El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
Empezó como un chiste y, poco a poco, esta relación fue creciendo hasta terminar siendo un éxito. Pero no la de Ryan Castro y J Balvin, que estaba destinada a brillar, sino de la Río, la del pequeño hijo del artista, con los seguidores de ambos artistas.Tanto así que, por primera vez, entró a la escena musical y en "Tonto", la nueva canción de este dúo, se encargó de hacer el intro que enamoró a miles en pocos días desde que se anunció en redes sociales, como TikTok e Instagram."No se pueden decir groserias", la frase que enganchó a todos los fans de Ryan y Balvin en este tema que, rápidamente, se hizo viral. Más allá del reguetón, mezcla el dancehall con toques urbanos para una canción hecha netamente para bailar y no cantar. El tema, compuesto con DJ Snake y SOG, apunta a ser un éxito mundial y con un junte que deja a la deriva la posibilidad de un EP, o más música entre ambos.Letra de "Tonto" de Ryan Castro y J Balvin[Intro: Río]No se puede decir grosería'Soy Godzilla, y presentoDJ SnakeSOGJ BalvinRyan CastroLatino gangAwoo[Coro: Ryan Castro, J Balvin & Río]Tonto, ni que tontoTonto, yo quiero tontoTonto, ni que tonto'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-waTonto, ni que tontoTonto, yo quiero tontoTonto, ni que tonto'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa (Awoo)[Verso 1: Ryan Castro]Mmm, me siento como Kendrick en ComptonComo una china montada en el PhantomLa cubana con la Jordan ConcordNo colaboramo' con los tombo' (Plo)Mami, clap clap ese bomboMuévelo pa' mí y pa' mi combo¿Pa' qué me invitan si saben cómo me pongo?Tú no estás rica, tú 'tás rica conco (Wikiri-wikiri-wikiri-wa)[Coro: Ryan Castro]Tonto, ni que tontoTonto, yo quiero tonto (Plo)Tonto, ni que tonto'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-waTonto, ni que tontoTonto, yo quiero tonto (Plo)Tonto, ni que tonto'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa, wikiri-wikiri-wikiri[Verso 2: J Balvin & Ryan Castro]De weekend en TorontoSi no es la G-Wa, es en la BroncoCada que tengo un party, la montoNo, no, muy tomboEl gato volador, como El ChomboPerro de raza, putongoMe la como en PR como el mofongo (Pu-pu-pum)Y no soy un gomelo de colombo[Coro: Ryan Castro & J Balvin]Tonto, ni que tontoTonto, yo quiero tontoTonto, ni que tonto'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-waTonto, ni que tontoTonto, yo quiero tontoTonto, ni que tonto'Tá rica pa' hacerle wikiri-wikiri-wikiri-wa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
Desde las calles de Madrid, Cundinamarca, los sueños de Karla Lucía Cajamarca han estado presentes de una niña que, a lo largo de su vida, se ha tenido que superar así misma para dejar los miedos atrás y empoderarse para acercarse a todos esos sueños que parecían imposibles.A sus 25 años, Kei Linch, como es conocida Karla en la música, ha escrito varias páginas en su vida, desde unas etapas muy alegres hasta unas muy dolorosas que la marcaron para siempre, pero en procesos de sanación entendió que su pasión: cantar, era la mejor aliada para llegar a su mayor “etapa de madurez” y conectar con su gente desde la autenticidad.Además, con el lanzamiento de su nuevo EP, “La nena tiene una estrella”, la artista marca un antes y un después en su carrera, apostándole a la honestidad emocional, la introspección y la reconciliación con su niña interior. Más que una producción musical, este trabajo representa un proceso de aceptación y sanación. Así lo confirma la propia artista al describirlo como su proyecto “más puro y personal” hasta la fecha.“Siento que es el EP más puro y personal que he hecho hasta el día de hoy… es más en lo fiel que le fui a mis deseos, a mis gustos, a mí. En una de las canciones digo que la depresión me conoció con 9 años, y realmente es así… viví toda mi vida como en piloto automático hasta este momento”, afirmó Kei Linch en Blu Radio.Tras el lanzamiento de su anterior EP, Amor y Plata, Kei Linch comenzó a experimentar una transformación interna. Aunque siempre ha estado arraigada a los principios del hip hop, reconoce que en una etapa anterior su energía estaba marcada por la rebeldía y la necesidad de demostrar que podía llegar lejos a su manera.“Me di cuenta de que vivía mi vida olvidándola… mi cabeza estaba en mil cosas, nunca disfrutando el presente (…) Para crecer se necesita eso: escucharse a uno mismo y enfrentarse y empezar a solucionar cosas. Cuando empecé a hacer música me puse una meta y dije que a mis 25 años tenía que estar viviendo muy chimba de mi música… y hace dos días cumplí 25. Ya me di cuenta de que los 25 duran todo el año. Entonces es el momento de empezar a lograr lo que quería a los 25”, añadió.Uno de los elementos visuales más destacados del proyecto es el uso del color azul, presente en la estética de los videos y en la narrativa conceptual del EP. Más allá de lo visual, la intención era lograr una conexión directa y honesta. De la mano de un propósito más real y con trabajo también de lado de SOG, uno de los productores más conocidos del género urbano.“Sentarme con él en el estudio es un reto… lo entiendo como uno de los productores más importantes de Colombia en este momento. “Cada vez que uno va asomándose un poquito más a lo comercial, es necesario no olvidar de dónde viene y cuáles son sus gustos más puros”, añadió.
