La circular de la Unidad Nacional de Protección impone restricciones estrictas a los escoltas en época electoral, a propósito de la captura de un funcionario en La Guajira con 145 millones de pesos: queda prohibido participar en política, transportar personas o material no autorizado y usar vehículos del esquema para fines ajenos a la seguridad.La circular está dirigida a los escoltas de planta y a los vinculados mediante operadores en la que les recuerda sus deberes legales y fija las prohibiciones antes, durante y después de las jornadas electorales.La entidad advirtió que los escoltas deben abstenerse de participar directa o indirectamente en actividades de carácter político.No deben transportar personas, elementos o materiales que no estén autorizados por la UNP y sobre todo cuando sean ajenos al servicio de protección.No utilizar las medidas de protección para favorecer intereses o actividades políticas.No utilizar los vehículos de protección para transportar personal ajeno al esquema de seguridad o para transportar elementos ajenos al propósito que tiene las camionetas de la UNP.Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, advirtió que los esquemas de seguridad no deben operar como ruedas sueltas como pasó con Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, quien le dio permiso sin informar a la UNP.Claramente la UNP no quiere que se repita lo de La Guajira y por eso recordó que existe un Manual de obligaciones y prohibiciones y sobre todo, un listado de sanciones para quienes se atrevan a incumplir con las normas internas de la entidad.También le puede interesar:
Los soldados Luis Mauricio Morales, Alexis Muñoz y Josué David Uribe fueron asesinados este miércoles por disidentes de la estructura 'Carolina Ramírez' bajo el mando de alias 'Iván Mordisco' en Caquetá.La emboscada se dio en una vía rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde los militares acompañaban la instalación de puestos de votación. Allí fueron interceptados por los ilegales que, además de quitarles la vida, les robaron parte de su armamento. Otro militar resultó herido y fue trasladado a un hospital en Florencia.En diálogo con Blu Radio, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, entregó detalles de cómo se habría dado el ataque.“Muy seguramente conocieron la ubicación de las tropas, identificaron cuál era su ruta de avance y montaron un área preparada con explosivos, con fuego de fusilería en una vía y es donde nos asesinan nuestros tres soldados”, dijo López.El general descartó que en este caso haya fuga de información o participación de infiltrados dentro de las tropas como se ha determinado en anteriores ataques si no que los ilegales aprovechan el traslado que se está haciendo de cara a las elecciones.“Aquí no estamos hablando de infiltrados ni de infiltraciones. Aquí estamos hablando de que determinan la ruta que lleva esta unidad. En este periodo pues tenemos una debilidad y es que saben que nosotros estamos desplegando toda nuestra capacidad hacia los diferentes puestos de votación”, agregó López.El general envió un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados asesinados e insistió en que continuarán las operaciones para dar con los responsables.“No tenemos la explicación clara para las familias y entregarle a sus hijos en un cajón, pero tenemos que seguir trabajando por Colombia. Hoy perdemos a nuestros hombres en defensa de la democracia. Es lo que hay y sabemos que tenemos amenazas y que este sacrificio supremo que hacen nuestros hombres hoy pues demuestra a Colombia de que esta guerra nos toca pararla”, puntualizó el general.
Autoridades entregaron detalles de las incautaciones adelantadas en las últimas semanas de dinero en efectivo que presuntamente estaría relacionado con compra de votos y otros delitos electorales.Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han incautado casi $1500 millones de pesos en diferentes operativos de control en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Guajira y CórdobaLos casos de presunta compra de votosJustamente, uno de los casos se reportó el 28 de enero en La Pintada, Antioquia, donde se capturó a dos personas por el delito de lavado de activos, a quienes se les incautaron $212.000.000 en efectivo durante un control vial en zona rural. Ambos quedaron en libertad pero vinculados a la investigación.El 3 de febrero en el sector Las Palmas de Barrancabermeja, Santander, también detuvieron a dos personas con $109.958.000 en efectivo y un arma de fuego. Al igual que el anterior hecho, los implicados quedaron en libertad.El 5 de febrero en Villavicencio, Meta, incautaron $56.970.570 que eran transportados por una persona en un vehículo particular, quien no acreditó su procedencia y el 11 de febrero en un puesto de control sobre la Ruta 25 en Buenaventura, Valle del Cauca, aprehendieron $52.000.000. En estos dos casos no se registraron capturas.El 18 de febrero, también en Buenaventura, Valle, capturaron a una persona e incautaron $110.000.000 y luego fue dejado en libertad.En Puerto Triunfo, Antioquia, la Policía capturó a tres personas que tenían pegadas al cuerpo fajas con un total de $243.500.000. Pese a esto, también quedaron en libertad. Esto ocurrió el 20 de febrero.En Mapiripán, Meta, agentes de la Policía capturaron el 28 de febrero a tres personas y les incautaron $100.000.000 que llevaban en una lancha. Allí dos de los detenidos obtuvieron la libertad y el otro fue enviado a la cárcelEl otro operativo se adelantó este jueves 4 de marzo en el aeropuerto internacional Camilo Daza en Cúcuta, Norte de Santander, donde a una persona le hallaron $26.900.000 en efectivo, 3.037 stickers de propaganda política y 5 folios con listados de nombres y apellidos.A esta lista se suman los reportados en el mes de marzo que han alcanzado notoriedad pues se trata de personas vinculadas con el ámbito político actual.Uno de ellos es el caso del escolta de la UNP y miembro del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes quien fue capturado con otra dos personas luego de que en su carro particular (el cual era remolcado en una grúa) encontraran $145.000.000 en efectivo y repartido en varios sobres de manila marcados con nombres de políticos de La Guajira.Esto ocurrió en la vía de Hatonuevo y dentro del vehículo también había propaganda alusiva a un candidato al Congreso quien ya se desmarcó de cualquier irregularidad.El otro caso es el de la captura del exconcejal de Montería, Misael Augusto Villarrea, detenido en Córdoba con $434.700.000. Su situación judicial está por definirse.
