A una semana de las elecciones legislativas del 8 de marzo, la discusión sobre la transparencia del sistema electoral volvió al centro del debate público. En entrevista con Blu Radio, el registrador nacional Hernán Penagos explicó cómo operará el proceso de conteo y respondió a las inquietudes que han surgido en distintos sectores políticos.Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar por Senado, Cámara de Representantes y participar en tres consultas presidenciales. Según Penagos, la base del sistema no está en herramientas de inteligencia artificial, sino en un procedimiento manual respaldado por documentos físicos. “El software no hace magia, es una calculadora que lo que hace es sumar”, señaló, al explicar que la tecnología solo consolida la información verificada previamente en cada mesa.El proceso comienza a las 4:00 p. m., cuando los jurados —cerca de 860.000 en todo el país— abren las urnas y clasifican los sufragios en tres grupos: consultas, Senado y Cámara. Luego cuentan los votos en voz alta y diligencian los formularios E14.Preconteo vs. escrutinio: cuál es la diferenciaDe cada mesa se elaboran tres actas. Una se transmite telefónicamente para el preconteo, que tiene carácter informativo. Otra se envía a los jueces de la República, quienes realizan el escrutinio oficial. La tercera queda como respaldo físico.El registrador insistió en que el preconteo no define resultados ni asigna curules. Son los jueces, con base en las actas físicas, quienes consolidan y declaran oficialmente las cifras. En ese contexto, recordó que el software de escrutinio nacional fue adquirido hace cuatro años a la empresa española Indra y que hoy es propiedad de la Registraduría, bajo operación del Consejo Nacional Electoral.Auditorías y seguridad del sistema electoral 2026Frente a los temores sobre posibles manipulaciones, Penagos explicó que el sistema cuenta con auditoría internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), además de procesos de revisión y “congelación” del código fuente para evitar modificaciones antes de la jornada electoral.En materia de ciberseguridad, reconoció que existen intentos constantes de ataque, como ocurre con cualquier infraestructura digital del Estado. Sin embargo, aclaró que los sistemas que procesan la información electoral no operan en la misma red que la página web institucional, por lo que un eventual problema en el portal no afectaría el conteo de votos.Con la jornada en cuenta regresiva, la Registraduría reiteró que la principal garantía del proceso está en las actas físicas, la presencia de testigos electorales de los partidos y la vigilancia de los jueces.
En la recta final de la campaña, varios candidatos a la Presidencia concentraron su agenda en actos públicos y recorridos regionales. Este sábado, Abelardo de la Espriella convocó a sus simpatizantes a las 2:00 de la tarde en la Plaza Fundacional de Suba para realizar su cierre de campaña, en medio de un contexto marcado por denuncias a la Defensoría sobre presuntas faltas de garantías electorales.En Medellín, el candidato Sergio Fajardo adelantó una agenda con reuniones con sectores afines y aspirantes al Congreso, además de un recorrido por la Estación Parque Berrío. La jornada incluirá la presentación de su propuesta cultural en La Pascasia, donde participará en un conversatorio con otros dirigentes políticos.Por su parte, Claudia López estuvo en la carrera Mujeres 5K en el sur de Bogotá, escenario en el que expuso líneas generales de su plan de gobierno en materia de educación, vivienda digna y sistemas de cuidado para las mujeres. La candidata estuvo acompañada por la aspirante al Senado Angélica Lozano y por el candidato a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Triana.En el suroccidente del país, Roy Barreras inició su cierre de campaña con una agenda en Cali, que incluyó recorridos por distintos sectores de la ciudad y encuentros con líderes que respaldan su aspiración. Para la tarde, el equipo de campaña confirmó su desplazamiento hacia Pasto, donde tiene programados dos eventos con simpatizantes.Lo que viene en los próximos díasPara este primero de marzo, el equipo de Sergio Fajardo informó que el candidato sostendrá reuniones con dirigentes políticos, entre ellos Jorge Enrique Robledo, además de otros aspirantes al Congreso. Ese mismo día, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, realizará en Bogotá su cierre de campaña.Finalmente, Roy Barreras encabezará el domingo una caminata en la capital, que partirá desde el Monumento a los Héroes Caídos y llegará hasta el Centro de Memoria Histórica, como parte de su jornada final de actividades proselitistas.
