Los soldados Luis Mauricio Morales, Alexis Muñoz y Josué David Uribe fueron asesinados este miércoles por disidentes de la estructura 'Carolina Ramírez' bajo el mando de alias 'Iván Mordisco' en Caquetá.La emboscada se dio en una vía rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde los militares acompañaban la instalación de puestos de votación. Allí fueron interceptados por los ilegales que, además de quitarles la vida, les robaron parte de su armamento. Otro militar resultó herido y fue trasladado a un hospital en Florencia.En diálogo con Blu Radio, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, entregó detalles de cómo se habría dado el ataque.“Muy seguramente conocieron la ubicación de las tropas, identificaron cuál era su ruta de avance y montaron un área preparada con explosivos, con fuego de fusilería en una vía y es donde nos asesinan nuestros tres soldados”, dijo López.El general descartó que en este caso haya fuga de información o participación de infiltrados dentro de las tropas como se ha determinado en anteriores ataques si no que los ilegales aprovechan el traslado que se está haciendo de cara a las elecciones.“Aquí no estamos hablando de infiltrados ni de infiltraciones. Aquí estamos hablando de que determinan la ruta que lleva esta unidad. En este periodo pues tenemos una debilidad y es que saben que nosotros estamos desplegando toda nuestra capacidad hacia los diferentes puestos de votación”, agregó López.El general envió un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados asesinados e insistió en que continuarán las operaciones para dar con los responsables.“No tenemos la explicación clara para las familias y entregarle a sus hijos en un cajón, pero tenemos que seguir trabajando por Colombia. Hoy perdemos a nuestros hombres en defensa de la democracia. Es lo que hay y sabemos que tenemos amenazas y que este sacrificio supremo que hacen nuestros hombres hoy pues demuestra a Colombia de que esta guerra nos toca pararla”, puntualizó el general.
Autoridades entregaron detalles de las incautaciones adelantadas en las últimas semanas de dinero en efectivo que presuntamente estaría relacionado con compra de votos y otros delitos electorales.Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han incautado casi $1500 millones de pesos en diferentes operativos de control en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Guajira y CórdobaLos casos de presunta compra de votosJustamente, uno de los casos se reportó el 28 de enero en La Pintada, Antioquia, donde se capturó a dos personas por el delito de lavado de activos, a quienes se les incautaron $212.000.000 en efectivo durante un control vial en zona rural. Ambos quedaron en libertad pero vinculados a la investigación.El 3 de febrero en el sector Las Palmas de Barrancabermeja, Santander, también detuvieron a dos personas con $109.958.000 en efectivo y un arma de fuego. Al igual que el anterior hecho, los implicados quedaron en libertad.El 5 de febrero en Villavicencio, Meta, incautaron $56.970.570 que eran transportados por una persona en un vehículo particular, quien no acreditó su procedencia y el 11 de febrero en un puesto de control sobre la Ruta 25 en Buenaventura, Valle del Cauca, aprehendieron $52.000.000. En estos dos casos no se registraron capturas.El 18 de febrero, también en Buenaventura, Valle, capturaron a una persona e incautaron $110.000.000 y luego fue dejado en libertad.En Puerto Triunfo, Antioquia, la Policía capturó a tres personas que tenían pegadas al cuerpo fajas con un total de $243.500.000. Pese a esto, también quedaron en libertad. Esto ocurrió el 20 de febrero.En Mapiripán, Meta, agentes de la Policía capturaron el 28 de febrero a tres personas y les incautaron $100.000.000 que llevaban en una lancha. Allí dos de los detenidos obtuvieron la libertad y el otro fue enviado a la cárcelEl otro operativo se adelantó este jueves 4 de marzo en el aeropuerto internacional Camilo Daza en Cúcuta, Norte de Santander, donde a una persona le hallaron $26.900.000 en efectivo, 3.037 stickers de propaganda política y 5 folios con listados de nombres y apellidos.A esta lista se suman los reportados en el mes de marzo que han alcanzado notoriedad pues se trata de personas vinculadas con el ámbito político actual.Uno de ellos es el caso del escolta de la UNP y miembro del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes quien fue capturado con otra dos personas luego de que en su carro particular (el cual era remolcado en una grúa) encontraran $145.000.000 en efectivo y repartido en varios sobres de manila marcados con nombres de políticos de La Guajira.Esto ocurrió en la vía de Hatonuevo y dentro del vehículo también había propaganda alusiva a un candidato al Congreso quien ya se desmarcó de cualquier irregularidad.El otro caso es el de la captura del exconcejal de Montería, Misael Augusto Villarrea, detenido en Córdoba con $434.700.000. Su situación judicial está por definirse.
A través de un video compartido en redes sociales, la candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, María Bolívar Maury, denunció haber sido víctima de un atentado armado mientras se movilizaba por carretera durante la noche del martes.Según relató la aspirante, una motocicleta interceptó el vehículo en el que se desplazaba y realizó tres disparos que impactaron la camioneta. La candidata aseguró que fueron momentos de pánico en los que temió por su vida y por el futuro de su familia.“Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz”, afirmó.Bolívar aseguró que en medio del ataque pensó en sus hijos, de 7 y 8 años, y en la posibilidad de que se quedaran sin su madre. También señaló que el hecho refleja los riesgos que enfrentan quienes participan en política en medio de un ambiente de fuerte polarización.Tras el ataque, la candidata informó que presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se revisen las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Además, confirmó que ha tenido contacto con la Policía Nacional de Colombia, que le ofreció acompañamiento y apoyo en el proceso de investigación.El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad por la que aspira Bolívar, rechazó el ataque y aseguró que el atentado representa una grave amenaza contra su vida, su familia y el libre ejercicio de la política en Colombia.El partido explicó que el esquema de protección del vehículo evitó consecuencias fatales, pese a los disparos que impactaron la camioneta. La colectividad también expresó su preocupación por el clima de violencia que enfrentan líderes políticos y sociales en el país y pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad.La presidenta del partido, Berenice Bedoya, aseguró que el ataque fue un hecho real que pudo terminar en tragedia. “Fueron disparos reales, una intención real de hacer daño. Gracias a Dios y al blindaje de la camioneta hoy ella está viva”, señaló.Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también rechazó el atentado y aseguró que se activaron las medidas de protección. Según él, se comunicó con la Policía para brindar acompañamiento a la candidata y trasladó el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar y reforzar su esquema de seguridad.“En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política”, escribió el ministro en su cuenta de X.La candidata pidió justicia e insistió en que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar voces políticas ni para limitar el debate democrático.
