Este miércoles se desarrolló el foro ‘Para la polarización, la conversación’, una iniciativa en la que líderes de distintos sectores reflexionaron sobre la necesidad de dialogar entre diferentes, incluso frente a temas que, en ocasiones, dividen al país.La rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, aseguró que Colombia tiene un futuro esperanzador, pero advirtió que es necesario aprender a hablar y escucharse en medio de las diferencias.“La gente cree que la democracia está muy frágil, pero sigue creyendo que esa es la forma de construir país. Lo que nos une es lo más profundamente humano: el perdón, la reconciliación, el amor”, señaló la rectora.Bernal hizo énfasis en el papel fundamental de la educación como herramienta para fortalecer el diálogo y la construcción colectiva en el país.“Por eso las universidades somos tan importantes, somos los que formamos esos ciudadanos que pueden hablar, que son compasivos, que son empáticos, que pueden tejer esas conversaciones de una manera en que el otro no es un antagonista, sino es una persona diferente, a la que yo puedo al menos escuchar activamente”, agregó.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Según datos oficiales, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, cifra que representa el 64 % del total histórico de ese tipo de compensaciones en el país, consolidando a la actual administración como la que más ha avanzado en este rubro desde la promulgación de la legislación. La entidad ha resaltado que esta cifra no solo es numérica sino simbólica, pues además de cumplir con sentencias judiciales y otorgar medidas de reparación, contribuye a terminar la larga espera de miles de personas por justicia y reparación integral.Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestran que más del 19 % de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a pueblos y comunidades étnicas, incluidos afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y población Rrom o gitana, quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y pérdida de bienes. El reporte coincide con los esfuerzos por parte de la entidad de agilizar y ampliar la cobertura de indemnizaciones, ya que en periodos recientes se han destinado recursos significativos para la atención de víctimas de diferentes grupos poblacionales, con ajustes que buscan acelerar la entrega de medidas y mejorar la gestión de casos. A pesar de los desafíos que persisten en términos de desplazamiento forzado, violencia y desigualdad social.Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, también ha promovido iniciativas para dignificar y visibilizar a estas poblaciones. En el departamento de Santander se realizó recientemente la Conmemoración de la Afrosantandereanidad, un encuentro cultural que busca reconocer la existencia y el sufrimiento de víctimas étnicas en la región, así como reforzar el compromiso institucional con sus derechos y reparación. "Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.", afirmó la entidad durante la entrega de estas cifras en Colombia.
Tras gestiones de la Cancillería colombiana con el gobierno de Estados Unidos, regresará al país Rafael Vergara, el joven de 22 años e hijo de la congresista Ángela Vergara, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hace 20 días.Según su madre, el joven estaba a la espera de que se definiera su situación legal, contaba con permiso de trabajo y número de seguro social, y no tenía asuntos pendientes con la justicia en ese país.“La situación cada día va un poco peor, deteriorando su salud física, mental, pero sobre todo las condiciones en las que ellos se encuentran allá. Hace unos dos días hablamos y en la celda donde él se encuentra habían 70 personas. Hoy ya superaron las 80 personas en un estado de hacinamiento que obviamente no se les pueden garantizar unas buenas condiciones”, contó la congresista.En las próximas horas, la canciller Rosa Villavicencio se reunirá con la congresista en Cartagena. El tiquete aéreo para el regreso del joven ya fue adquirido: viajará mañana desde Louisiana hacia Dallas, Texas, y posteriormente a Bogotá, con llegada prevista a las 11:00 de la noche.Cabe mencionar que la representante a la Cámara por el Partido Conservador Colombiano denunció la detención de su hijo a través de su cuenta de X.“Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio”, explicó.En ese momento, Vergara solicitó apoyo del Gobierno nacional y de la Cancillería para su retorno. “Le pido de manera urgente al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el regreso, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”, concluyó.