El próximo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas, por lo cual muchos candidatos están haciendo campaña por medio de mítines, aparición en medios de comunicación y redes sociales, debates electorales, distribución de propaganda en las calles y espacios públicos, entre otros.Frente a esto, la Fiscalía General de la Nación desde ya está adelantando acciones para mitigar los delitos que se puedan presentar en las elecciones y la participación de la ciudadanía es clave. Por ello, indicó cuáles son las acciones catalogadas como delitos electorales que se deben denunciar.La resolución 0047 de febrero de 2026 define la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que ocurran en los comicios legislativos; esto quiere decir que la Fiscalía está habilitada para abordar los hechos delictivos que se registren antes, durante y después de las votaciones.Lo anterior se llevará a cabo por medio de puntos de recepción que el ente habilitará para recibir las denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde haya presencia física de la entidad.Actos que son catalogados como delitos electoralesEs importante recordar que el voto debe ser libre y hecho con responsabilidad. La Fiscalía explicó que los delitos electorales los cometen, en su gran mayoría, candidatos, ciudadanos y servidores públicos; debido a ello, estas son las acciones que pueden llevar a cometer hechos delictivos:El candidatoPresiona o engaña al votante.Manipula a los votantes en favor de un candidato.Financia campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos.Excede los límites en los gastos de su campaña.El ciudadanoImpide que las elecciones o el escrutinio se hagan.Traslada a votantes para escribir su cédula en una población distinta donde es su residencia.Suplantan sufragantes.Usa cédulas falsas para votar.No permite que los jurados de votación realicen su labor.Amenaza o constriñe a un candidato.El servidor públicoNo permite que una persona escriba su cédula en el lugar de su residencia electoral.Presiona o engaña a un votante.Es cómplice sobre votos fraudulentos o altera resultados electorales.Usa recursos públicos o bienes del Estado para proselitismo o apoyo a una campaña política.Entrega dinero a campañas políticas.
La inseguridad y violencia en Bogotá no dan tregua, y los ciudadanos ya ni siquiera pueden almorzar o ir a un restaurante con tranquilidad. Esta vez, el periodista Diego Guauque relató en sus redes sociales los minutos de tensión que vivió a manos de delincuentes mientras almorzaba en un restaurante, en pleno corazón de la localidad de Usaquén.De acuerdo con su relato, eran las 3:00 de la tarde cuando compartía una reunión de trabajo con dos abogados. El ambiente, según contó, era tranquilo hasta que un hombre armado ingresó al establecimiento y, sin dudarlo, se dirigió directamente a su mesa. “Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día”, expresó el comunicador, aún impactado por lo ocurrido.El hecho encendió las alarmas, especialmente por tratarse de una de las zonas más exclusivas del norte de la ciudad.Diego Guauque revela cómo fue víctima de robo en BogotáSegún señaló el periodista, el delincuente portaba una “pistola grande, plateada y brillante” y habría actuado con una precisión que dejó perplejos a los presentes.Guauque detalló que el hombre no pidió dinero ni celulares. De hecho, su teléfono estaba sobre la mesa y no fue tocado. La intención era llevarse el reloj de alta gama de uno de los abogados que lo acompañaban.Explicó que, en menos de un minuto, el sujeto ingresó, se dirigió a la mesa, encañonó a los presentes, tomó el reloj que buscaba y salió sin realizar disparos. Luego escapó en una motocicleta junto a su cómplice.El periodista de Séptimo Día afirmó que la rapidez y frialdad con la que actuaron los delincuentes evidencian un posible seguimiento previo.¿Cómo está la seguridad en Bogotá?El caso no pasó desapercibido entre sus seguidores en redes sociales, al punto de generar indignación por el lugar y la hora en que ocurrió el robo. El Parque de Usaquén es un sector concurrido, con presencia de turistas, oficinas y restaurantes reconocidos.“Hoy no estoy contando una historia ajena, hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”, expresó Guauque en su mensaje, que rápidamente se volvió viral.Además, cuestionó: “¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes?”, una inquietud que comparten muchos bogotanos que temen salir por el riesgo de ser víctimas de hurto o agresión.Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso puntual. Mientras tanto, este hecho se suma a una extensa lista de denuncias ciudadanas que exigen acciones frente a la criminalidad en la capital.