El fraude digital en Colombia continúa evolucionando y afectando a distintos sectores del sistema financiero. Uno de los casos más recientes y alarmantes fue la captura de la banda conocida como ‘Fake Faces’, una organización criminal que logró abrir cuentas de ahorro y acceder a portales virtuales de fondos de cesantías para solicitar retiros parciales y totales, apropiándose de recursos de trabajadores mediante el uso de cédulas falsas y datos suplantados.La operación, adelantada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, dejó en evidencia las vulnerabilidades que pueden presentarse en los procesos digitales cuando no cuentan con suficientes capas de seguridad. En un momento clave del año, como la temporada de pago de cesantías, el impacto de este tipo de delitos adquiere una dimensión aún mayor, debido al volumen de transacciones y al movimiento de miles de millones de pesos.Según el más reciente balance de Asofondos, los 10,8 millones de afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia acumularon $26,1 billones en 2025, con un crecimiento cercano al 17 % frente a 2024. Asimismo, los trabajadores retiraron $11,7 billones, lo que representó un aumento del 9,4% respecto al año anterior. Estas cifras reflejan no solo la relevancia económica del sistema de cesantías en Colombia, sino también la magnitud del riesgo que implica cualquier brecha en seguridad digital.Biometría facial: la nueva barrera contra el fraude digitalAnte este panorama, los fondos de cesantías han acelerado la implementación de tecnologías de verificación de identidad basadas en biometría facial e inteligencia artificial (IA). Become Digital, compañía especializada en soluciones antifraude, ha dado integración de estas herramientas en los ecosistemas digitales de varias entidades del sector.La biometría facial permite validar la identidad del usuario en tiempo real mediante algoritmos de reconocimiento y pruebas de vida (liveness), reduciendo el proceso de autenticación de varios minutos a solo segundos. Esta tecnología supera métodos tradicionales como contraseñas, códigos OTP o PIN, que pueden ser vulnerados a través de técnicas de phishing, suplantación o ingeniería social.