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, confirmó que, tras más de diez años de investigación, se logró la plena identificación científica de los restos atribuidos al sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo.Según explicó, el proceso enfrentó un escenario técnico extremo, marcado por cuerpos mezclados, restos incompletos, deterioro avanzado y sustancias que afectaban el material genético. Ante estas condiciones, los expertos realizaron una reconstrucción genética compleja a partir de múltiples estructuras óseas exhumadas entre 2016 y 2024.La investigación incluyó muestras de linaje materno obtenidas de familiares directos. Estas fueron trabajadas en laboratorios especializados tras exhumaciones realizadas en Bogotá y La Habana, lo que permitió establecer la vinculación genética mediante comparación de perfiles mitocondriales.“Las muestras tomadas de la abuela materna Isabel Gaviria Cobaleda y de la madre Isabel Restrepo de Torres, exhumadas en Bogotá y la Habana, Cuba, fueron trabajadas para establecer la vinculación por linaje materno en el proceso”, dijo el director de Medicina Legal.Cortés destacó que el resultado no se basa en probabilidades simples, sino en una coincidencia genética robusta. De acuerdo con el informe, existe una certeza “844 millones de veces más probable” de que los restos correspondan a un hijo biológico de la familia Torres a que pertenezcan a un individuo al azar dentro de una población de referencia.“No estamos hablando de probabilidades someras, estamos ante una coincidencia genética entre el perfil de la abuela materna, el padre y las muestras exhumadas en el año 2024, sustentadas por la ciencia forense. Los restos analizados corresponden genéticamente a un hijo biológico de Calixto Torres Sumaña y nieto de Isabel Gaviria Cobaleda, a que sean de un individuo al azar en una población”, agregó.
El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión 'Lizzie McGuire', ha fallecido a los 71 años tras suicidarse, según publica Deadline."En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", señala la familia en un comunicado remitido al medio estadounidense."Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales", concluyen.Su hermano mayor, Keith Carradine ha explicado al medio estadounidense que Robert "luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció"."No hay nada de qué avergonzarse —dijo—. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma -señaló-. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño".Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie 'Lizzie McGuire', protagonizado por Hilary Duff.Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en 'The Cowboys', un papel para el que su hermano David le animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder".Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar , 'Coming Home' ('El regreso', 1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en 'Mean Streets' ('Malas Calles') de Martin Scorsese en 1973.El actor también participó en el western 'The Long Riders' ('Forajidos de Leyenda', 1980) y el film 'Revenge of the Nerds' ('La revancha de los novatos', 1984).
Un enfrentamiento armado en zona rural de Sardinata dejó a un uniformado herido luego de que la Policía Nacional frustrara un hurto en plena vía pública.Los hechos ocurrieron en el sector La Chacona, sobre el corredor que conecta con Cúcuta, cuando agentes de la Seccional de Investigación Criminal se desplazaban por la zona en labores judiciales y detectaron el asalto en curso. Al intervenir para proteger a las víctimas, se desató un tiroteo.En medio del intercambio de disparos, uno de los policías fue impactado en la pierna derecha, con orificio de entrada y salida. De acuerdo con el parte médico, la lesión no reviste gravedad y el uniformado permanece estable y fuera de peligro.Tras el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, una motocicleta y un bolso que serían clave en la investigación. El caso quedó en manos de los organismos judiciales para identificar y ubicar a los responsables del ataque.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
A 12 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, las autoridades se siguen preparando para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral en la que los colombianos elegirán senadores, representantes a la Cámara y a tres candidatos presidenciales.En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el hecho de que la empresa Thomas Greg and Sons y la empresa ASD formen parte de la Unión Temporal Disproel, que es la encargada del software de escrutinio municipal y departamental.Sobre este asunto, vale la pena recordar que la empresa ASD, que entre otras cosas, está vinculada a procesos electorales en Colombia desde hace más de 25 años, cedió el pasado 20 de febrero, su participación en la Unión Temporal que provee dicha herramienta tecnológica, tras una polémica en la que se ha visto involucrada en Honduras.Como nota al margen, ASD, la misma empresa que ha sido objeto de los más recientes ataques del presidente Gustavo Petro, ha suscrito contratos con entidades del gobierno nacional entre 2022 y 2025 por más de 154 mil millones de pesos.Sobre la polémica por el famoso software de escrutinio, a partir de hoy y durante 3 días, la Registraduría abre la puerta para que los partidos políticos, los veedores y los auditores tengan la posibilidad de revisar el código fuente y verifiquen su funcionamiento, con el fin de despejar dudas sobre cualquier posible actuación irregular que se llegara a detectar.Hay un asunto de fondo, clave del que poco habla el gobierno: del constreñimiento electoral por parte de grupos criminales y de la compra de votos. En las últimas horas, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el Registrador Hernán Penagos definieron rutas para combatir esos dos flagelos, que sin duda van a incidir en las elecciones del próximo 8 de marzo.