Se confirmó la condena de 18 años de prisión en contra del estadounidense Michael Jamie Inofuentes por delitos sexuales contra menores de edad en Medellín. Es el cuarto extranjero condenado por abusar de niños y niñas en la capital de AntioquiaEl alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó por medio de sus redes sociales que gracias al trabajo con las autoridades de los Estados Unidos se logró una nueva condena contra explotadores sexuales de niños y adolescentes en la capital antioqueña.Se trata de Michael Jamie Inofuentes, quien fue condenado por la Corte Federal de Virginia a 18 años de prisión por delitos sexuales contra una menor cometidos en Medellín. El mandatario antioqueño resaltó que esta nueva condena se logró gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía, HSI Colombia y HSI Washington.Esta es la cuarta sentencia de esta ofensiva internacional contra la explotación sexual de niños y adolescentes, los otros casos son Stefan Correa, cadena perpetua; Manuel Poceiro, cadena perpetua; y Mohamed Anaswed, 21 años de prisión. Gutiérrez habló de un quinto hombre que sería condenado próximamente."Comienza también el proceso para otro tipo que llama Ramón Arellano y en los próximos días también se dará esa condena. El mensaje nuestro es muy claro, no vamos a parar hasta erradicar la peor práctica, el peor delito de todos, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", indicó el alcalde de Medellín, quien destacó esta condena e insistió en “cero impunidad" y en que "quien venga a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena, incluso fuera del país”.Otra de las estrategias es impidiendo el ingreso de depredadores sexuales a la ciudad desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, donde en el año 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país, 45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch.
Las organizaciones de pacientes anunciaron una jornada de movilización para el próximo domingo 1 de marzo en Bogotá, con el objetivo de exigir acciones urgentes frente a la crisis del sistema de salud, denunciar el aumento de muertes asociadas a fallas en la atención y rechazar la indiferencia institucional frente a la situación de miles de pacientes en el país. En la convocatoria, las organizaciones afirmaron que “Kevin es el símbolo de la destrucción del sistema de salud: no más muertos”.La convocatoria se da tras varias semanas de tensión, luego de la muerte del niño paciente de hemofilia Kevin Acosta y de pronunciamientos de funcionarios del Gobierno que, aseguran los pacientes, minimizan el impacto que la crisis está dejando sobre las personas con enfermedades de alto costo, las barreras de acceso a los servicios y los problemas en la entrega de medicamentos.El vocero de la Organización Pacientes Colombia, Denis Silva, explicó que la movilización responde a tres razones centrales: en primer lugar, frenar lo que califican como una crisis humanitaria; también visibilizar a las personas que han muerto en medio de las fallas del sistema, y romper la indiferencia frente a lo que está ocurriendo en el sector.Silva también se refirió al caso de Cecilia Quintero, la mujer de 70 años con problemas renales que falleció haciendo fila para reclamar sus medicamentos. “No es solamente Kevin o lo que le sucedió en Cúcuta a la señora Cecilia y a los dos hermanos de la señora Cecilia. De enfermedades huérfanas, en 2025 se murieron dos mil quinientas personas; de esas, el 40 % eran de la Nueva EPS”, agregó Silva.El llamado se produce, además, en medio de una nueva controversia por el decreto 0182 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el que se modifica el funcionamiento de las EPS y se anuncia el traslado masivo de millones de usuarios hacia la Nueva EPS y otras aseguradoras, pese a la crisis financiera y operativa que atraviesan varias de estas entidades.