A través de un video compartido en redes sociales, la candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, María Bolívar Maury, denunció haber sido víctima de un atentado armado mientras se movilizaba por carretera durante la noche del martes.Según relató la aspirante, una motocicleta interceptó el vehículo en el que se desplazaba y realizó tres disparos que impactaron la camioneta. La candidata aseguró que fueron momentos de pánico en los que temió por su vida y por el futuro de su familia.“Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz”, afirmó.Bolívar aseguró que en medio del ataque pensó en sus hijos, de 7 y 8 años, y en la posibilidad de que se quedaran sin su madre. También señaló que el hecho refleja los riesgos que enfrentan quienes participan en política en medio de un ambiente de fuerte polarización.Tras el ataque, la candidata informó que presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se revisen las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Además, confirmó que ha tenido contacto con la Policía Nacional de Colombia, que le ofreció acompañamiento y apoyo en el proceso de investigación.El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad por la que aspira Bolívar, rechazó el ataque y aseguró que el atentado representa una grave amenaza contra su vida, su familia y el libre ejercicio de la política en Colombia.El partido explicó que el esquema de protección del vehículo evitó consecuencias fatales, pese a los disparos que impactaron la camioneta. La colectividad también expresó su preocupación por el clima de violencia que enfrentan líderes políticos y sociales en el país y pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad.La presidenta del partido, Berenice Bedoya, aseguró que el ataque fue un hecho real que pudo terminar en tragedia. “Fueron disparos reales, una intención real de hacer daño. Gracias a Dios y al blindaje de la camioneta hoy ella está viva”, señaló.Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también rechazó el atentado y aseguró que se activaron las medidas de protección. Según él, se comunicó con la Policía para brindar acompañamiento a la candidata y trasladó el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar y reforzar su esquema de seguridad.“En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política”, escribió el ministro en su cuenta de X.La candidata pidió justicia e insistió en que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar voces políticas ni para limitar el debate democrático.
El mando militar estadounidense responsable de los ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico confirmó el martes que inició operaciones conjuntas con Ecuador para combatir ese flagelo.El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTCHOM) informó en la red social X que ambos países habían lanzado maniobras militares contra "organizaciones terroristas designadas" en Ecuador, junto a un video en el que se veía el sobrevuelo de helicópteros."Las operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios de América Latina y el Pacífico para combatir el flagelo del narcoterrorismo", afirmó el ejército estadounidense en una publicación en X."Juntos, estamos tomando medidas decisivas para hacer frente a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio", añadió.El anuncio se produjo un día después de que Quito anunciara que Washington se había sumado a una "nueva fase" en su guerra contra las drogas.El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cercano al estadounidense Donald Trump, afirmó que Washington se encontraba entre los "aliados de la región" que participaban en estas nuevas operaciones contra los cárteles de la droga, que utilizan los puertos de su país para enviar cocaína de contrabando en los mercados internacionales.El lunes, Noboa se reunió en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur.En la cita abordaron planes de "intercambio de información y coordinación operativa" en aeropuertos y puertos, señaló la Presidencia en un comunicado.Alrededor del 70% de las drogas elaboradas por Colombia y Perú, el primer y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se envían a través de la vecina Ecuador.El tráfico de narcóticos ha desatado una sangrienta guerra territorial que ha convertido a uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más mortíferos en pocos años.Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder, en 2023.En diciembre del año pasado, Estados Unidos envío militares el puerto ecuatoriano de Manta (suroeste).
La CAR decretó por segunda vez en menos de un mes el Nivel de Alerta Preventiva por mala calidad del aire en el sector de Mochuelo, zona rural de Bogotá, luego de que la estación de monitoreo volviera a registrar concentraciones elevadas de material particulado fino (PM2,5), considerado altamente perjudicial para la salud humana.La medida anterior había sido levantada apenas ocho días atrás, pero los recientes reportes evidenciaron nuevamente niveles por encima de los límites permitidos. Esta situación encendió las alarmas de la autoridad ambiental, que advirtió que no se trata de una decisión administrativa, sino de una determinación técnica sustentada en los indicadores de calidad del aire.De acuerdo con la CAR, el panorama refleja una falta de compromiso por parte de algunas actividades industriales que operan en la zona, entre ellas ladrilleras, asfalteras y cementeras, señaladas de no priorizar acciones efectivas para la mitigación de contaminantes. El director general de la entidad, Alfred Ballesteros, fue enfático al señalar que la Dirección Regional Bogotá–La Calera tiene la instrucción de realizar un seguimiento estricto y adoptar medidas contundentes contra los responsables del deterioro ambiental.Mochuelo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, concentra un importante número de fuentes fijas de emisión, lo que históricamente ha generado preocupación entre comunidades y autoridades por los efectos en la salud de los habitantes, especialmente niños y adultos mayores. El material particulado PM2,5 puede penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.La corporación anunció que reforzará los operativos de control y vigilancia en el sector y mantendrá un monitoreo permanente de la calidad del aire. Aunque las lluvias intermitentes de los últimos días han contribuido parcialmente a dispersar los contaminantes, la entidad insiste en que no se han adoptado medidas suficientes para reducir las emisiones en la zona.Con esta nueva declaratoria, la CAR envía un mensaje de urgencia a los actores industriales para que implementen acciones inmediatas que permitan proteger la salud de la población y mejorar de manera sostenida la calidad del aire en esta área rural de la capital.