El precandidato presidencial Daniel Quintero habló sobre el sistema salud colombiano en entrevista en Recap Blu, donde indicó que la crisis no es reciente y que la actual administración agravó una situación estructural que viene de años atrás.“La salud no está funcionando para nadie. La salud es el sistema quizás más corrupto de este país”, afirmó. Y añadió que: “La salud venía mal y este gobierno terminó de empujarlo, y el otro lo va a rematar”.Según Quintero, el problema no se resuelve con un cambio de presidente, sino con una transformación de fondo. “Lo que necesita el sistema de salud no es un nuevo presidente, lo que necesita el sistema de salud es una reingeniería profunda”, sostuvo.Crisis estructural y falta de liderazgoEl precandidato ubicó la crisis en un problema de liderazgo y diseño institucional. “Ni Santos ni Duque ni Petro, nadie puede con el sistema de salud porque no estamos pensando el sistema como un sistema”, señaló, al insistir en que el modelo actual carece de una visión integral.También advirtió sobre fallas en la prevención y en los determinantes sociales. “Tenemos 2 millones y medio de colombianos que lo que comen no es suficiente ni siquiera para mantener su peso”, afirmó, al relacionar la mala alimentación con la presión sobre hospitales y servicios médicos.Tecnología y datos: la apuesta por la prevenciónQuintero cuestionó que en Colombia no se haya implementado la historia clínica electrónica. “Yo traté hace unos años de que se aprobara en Colombia la historia clínica electrónica, no pasó. Las mafias no dejaron que pasara, porque si hay historia clínica electrónica, entonces podemos saber realmente qué tratamientos hicieron y qué tratamientos no se hicieron”, declaró. Para el precandidato, la tecnología en salud y el acceso a la información médica deben ser un derecho. Relató su experiencia con pruebas genéticas: “Gracias a esa prueba de ADN que yo tengo, yo sé de qué 3 cosas me puedo morir”. Y agregó: “Eso salvaría muchas vidas, evitaría muchos problemas y reduciría el costo del sistema de salud”.En su diagnóstico, la reforma a la salud debe centrarse en prevención, información y rediseño institucional, más que en ajustes superficiales.Vea la entrevista completa acá:
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que varias importaciones están frenadas por demoras en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).De acuerdo con el gremio, aunque el Ministerio ha respondido comunicaciones, en la práctica los trámites siguen acumulados desde diciembre de 2025. Las demoras afectan especialmente la entrada de insumos esenciales como sustancias químicas, solventes, alcoholes y otros productos controlados, además de semillas, granos y derivados de cannabis para usos médicos, científicos e industriales.Analdex explicó que, tras una etapa crítica en enero por falta de personal, en febrero se incorporaron nuevos funcionarios. Sin embargo, los tiempos de respuesta aún superan el mes, cuando la norma establece que estos permisos deben resolverse en uno o dos días hábiles.El impacto ya se siente en la cadena de suministro: aumentan los costos por bodegaje y demoras en puertos y, algunas empresas enfrentan el riesgo de quedarse sin materias primas para producir. También advierten inseguridad jurídica, pues las mercancías pueden verse afectadas por vencimientos de plazos administrativos.Ante este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Justicia agilizar de inmediato las aprobaciones pendientes y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervenir para coordinar una solución conjunta.La propuesta es instalar mesas de trabajo con las entidades de control y el sector privado para implementar un plan de choque que destrabe los trámites y garantice la continuidad del comercio exterior, para generar soluciones que se traduzcan en resultados concretos y rápidos para evitar mayores afectaciones a la economía.
En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El nuevo modelo de pasaporte colombiano entra en vigor el 1 de abril y, según el Gobierno, el documento planea estar entre los cuatro más seguros del mundo.Además, la Cancillería aclaró que los que tengan el pasaporte vigente luego de esa fecha podrán seguir usándolo hasta que termine la vigencia, después de ello, tendrán que sacar el nuevo modelo.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.En este contexto, hay ciudadanos que pueden obtener el documento completamente gratis y para ello deben seguir un paso a paso.¿Quiénes pueden obtener el pasaporte nuevo gratis?De acuerdo con la Cancillería, las personas que estén inscritas en el Sisbén y que pertenezcan a los niveles 1 y 2, es decir, grupos A y B, pueden obtener el pasaporte gratis. Pero deben adelantar el trámite en las oficinas de Bogotá o gobernaciones con cita previa.Para ello, los ciudadanos deben llevar el certificado que acredite que pertenece a las categorías indicadas y seguir el proceso:Agendar una cita por medio del enlace habilitado y seleccionar una de las oficinas.Asistir a la cita de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.Acudir con todos los documentos solicitados.Reclamar el documento según los tiempos estipulados:-Oficinas de Pasaporte de Bogotá, sedes Centro y Norte: 24 horas hábiles.-Red CADE: 48 horas hábiles.Requisitos para obtener el pasaporte gratisNo obstante, para que el solicitante no pague ninguna suma de dinero debe acreditar que ostenta alguna de las siguientes condiciones:Si requiere tratamiento médico especializado, que no pueda ser adelantado en el país, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona con discapacidad, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona adulta mayor de 62 años, presentar cédula de ciudadanía vigente.Si es una persona menor de 25 años que vaya a adelantar estudios en el exterior, presentar certificado o documento expedido por el ente educativo en el que conste que fue admitido para cursar estudios en el exterior.Si se trata de niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido y están a cargo del ICBF, presentar la solicitud de expedición de pasaporte exento proferida por el ICBF.Si se trata de personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares, cuando el solicitante deba viajar al exterior por enfermedad grave de algún familiar.Si se trata de personas que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior, presentar copia del contrato de trabajo traducido.Si se trata de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico, presentar oficio expedido por el Ministerio del Deporte, solicitando la expedición del pasaporte exento.