Tras los recientes hechos de violencia registrados en el departamento del Caquetá, donde tres soldados perdieron la vida y uno más resultó herido, la gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Rafaela Cortés Zambrano, emitió un contundente pronunciamiento en el que refuerza las alertas de seguridad de cara a la jornada electoral del próximo domingo.Cortés Zambrano fue clara al señalar que las instituciones colombianas no se dejarán amedrentar por las acciones de grupos al margen de la ley que buscan desestabilizar el orden público en regiones estratégicas del país."El mensaje es claro: no vamos a ceder ante las amenazas ni ante los actos terroristas. Cada ciudadano tiene el derecho constitucional de elegir y ser elegido, y nuestro deber es evitar que alguien se lo impida", afirmó la mandataria.Como medidas inmediatas, la presidenta de la FND anunció el inicio de un trabajo de articulación con la Fuerza Pública y los organismos de control para reforzar la presencia institucional en las zonas más afectadas. El objetivo es garantizar que hechos como los ocurridos esta mañana no se repitan y que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con total tranquilidad."Tenemos plena confianza en nuestras instituciones y no vamos a rendirnos. Seguimos cerrando filas frente a los enemigos de la paz", concluyó Cortés Zambrano.Se espera que en las próximas horas se realice un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación en Caquetá y en otros departamentos que han reportado alteraciones al orden público.
La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EE.UU., ataques "a gran escala" contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense. Estos ataques contra infraestructura del régimen, de los que aún el Ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la décima ronda de bombardeos contra la capital iraní.Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo. Unas tres horas antes, Israel ya había bombardeado hoy decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij en Teherán.Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años. La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado. El Ejército israelí dice haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones en los últimos cuatro días de ofensiva a Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó ayer el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recuperado ante el actual conflicto en Oriente Medio el lema del 'No a la guerra' popularizado con la invasión de Irak en 2003 y advirtió este miércoles de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias, en referencia a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.Sánchez se expresó de esta forma en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y después de las amenazas de Trump a España, al que no ha citado explícitamente en ningún momento, por su posición en esta guerra.La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras, "No a la guerra", dijo tajante Sánchez.Recordó que Estados Unidos "ya nos arrastró" a la guerra de Irak en 2003, que a su juicio desencadenó "la mayor oleada de inseguridad" en Europa desde la caída del Muro de Berlín.Aquella guerra (la de Irak) "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global", según Sánchez "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global."Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", sentenció en alusión a los exmandatarios George W. Bush (EE.UU.), Tony Blair (Reino Unido) y José María Aznar (España).Sánchez también advirtió que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Oriente Medio "solo por el miedo a las represalias de alguno", en alusión a las amenazas de Trump de cortar el comercio con el país por su posición ante el conflicto."España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia", añadió.Medidas ante la incertidumbreHay que prepararse para la posibilidad "de que sea una guerra larga", dijo Sánchez, quien prevé que aumente también la incertidumbre económica, con subidas del precio del petróleo y el gas, y por ello defendió la posición de España frente a los dirigentes que "usan el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos".Sánchez garantizó que su Gobierno, si es necesario, ayudará a los hogares, trabajadores y empresas que se puedan ver afectados por el impacto económico."España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", sostuvo.En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló este miércoles que ya se ha reunido con empresarios y sindicatos para tomar medidas "con carácter inmediato" ante el conflicto y defendió la soberanía de España, "un país de paz"."No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie", subrayó Díaz sobre las amenazas de Trump.Mientras, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles a Sánchez de "ir contra la seguridad de España" por su posición ante el conflicto, que atribuye a sus intereses electorales, y le pidió "situarse junto a sus aliados" y preservar la relación con EE.UU. al margen de las "discrepancias" con Trump.Por otro lado, Sánchez prometió asistencia a los españoles que se encuentran en Oriente Medio para ayudarles a regresar si lo desean, algo para lo que dijo que están trabajando "día y noche" el servicio exterior y el ejército.Un avión militar español despegará esta mañana desde la base aérea de Torrejón (Madrid) para evacuar a españoles que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico, según informaron fuentes de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.Este martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.Fue la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.
Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, afirmó este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz."Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", dijo en un comunicado."No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconda", añadió.Katz afirmó que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EE.UU., las capacidades del régimen y derrocarlo.La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento.Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio, según informó a EFE una fuente militar israelí.Israel atacó Irán junto a EE.UU. este sábado, en una guerra que ya ha causado alrededor de 800 muertos en el país persa -entre ellos Jamenei y 165 niñas de primaria-, pero también más de 50 muertos en Líbano y también fallecidos en países del Golfo.En Israel, son diez los fallecidos, incluidos tres hermanos adolescentes en Beit Shemesh.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 3 de marzo de 2026 su sorteo número 3143, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en todo el país.En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, acompañado de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.Premio mayor – 3 de marzo de 2026El número ganador del premio mayor fue: 1348 de la serie 267. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 3 de marzo de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo, siempre presentando el billete original.Premios secos – Sorteo 3143Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:Premio seco de $300 millones5416 – Serie 038Premios secos de $100 millones2681 – Serie 0623513 – Serie 2118438 – Serie 189Premios secos de $50 millones5613 – Serie 2190672 – Serie 1898207 – Serie 0012083 – Serie 153Premios secos de $20 millones1541 – Serie 0495191 – Serie 2475661 – Serie 2901932 – Serie 1728131 – Serie 087Premios secos de $10 millones9221 – Serie 2507090 – Serie 2574780 – Serie 1066548 – Serie 2220091 – Serie 2684843 – Serie 2613986 – Serie 227Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?La Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:El sitio web oficialRedes sociales verificadasLínea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100¿Cómo reclamar un premio?Para cobrar un premio es obligatorio:Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.Recomendación finalLa recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.Consultar fuentes oficiales y actuar dentro del tiempo establecido es clave para asegurar el pago oportuno de cualquier premio obtenido.
En las últimas horas, una fuerte controversia se armó en las campañas presidenciales por un cruce de declaraciones entre el abogado Abelardo de la Espriella y el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, a raíz de comentarios que han sido calificados en la opinión pública como homofóbicos.El origen de la discordia entre De La Espriella y OviedoEl incidente se desencadenó durante una entrevista concedida por De la Espriella al canal de YouTube RichyTv. En un ambiente distendido que terminó por generar un incendio digital, el abogado y hoy aspirante presidencial se refirió a Oviedo de una manera que muchos sectores consideraron despectiva y cargada de prejuicios. Al ser consultado sobre su contendor, De la Espriella lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.La expresión sobre la imposibilidad de "arreglo" para Oviedo fue interpretada como un ataque directo a su orientación sexual. La reacción de Juan Daniel Oviedo no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”. La controversia no se quedó en un asunto de dos. Otros actores de la contienda electoral, como el exministro Mauricio Cárdenas, se sumaron a las voces de protesta. Cárdenas fue enfático al rechazar las palabras de De la Espriella: "Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente."
En una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar los alcances de la Jurisdicción Agraria y Rural, representantes del Gobierno, entidades del Estado y gremios expusieron sus posiciones sobre cómo y por qué debe implementarse este sistema judicial para resolver los conflictos sobre la tierra en Colombia.La advertencia de Humberto de la CalleEl exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle, aseguró que la jurisdicción agraria es clave para cumplir lo pactado en La Habana, aunque advirtió que el modelo actual no corresponde completamente a lo acordado en las negociaciones.“Lo que realmente se pactó en La Habana no es lo que tenemos. Yo no quiero llorar sobre la leche derramada, pero desde el 2016 hice afirmaciones en ese sentido. Lo que realmente se pactó fue una jurisdicción agraria como órgano de cierre y, desafortunadamente, eso se tornó imposible por razones políticas y también incluso por la resistencia de las Cortes”, afirmó.Según indicó, la ausencia de ese órgano ha generado una bifurcación entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa que dificulta resolver con eficacia los conflictos agrarios.“Aquí todo lo que está aflorando es la ausencia de órgano de cierre autónomo de la jurisdicción agraria. Porque la persistencia de la bifurcación entre las dos jurisdicciones, civil y contencioso-administrativa, sí mantiene redundancias y, repito, bifurcaciones que van en contra de la necesidad de soluciones eficaces a esa conflictividad. No se pudo por razones políticas, luego toca ahora tratar de salvar lo que tenemos”, afirmó.Durante la audiencia pública, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, aseguró que la creación de esta jurisdicción permitiría atender conflictos relacionados con saneamiento de la propiedad, arrendamientos agrarios o prescripción adquisitiva de dominio.Además, aseguró que su existencia tiene base constitucional directa, “por lo que no depende de una decisión política posterior para su validez estructural y funcionamiento. En este orden de ideas no se requiere un desarrollo legal adicional necesariamente”, aseguró Cuervo.Adicionalmente, explicó que es viable designar despachos pilotos que operen transitoriamente con las reglas supletorias establecidas en el Código General del Proceso.“Han sido identificados por la política pública y que justifican una puesta en marcha progresiva, incluso antes de que exista una ley ordinaria que detalle competencias y procedimientos”, afirmó.La advertencia de la Agencia Nacional de TierrasEl director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, alertó que la ausencia de decisiones judiciales en materia agraria está frenando procesos clave para la reforma rural.Según explicó, el Gobierno ha gestionado cerca de 761 mil hectáreas, provenientes de compras voluntarias y de la incorporación de 288 mil hectáreas de baldíos de la Nación al Fondo de Tierras.Sin embargo, asegura que existen 2.592.000 mil hectáreas ofrecidas voluntariamente por propietarios para su venta al Estado, de las cuales más de 1,6 millones son presuntos baldíos y otras 600 mil tienen composición mixta de propiedad, lo que impide comprarlas o recuperar esos terrenos.