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
En un extenso mensaje en su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro abordó de nuevo la crisis venezolana reiterando su propuesta de una salida negociada buscando un “gobierno de transición compartido” para convocar a elecciones libres en un ambiente democrático y “sin presiones indebidas”El mandatario colombiano no comparte la idea de “un desmantelamiento violento del estado venezolano” porque, según él, podría incrementar la violencia y fortalecer grupos criminales que hoy sostienen su poder territorial con base en las economías ilícitas.Por eso él defiende una salida negociada buscando que la oposición y el oficialismo puedan alternar en el gobierno hasta que exista un ambiente de confianza que contribuya a la estabilidad política y social de los venezolanos.El mensaje del presidente podría interpretarse como respaldo a su canciller Rosa Villavicencio quien afirmó haber sido malinterpretada cuando aseguró a Bloomberg que Nicolás Maduro estaría considerando una salida negociada del poder a cambio del levantamiento de sanciones en su contra hacia un gobierno de transición.El mensaje de Petro en X también viene cargado con un sentido crítico de los últimos dos años y medio, desde cuando él promovió una conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se desarrolló en Bogotá el 25 de abril de 2023.Para el jefe de Estado, los esfuerzos para encontrar una salida a la encrucijada política de los venezolanos, que desde hace más de 26 años viven bajo el régimen chavista, ha fracasado por razones que él atribuye al “sectarismo reinante y el afán de (Joe) Biden” que, según el, “no permitieron alcanzar una salida negociada de ningún tipo”.El 22 de abril de 2023 hubo una reunión entre Gustavo Petro y algunos representantes de la oposición venezolana en Bogotá, con apoyo de Estados Unidos en la agenda de diálogo. En ese encuentro, el presidente colombiano propuso el “desmonte de sanciones a Venezuela y a (Nicolás) Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes”“No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”A esa reunión que fue antes de la conferencia internacional asistieron, en Hato Grande, el coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde; junto con Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.Quien encabezó la delegación de la Casa Blanca envió a la conferencia fue el entonces asesor del Gobierno estadounidense para Latinoamérica, Juan González; quien fue acompañado por el asesor presidencial especial para las Américas Chris Dodd; y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer.
En un operativo desarrollado por unidades del GAULA de la Policía Nacional fue rescatado sano y salvo el alcalde de Chimichagua (Cesar), José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca. La liberación se llevó a cabo en un parqueadero ubicado en el barrio La Unión.Según informó la Policía, el mandatario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo. La cita lo llevó a un parqueadero en Soacha, donde fue intimidado y posteriormente privado de su libertad.Horas después, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el propio alcalde les solicitaba 100 millones de pesos. El requerimiento, sin justificación clara, generó sospechas entre sus allegados, quienes dieron aviso inmediato al GAULA. Tras la denuncia, la institución activó un plan de búsqueda e investigación para establecer el paradero del funcionario.Las labores de inteligencia, verificación y seguimiento técnico permitieron ubicar con precisión el sitio donde se encontraba retenido. Un equipo operativo ingresó al lugar de manera controlada y efectuó el rescate, sin que el alcalde resultara lesionado.En el punto fueron capturados inicialmente dos hombres, encargados de su custodia. Sin embargo, durante el procedimiento, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de otras personas que habían escapado por el techo del establecimiento. Las patrullas desplegaron una búsqueda adicional que permitió la captura de tres personas más y la aprehensión de un menor de edad.En el operativo se incautó un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56. La Policía destacó que la coordinación operativa, las labores de inteligencia y la colaboración ciudadana fueron determinantes para la liberación del mandatario local.
El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó ante el nuncio apostólico y más de 30 representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia los principales lineamientos y retos de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.Durante el encuentro, explicó el funcionamiento del proceso electoral colombiano y las estrategias diseñadas para garantizar la transparencia, como lo es por ejemplo, la publicación de todas las actas E-14, auditorías especializadas, misiones de observación y sistemas de autenticación biométrica facial y dactilar.Para Penagos, este tipo de encuentro es vital para que el proceso electoral se adelante de la mejor manera contando con todas las entidades y organizaciones del país, en especial cuando se siguen enfrentando al impacto negativo de las narrativas desinformativas en redes sociales, que, a su juicio, afectan la percepción sobre las instituciones electorales.“A veces, la opinión pierde de vista que un proceso electoral se tramita bien en la medida en que todas las entidades del Estado participen, incluyendo al gobierno, que es determinante en Colombia. (...) En Colombia constitucionalmente se acepta que algunos ministerios participen para lograr mejor democracia, para gestionar el proceso bien, para lograr, digamos, que transita”, agregó.Penagos destacó que el momento más decisivo del proceso electoral continúa siendo el cierre de urnas a las 4:00 de la tarde, cuando 700.000 jurados de votación realizan el conteo manual de votos y diligencian las actas, una labor que, según dijo, es fundamental para garantizar la confianza en los resultados.Finalmente, el registrador insistió en la necesidad de que todas las entidades del Estado trabajen de forma articulada para garantizar no solo el derecho al voto, sino el derecho a votar libremente en todo el territorio nacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un evento con trabajadores de su país que la primera exportación de gas hacia Colombia “ya está lista” y que solo faltan “algunos elementos técnicos” para que comiencen los envíos a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte."Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos", dijo el mandatario.Este sería el primer paso de una integración económica más profunda entre ambos países. Maduro aseguró que Venezuela y Colombia deben estar cada vez más unidas en una economía integrada con un comercio e inversiones binacionales crecientes.En septiembre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno trabaja para traer la primera molécula de gas desde Venezuela antes de que finalice el 2025 y restablecer la interconexión eléctrica binacional, buscando la seguridad energética para Colombia y garantizar mejores tarifas para la población.Palma asegura que las empresas privadas no se ponen de acuerdo sobre los proyectos que se necesitan, insiste en traer gas desde Venezuela y reconoce que le preocupan los tiempos de ejecución de los proyectos de importación de Ecopetrol.Maduro también expresó su confianza en que Venezuela logre la meta de producir un millón 200 mil barriles diarios de crudo, que es la meta de su plan económico.