La Contraloría General de la República solicitó a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia un amplio paquete de documentos y explicaciones sobre el proceso de contratación de vigilancia y seguridad privada para todas sus sedes, un proceso cuyo valor asciende a $98.614 millones y que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. La petición formal se realizó mediante un oficio enviado el 12 de noviembre, en el que la entidad requirió detalles de cada fase del proceso, actas, cronogramas, criterios de evaluación, modificaciones realizadas y soportes técnicos que hayan sustentado las decisiones administrativas.El llamado de la Contraloría se da luego de que múltiples denuncias advirtieran presuntas irregularidades en el desarrollo del contrato, adelantado bajo la modalidad de negociación global de precios. Entre los señalamientos se encuentran posibles modificaciones indebidas a documentos oficiales, falta de publicidad en la plataforma SECOP II, exigencias desproporcionadas a los oferentes y eventuales actos de favorecimiento hacia una unión temporal, hechos que comprometerían los principios de transparencia, libre concurrencia y legalidad que rigen la contratación estatal.Uno de los puntos más delicados tendría que ver con la modificación del acta de cierre del proceso, publicada inicialmente el 17 de octubre de 2025 a las 12:46 de la tarde y sustituida horas después, a las 3:06 de la tarde, sin que mediara una resolución, adenda o aviso público. La sustitución coincidió con una solicitud de ajustes por parte de la Unión Temporal EAC, que habría modificado su propuesta económica y la garantía de seriedad, lo que según denunciantes constituye una vulneración al debido proceso y un favorecimiento directo a un proponente. El periodista Melquisedec Torres advirtió públicamente que se habría alterado una propuesta por más de $27.000 millones, hecho que también fue denunciado formalmente por el representante profesoral Diego A. Torres ante la Procuraduría.En su oficio, la Contraloría solicitó además a la Universidad Nacional remitir todas las actas de propuestas, los criterios utilizados para asignar puntajes, las observaciones recibidas y las respuestas emitidas. También recalcó que la información no debe enviarse por medios como Google Drive, recordando el cumplimiento obligatorio del artículo 99 de la Ley 42 de 1993, que establece sanciones en caso de omisión o entrega incompleta de datos requeridos para procesos de vigilancia fiscal.Los denunciantes también señalan que el proceso habría excluido de manera injustificada a varias empresas debido a exigencias que consideran desproporcionadas o ajenas al objeto contractual. Entre ellas mencionan certificaciones ISO no esenciales, visitas técnicas obligatorias, acreditaciones propias de empresas integradoras de tecnología —lo cual iría en contra del Decreto 356 de 1994 que regula la vigilancia privada— y obligaciones contractuales sin contraprestación económica, contraviniendo la Circular 445 de 2024 de la Supervigilancia. Estas condiciones, sumadas a que el proceso se adelantó en temporada vacacional y recibió una única propuesta, han encendido alertas sobre la pluralidad y transparencia del proceso.¿Qué dice la Universidad Nacional?A través de un comunicado, la institución reconoció que se cometieron algunos errores en los soportes recibidos, así como en la transcripción del acta de cierre publicada, pero que estos fueron ajustados en "concordancia con los principios de eficacia y publicidad" el 17 de octubre."A la fecha, el acta continúa publicada en la plataforma oficial del proceso", añade la institución en el documento.La Universidad Nacional enfatizó que ha actuado dentro del marco legal para preservar la objetividad y transparencia en sus procesos administrativos.