“A la hora de iniciar el proceso agrario, hoy frente a la negación de la entrada en vigencia de la jurisdicción agraria, tampoco podemos resolver la facultad que ya teníamos en la ley 160. Entonces, propietarios que voluntariamente han ofertado sus tierras para cumplir el acuerdo de paz, ni se les puede comprar ni se recuperan los bienes baldíos de la nación. Porque en este limbo efectivamente se generan todas las trazabilidades concretas que ralentizan la posibilidad de que el acuerdo honre con su palabra la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.El llamado al Congreso: 63 días para debatir la jurisdicciónDesde el Gobierno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria sigue sin ser debatido en el Congreso y que el tiempo, ya es limitado.“Ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción”, señaló.En el mismo sentido, el ministro de Justicia pidió al Congreso avanzar en el trámite de la iniciativa.“El Proyecto de Ley Estatutaria fue aprobado por el Congreso de la República y, tras el control automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-340, declaró su exequibilidad con algunas precisiones y condicionamientos en agosto de 2025. El 11 de noviembre, el expediente fue remitido al Congreso para que proceda conforme a sus competencias y adelante las actuaciones correspondientes sin que tengamos novedad a la fecha. Hacemos un llamado al presidente del Congreso para que proceda con el envío del expediente a la Presidencia para la sanción definitiva”, señalo el ministro.Jueces especializadosDurante la audiencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que los conflictos agrarios continúen siendo resueltos por jueces especializados en temas de tierra, con el fin de evitar que los procesos se diluyan entre distintas jurisdicciones.“Sería inadmisible cualquier retroceso en materia del debido proceso y en la garantía que hoy tiene la ciudadanía para que sean los jueces quienes resuelvan los procesos agrarios. Así las cosas, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia consideramos que, más allá de los errores técnicos de los que adolece la demanda, por los cuales la Corte debería declararse inhibida, el debate constitucional propuesto y la decisión que adopta este Tribunal será determinante para la estabilidad de los arreglos institucionales y las garantías judiciales que hoy existen para dar cumplimiento al acuerdo final”, aseguró.Bedoya advirtió que trasladar estas decisiones a entidades administrativas podría afectar la imparcialidad y el acceso a la justicia en los conflictos sobre la tierra.“Sería un enorme retroceso que se pierdan garantías y que se sacrifique la imparcialidad y autonomía judicial al confiar la decisión de estos conflictos sobre la tierra a un funcionario del Ejecutivo que responde como es natural a los propósitos y a la agenda del Gobierno de turno”, concluyó.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia alertó sobre eventuales retrasos en el pago de las mesadas pensionales correspondientes al mes de febrero de 2026, situación que podría impactar a los pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación y del Hospital San Juan de Dios.La advertencia quedó expuesta en una circular, en donde la entidad explicó que actualmente atraviesa una coyuntura jurídica derivada de procesos judiciales iniciados con anterioridad por algunos pensionados.Como resultado de estas demandas, se impusieron medidas cautelares, entre ellas el embargo de cuentas del Fondo, lo que ha afectado su flujo de recursos, por lo que el pago de esta obligación podría verse afectado.Según el documento, los embargos ordenados en el marco de estos procesos judiciales han limitado la disponibilidad de los recursos con los que la entidad cumple sus obligaciones, entre ellas el pago mensual de las pensiones. Aunque el Fondo no confirmó un incumplimiento generalizado con anterioridad, sí advierte sobre eventuales demoras en el giro oportuno de las mesadas para sus usuarios.Este Fondo fue creado mediante el Decreto 1591 de 1989 y tiene como función principal administrar y pagar las pensiones legales y convencionales de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, así como otras prestaciones asistenciales reconocidas a sus beneficiarios.Sin embargo, frente a este panorama, la entidad aseguró que ya adelanta diferentes gestiones administrativas, financieras y jurídicas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de superar la contingencia y restablecer la normalidad en sus operaciones.El objetivo, según indicaron en el comunicado, es garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y evitar afectaciones a largo plazo y prolongadas a los pensionados, quienes dependen de estas mesadas como su principal fuente de ingreso.
Se realizó en Bogotá la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral de cara a los comicios de este domingo, 8 de marzo. La sesión estuvo liderada por los ministros del Interior y Defensa, el procurador y el registrador Hernán Penagos, quien hizo un llamado a que las dudas sobre el proceso que han sido manifestadas desde el Gobierno se hagan en justas proporciones. Además, anunció que de ser necesaria una auditoría forense, sería autorizada.“Entiendo la preocupación, porque la política es así. Pero no lleguemos a extremos que terminan matando gente por eso, que terminan asesinando personas. Llevemos a las justas proporciones. Si hay que hacer auditoría forense está autorizada. También cualquier otra actividad, tratamos de hacerlo, hacemos auditoría forense del proceso. La iniciamos la semana entrante, sin problema una vez avance escrutinio porque estamos trabajando para que todo salga bien”, dijo el registrtador.Esto a propósito de la alocución del presidente Petro esta semana en la que volvió a insistir en cuestionar los softwares para el conteo de votos y pidió vigilancia a través de testigos electorales que impugnen las mesas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró los alcances de esa solicitud.“El presidente dice impugnar cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó, todos esos casos son para impugnación”, explicó.El presidente también ordenó perseguir los delitos electorales. En ese sentido, se pronunció durante la sesión el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunciando que hasta la fecha han incautado más de 1.000 millones de pesos en operaciones vinculadas a este tema.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, detalló.Por último, la Misión de Observación Electoral alertó que en el último mes aumentó de 170 a 185 el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude, es decir, 15 más frente al informe del 4 de febrero. De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. “Cauca y Antioquia son los que mayor nivel de riesgo tienen. Son amenazas de distintos tipos de actores armados", dijo la directora de esta organización, Alejandra Barrios.