Inició el traslado del puente provisional que Invías instalará en el paso sobre el río Mulatos en Urabá y afectado por las recientes lluvias en la región. Más de 100 familias damnificadas en Antioquia también podrán acceder a subsidios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Al tiempo que por parte de la Gobernación de Antioquia avanzan obras civiles para rehabilitar cuanto antes el paso provisional en los puentes afectados por las fuertes lluvias de las últimas semanas en Urabá, entidades del Gobierno nacional también desarrollan parte de su gestión.Este es el caso del Instituto Nacional de Vías (Invías) que confirmó el inicio del traslado de toda la estructura metálica que será instalada como puente provisional sobre el río Mulatos y que sigue manteniendo incomunicado a Necoclí con San Juan de Urabá.La estructura que será instalada en los próximos días cuenta con 48 metros de longitud y capacidad para soportar hasta 52 toneladas. El Invías indicó que operará inicialmente a un carril con paso controlado, mientras avanzan las obras de cimentación y adecuación de apoyos para una solución estructural definitiva en esta zona.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó las gestiones adelantadas hasta ahora como respuesta técnica y logística prioritaria para atender la compleja situación que aún afronta el Urabá antioqueño.“El puente llega en 2 días, queda listo para poder ser instalado con lo que calculamos la solución más rápida posible para garantizar de nuevo esa conectividad”, indicó.Al tiempo de estas gestiones para recuperar la infraestructura y la movilidad en la zona, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo iniciará el desembolso de subsidios para familias afectadas por el fenómeno de La Niña en los últimos años y que se encuentran en el Registro Único Nacional de Damnificados.Se trata de un apoyo económico por 500 mil pesos que podrán cobrar por única vez 135 beneficiarios en el departamento acercándose a corresponsales bancarios autorizados, así como sucursales del Banco Agrario.
No cabe duda de que para miles de colombianos pensionados, la mesada que reciben de Colpensiones no solo es un ingreso, sino que se convierte en la base principal de su sustento diario. Sin embargo, aunque el derecho a la pensión es irrenunciable, no es automático ni incondicional.De hecho, la entidad ha reforzado sus mecanismos de control para garantizar que los recursos públicos lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos de ley. Ante esto, existen algunas causas que podrían llevar a que el pago de la mesada sea suspendido de forma temporal o definitiva.¿Por qué Colpensiones suspende el pago de las mesadas?Uno de los motivos más comunes para que el pago se suspenda es no acreditar la supervivencia, especialmente en el caso de pensionados que viven fuera del país. En Colombia, la verificación se cruza de manera automática con la Registraduría; sin embargo, quienes residen en el exterior deben presentar certificación cada seis meses ante el consulado o por canales autorizados. Si ese reporte no llega a tiempo, Colpensiones detiene los pagos de manera preventiva. Por otro lado, la mesada también puede frenarse cuando hay inconsistencias documentales o sospechas de fraude. Colpensiones realiza auditorías sobre historias laborales y soportes entregados por los afiliados; si detecta documentación presuntamente falsa, errores graves o indicios de suplantación de identidad, puede suspender el pago mientras adelanta la investigación correspondiente.En estos casos, la ley exige que la persona sea notificada y pueda ejercer su derecho a la defensa; si se comprueba la existencia de fraude, la pensión se cancela de manera definitiva y se activan procesos penales.Pensiones por invalidez y sobrevivencia pueden suspenderseLas pensiones por invalidez tampoco son estáticas. La normativa permite solicitar revisiones médicas periódicas para confirmar que la pérdida de capacidad laboral sigue siendo igual o superior al 50 %. Si el beneficiario no asiste a las valoraciones programadas, la mesada puede suspenderse.En el caso de las pensiones de sobrevivientes, también existen controles claros. Por ejemplo:Hijos mayores de edad que estudian deben presentar certificado de escolaridad al inicio de cada semestre.Cónyuges o compañeros permanentes deben demostrar convivencia y dependencia económica cuando la entidad lo requiera.La ausencia de estos documentos genera suspensión automática hasta que se subsane la situación.
