonas como Canalete, Tierralta y Puerto Libertador. En febrero de 2023, las autoridades lo señalaron de ordenar el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en la vía Cáceres–Medellín, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.El perfil de inteligencia también lo responsabiliza de haber ordenado el llamado “plan pistola” en abril de 2025, en represalia por la neutralización de otro cabecilla del Estado Mayor, una ofensiva que derivó en 48 acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.Para las autoridades, la muerte de alias ‘Gonzalito’ representa un golpe estructural al Clan del Golfo: su salida afecta el direccionamiento de las comisiones armadas, debilita el control territorial y reduce la capacidad de constreñimiento sobre la población civil en zonas estratégicas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde era considerado una de las piezas más influyentes de la organización criminal.
Con información aportada por exintegrantes de la fuerza pública, excombatientes de grupos armados ilegales que se vieron involucrados en hechos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, el equipo forense de la Regional Sur de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, durante el año 2025, recuperaron 123 cuerpos en cementerios de Huila, Caquetá y Putumayo.De acuerdo con el reporte, en la misma vigencia 2025 se recuperaron del cementerio central de Neiva, del antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto o fosas comunes 53 cuerpos y 22 fueron entregados a sus familiares, mientras que los demás restos se encentran en proceso de identificación.“En el Grupo Territorial Huila, a cierre de 2025 se registraron 598 solicitudes de búsqueda y se acompañó a 96 personas aportantes de información. El equipo gestionó dos accesos a lugares de interés forense, tomó 177 muestras biológicas, recuperó 53 cuerpos, principalmente en el Cementerio Central de Neiva, y acompañó 22 entregas dignas” dijo Andrea Jiménez Silva, coordinadora de la Unidad de Búsqueda Regional Sur.Jiménez Silva, agregó que, de acuerdo a la información recopilada como Unidad de Búsqueda, en estos tres departamentos del sur colombiano hay un registro de 10.500 personas que continúan desaparecidas como consecuencia del conflicto armado que generó dolor y sufrimiento a miles de familias en los años oscuros de la violencia. En el Huila, data un registro de 1.500 personas desaparecidas.La Unidad de Búsqueda espera en este año 2026 entregar más de 100 cuerpos exhumados a los familiares en Huila, Caquetá y Putumayo quienes llevan años buscando a sus seres queridos que desaparecieron como víctimas del conflicto armado.“La búsqueda no termina con la recuperación de los cuerpos. El reto es avanzar en la identificación para devolverles el nombre que les corresponde y permitir que puedan regresar al seno de su hogar. También es fundamental mantener y abrir nuevos corredores humanitarios que nos permitan llegar a los lugares donde el acceso sigue siendo difícil”, afirmó Andrea Jiménez.Balance de cuerpos recuperados en HuilaDesde el mes de noviembre del 2023 fecha en que se inició el proceso de intervención al Monumento 14 del cementerio central de Neiva, incluyendo las exhumaciones en el antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto, a la fecha en el Huila se han recuperado 137 cuerpos de personas que desaparecieron por cuenta de la violencia armada en el sur del país.En ese sentido en estos dos últimos años de intervención en cementerios de Neiva y Pitalito y exhumación de cuerpos por parte de la Unidad de Búsqueda, en el Huila se han entregado 28 restos identificados a sus respectivos familiares, quienes llevaban años buscando a sus seres queridos.
La Corte Constitucional deberá tomar decisiones sobre la reforma pensional, una de las iniciativas bandera del Gobierno Petro que fue demandada en agosto del 2024 y de la cual se espera el alto tribunal tome una decisión de fondo en las próximas semanas. Sin embargo, este debate podría alargarse porque se conoció que una persona radicó una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández, lo que en la práctica significa una petición directa a la Corte para que el togado sea apartado de la discusión de la pensional.La solicitud se produce luego de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, presentara una recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por presunto prejuzgamiento en declaraciones a medios de comunicación sobre la ley que está bajo la lupa de la alta corte.Para el recusante, la actuación del Gobierno al pedir que Ibáñez sea apartado de la discusión, demostraría un interés directo en la decisión de constitucionalidad de la reforma, lo que para juicio de la persona que recusó a Vladimir Fernández compromete su imparcialidad de quien fue secretario jurídico de la Presidencia.Incluso, el escrito es claro en señalar que Vladimir Fernández debió declararse impedido para conocer del asunto una vez se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional.Ahora será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá decidir si el magistrado Vladimir Fernández debe separarse del estudio de la reforma pensional. Esto es importante porque las cargas en la Corte están definidas, Fernández junto al magistrado Héctor Carvajal fueron cercanos al presidente Gustavo Petro en roles distintos, y en decisiones proferidas desde el alto tribunal ambos han votado a favor del gobierno.