El momento había llegado, sonrisas ensayadas y la emoción de cerrar una etapa junto a quienes caminaron al lado durante varios años de estudio. La fotografía de grado, esa imagen que muchos estudiantes quieren tener tras el esfuerzo y los sueños cumplidos es uno de los momentos más esperados por los que logran culminar el bachillerato o una carrera universitaria.Frente a esto, un trágico hecho ocurrió en Ciudad de México durante una sesión fotográfica en la que participaban alrededor de 120 estudiantes de la Universidad Iberoamericana.¿Qué fue lo que ocurrió?De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, los jóvenes se encontraban sobre una tarima instalada para la fotografía grupal cuando la parte superior de la estructura colapsó repentinamente.El desplome provocó la caída de varios estudiantes desde una altura aproximada de tres metros. El impacto dejó al menos 23 personas lesionadas.Seis de ellas requirieron traslado a distintos centros médicos para recibir atención especializada, mientras que el resto de estudiantes fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia.Antes del colapso de la tarima, familiares estaban alrededor esperando el momento para tomar la foto. En uno de los videos difundidos en redes sociales, se ve el momento exacto en que el hecho ocurre.Allí, se escucha cuando la persona que toma las fotos les dice: “No se muevan, 1, 2, 3” y toma la primera foto. Luego, les repite: “no se muevan, otra más”. En ese momento, se desploma la estructura y se escucha cómo los estudiantes gritan al caer al suelo.En otro video se observa la tarima totalmente destruida mientras los heridos son atendidos y hay sillas de ruedas alrededor y personas llamando por teléfono para informar sobre el hecho.Autoridades capitalinas iniciaron las revisiones correspondientes para determinar las causas del colapso y verificar si la estructura cumplía con las medidas de seguridad necesarias para soportar a la cantidad de estudiantes.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, presentó una denuncia y contrapropuesta ante la Defensoría del Pueblo, en la que advierte que Colombia enfrenta un "riesgo real, estructural y progresivo de deterioro democrático". De la Espriella se dirigió a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, a través de una carta en la que afirma que, en las actuales condiciones, no existen garantías suficientes para un proceso electoral libre y en paz.En el documento, el candidato sostiene que la oposición "no compite hoy en igualdad de condiciones". Su denuncia se centra en el presunto uso político de los medios públicos, la intervención política de altos funcionarios y la estigmatización de la oposición al Gobierno Petro. Según la carta, los medios del Estado estarían siendo utilizados para "atacar sistemáticamente a sectores opositores" y para "promover narrativas favorables al Gobierno como si fueran información institucional".Otro de los ejes centrales de la denuncia es la violencia política. El candidato cita cifras de la Misión de Observación Electoral, según las cuales en 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, y un aumento del 22 % en hechos de violencia letal frente a 2021. El documento advierte que esta situación estaría afectando directamente la participación política y la campaña electoral en varias regiones del país.El texto también señala el fracaso de la política del Gobierno de Gustavo Petro, la Paz Total, por la presencia y el control de grupos armados ilegales en amplias zonas del territorio nacional, donde estas estructuras estarían teniendo capacidad de intimidar votantes, condicionar campañas y alterar resultados electorales. "No puede hablarse de elecciones libres y democráticas cuando quienes aspiran a representar a la ciudadanía deben vivir bajo miedo constante", señaló Abelardo de la Espriella.Como parte de su contrapropuesta, el candidato y su movimiento, el Movimiento Defensores de la Patria, piden que cualquier acuerdo por las garantías electorales incluya compromisos verificables del Gobierno, entre ellos, cero uso político de medios públicos; la prohibición de participación política del presidente y altos funcionarios; sanciones por uso indebido de recursos públicos; protección reforzada para candidatos en riesgo; recuperación del control territorial, y veeduría independiente del proceso electoral.