Los hechos ocurrieron el martes 3 de marzo en un parque del barrio Florencia, de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, cuando el conductor de una moto de color rojo con negro fue grabado dando vueltas encima de una cancha en un parque infantil de barrio. Este conductor hizo varias maniobras por varios segundos en donde tampoco se ve la llegada de la autoridad.Según el video de la denuncia, la placa de la moto es IBV18H. Sin embargo, con lo que cuentan algunos habitantes de este barrio, no es la primera vez que las motocicletas invaden los andenes o parques de la localidad. Sin embargo, según el relato del denunciante, al pedirle al motociclista que se quitara de la cancha su respuesta fue “me pareció buena idea practicar acá”.Así las cosas, el concejal de Bogotá Juan David Quintero reiteró la denuncia y el llamado a la Secretaría de Movilidad, no solo para encontrar al conductor de esta moto para aplicar la sanción, sino también adelantar acciones contundentes para los motociclistas que sean captados cometiendo imprudencias viales como subir las motos a los andenes para evitar los trancones de Bogotá poniendo en riesgo la vida de varios transeúntes.Entretanto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá aseguró que ya comenzó la identificación de este conductor para aplicar la sanción, que según el distrito podría ser una multa de 30 salario mínimos, es decir, superior a 1.300.000 pesos.
Tras los recientes hechos de violencia registrados en el departamento del Caquetá, donde tres soldados perdieron la vida y uno más resultó herido, la gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Rafaela Cortés Zambrano, emitió un contundente pronunciamiento en el que refuerza las alertas de seguridad de cara a la jornada electoral del próximo domingo.Cortés Zambrano fue clara al señalar que las instituciones colombianas no se dejarán amedrentar por las acciones de grupos al margen de la ley que buscan desestabilizar el orden público en regiones estratégicas del país."El mensaje es claro: no vamos a ceder ante las amenazas ni ante los actos terroristas. Cada ciudadano tiene el derecho constitucional de elegir y ser elegido, y nuestro deber es evitar que alguien se lo impida", afirmó la mandataria.Como medidas inmediatas, la presidenta de la FND anunció el inicio de un trabajo de articulación con la Fuerza Pública y los organismos de control para reforzar la presencia institucional en las zonas más afectadas. El objetivo es garantizar que hechos como los ocurridos esta mañana no se repitan y que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con total tranquilidad."Tenemos plena confianza en nuestras instituciones y no vamos a rendirnos. Seguimos cerrando filas frente a los enemigos de la paz", concluyó Cortés Zambrano.Se espera que en las próximas horas se realice un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación en Caquetá y en otros departamentos que han reportado alteraciones al orden público.
En una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar los alcances de la Jurisdicción Agraria y Rural, representantes del Gobierno, entidades del Estado y gremios expusieron sus posiciones sobre cómo y por qué debe implementarse este sistema judicial para resolver los conflictos sobre la tierra en Colombia.La advertencia de Humberto de la CalleEl exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle, aseguró que la jurisdicción agraria es clave para cumplir lo pactado en La Habana, aunque advirtió que el modelo actual no corresponde completamente a lo acordado en las negociaciones.“Lo que realmente se pactó en La Habana no es lo que tenemos. Yo no quiero llorar sobre la leche derramada, pero desde el 2016 hice afirmaciones en ese sentido. Lo que realmente se pactó fue una jurisdicción agraria como órgano de cierre y, desafortunadamente, eso se tornó imposible por razones políticas y también incluso por la resistencia de las Cortes”, afirmó.Según indicó, la ausencia de ese órgano ha generado una bifurcación entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa que dificulta resolver con eficacia los conflictos agrarios.“Aquí todo lo que está aflorando es la ausencia de órgano de cierre autónomo de la jurisdicción agraria. Porque la persistencia de la bifurcación entre las dos jurisdicciones, civil y contencioso-administrativa, sí mantiene redundancias y, repito, bifurcaciones que van en contra de la necesidad de soluciones eficaces a esa conflictividad. No se pudo por razones políticas, luego toca ahora tratar de salvar lo que tenemos”, afirmó.Durante la audiencia pública, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, aseguró que la creación de esta jurisdicción permitiría atender conflictos relacionados con saneamiento de la propiedad, arrendamientos agrarios o prescripción adquisitiva de dominio.Además, aseguró que su existencia tiene base constitucional directa, “por lo que no depende de una decisión política posterior para su validez estructural y funcionamiento. En este orden de ideas no se requiere un desarrollo legal adicional necesariamente”, aseguró Cuervo.Adicionalmente, explicó que es viable designar despachos pilotos que operen transitoriamente con las reglas supletorias establecidas en el Código General del Proceso.“Han sido identificados por la política pública y que justifican una puesta en marcha progresiva, incluso antes de que exista una ley ordinaria que detalle competencias y procedimientos”, afirmó.La advertencia de la Agencia Nacional de TierrasEl director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, alertó que la ausencia de decisiones judiciales en materia agraria está frenando procesos clave para la reforma rural.Según explicó, el Gobierno ha gestionado cerca de 761 mil hectáreas, provenientes de compras voluntarias y de la incorporación de 288 mil hectáreas de baldíos de la Nación al Fondo de Tierras.Sin embargo, asegura que existen 2.592.000 mil hectáreas ofrecidas voluntariamente por propietarios para su venta al Estado, de las cuales más de 1,6 millones son presuntos baldíos y otras 600 mil tienen composición mixta de propiedad, lo que impide comprarlas o recuperar esos terrenos.