El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la prioridad en este momento es la descarga y análisis de las cajas negras del avión de Satena HK‑4709, siniestrado en el Catatumbo con 15 personas a bordo. Asimismo, reveló que una interferencia es una de las hipótesis que maneja le entidad.“En este momento le puedo confirmar que estoy en el proceso de descarga de datos de la caja grabadora de datos de vuelo”, explicó, al detallar que se trata de dos dispositivos: uno de voces y sonidos de cabina y otro de datos de vuelo registrados segundo a segundo. Enfatizó que aún no puede entregar conclusiones sobre las causas del siniestro porque necesita tiempo para empezar a identificar y sustentar lo que ya se pudo se detectar o leer en el sitio.Según la Aerocivil, estos grabadores son fundamentales para reconstruir la trayectoria, las comunicaciones y los parámetros técnicos del vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en una zona de compleja geografía y presencia de actores armados ilegales. La autoridad aeronáutica mantiene la custodia de los equipos y adelanta un proceso de recuperación de datos más complejo en el caso de la grabadora de voces, que sufrió golpes severos por la desaceleración del impacto.¿El avión de Satena se estrelló contra la montaña?Bello reveló que la inspección preliminar en terreno permitió establecer elementos clave sobre cómo impactó la aeronave contra la montaña en el Catatumbo. “La aeronave tiene un impacto que es ascendente, es decir, no es de frente, no hay una colisión frontal contra el terreno”, relató, lo que da, según explicó, “un indicio que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”. La huella del impacto se extiende unos 150 metros desde la parte alta de la ladera hacia abajo, en el punto más elevado donde quedaron los restos.Aunque los indicios sugieren un desplazamiento a lo largo de la ladera y no un choque frontal, el director de investigaciones se abstuvo de confirmar si el piloto realizó una maniobra in extremis para tratar de evitar la colisión. “Necesito descargar los datos y empezar a analizarlos para poder confirmar si efectivamente hubo una maniobra final”, subrayó el coronel tras insistir en que cualquier interpretación sobre la reacción de la tripulación debe estar soportada en la telemetría registrada por los sistemas de a bordo. Las condiciones meteorológicas exactas en el momento del siniestro también serán contrastadas con la información técnica de la aeronave.Conversaciones en cabina y control: prudencia frente a filtracionesEn medio de versiones y audios que han circulado en redes sobre la supuesta última conversación entre la tripulación y los servicios de control aéreo, Bello pidió cautela y rigor informativo. “En medios salen muchísimas versiones que no son confirmadas en redes”, advirtió. Asimismo, señaló que la única forma de validar esos audios será cuando se logre extraer y cotejar el contenido de la caja grabadora de voces que ya está en poder de la autoridad investigadora. Sobre esa caja, precisó: “Estamos en condiciones en este momento de poder hacer un proceso que va a llevar más tiempo, pero es la recuperación de los datos”.El oficial recordó que las comunicaciones entre pilotos y control se basan en una fraseología técnica estandarizada, en la que reportar “aproximación” implica que la aeronave ya está en fase de descenso hacia la pista de destino. Cualquier indicio de declaración de emergencia o mensajes atípicos deberá establecerse únicamente a partir de la grabación de cabina y de los registros del centro de control de tráfico aéreo.Estado del avión y rol de la empresa operadoraFrente a las condiciones técnicas del Beechcraft 1900D operado para Satena, Bello señaló que, desde el punto de vista regulatorio, la aeronave estaba habilitada para volar. “Esta aeronave como tal contaba con esos registros de aeronavegabilidad o de aprobación de operación por parte de la autoridad aeronáutica”, afirmó. Agregó que las inspecciones realizadas por los inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones aéreas estaban vigentes y en regla al momento del accidente. “Si esa aeronave estaba haciendo ese vuelo, es porque esa aeronave está autorizada y legal en sus términos de aeronavegabilidad para cumplir con ese vuelo”, recalcó.El investigador subrayó, no obstante, que la Aerocivil también indaga el factor organizacional dentro de la empresa encargada del vuelo. Esto incluye revisar su