Durante su intervención en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, realizada en Bogotá, el procurador general, Gregorio Eljach, sostuvo que la entidad viene cumpliendo con una función constitucional, con el objetivo de garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Es por esto por lo que desde el Ministerio Público, como actividad preventiva, estableció dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral."Venimos cumpliendo con una función constitucional, que es garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Eso es el fundamento de la actividad preventiva que viene haciendo la Procuraduría y para eso establecimos no una sino dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral”, dijo el procurador.Asimismo, afirmó que hasta el momento no han encontrado ningún indicio que evidencie algún tipo de fraude para las elecciones del próximo domingo."No hemos encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. No lo hemos encontrado, ni hace 15 días, ni ayer y hasta hoy. Lo que no quiere decir que, si llega a aparecer algo, también lo diré aquí y en público, porque es mi deber", puntualizó.El jefe del Ministerio Público hizo una invitación a los ciudadanos para "que el domingo cada uno defienda sus intereses legítimos, hagan su trabajo electoral, así como los testigos que representan a cada uno de los partidos, sin dejar de lado la tranquilidad, la calma y el respeto por lo demás".
En desarrollo del Plan Democracia 2026, tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias “Daniel” o “Político”, señalado cabecilla pseudopolítico del denominado Cartel del Clan del Golfo, en la vereda El Amparo, zona rural del municipio de Ituango.El operativo fue adelantado por el Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, con apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 7, en coordinación con el CTI Antioquia y la Fiscalía Especializada EDA.Alias “Daniel”, con cerca de cinco años de trayectoria criminal, fue interceptado en caminos veredales cuando transportaba un costal que en su interior contenía 40 barras de explosivo, 98 detonadores aneléctricos y 300 metros de mecha de seguridad. Durante el procedimiento también le fue incautado un equipo celular.De acuerdo con información de inteligencia militar, el capturado sería el encargado de coordinar actividades de extorsión y de convocar reuniones en las que, mediante amenazas, presionaba a la comunidad para brindar apoyo a determinados candidatos en las elecciones. Incluso, habría utilizado explosivos como mecanismo de intimidación para obligar a la población civil a asistir a esos encuentros.La comunidad lo habría identificado plenamente, lo que facilitó su ubicación y posterior captura.Según las autoridades, este resultado operacional impacta directamente el subsistema pseudopolítico del Clan del Golfo en el norte de Antioquia y permitió anticipar un presunto plan para afectar la jornada electoral del 8 de marzo en zonas rurales de Ituango y municipios cercanos como Peque, Sabanalarga y Toledo.El capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización. El Ejército aseguró que continuará desplegando operaciones para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del voto en la región.
La desaparición de siete jóvenes en San Sebastián de Mariquita y Fresno, en el norte del departamento del Tolima, desde el año pasado, encendió las alarmas a nivel nacional. Las autoridades confirmaron una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información veraz que permita dar con su paradero.Los jóvenes reportados como desaparecidos son: Zait Esteban Delgado, David Santiago Toro Arévalo, Sergio Andrey Venegas Moncada, Luisa Fernanda Chavarro Díaz, Fredy Hernando Galindo Cruz, Santiago Izquierdo Cuervo y Alejandra Arias León.Según las autoridades, fueron vistos por última vez en los municipios de San Sebastián de Mariquita y Fresno. Sus edades oscilan entre los 18 y 21 años, lo que ha generado gran preocupación entre la comunidad y sus familias.Consejo de Seguridad y recompensaTras un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en la Escuela de Aviación de Mariquita, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, anunció la activación de un plan de búsqueda liderado por un alto oficial de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial.“Los extrañamos y nos duele en el corazón que estén desaparecidos”, expresó la mandataria, quien confirmó la aprobación de un plan de recompensas de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la ubicación de los jóvenes. La Gobernación y las alcaldías de Mariquita y Fresno desplegarán una estrategia de difusión masiva para que la ciudadanía conozca los rostros y datos de los desaparecidos.La gobernadora también anunció que, a partir del 9 de marzo, se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en ambos municipios y que desde el 14 de marzo se iniciará un plan de intervención integral en barrios urbanos y zonas rurales de Mariquita.De manera paralela, la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer del Tolima brindarán acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.“Estos hechos no solo le han dolido a Mariquita; le han dolido a todos los tolimenses. Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes”, concluyó Matiz, advirtiendo que habrá mano dura contra los responsables.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información a través de las líneas 123 de la Policía Nacional o el 165 del Gaula.
A tres días de las elecciones del 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que en el último mes aumentó el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude. Según la actualización del mapa, se pasó de 170 a 185 territorios, es decir, 15 más frente al informe presentado el 4 de febrero.De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. La MOE advirtió que este incremento se da en un contexto en el que continúan las amenazas al voto libre y a la transparencia del proceso electoral.El panorama en materia de violencia también empeoró. La misión identificó 37 municipios adicionales, para un total de 376 en riesgo por este tipo de factores, lo que equivale al 34 % del país. De estos, 145 están en riesgo extremo, 106 en alto y 125 en medio.En el análisis departamental, Cauca y Antioquia encabezan la lista con 21 y 20 municipios en riesgo, respectivamente.Otro de los puntos destacados del informe tiene que ver con la plataforma “Pilas con el Voto”, que ha recibido 145 reportes ciudadanos de posibles irregularidades. El 60 % de estos casos está relacionado con presiones al voto libre y participación indebida de funcionarios públicos en política.La conclusión del organismo es clara: existe la necesidad de que las autoridades refuercen la vigilancia, coordinen planes de seguridad y garanticen que no se repitan errores logísticos o tecnológicos de elecciones anteriores, tanto durante la jornada como en el preconteo y la consolidación de resultados.