“A la hora de iniciar el proceso agrario, hoy frente a la negación de la entrada en vigencia de la jurisdicción agraria, tampoco podemos resolver la facultad que ya teníamos en la ley 160. Entonces, propietarios que voluntariamente han ofertado sus tierras para cumplir el acuerdo de paz, ni se les puede comprar ni se recuperan los bienes baldíos de la nación. Porque en este limbo efectivamente se generan todas las trazabilidades concretas que ralentizan la posibilidad de que el acuerdo honre con su palabra la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.El llamado al Congreso: 63 días para debatir la jurisdicciónDesde el Gobierno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria sigue sin ser debatido en el Congreso y que el tiempo, ya es limitado.“Ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción”, señaló.En el mismo sentido, el ministro de Justicia pidió al Congreso avanzar en el trámite de la iniciativa.“El Proyecto de Ley Estatutaria fue aprobado por el Congreso de la República y, tras el control automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-340, declaró su exequibilidad con algunas precisiones y condicionamientos en agosto de 2025. El 11 de noviembre, el expediente fue remitido al Congreso para que proceda conforme a sus competencias y adelante las actuaciones correspondientes sin que tengamos novedad a la fecha. Hacemos un llamado al presidente del Congreso para que proceda con el envío del expediente a la Presidencia para la sanción definitiva”, señalo el ministro.Jueces especializadosDurante la audiencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que los conflictos agrarios continúen siendo resueltos por jueces especializados en temas de tierra, con el fin de evitar que los procesos se diluyan entre distintas jurisdicciones.“Sería inadmisible cualquier retroceso en materia del debido proceso y en la garantía que hoy tiene la ciudadanía para que sean los jueces quienes resuelvan los procesos agrarios. Así las cosas, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia consideramos que, más allá de los errores técnicos de los que adolece la demanda, por los cuales la Corte debería declararse inhibida, el debate constitucional propuesto y la decisión que adopta este Tribunal será determinante para la estabilidad de los arreglos institucionales y las garantías judiciales que hoy existen para dar cumplimiento al acuerdo final”, aseguró.Bedoya advirtió que trasladar estas decisiones a entidades administrativas podría afectar la imparcialidad y el acceso a la justicia en los conflictos sobre la tierra.“Sería un enorme retroceso que se pierdan garantías y que se sacrifique la imparcialidad y autonomía judicial al confiar la decisión de estos conflictos sobre la tierra a un funcionario del Ejecutivo que responde como es natural a los propósitos y a la agenda del Gobierno de turno”, concluyó.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia alertó sobre eventuales retrasos en el pago de las mesadas pensionales correspondientes al mes de febrero de 2026, situación que podría impactar a los pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación y del Hospital San Juan de Dios.La advertencia quedó expuesta en una circular, en donde la entidad explicó que actualmente atraviesa una coyuntura jurídica derivada de procesos judiciales iniciados con anterioridad por algunos pensionados.Como resultado de estas demandas, se impusieron medidas cautelares, entre ellas el embargo de cuentas del Fondo, lo que ha afectado su flujo de recursos, por lo que el pago de esta obligación podría verse afectado.Según el documento, los embargos ordenados en el marco de estos procesos judiciales han limitado la disponibilidad de los recursos con los que la entidad cumple sus obligaciones, entre ellas el pago mensual de las pensiones. Aunque el Fondo no confirmó un incumplimiento generalizado con anterioridad, sí advierte sobre eventuales demoras en el giro oportuno de las mesadas para sus usuarios.Este Fondo fue creado mediante el Decreto 1591 de 1989 y tiene como función principal administrar y pagar las pensiones legales y convencionales de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, así como otras prestaciones asistenciales reconocidas a sus beneficiarios.Sin embargo, frente a este panorama, la entidad aseguró que ya adelanta diferentes gestiones administrativas, financieras y jurídicas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de superar la contingencia y restablecer la normalidad en sus operaciones.El objetivo, según indicaron en el comunicado, es garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y evitar afectaciones a largo plazo y prolongadas a los pensionados, quienes dependen de estas mesadas como su principal fuente de ingreso.
Se realizó en Bogotá la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral de cara a los comicios de este domingo, 8 de marzo. La sesión estuvo liderada por los ministros del Interior y Defensa, el procurador y el registrador Hernán Penagos, quien hizo un llamado a que las dudas sobre el proceso que han sido manifestadas desde el Gobierno se hagan en justas proporciones. Además, anunció que de ser necesaria una auditoría forense, sería autorizada.“Entiendo la preocupación, porque la política es así. Pero no lleguemos a extremos que terminan matando gente por eso, que terminan asesinando personas. Llevemos a las justas proporciones. Si hay que hacer auditoría forense está autorizada. También cualquier otra actividad, tratamos de hacerlo, hacemos auditoría forense del proceso. La iniciamos la semana entrante, sin problema una vez avance escrutinio porque estamos trabajando para que todo salga bien”, dijo el registrtador.Esto a propósito de la alocución del presidente Petro esta semana en la que volvió a insistir en cuestionar los softwares para el conteo de votos y pidió vigilancia a través de testigos electorales que impugnen las mesas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró los alcances de esa solicitud.“El presidente dice impugnar cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó, todos esos casos son para impugnación”, explicó.El presidente también ordenó perseguir los delitos electorales. En ese sentido, se pronunció durante la sesión el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunciando que hasta la fecha han incautado más de 1.000 millones de pesos en operaciones vinculadas a este tema.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, detalló.Por último, la Misión de Observación Electoral alertó que en el último mes aumentó de 170 a 185 el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude, es decir, 15 más frente al informe del 4 de febrero. De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. “Cauca y Antioquia son los que mayor nivel de riesgo tienen. Son amenazas de distintos tipos de actores armados", dijo la directora de esta organización, Alejandra Barrios.