sistema de gestión de riesgos, los procedimientos de identificación de peligros, la administración de tripulaciones y la forma en que se garantiza la disponibilidad técnica de la flota. Se trata de un enfoque integral que no se limita al desempeño de la tripulación, sino que incorpora la cultura de seguridad operacional de la organización.Interferencia, jamming y spoofing: una hipótesis de la era digitalAl ser consultado sobre si la causa más probable es el clima o el error humano, el coronel Bello insistió en que la investigación se mueve en varias líneas simultáneas. “Hay factor humano involucrado, hay un factor organizacional y hay un factor que no podemos descartar, que es algo que es moderno, es de la actualidad”, dijo, al introducir el componente de interferencia en la navegación satelital. Allí mencionó explícitamente dos conceptos: jamming y spoofing.Bello enfatizó que la ubicación del escenario —en el Catatumbo, zona fronteriza, de difícil geografía y alta conflictividad— obliga a considerar la posibilidad de interferencia cibernética como una hipótesis de trabajo. “Tenemos que tener en cuenta dentro de una hipótesis de investigación el sitio donde está ubicado el accidente y no podemos descartar que efectivamente pueda haber una situación de esta condición”, sostuvo. Ante la pregunta de si dicha interferencia podría ser eventualmente provocada por alguien, respondió con cautela: “Eso está dentro de una línea de investigación”.La hipótesis de atentado y lo que se ha descartadoSobre la hipótesis de un atentado, Bello fue categórico al señalar que, con la evidencia recogida en el lugar del siniestro, no es posible sostener esa tesis. “Dentro de lo que se identificó en los restos, en la disposición de los restos, en la trazabilidad o la dinámica de impacto, no puedo confirmar eso porque no veo o no identificamos con el grupo una evidencia que haya habido algún tipo de interferencia ilícita”, indicó. De esta forma, la Aerocivil descarta por ahora indicios de explosiones o acciones violentas previas al impacto.El investigador recordó que cualquier conexión con un posible acto terrorista deberá estar plenamente sustentada en pruebas físicas, análisis forenses y datos de las cajas negras, y no en especulaciones. Por ahora, la entidad trabaja bajo el principio de no descartar hipótesis, pero sí de ajustar o derribar líneas de investigación a medida que avanza la recolección y contrastación de información técnica. El objetivo, insistió, es establecer causas probables que deriven en recomendaciones de seguridad para evitar nuevos accidentes.
Tras el trágico accidente de una aeronave de la empresa Satena en la región del Catatumbo, Norte de Santander, la Aeronáutica Civil ha proporcionado los primeros avances de la investigación técnica en curso.En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la entidad, explicó que las evidencias iniciales recolectadas en el terreno sugieren que el impacto no ocurrió de manera frontal, lo que abre paso a nuevas hipótesis sobre los últimos segundos del vuelo.Hallazgos en el lugar del siniestroDe acuerdo con el coronel Bello, la inspección preliminar en la montaña donde se accidentó el avión indica que la aeronave tuvo un impacto ascendente. "No hay una colisión frontal contra el terreno, sino que efectivamente nos da un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal", señaló el funcionario.La huella de impacto se localizó aproximadamente a 150 metros debajo de la punta de la montaña, desplazándose a lo largo de la ladera, lo que sugiere que la tripulación pudo haber intentado elevar la nariz del avión en un esfuerzo por evitar el choque. No obstante, Bello fue enfático en que estas observaciones deben ser confirmadas mediante el análisis riguroso de los datos técnicos.El desafío de las cajas negrasLa investigación se centra actualmente en la descarga y análisis de las dos cajas de grabación de la aeronave: una que registra las voces y sonidos en la cabina (CVR) y otra que recopila los datos de vuelo o telemetría (FDR). El proceso presenta retos significativos, ya que la caja de voces sufrió daños debido a la severa desaceleración del impacto, lo que requerirá un proceso de recuperación más prolongado para obtener la información.Estos dispositivos permitirán determinar con precisión si existió una declaración de emergencia final o si hubo factores atípicos en la comunicación entre la tripulación y los centros de control de tráfico