La emboscada perpetrada en zona rural de Cartagena del Chairá no solo dejó tres soldados muertos y uno herido, sino también la pérdida de armamento de dotación oficial que quedó en poder de la estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, responsable del ataque.El hecho ocurrió hacia las 7:00 de la mañana de este martes 4 de marzo en el área de operaciones del sector Santo Domingo, cuando tropas de la compañía C del Batallón de Despliegue Rápido No. 36 (Badra 36), adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, sostuvieron combates directos contra integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’, facción de las disidencias de las Farc.En la acción armada fueron asesinados los soldados profesionales Luis Mauricio Morales Leal, Alexis Muñoz y Josué David Uribe Chinchilla. Además, resultó herido otro soldado profesional, quien recibió un impacto en el hombro izquierdo y fue evacuado para atención médica.De acuerdo con el reporte operacional, tras el ataque fue reportado como material perdido una ametralladora M60 y tres fusiles Ace, armamento que habría quedado en poder del grupo armado ilegal tras la incursión. Las autoridades avanzan en el desarrollo de maniobras ofensivas para neutralizar a los responsables y recuperar el control total del área, en una región donde la estructura ‘Carolina Ramírez’ mantiene presencia armada.
De cara a las elecciones del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en combatir la compra de votos y la trashumancia electoral. En ese sentido, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció la incautación de más de mil millones de pesos en episodios que estarían vinculados a este tipo de delitos.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, dijo.El jefe de esta cartera también confirmó que ya fue expedida la Directiva 04, que materializa la orden del presidente Gustavo Petro de que los ascensos de los comandantes estén sujetos a la reducción de los homicidios y el combate a delitos electorales. “Esto debe ser valorado como una de las variables que se analizan con los comités para los ascensos. Hay que verificar cada uno de los casos de manera juiciosa, pero no podemos irnos al extremo de que va a haber falsos positivos electorales”, explicó.Respecto a estas declaraciones del mandatario, en las que también pidió que las mesas de votación sean impugnadas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que no es para todos los casos. “Cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y las personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó. Todos esos casos son para impugnación”, concluyó.
El Ministerio de Trabajo prepara una resolución que pretende “garantizar los derechos fundamentales de quienes ejercen el trabajo sexual”, en cumplimiento —según la entidad— de las sentencias T-629 de 2010, T-594 de 2016, T-073 de 2017 y T-109 de 2021 de la Corte Constitucional.El borrador establece que la norma aplicaría a una amplia gama de establecimientos: clubes, centros de entretenimiento, burdeles, casas de lenocinio y citas, whiskerías, discotecas, agencias y empresas dedicadas a la pornografía y creación de contenido, estudios webcam, plataformas de transmisión en vivo y otras tecnologías emergentes que incluyan oferta de servicios sexuales.Sin embargo, el documento fue cuestionado por Mauricio Rubiano, vocero de la Federación Nacional de Estudios de Creación de Contenido para Adultos (Fenalweb), quien aseguró que la iniciativa contiene errores jurídicos de fondo que podrían contradecir la Constitución, el Código Penal y convenios internacionales sobre derechos de las mujeres.Rubiano señaló que el primer error del Ministerio es pretender extender los efectos de sentencias judiciales que solo aplican entre las partes involucradas (interpartes) a toda la población, “bajo una interpretación equivocada de generalidad”.El segundo error —dijo— es intentar regular por resolución un derecho constitucional como el trabajo, una función que solo puede ejercer el Congreso de la República. Y el tercero, asignar a los inspectores de trabajo responsabilidades que no están previstas en el Convenio 81 de la OIT, lo que podría inducirlos al error y poner al país en contradicción con tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.Además, el representante de Fenalweb insistió en que el borrador confunde dos realidades distintas: el trabajo sexual presencial —que la Corte Constitucional reconoce como una actividad que requiere protección y prevención por la vulnerabilidad de quienes la ejercen— y el trabajo sexual en virtualidad, propio de los creadores de contenido para adultos en plataformas digitales.De las cuatro sentencias citadas por el Ministerio, solo una se refiere al ámbito virtual y no tiene aplicación general, sino orientaciones específicas para el Congreso y el Ministerio de Trabajo. “Imponer un contrato laboral a una trabajadora sexual de calle sería, en la práctica, legalizar el proxenetismo; y exigirlo a las creadoras de contenido vulneraría la libertad de empresa y la autonomía económica”, advirtió Rubiano.Consultado por Blu Radio, el Ministerio de Trabajo confirmó que no existe aún una resolución aprobada ni un borrador definitivo. Aclaró que desde 2024 funciona una mesa nacional interinstitucional con más de 20 entidades públicas, que trabaja en el diseño de instrumentos normativos para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional. “El proceso sigue en etapa de construcción y discusión, sin ninguna propuesta final ni adoptada”, señaló la entidad.El debate deja abiertas varias preguntas sobre el alcance de la política laboral y los límites del Ejecutivo: ¿cómo garantizar derechos sin invadir competencias legislativas ni legalizar indirectamente actividades penales? Mientras tanto, gremios como Fenalweb piden que cualquier regulación distinga claramente entre el trabajo sexual presencial y el virtual, y que las decisiones se adopten con base en evidencia y concertación real con los sectores involucrados.