Durante su intervención en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, realizada en Bogotá, el procurador general, Gregorio Eljach, sostuvo que la entidad viene cumpliendo con una función constitucional, con el objetivo de garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Es por esto por lo que desde el Ministerio Público, como actividad preventiva, estableció dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral."Venimos cumpliendo con una función constitucional, que es garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Eso es el fundamento de la actividad preventiva que viene haciendo la Procuraduría y para eso establecimos no una sino dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral”, dijo el procurador.Asimismo, afirmó que hasta el momento no han encontrado ningún indicio que evidencie algún tipo de fraude para las elecciones del próximo domingo."No hemos encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. No lo hemos encontrado, ni hace 15 días, ni ayer y hasta hoy. Lo que no quiere decir que, si llega a aparecer algo, también lo diré aquí y en público, porque es mi deber", puntualizó.El jefe del Ministerio Público hizo una invitación a los ciudadanos para "que el domingo cada uno defienda sus intereses legítimos, hagan su trabajo electoral, así como los testigos que representan a cada uno de los partidos, sin dejar de lado la tranquilidad, la calma y el respeto por lo demás".
En desarrollo del Plan Democracia 2026, tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias “Daniel” o “Político”, señalado cabecilla pseudopolítico del denominado Cartel del Clan del Golfo, en la vereda El Amparo, zona rural del municipio de Ituango.El operativo fue adelantado por el Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, con apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 7, en coordinación con el CTI Antioquia y la Fiscalía Especializada EDA.Alias “Daniel”, con cerca de cinco años de trayectoria criminal, fue interceptado en caminos veredales cuando transportaba un costal que en su interior contenía 40 barras de explosivo, 98 detonadores aneléctricos y 300 metros de mecha de seguridad. Durante el procedimiento también le fue incautado un equipo celular.De acuerdo con información de inteligencia militar, el capturado sería el encargado de coordinar actividades de extorsión y de convocar reuniones en las que, mediante amenazas, presionaba a la comunidad para brindar apoyo a determinados candidatos en las elecciones. Incluso, habría utilizado explosivos como mecanismo de intimidación para obligar a la población civil a asistir a esos encuentros.La comunidad lo habría identificado plenamente, lo que facilitó su ubicación y posterior captura.Según las autoridades, este resultado operacional impacta directamente el subsistema pseudopolítico del Clan del Golfo en el norte de Antioquia y permitió anticipar un presunto plan para afectar la jornada electoral del 8 de marzo en zonas rurales de Ituango y municipios cercanos como Peque, Sabanalarga y Toledo.El capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización. El Ejército aseguró que continuará desplegando operaciones para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del voto en la región.
La desaparición de siete jóvenes en San Sebastián de Mariquita y Fresno, en el norte del departamento del Tolima, desde el año pasado, encendió las alarmas a nivel nacional. Las autoridades confirmaron una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información veraz que permita dar con su paradero.Los jóvenes reportados como desaparecidos son: Zait Esteban Delgado, David Santiago Toro Arévalo, Sergio Andrey Venegas Moncada, Luisa Fernanda Chavarro Díaz, Fredy Hernando Galindo Cruz, Santiago Izquierdo Cuervo y Alejandra Arias León.Según las autoridades, fueron vistos por última vez en los municipios de San Sebastián de Mariquita y Fresno. Sus edades oscilan entre los 18 y 21 años, lo que ha generado gran preocupación entre la comunidad y sus familias.Consejo de Seguridad y recompensaTras un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en la Escuela de Aviación de Mariquita, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, anunció la activación de un plan de búsqueda liderado por un alto oficial de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial.“Los extrañamos y nos duele en el corazón que estén desaparecidos”, expresó la mandataria, quien confirmó la aprobación de un plan de recompensas de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la ubicación de los jóvenes. La Gobernación y las alcaldías de Mariquita y Fresno desplegarán una estrategia de difusión masiva para que la ciudadanía conozca los rostros y datos de los desaparecidos.La gobernadora también anunció que, a partir del 9 de marzo, se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en ambos municipios y que desde el 14 de marzo se iniciará un plan de intervención integral en barrios urbanos y zonas rurales de Mariquita.De manera paralela, la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer del Tolima brindarán acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.“Estos hechos no solo le han dolido a Mariquita; le han dolido a todos los tolimenses. Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes”, concluyó Matiz, advirtiendo que habrá mano dura contra los responsables.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información a través de las líneas 123 de la Policía Nacional o el 165 del Gaula.