aéreo.Hipótesis y líneas de investigación: ¿Interferencia técnica?Además de los factores tradicionales como el clima, el factor humano y el factor organizacional, la Aerocivil está explorando hipótesis modernas relacionadas con la navegación satelital. El Coronel Bello mencionó la posibilidad de investigar fenómenos como el jamming (corte de señal) o el spoofing, este último referido a una interferencia cibernética que podría hacer pensar a los pilotos que están en una ubicación diferente a la real.A pesar de estas líneas de estudio, la autoridad aeronáutica aclaró que, hasta el momento, no se ha identificado evidencia de interferencia ilícita o atentados contra la aeronave. Finalmente, se confirmó que el avión de Satena contaba con todos sus registros de aeronavegabilidad y aprobaciones de operación al día, cumpliendo con los marcos legales para realizar dicho vuelo.El accidenteLa aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 con 32.000 horas de vuelo, cubría el miércoles la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que se hace en 25 minutos, pero su último contacto fue cuando llevaba 12 minutos en el aire.Horas después, campesinos de la zona de Curacica, que hace parte de La Playa, informaron del hallazgo del aparato estrellado en la cima de una colina.El avión destruidoEste jueves, desde temprano, funcionarios de emergencia y rescatistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC) seguían en el lugar del accidente, recuperando piezas del avión, que se partió en mil pedazos que quedaron esparcidos entre unos arbustos, y objetos personales de los pasajeros.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 063 del 26 de enero de 2026, con el cual se reglamenta la ley de mujeres buscadoras (Ley 2364 de 2024) y se establecen las condiciones para que estas mujeres y sus familias accedan a medidas integrales de protección, reparación y reconocimiento por parte del Estado.De acuerdo con el decreto oficial, la reglamentación tiene como propósito “reconocer a las mujeres buscadoras como constructoras y sujetos de especial protección constitucional y adoptar medidas para el acceso a sus derechos, la prevención de violencias, la sensibilización, la atención y la protección integral”.El decreto fija principios obligatorios para todas las entidades competentes del Estado. Entre ellos, el estándar de debida diligencia, que impone la obligación de promover los derechos de las mujeres buscadoras a una vida libre de violencias, “evitando revictimizaciones a partir de una acción diligente, proactiva, oportuna, ética y que permita la materialización efectiva del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas”.Asimismo, establece la atención diferenciada, señalando que el Estado deberá aplicar enfoques diferenciales y una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta “las circunstancias específicas de las mujeres buscadoras, conforme a sus necesidades particulares y condiciones de vulnerabilidad”. A esto se suma el principio de participación, que obliga a las entidades a garantizar que las mujeres buscadoras intervengan en las decisiones que las afecten y tengan participación efectiva en los espacios donde se definan planes, programas y proyectos relacionados con su atención integral.Tras la expedición del decreto, el ministro de Justicia destacó el alcance de la medida. En su cuenta de X afirmó que se trata de “un instrumento que las mujeres buscadoras han promovido por mucho tiempo para que se les reconozca el trabajo y la dedicación de décadas en las que no solo han buscado por todos los medios a sus seres queridos”. Agregó que estas mujeres “también han buscado verdad y justicia, en medio de una guerra que ha dejado más de 160 mil personas dadas por desaparecidas”.Según el ministro, la reglamentación permitirá que más de 300 mil mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada cuenten con una herramienta concreta para acceder a derechos fundamentales. “Hoy, más de 300.000 mujeres buscadoras cuentan con esta herramienta que será la puerta de entrada para que ellas y sus familias puedan acceder a servicios de salud integral, seguridad social, vivienda, educación, trabajo y autonomía económica”, señaló.Ana Angulo, madre buscadora de personas desaparecidas, aseguró que esta reglamentación tiene un valor profundo para quienes han sostenido la búsqueda en medio del miedo y la incertidumbre. “Una de las importancias es que nosotras como Madres Buscadoras hemos venido arduamente en este ejercicio con temor, con miedo, con zozobra, haciéndonos abrir espacio para que reconozcan que sí hay personas desaparecidas y que detrás de ellas hay familias, madres e hijos con dolor, con esperanza”, expresó.Angulo añadió que el respaldo institucional fortalece su labor colectiva: “Saber que nos apoyan en la incidencia política y en la política pública hacia esa ley es importante y reconfortante. Seguimos en la lucha y en la pelea”.