En Bogotá y otras ciudades del país continúan las movilizaciones de maestros afiliados a Fecode, quienes exigen soluciones a los problemas del nuevo modelo de salud del magisterio. Aunque la organización sindical responsabiliza a la Fiduprevisora por las deficiencias en la prestación del servicio, desde la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio EDUSalud sostienen que el origen de la crisis está en las decisiones del Gobierno.En diálogo con Blu Radio, Dimas Andrés Arias Núñez, vocero de EDUSalud, señaló que el nuevo esquema ha generado barreras en la atención y sobrecostos en la operación del Fondo del Magisterio (Fomag). Según Arias, entre septiembre y octubre el Fomag registró sobrecostos de más de 450.000 millones de pesos, una cifra que dice supera los promedios informados al Gobierno.El vocero agregó que el modelo actual está afectando la sostenibilidad financiera del fondo y que las decisiones que llevaron a su implementación fueron adoptadas directamente por el Ejecutivo. “Este esquema fue impuesto por el Gobierno. Desde el 18 de octubre de 2023, el presidente anunció que no firmaría los contratos anteriores, y meses después se adoptó este nuevo modelo. Por eso el responsable directo no es la Fiduprevisora, sino el Gobierno”, señaló Arias.Aunque reconocen la representación sindical de Fecode, desde la veeduría cuestionan la postura de su dirigencia frente al tema. “Fecode siempre fue una organización crítica de las decisiones de los gobiernos, pero hoy sus directivos están alineados con el Ejecutivo”, indicó Arias, quien aseguró que el magisterio necesita una respuesta más firme ante la crisis.Sobre un posible paro indefinido, Arias explicó que su organización no tiene la capacidad para convocarlo, pero pidió a Fecode tomar la iniciativa. “Nosotros no podemos hacerlo solos, pero sí exigimos que el comité ejecutivo convoque un paro indefinido para defender nuestro derecho a la salud”, afirmó.En cuanto a las soluciones, el vocero fue enfático: el actual modelo “no tiene arreglo”. Según él, el esquema anterior, aunque imperfecto, podía mejorarse. “El modelo de ahora cambió todo: la forma de contratar, de acceder a los servicios y de administrar los recursos. Los costos administrativos se dispararon y eso afecta directamente la atención a los maestros”, concluyó.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 la existencia de una estructura criminal conocida como la Junta del Narcotráfico, señalada por el presidente Gustavo Petro como una organización que estaría coordinando acciones para poner en riesgo la democracia.Sánchez explicó que no se trata de un cartel único ni de una estructura jerárquica, sino de una “convergencia criminal” compuesta por distintos grupos que actúan por intereses económicos. “Es una manera de llamar a una convergencia criminal donde ingresan y salen diferentes delincuentes... cuyo interés es netamente el negocio de la droga”, señaló.El ministro precisó que estas alianzas no tienen lealtad entre sí: “En algunos momentos se atacan entre ellos y en otros se unen”. Según dijo, su funcionamiento es horizontal y transnacional, lo que impide identificar una sola cabeza visible. “No es una estructura como tal que uno pueda decir ‘tomémosle una foto a la Junta del Narcotráfico’. Pone en grave riesgo la seguridad del país y de otras naciones también”, afirmó.¿Cómo se prepara el Ministerio de Defensa ante estas alertas?Consultado sobre la reunión de 17 grupos en Cúcuta, el ministro confirmó que hay investigaciones en curso, aunque evitó divulgar detalles por razones de inteligencia. Explicó que en regiones como el Catatumbo y Bolívar existen alianzas entre disidencias, el ELN y bandas locales según las economías ilegales en disputa.Sánchez informó que el Gobierno adelanta una fuerte ofensiva en Norte de Santander con la operación Catatumbo, aumento de tropas y uso de inteligencia. “Los criminales allá no le dan el frente a la fuerza pública, se esconden entre la población y usan escudos humanos. Incluso emplean drones”, dijo. Añadió que, aunque Petro ha mencionado vínculos con Dubái, la clave está en la cooperación internacional.Paz total y lucha contra el narcotráficoAnte las críticas por los diálogos con el Clan del Golfo, el ministro recordó que la paz total es una ley aprobada por el Congreso que permite negociar con estructuras criminales, pero sin renunciar a la acción militar. “Eso no significa que no podamos actuar con contundencia. Este año la ofensiva aumentó un 50 % y las neutralizaciones un 23 %”, precisó.Sánchez advirtió que el narcotráfico sigue siendo un problema estructural: “A veces sentimos que recogemos agua con un balde roto, porque por cada criminal que neutralizamos salen uno o dos”. También alertó sobre la “cultura traqueta” entre jóvenes que asocian el narcotráfico con éxito y dinero fácil.El ministro rechazó el secuestro de cuatro uniformados por parte del ELN, entre ellos dos agentes del CTI y un subteniente de la Policía. “Ni ellos son jueces ni son revolucionarios. Secuestrar, matar y extorsionar no es revolucionario, es un crimen”, enfatizó.Sánchez aseguró que el Gobierno trabaja con organismos humanitarios para su liberación y pidió a la población colaborar con las autoridades.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de paz total con la instalación de la preconsulta para la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Resguardo Indígena del Gran Mallama, municipio de Piedrancha (Nariño). El encuentro marca el inicio de un proceso que pretende preparar las condiciones para el desarme y la reincorporación de integrantes del grupo armado Comuneros del Sur.Aunque el evento fue presentado como un avance en la consolidación de la paz territorial, varios líderes locales y observadores advierten que los retos son enormes. Nariño sigue siendo uno de los departamentos con mayor presencia de disidencias, economías ilegales y disputas territoriales, lo que podría dificultar la implementación real de una zona de ubicación segura.En la jornada participaron representantes de los 43 sectores del resguardo, junto con delegados de entidades nacionales como Fondo Paz, Planeación Nacional y la Gobernación de Nariño, además de organismos de acompañamiento como la MAPP-OEA, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal.La preconsulta es una etapa previa a la consulta formal, en la que se socializan los objetivos y reglas del proceso. En este caso, el Gobierno busca acordar con la comunidad indígena Pasto los términos para instalar una zona temporal que facilite la transición de los armados hacia la vida civil, en condiciones de respeto a la autonomía y la cultura local.También señalan que la presencia estatal en Mallama y otros municipios de Nariño sigue siendo débil, limitada en muchos casos a operaciones militares sin un acompañamiento sostenido en salud, educación o justicia.La ZUT Mallama fue seleccionada por su posición estratégica y la cohesión del cabildo indígena, pero el desafío será mantener la confianza y evitar que la zona se convierta en un nuevo punto de fricción o un vacío de poder.La preconsulta es, en esencia, una prueba de fuego para la política de paz total del Gobierno: si logra generar acuerdos legítimos y duraderos con las comunidades, podría convertirse en un modelo para otras regiones; si fracasa, podría sumarse a la larga lista de intentos frustrados de pacificación en el suroccidente del país.