Una operación militar en zona rural del Guaviare desató una nueva polémica. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abrió la posibilidad de que en estos bombardeos hayan muerto menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', al afirmar que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.Desde Indepaz, su director, Leonardo González, calificó como un error la posición del ministro: “Ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo de menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar siempre por encima de cualquier estrategia militar. Antes de autorizar un bombardeo, la Fuerza Pública está obligada a verificar con certeza que no hay menores de edad reclutados en el grupo armado objetivo”, dijo.Además, cuestionó si en operaciones pasadas se verificaron las edades de las víctimas. “Si existe información previa de inteligencia militar que confirme la presencia de menores en el campamento, las Fuerzas Armadas, en virtud de los derechos prevalentes de estos niños y del principio pro infans, deben actuar sin emplear armamento letal, utilizando otros métodos de control militar. No se debe proceder a un bombardeo indiscriminado”.Por su parte, Gerson Arias, investigador de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, afirma que el reclutamiento de menores es uno de los grandes vacíos de la política de paz total del Gobierno Petro.“Lastimosamente, en ningún proceso de la paz total, excepto el reciente con el Ejército Gaitanista de Colombia, el Gobierno ha exigido o puesto como condición la desvinculación de los niños y niñas para seguir avanzando en los procesos. Esto muestra cómo, en particular, este tema sigue siendo uno de los grandes vacíos adicionales que tiene la paz total”.Se espera que en los próximos días Medicina Legal entregue la necropsia completa que determine si murieron menores durante el bombardeo en el Guaviare.
Este sábado, 15 de noviembre, se podría dar apertura a uno de los carriles afectados tras el derrumbe del pasado 7 de septiembre en el kilómetro 18 de la vía al Llano. De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, se realizaron trabajos de señalización y remoción para garantizar que la habilitación se haga de la manera más segura, mitigando los riesgos.Sin embargo, la Veeduría Vial del Meta advirtió que la reapertura del carril se haría bajo un alto nivel de riesgo, pues la masa inestable no ha sido completamente estabilizada y, ante fuertes lluvias, podría volver a desplazarse e invadir nuevamente la vía.“Se estima que, de continuar el buen clima que ha acompañado esta labor, el 15 de noviembre es posible dar al servicio, el carril prometido, con la expectativa que puedan ser dos carriles, dada el área intervenida. Sin embargo, debemos hacer claridad que es una apertura con alto riesgo, en virtud a la no estabilización de la masa inestable”, alertó Orlando Barbosa, presidente de la Veeduría Ciudadana del Meta.Cabe resaltar que el gremio realizó una visita técnica al kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, junto a ingenieros de la Gobernación del Meta adscritos a la AIM, el pasado 6 de octubre, con el propósito de verificar los trabajos ejecutados por Invías y Coviandina para restablecer la movilidad en este punto afectado por la caída de material desde una ladera.Según el reporte de la veeduría, el contratista de Invías logró despejar parcialmente dos de los cuatro carriles, aunque el material removido fue depositado sobre los otros dos debido a la falta de un lote para su disposición definitiva. Por su parte, Coviandina, ha trabajado en la rehabilitación del sistema de captación y manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, mediante la recuperación de canales con geomembrana, instalación de drenes y mantenimiento de pozos de abatimiento, labores indispensables para reducir la influencia del agua en la inestabilidad del corredor. No obstante, aún quedan pendientes varios tramos de canalización debido a que los propietarios de algunos predios no han permitido el ingreso a sus terrenos.El organismo ciudadano insistió en la necesidad de definir con urgencia un sistema de estabilización y contención basado en un diseño geotécnico detallado, del cual aún no se conocen los lineamientos propuestos por el concesionario y, asignar los recursos necesarios para ejecutar estas obras durante la temporada seca que se aproxima.Así mismo, recordaron que el mantenimiento solicitado para las vías alternas en Ubaque y Une no se ha ejecutado, pese al deterioro que sufrieron por el aumento del tráfico trasladado a estas rutas, afectando directamente a las comunidades de la zona.Blu Radio pudo establecer que, el sábado 15 de noviembre, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunciará con el fin de comunicar una decisión y los trabajos que se han realizado en el corredor.