A nueve días de la primera jornada electoral de 2026, en la que se elegirán los miembros del Congreso de la República, el Gobierno expidió el Decreto 0188 de 2026, mediante el cual se dictan medidas para la conservación del orden público durante el proceso electoral. El decreto también cobija la jornada del 31 de mayo, correspondiente a la primera vuelta de las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República.Entre las medidas más importantes se encuentra el cierre de los pasos terrestres y fluviales fronterizos, que regirá desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del 9 de marzo de 2026. La única excepción será para los casos de fuerza mayor o emergencia.De igual forma, el Gobierno reiteró la medida de ley seca. El decreto establece que los alcaldes deberán restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo de 2026 hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, con el fin de preservar el orden público.Durante los días de las elecciones también se prohíbe cualquier tipo de propaganda política, entrevistas de promoción, manifestaciones públicas, publicación de encuestas o apoyo a movimientos políticos en los medios de comunicación. Asimismo, se ordena a los alcaldes municipales restringir la propaganda en el espacio público, a través de pancartas, vallas y otros elementos publicitarios. En ese sentido, las reuniones de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados, desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 9 de marzo.Adicionalmente, se prohíbe el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación por parte de funcionarios del Ministerio Público, testigos y observadores electorales. También se fijan reglas para el transporte, con el fin de que al menos el 80 % de los buses esté en servicio; se autoriza a alcaldes y gobernadores a restringir la movilidad si es necesario; se garantiza el suministro de energía eléctrica en los puestos de votación, y se advierte que cualquier incumplimiento podrá ser sancionado por autoridades como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El nuevo arancel del 50% impuesto por el gobierno ecuatoriano a las importaciones colombianas amenaza con golpear de lleno el intercambio comercial entre ambos países.Según advirtió Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio, la medida no discrimina sectores: "...los eh eh productos más afectados de Colombia, que son todos, la verdad, no hay uno que no sea, son todos los productos que de Colombia se exportan a Ecuador..."Colombia exporta a Ecuador cerca de 18.800 millones de dólares al año en bienes como energía, hidrocarburos, medicamentos, vehículos, textiles, plásticos, papel, químicos y alimentos para la industria avícola. Incluso, buena parte de los buses que circulan en ese país son de fabricación colombiana.Con las restricciones, explicó la dirigente gremial, el comercio legal ya venía cayendo cerca de 70% y, con el nuevo arancel, podría paralizarse por completo. Las pérdidas acumuladas superarían los 250 millones de dólares desde que comenzaron las medidas.Pero más allá del impacto económico, Díaz Granados advirtió un efecto colateral: el fortalecimiento del contrabando. "...se acaba totalmente el comercio entre Colombia y Ecuador... el comercio legal, porque el contrabando sigue", señaló.En departamentos como Nariño, Putumayo y Cauca donde históricamente existe intercambio agrícola con Ecuador las restricciones podrían alterar el abastecimiento y empujar a comerciantes y consumidores a rutas ilegales.Para la Cámara binacional, la decisión termina castigando la economía formal y debilitando el control estatal en la zona limítrofe.El gremio pidió revisar las medidas y buscar soluciones diplomáticas que eviten un freno total al comercio, en una relación que durante años ha sido clave para empresarios y consumidores de ambos lados de la frontera.Escuche la entrevista completa aquí:
El pronóstico del tiempo para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo anticipa lluvias en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, mientras que en el Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones más secas.De acuerdo con el Comunicado Especial n.° 025 del Ideam, emitido el 27 de febrero de 2026, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en el Pacífico y en sectores del norte y occidente de la región Andina. Además, se prevén incrementos de temperatura y sensación térmica en la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe.¿Dónde lloverá más este fin de semana?Para el sábado 28 de febrero se esperan lluvias en amplios sectores del Pacífico, la Amazonía y el occidente y norte de la región Andina. Las precipitaciones más importantes, con probabilidad de actividad eléctrica, se prevén en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca.También podrían presentarse lloviznas intermitentes en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar. En el área insular, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco.Para el domingo 1 de marzo se anticipa un incremento de la nubosidad y de las lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina y la Amazonía. Las mayores precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarían en zonas de Chocó y Valle del Cauca.¿Cómo estará el clima en Bogotá y otras regiones?En Bogotá se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima podría superar los 20 °C.En contraste, en la región Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones mayormente secas durante el domingo, aunque con aumento de temperaturas. Las autoridades recomiendan estar atentos al estado de las vías en zonas con alerta por deslizamientos y tomar medidas preventivas ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
La jefa negociadora del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Vera Grabe, confirmó que las gestiones para reactivar los diálogos de paz siguen sin resultados concretos. Explicó que el presidente Gustavo Petro ha recurrido a diferentes mediadores internacionales, pero hasta el momento no ha recibido respuesta por parte del grupo.“A lo largo de todo este año, a pesar del Catatumbo, hemos buscado canales de diálogo, el presidente ha hecho propuestas, Vaticano, Qatar, etc. Hemos mandado mensajes y no hay respuesta a la fecha. Por eso no hay mucho que contar. Pero seguimos insistiendo porque pensamos que no podemos dejar esto así porque está de por medio la gente, están los secuestrados, estamos haciendo gestiones todo este tiempo”, señaló Grabe.Agregó que el gobierno mantiene los esfuerzos humanitarios para lograr la liberación de los dos funcionarios de la Dijín y dos de la Fiscalía que permanecen en poder del ELN.“Llevamos ahora insistiendo en los secuestrados por el ELN, de la Dijín y de la Fiscalía, porque pensamos que lo humanitario hoy es central y en eso estamos, en esos esfuerzos. Por supuesto son confidenciales, pero eso ha sido nuestro empeño todo este tiempo, a ver si desatrancamos esto y sobre todo salvamos vidas, que eso es lo que nos importa”, añadió.Las declaraciones se dan en medio de un contexto complejo para la paz total, debido a que actualmente no hay ninguna mesa de negociación activa con los grupos armados ilegales.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le abrió una investigación previa al presidente Gustavo Petro por el "tarimazo", un evento que se realizó en Medellín en el cual el mandatario compartió tarima con los jefes de las bandas delincuenciales del Valle del Aburrá, en el marco de la paz total.El evento se hizo el 21 de junio y posteriormente el concejal de Medellín Alejandro de Bedout le pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que investigue si el presidente Petro cometió alguna irregularidad en ese evento."En dicha denuncia, el denunciante expuso hechos que, a su juicio, podrían constituir conductas penalmente relevantes, como participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente, hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional", dice el documento de la Comisión de Investigación.Además el denunciante aseguró que en el evento también se exhibieron símbolos del movimiento político "independientes" y se hizo alusión a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero, lo que podría implicar una actuación contraria a la neutralidad política.En las últimas horas la Comisión abrió la investigación previa y ordenó la práctica de unas pruebas."Ordénase la apertura de la investigación previa dentro del expediente No. 6992 instaurado por Alejandro de Bedout Arango contra el presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, por los hechos denunciados en relación con la realización del evento denominado "Paz Urbana", efectuado el 21 de junio de 2025 en la ciudad de Medellín (Antioquía), conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000"; señala el auto.Al INPEC se le solicita que remita las resoluciones con las cuales se autorizó la salida y el traslado de la cárcel de los jefes de las bandas. Además, le piden al Ministerio de Justicia que explique si tuvo conocimiento, participación o aval en las decisiones administrativas relacionadas con dichos traslados."Ofíciese al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que certifique si el ciudadano Daniel Quintero Calle se encontraba inscrito o en trámite de inscripción como precandidato presidencial para el periodo 2026-2030, al momento de los hechos denunciados, e informe si existen actuaciones en curso sobre el uso de símbolos o emblemas del movimiento "Independientes" en eventos públicos", se lee en la decisión de los representantes investigadores.