El ministro del interior, Armando Benedetti, anunció por medio de su cuenta de X que ya tiene abogado en Estados Unidos para que lo represente en ese país, ya que buscará su exclusión de la Lista Clinton, esto después de que el pasado viernes el Departamento del Tesoro anunciara que él, el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro habían sido incluidos en la lista."He designado como mi representante en Estados Unidos al reconocido abogado Michael Díaz, de la Firma DRT International Law Firm, para que me represente en el proceso administrativo en curso, buscando mi exclusión de la lista de los designados", anunció Benedetti.Es importante recordar que este viernes el presidente Gustavo Petro también confirmó que debido a esta sanción de Estados Unidos el avión presidencial no pudo abastecerse de combustible en Cabo Verde, durante su viaje a Arabia Saudita.“Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde, en el África”, dijo Petro.Por eso el avión tuvo que ser abastecido en Madrid, España.“Menos mal me pone la empresa gringa esta humillación, porque se romperá el contrato con ella. El mundo sabe que me persigue Trump, porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe y no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar con papá de amigo de los Ochoa y cosas de esas”, agregó Petro.
En un glamping ubicado en Salento, Quindío, asaltantes hurtaron valiosos equipos de video y fotografía a una pareja colombo-española de generadores de contenido. El hurto, que tiene a un grupo de la Policía y la Fiscalía tras la pista de los ladrones, también afectó al establecimiento donde ocurrió el robo.Al glamping, ubicado a menos de un kilómetro de Salento, en el norte quindiano, ingresó un número indeterminado de asaltantes que se llevaron los equipos con los que Sofía y Alfonso trabajan generando contenido turístico en redes sociales y con los que planeaban recorrer al menos nueve establecimientos en varias ciudades del país haciendo publicidad.“Esto fue lo único que nos quedó: una cámara de Insta y, bueno, gracias a Dios nos dejaron un dron. Nos dejaron un dron antiguo para poder trabajar, entonces ahora trabajamos con esta cámara y con un dron antiguo, pero claro, no es lo que nosotros ofrecemos con la calidad que solemos hacer”, confirmó Alfonso Tejedor Santos, generador de contenido de nacionalidad española.La noche del roboDespués de llegar al aeropuerto Matecaña de Pereira y ser trasladados hasta el glamping, los generadores de contenido y uno de los propietarios del establecimiento salieron a cenar a un restaurante en Salento. Minutos después de regresar al domo donde se hospedaban, se percataron del robo.“Después de 12 minutos es que ellos reportan que no hay nada en la habitación, entonces yo inmediatamente bajo y lo primero que hago es revisar todo el domo completo. No encontramos ni huellas, ni puerta violentada, ni vidrios quebrados, absolutamente nada”, recuerda Óscar Peláez Londoño, propietario del glamping.Tras el hurto, los socios del glamping y las autoridades iniciaron la búsqueda de los equipos sin obtener resultados. A pesar de ello, los empresarios del glamping aseguran que apoyaron a los afectados.“Hemos acompañado también en proporcionarles ropa y dinero. Mi socio les regaló un dron que tenía, porque ellos indicaron que se habían quedado sin nada para trabajar y, de una u otra manera, vimos que este dron podía servirles para continuar haciendo su trabajo”, reveló Humberto López Vásquez, socio propietario del glamping.Equipos inservibles para ladronesSegún la pareja afectada, varios de los equipos hurtados son modelo 2025 y tienen sistemas de seguridad que los hacen inservibles para los asaltantes.“Que devuelvan lo que saben que está bloqueado y que no les va a funcionar. Están perjudicando a personas que trabajan con estos equipos y, claro, son equipos tan buenos y de última calidad que se bloquean. No les sirven de absolutamente nada, así que devuélvanlos, de verdad”, expresó Sofía Otálora, víctima del hurto.Las investigacionesEn el Quindío, las autoridades informaron que el caso de hurto está en manos de un grupo destacado de la Policía y la Fiscalía.“Hemos hecho algunas labores de inspección judicial en algunos de estos establecimientos y seguimos en la búsqueda para lograr la ubicación de los equipos, establecer e individualizar a las personas que cometieron este hecho y poder recuperar los elementos a las víctimas”, indicó el comandante de la Policía en el Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate.Al final, todos son perdedores: los generadores de contenido porque están recorriendo Colombia sin los equipos para hacer promoción del país como destino; los empresarios del glamping porque perdieron la tranquilidad debido a los ataques en redes sociales y la inseguridad; el destino turístico por este tipo de hechos, y hasta los ladrones, porque ahora tienen equipos que ni siquiera pueden utilizar.