Con el traslado de 270 personas privadas de la libertad, la Alcaldía de Neiva puso en funcionamiento el nuevo Centro de Detención Transitoria CDT, una infraestructura con la que busca disminuir el hacinamiento y garantizar mejores condiciones de salubridad para los detenidos en la capital del Huila.El hacinamiento donde funcionaba el anterior CDT alcanzó niveles críticos, lo que evidenciaba que la infraestructura no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad para los detenidos.“La necesidad de contar con una infraestructura adecuada para albergar a los detenidos era urgente. Nosotros teníamos un espacio que no cumplía ni con lo mínimo. Estaba diseñado para un máximo de 90 personas y llegó a tener más de 250. Ya estaba completamente colapsado, al punto de que la Policía nos advirtió que, de continuar realizando detenciones, no habría dónde llevar a los capturados”, señaló German Casagua Bonilla, alcalde de Neiva.De acuerdo con las especificaciones técnicas la nueva infraestructura cuenta con siete celdas y capacidad para albergar hasta 500 detenidos. Además, cumple con lo dispuesto en la Ley 1709 de 2014 y en la sentencia SU 122 de 2022 de la Corte Constitucional.“Estamos entregando un centro con altos estándares de seguridad y condiciones técnicas adecuadas. Cuenta con siete celdas para 300 internos, además de espacios de entretenimiento, salas de audiencia, áreas administrativas y zonas para el encuentro de los detenidos con sus familias”, destacó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.El funcionario, además, confirmó que se contempla, a corto plazo, aumentar el número de celdas de siete a diez. Para ello, se anunció la realización de obras complementarias en los próximos meses.El CDT de Neiva, bajo la custodia de la Policía, recibe detenidos no solo de la capital huilense, sino también de 16 municipios del departamento. “Con más de 50 efectivos asignados a este centro, reforzaremos la seguridad tanto de los internos como de la comunidad vecina de este sector”, afirmó el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Neiva, teniente coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha.La nueva infraestructura cuenta con celdas individuales con paredes reforzadas, un sistema de cámaras internas y externas, sala de audiencias para agilizar los procesos judiciales, y mejoras integrales en salubridad, ventilación, higiene y seguridad. Además, incluye un área administrativa, inexistente en la antigua instalación, y un patio de sol, fundamental para garantizar los estándares de derechos humanos.
Son cerca de 23 los colombianos que continúan detenidos en Venezuela, señalados de mercenarismo o de intentar desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro. Según sus familias, no han tenido acceso a abogados ni a un proceso judicial claro. Por ello, están pidiendo al Gobierno Nacional que mantenga las gestiones que permitieron la liberación de 17 connacionales el pasado octubre.En medio de estas exigencias, esta semana los familiares bloquearon el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, como forma de protesta para exigir respuestas de la Cancillería sobre el avance de las negociaciones.El vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir llegó hasta la frontera para atender la situación y reunirse con los familiares. Tras el encuentro, ambas partes entregaron declaraciones. Vicky Latorre, familiar de uno de los detenidos, advirtió:“Nosotros como familias no descansamos. Si se hoy al 29 de noviembre, no hay liberaciones de nuestros familiares, vamos a cerrar no un solo puente de la frontera, sino vamos a cerrar los tres puentes que colindan en esta frontera de Cúcuta con Venezuela. Indefinidamente, un cierre indefinido”.Por su parte, el vicecanciller reiteró que continúan las gestiones diplomáticas y el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr el regreso al país de estos colombianos, detenidos en la cárcel El Rodeo I desde hace más de un año.