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que la entidad adoptó medidas especiales de seguridad ante posibles riesgos, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’.El coronel Gutiérrez explicó que se están implementando recomendaciones para proteger a los funcionarios, debido a las intenciones de grupos criminales de atentar contra trabajadores del Inpec, especialmente tras los recientes ataques registrados en distintas cárceles del país.“Cada mes se están extraditando alrededor de 30 a 40 personas, el 90 % hacia Estados Unidos. Por ahora seguimos a la espera de una decisión del Gobierno”, señaló el director.Respecto a la situación de Pipe Tuluá, Gutiérrez precisó que el detenido permanece recluido en la estación de Policía de Mártires, bajo custodia de la Policía Nacional, y que se mantiene la vigilancia ante cualquier eventualidad.“Estamos atentos a cualquier situación que se quiera presentar porque el Tribunal autorizó que continuara en esa privación de libertad en esa estación, entendiendo las condiciones de seguridad”, afirmó.El director del Inpec advirtió que los riesgos son permanentes tanto para los funcionarios penitenciarios como para las personas privadas de la libertad.“Las amenazas continúan; este año tenemos alrededor de 300 amenazas contra los funcionarios. Sin embargo, estamos trabajando articuladamente con la Fiscalía, la Policía y la UNP para salvaguardar la vida de los trabajadores”, explicó.Sobre la reciente fuga de Nelson Ocampo Morales, condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), el coronel Gutiérrez informó que se coordinan esfuerzos con la Policía Nacional y las unidades de investigación criminal e inteligencia para su recaptura.Añadió que ya se adelantan investigaciones internas dentro del Inpec para determinar si hubo fallas en el servicio y las circunstancias que permitieron la evasión.
Durante la conferencia “¿Memorias divididas, futuro compartido? La cultura de la memoria como oportunidad para el diálogo y la democracia en tiempos de polarización”, la exmilitante del M-19 y exnegociadora de paz Vera Grabe hizo un llamado a mirar los hechos del pasado con comprensión, pero sin caer en justificaciones.“Colombia tiene que comprenderlo, no justificarlo. Pero la historia se mejora, la memoria se mejora si comprendemos, si nos salimos de esa idea de quién tiene la culpa y quién es el malo y quién es el bueno, y tratamos de entender el contexto en que se dan los hechos. Eso no quiere decir que no haya responsabilidad”, señaló.Grabe, quien participó en los diálogos de paz del Gobierno Nacional con el ELN hasta comienzos de este año, cuestionó que, cuatro décadas después de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, el país siga instrumentalizando esa tragedia.“En este momento es clarísimo el uso electoral, ni siquiera político, el uso electoral de ese hecho. Con mentiras además. Mentiras como decir que el M-19 estaba financiado por el narcotráfico para hacer esa toma. Entonces, lo grave de eso, uno, la polarización, el buscar votos con algo tan trágico que me parece bastante perverso, porque todos sabemos, y Elena lo vivió, lo trágico que fue para todos, no solamente para quienes estuvieron, las víctimas, sino también quienes participaron en ese evento. Entonces ese uso político muy notorio, es clarísimo y hoy lo estamos viendo”, dijo.La exnegociadora insistió en que el verdadero desafío es aprender a asumir el pasado sin usarlo como arma política.“Lo que estamos viendo en tiempos recientes es la utilización de la memoria para crear odio. Y eso sí es muy complejo, muy grave. Utilizar la memoria para destruir tejido social es algo que deberíamos todos llamar la atención. Nos están haciendo un tremendo daño con esa utilización instrumental, tan vil, de la memoria para mantenernos enfrentados y en un estado de guerra de odio”, concluyó.