En conversación con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, entregó detalles sobre el atentado contra el senador Temístocles Ortega, ocurrido en la vía Panamericana entre Cali y Popayán. Rodríguez reconoció que la seguridad en esa región es especialmente compleja y que, según la información preliminar, el hecho podría estar relacionado con un intento de robo.“Estamos ante una reacción violenta de grupos armados en varias regiones del país, como Arauca, donde la presión de la fuerza pública ha generado caos y miedo en la población”, reconoció.El jefe de esta entidad señaló que el contexto electoral ha aumentado de manera sustancial el número de personas que requieren protección: precandidatos presidenciales, aspirantes al Congreso, líderes sociales y dirigentes regionales.Sin embargo, la UNP enfrenta un déficit crítico de vehículos blindados. Dos procesos recientes para contratar arrendadores de estos automotores quedaron desiertos, lo que limita la capacidad de respuesta.“Hay parlamentarios que, aunque están en riesgo, tienen mejores condiciones que líderes sociales o precandidatos que no cuentan con esquemas. Y ante la escasez de vehículos, debemos apelar a la solidaridad y priorizar con los recursos que tenemos”, afirmó.Como alternativa, la UNP está reforzando esquemas ligeros (escoltas sin blindado) y entregando apoyos económicos para que algunos protegidos gestionen su propio transporte, siempre que el nivel de riesgo lo permita.Rodríguez advirtió que el reciente caso del senador Temistocles Ortega es grave y se encuentra bajo investigación. Una de las hipótesis preliminares es que pudo tratarse de un intento de robo, debido a que el área del Cauca donde ocurrió el ataque es actualmente una de las zonas con mayor número de robos de vehículos en el país.El director explicó que el senador tuvo complicaciones con su vuelo hacia Popayán y debió desplazarse por carretera desde Cali en horas de la madrugada, “un momento poco aconsejable para transitar por esa vía”, dijo. Mencionó tres factores principales: alta incidencia de hurto de vehículos blindados en esa zona del Cauca; el horario del desplazamiento, que incrementa el riesgo de asaltos en carretera y el tipo de armamento empleado.“No hubo armas largas. Los impactos observados en el vehículo corresponden más a armas cortas, no a fusiles que suelen dejar los vidrios totalmente pulverizados”. Cabe mencionar que la conclusión definitiva dependerá de la Fiscalía y las autoridades competentes.
Con esta decisión, el actual Instituto de Estudios de la Procuraduría se transforma en una universidad que ofrecerá programas de formación para servidores públicos en pregrado y posgrado. Cabe mencionar que este proyecto avanzó con inusual rapidez en el Congreso: fue radicado el 5 de agosto y en poco más de dos meses completó los cuatro debates necesarios. Aunque en las últimas sesiones algunos congresistas se retiraron del recinto para impedir el cuórum, la iniciativa logró ser aprobada.En su etapa inicial, la universidad tendrá un presupuesto cercano a los $50.000 millones. Se financiará con recursos del presupuesto general de la nación (estimados en unos $20.000 millones anuales) y con el 2,5% de los ingresos de la Procuraduría, que suman alrededor de $30.000 millones más.Durante la discusión legislativa surgieron dudas sobre su viabilidad de esta iniciativa, recordando experiencias anteriores como la Universidad de la Fiscalía, que no logró operar. También se señaló que la nueva institución deberá garantizar autonomía universitaria, pese a su dependencia inicial de un órgano de control.
Transparencia Colombia expresó una fuerte preocupación tras el informe de la Contraloría General, que reveló que entre el 1 y el 7 de noviembre las entidades públicas comprometieron más de $9 billones en contratos y convenios interadministrativos, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.La organización aseguró que el incremento, especialmente el del 7 de noviembre —día en el que se registraron $6,1 billones, el 68 % de toda la contratación de la semana—, pone en evidencia un patrón que se repite en cada ciclo electoral y que muestra “fallas graves de planeación” en las entidades del Estado.“La Ley de Garantías es clave para evitar el uso electoral de recursos públicos. Pero cada elección vemos el mismo estallido de contratos antes de que entre en vigencia, lo que refleja un problema que aún no se resuelve”, advirtió Transparencia Colombia.El organismo de control había alertado que esa cifra representa un incremento del 190 % frente al comportamiento histórico y 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025. Para la organización anticorrupción, este comportamiento no solo afecta la eficiencia administrativa, sino que también abre la puerta a riesgos de corrupción.Transparencia Colombia mostró especial preocupación por la magnitud de la contratación del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que concentró $770.000 millones (8,5 % del total de la semana), por tratarse de una entidad estratégica para la Presidencia y altamente sensible en tiempos electorales.“Es urgente analizar a fondo el peso del DPS y revisar el abuso de los convenios interadministrativos, una figura con riesgos altos de corrupción”, señaló la organización.La Contraloría, por su parte, aseguró que el análisis se enmarca en su vigilancia previa a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 y explicó que revisa en detalle los contratos firmados en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre para emitir alertas tempranas y prevenir riesgos.Transparencia Colombia valoró este esfuerzo y destacó que el seguimiento riguroso del control fiscal en esta etapa electoral es fundamental para proteger la integridad del proceso y la confianza ciudadana.