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales alcanzaron 27.121 integrantes, tras incorporar más de 5.000 nuevos miembros solo en 2025, mientras las disputas armadas llegaron a niveles récord y el Estado sigue sin recuperar el control territorial.“Colombia deja atrás un año que cerró en rojo en varios de los indicadores de seguridad e impacto humanitario, y se enfrenta a un 2026 que comienza con señales claras de deterioro en estos frentes y con los grupos armados marcando el pulso en amplias zonas del país”, advierte la FIP.El documento señala que estas estructuras crecieron 23,5 % frente a 2024, una tendencia sostenida desde 2018 que, de no revertirse, podría llevarlas a cerca de 30.000 integrantes en el corto plazo. Del total de combatientes, 13.794 corresponden a hombres en armas y 13.327 a redes de apoyo.“Estos dos tipos de integrantes cumplen funciones diferentes, pero en ambos casos sus acciones generan impactos sobre la seguridad. Por ejemplo, aunque los hombres armados participan directamente en las actividades militares, las redes de apoyo son el pilar fundamental de la vigilancia y garantizan el cumplimiento de las normas del actor armado sobre el territorio”.El crecimiento más acelerado lo registra el Clan del Golfo, con un aumento del 30 %, lo que equivale a casi 2.300 personas más en sus filas.Más guerra y más territorios en disputaLa FIP alerta que en 2025 las confrontaciones entre grupos armados aumentaron 34 %, alcanzando el nivel más alto de la última década. Actualmente, 13 zonas del país están en disputa armada, casi el doble de las que existían al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en 2022.Regiones como Catatumbo, Cauca, Guaviare y Caquetá concentran las mayores afectaciones humanitarias, con comunidades atrapadas entre enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Solo en 2025, más de un millón de personas resultaron afectadas por restricciones a la movilidad, una cifra que triplica la registrada el año anterior.Drones, control social y expansión criminalEl informe advierte, además, que en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, la mayoría atribuidos a disidencias de las FARC. A esto se suma el uso de cámaras ocultas y nuevas tecnologías de vigilancia para seguir los movimientos de la Fuerza Pública.La FIP advierte un control cada vez más fuerte sobre la vida cotidiana de las comunidades, con restricciones a la movilidad, carnetización, presión sobre líderes sociales e intentos de incidir en el poder local y la organización comunitaria.“Este avance territorial no solo implica más presencia armada, sino un control cada vez más fuerte sobre las comunidades. Los grupos buscan incidir en el poder local y en los procesos organizativos de la sociedad civil, ampliando su influencia sobre la vida cotidiana en las zonas donde operan”, señala el informe.Estado reactivo y Paz Total en crisisAunque en 2025 las acciones de la Fuerza Pública aumentaron 34 %, la FIP concluye que la respuesta del Estado sigue siendo reactiva.“Mientras los grupos armados se adaptan con rapidez a las nuevas estrategias oficiales, la Fuerza Pública muestra pocas capacidades para ajustarse a los cambios en las dinámicas del conflicto”, advierte la Fundación.En paralelo, el documento señala que 2026 inicia con la política de Paz Total golpeada por escándalos y con un reconocimiento cada vez más extendido sobre sus límites y fracasos, “incluso por parte del propio presidente”.“En ese contexto, la creación de Zonas de Ubica-ción Temporal (ZUT) con cuatro grupos distintos se perfila como uno de los mayores retos del tramo final de esta administración, tanto en términos de seguridad física como de las garantías jurídicas que implican.La FIP ha advertido que la Paz Total cada vez más se asemeja a una ‘paz electorera’, entendida como un medio para cumplir otros fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios más afectados por el conflicto”, advierte la FIP.