Continúa la salida de funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, y en los últimos días se han nombrado oficialmente a 27 funcionarios de alto rango entre asesores, subdirectores y directores de área, según las resoluciones publicadas hasta el 4 de noviembre.Uno de los casos más importantes ocurre al interior de la Dirección de Presupuesto, encargada de maniobrar la asignación de recursos en medio de la crisis fiscal del Gobierno.Dos fuentes distintas le confirmaron a Blu Radio la salida del subdirector de Análisis y Consolidación Presupuestal, José Sebastián Cubillos, y de la subdirectora de Promoción y Protección Social, Johana López Silva, a quien le pidieron que renunciara y entregara su puesto el mismo día, además de otros asesores.Las diferencias en torno al proyecto de ley de presupuesto para 2026 fueron uno de los detonantes de las salidas.Por otro lado, el Ministerio de Hacienda le está abriendo paso a la contratación de asesores en la Dirección de Presupuesto que no necesariamente sean economistas ni expertos en presupuesto. En la lista podrían entrar arquitectos, ingenieros ambientales, agrónomos, antropólogos, artistas, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, periodistas, médicos o maestros.“Estas áreas aportan conocimientos técnicos y estratégicos para el ordenamiento territorial alrededor del agua, la planificación urbana sostenible, la gestión ambiental y la seguridad alimentaria, y son esenciales para garantizar justicia social, equidad en el acceso a servicios, y el respeto por los derechos humanos en la implementación de políticas públicas, así como para la eficiencia en la gestión de recursos, asegurando que las metas del plan se cumplan con transparencia y sostenibilidad, y permitiendo que la estructuración presupuestal coincida con las metas institucionales a nivel de preparación y ejecución del Presupuesto Público Nacional", señala la resolución de modificación del manual."Finalmente, se incluye la función de participar en espacios de discusión en el marco de las políticas de construcción de paz, derechos humanos y la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de la violencia, en el marco de la importancia de las actividades de relacionamiento de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional con otras entidades en los temas señalados”, agrega la resolución.La inclusión de profesiones liberales en los manuales de funciones de áreas técnicas de los ministerios se ha dado también en el Ministerio de Minas y Energía, usando argumentos similares.En septiembre, Blu Radio había informado sobre la salida de asesores del Viceministerio Técnico, y en ese momento el viceministro, Leonardo Pazos, negó la existencia de motivaciones políticas. Sin embargo, varios de los que se fueron lo hicieron por diferencias sobre el manejo que se le está dando al viceministerio.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura o identificación de los responsables del atentado contra un helicóptero UH-60 Black Hawk ocurrido el pasado 21 de agosto de 2025 en el municipio de Amalfi, Bajo Cauca antioqueño.El helicóptero, perteneciente al Gobierno de Estados Unidos, transportaba miembros de la Policía Nacional que realizaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca cuando fue atacado con artefactos explosivos improvisados.El ataque provocó la muerte de 13 uniformados de la Policía Nacional, dejó cuatro heridos y causó la destrucción total de la aeronave. La autoría del atentado se la atribuyó el Frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc.La embajada estadounidense exhortó a la ciudadanía a proporcionar información que ayude a identificar, localizar o detener a los responsables. Los datos pueden ser enviados de manera confidencial a través de Signal, Telegram o WhatsApp, así como mediante una línea de informes segura basada en la red Tor.“Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación”, señala el mensaje de la sede diplomática.La iniciativa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que busca incentivar la cooperación ciudadana en casos de terrorismo y crimen organizado transnacional.Las autoridades continúan trabajando de manera conjunta para esclarecer los hechos y capturar a los responsables del atentado, considerado uno de los más graves ataques recientes contra operaciones conjuntas antidrogas en el país.La embajada americana dejó a disposición el número para WhatsApp, Telegram y Signal +1-202-925-0090, la cuenta en X @RFJ_ESPANOL y el link de Tor.