A tres días de las elecciones del 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que en el último mes aumentó el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude. Según la actualización del mapa, se pasó de 170 a 185 territorios, es decir, 15 más frente al informe presentado el 4 de febrero.De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. La MOE advirtió que este incremento se da en un contexto en el que continúan las amenazas al voto libre y a la transparencia del proceso electoral.El panorama en materia de violencia también empeoró. La misión identificó 37 municipios adicionales, para un total de 376 en riesgo por este tipo de factores, lo que equivale al 34 % del país. De estos, 145 están en riesgo extremo, 106 en alto y 125 en medio.En el análisis departamental, Cauca y Antioquia encabezan la lista con 21 y 20 municipios en riesgo, respectivamente.Otro de los puntos destacados del informe tiene que ver con la plataforma “Pilas con el Voto”, que ha recibido 145 reportes ciudadanos de posibles irregularidades. El 60 % de estos casos está relacionado con presiones al voto libre y participación indebida de funcionarios públicos en política.La conclusión del organismo es clara: existe la necesidad de que las autoridades refuercen la vigilancia, coordinen planes de seguridad y garanticen que no se repitan errores logísticos o tecnológicos de elecciones anteriores, tanto durante la jornada como en el preconteo y la consolidación de resultados.
La emboscada perpetrada en zona rural de Cartagena del Chairá no solo dejó tres soldados muertos y uno herido, sino también la pérdida de armamento de dotación oficial que quedó en poder de la estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, responsable del ataque.El hecho ocurrió hacia las 7:00 de la mañana de este martes 4 de marzo en el área de operaciones del sector Santo Domingo, cuando tropas de la compañía C del Batallón de Despliegue Rápido No. 36 (Badra 36), adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, sostuvieron combates directos contra integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’, facción de las disidencias de las Farc.En la acción armada fueron asesinados los soldados profesionales Luis Mauricio Morales Leal, Alexis Muñoz y Josué David Uribe Chinchilla. Además, resultó herido otro soldado profesional, quien recibió un impacto en el hombro izquierdo y fue evacuado para atención médica.De acuerdo con el reporte operacional, tras el ataque fue reportado como material perdido una ametralladora M60 y tres fusiles Ace, armamento que habría quedado en poder del grupo armado ilegal tras la incursión. Las autoridades avanzan en el desarrollo de maniobras ofensivas para neutralizar a los responsables y recuperar el control total del área, en una región donde la estructura ‘Carolina Ramírez’ mantiene presencia armada.
La delegada de la Policía de Río de Janeiro, Tahianne Moraes, defendió la megaoperación contra la banda criminal Comando Vermelho que resultó en 132 muertes. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Moraes justificó el accionar policial como una respuesta a criminales que usaban "armas de guerra" y culpó de la situación a una prohibición judicial previa que impidió a las fuerzas de seguridad entrar a las favelas durante cinco años.El operativo, que también dejó cuatro policías muertos y más de un centenar de detenidos, ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha sido calificado como un "golpe histórico" contra el narcotráfico.Tahianne Moraes, quien participó en la dirección de los operativos, respondió a los señalamientos sobre un uso excesivo de la fuerza y posibles violaciones a los derechos humanos. La delegada insistió en que las muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos directos."Moraes fue enfática en que la policía actuó en legítima defensa y bajo el amparo de la ley y negó que existiera una orden de "entrar a matar": “En Brasil, la ley no permite que entremos matando. Eso en ningún momento fue una decisión o una orden de la policía. (...) Si atiramos en cuanto policiales, es que en un momento inmediatamente anterior recibimos rifles y tiros”, agregó.La funcionaria aseguró que todos los fallecidos eran miembros de la facción criminal: “Los 132 son todos faccionados de Comando Vermelio. Estaban con rifles”.La prohibición judicial que fortaleció al Comando VermelhoMoraes atribuyó la escalada de violencia y el poder alcanzado por el Comando Vermelho a una decisión judicial que limitó el accionar policial en los últimos años.“¿Quien mató a estas personas? ¿Fue el tráfico de drogas? (...) Por una decisión histórica de nuestra Corte constitucional que prohibió operaciones policiales en áreas de comunidades dominadas por comercio ilegal de drogas”. Según la delegada, esta restricción de cinco años permitió que los criminales se volvieran "más poderosos, más agresivos", llegando a un punto en que "la criminalidad organizada estaba determinando a dónde la población podría ir". La operación, afirmó, buscaba "poner un punto final en los dictámenes del crimen organizado".Polémica con Lula y contexto del operativoEl operativo ha generado una crisis política en Brasil. El presidente Lula da Silva se declaró inicialmente "horrorizado" por los hechos. Sin embargo, la delegada Moraes aseguró que el mandatario federal cambió de parecer tras comprender la gravedad de la situación en Río de Janeiro.“[Lula] cambió su discurso y aceptó un acuerdo con el gobierno de Río de Janeiro. Porque revisitó su posición y verificó su error. Los criminales no pueden seguir como están”.Tras la crisis, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el gobernador de Río, Claudio Castro, acordaron la creación de una entidad conjunta de combate al crimen organizado, integrando fuerzas federales, civiles y militares.Paralelamente, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anunció una investigación especial para determinar si la operación cumplió con los protocolos legales o si ocurrieron ejecuciones extrajudiciales. El caso ha tenido repercusión internacional; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó el operativo con la Operación Orión, ocurrida en la Comuna 13 de Medellín en 2002.Ante la comparación y la pregunta sobre posibles abusos, Moraes reiteró que la operación fue "rigurosamente... cautelosa con todos estos protocolos" y que "las muertes fueron todas en confronto".
Compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, negaron abastecer de combustible el avión en el que viajó a Arabia Saudí el presidente Gustavo Petro, porque el mandatario fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como 'Lista Clinton'."Fuentes cercanas de la Casa de Nariño le confirmaron a este medio que tal suceso, el cual sigue colocando en el ojo del huracán al jefe de Estado, es verdad", señaló el diario.Petro, por su parte, agradeció el martes, antes de que se conociera lo ocurrido con el combustible, "la ayuda del Reino de España para poder llegar" a donde fue invitado, sin dar más detalles del suceso.El avión presidencial fue traslado a una base militar donde reabasteció combustible y siguió su camino hacia Arabia Saudí.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico.Esto implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ellos.Sin embargo, Petro aseguró la semana pasada que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no lo afectan.Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Washington retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encendió las alertas frente a algunas partes de la Ley 2439 de 2024, conocida como “Compra informado, compra protegido”, que reformó el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). Según la superintendente Cielo Rusinque, la nueva norma podría debilitar los mecanismos de protección y control estatal sobre las empresas del comercio electrónico.Para la funcionaria, esta disposición abre la puerta a que los infractores eviten sanciones sin que exista un marco técnico claro sobre los estándares o la acreditación de las entidades certificadoras.“El proyecto no establece estándares mínimos ni exige que las entidades certificadoras tengan acreditación oficial. Cualquier persona podría emitir una certificación y obligar a la SIC a reducir sanciones o cerrar procesos, debilitando el efecto disuasivo de la ley”, advirtió Rusinque.La superintendente también cuestionó que el artículo introduzca la figura de las garantías de cumplimiento como mecanismo para suspender o terminar la acción sancionatoria, sin definir su alcance ni prever consecuencias en caso de incumplimiento.“Aunque se argumenta que estas medidas benefician a los consumidores, en la práctica resultan inconvenientes, pues crean mecanismos que permiten eludir las consecuencias del incumplimiento normativo”, agregó.La Ley 2439 fue expedida el 19 de diciembre de 2024 con el propósito de actualizar el Estatuto del Consumidor frente al auge del comercio electrónico, sector que ha crecido exponencialmente desde la pandemia del COVID-19. La norma busca establecer un marco jurídico especializado para las transacciones digitales, con obligaciones específicas para plataformas, proveedores y vendedores en línea.Pese a sus objetivos, el debate sigue abierto. Mientras los promotores de la iniciativa defienden que la ley impulsa la autorregulación empresarial y agiliza la protección de los usuarios digitales, la Superintendencia insiste en que ciertos artículos podrían debilitar la capacidad sancionatoria del Estado y comprometer la efectividad del control en defensa de los consumidores.
El Ministerio de Agricultura declaró como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) a los municipios de Salgar y Tarso, en el Suroeste de Antioquia. La resolución fue publicada en la plataforma SUCOP y convierte a estos territorios en zonas con uso prioritario para la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.Con esta decisión, ya son cinco los municipios antioqueños que cuentan con esta figura de protección. Concordia, Fredonia y Venecia habían sido incluidos anteriormente, en el marco del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.Según el Ministerio, el propósito de las APPA es proteger los suelos con alta vocación agrícola, garantizar la soberanía alimentaria y salvaguardar el derecho humano a la alimentación. La cartera sostiene que estas áreas no definen qué producir ni restringen el desarrollo rural, sino que buscan brindar herramientas técnicas a los campesinos para fortalecer la producción de alimentos y evitar la “artificialización” de los suelos.No obstante, la medida ha reavivado la controversia sobre la autonomía territorial. Diversas organizaciones y actores políticos sostienen que las APPA otorgan al Gobierno Nacional un poder excesivo sobre el uso del suelo, que debería corresponder a los concejos municipales y distritales.“Que, en ese orden, corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecer la zonificación y las restricciones de uso de las APPA, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, para que los municipios, distritos, departamentos y actores públicos y privados las tengan en cuenta en la implementación de proyectos, obras o actividades en territorio. Estas áreas deberán mantener sus características y condiciones naturales para las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas a lo largo del tiempo, evitando su artificialización”, se lee en la resolución de la cartera de Agricultura.El Ministerio ha sostenido que el marco normativo vigente, incluido el Decreto-Ley 4145 de 2011 y el Decreto 3600 de 2007, compilado por el Decreto 1077 de 2015, respalda su competencia para definir las zonas rurales de protección agrícola, las cuales deben ser incluidas por los municipios en sus planes de ordenamiento territorial.En el caso de Antioquia, la declaratoria abarca 2.467 hectáreas en Tarso y 5.900 hectáreas en Salgar, de acuerdo con el documento técnico elaborado por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales (UPRA). Estas áreas deberán conservar sus características naturales y vocación agropecuaria para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.El debate sobre las APPA se mantiene abierto entre quienes las ven como un instrumento para asegurar la producción alimentaria del país y quienes las consideran un mecanismo centralista que reduce la capacidad de decisión de los Gobiernos locales sobre su territorio.
July Alejandra Alarcón y su novio, Maycol Nivia, viajaron el pasado 28 de octubre de 2025 hacia Cancún, México, con el propósito de disfrutar unas vacaciones. Según familiares, la pareja contaba con todos los documentos en regla: tiquetes de ida y regreso, reservas de hotel, actividades turísticas y traslados incluidos. Todo el plan fue gestionado por la agencia Kayrosgo S.A.S., en alianza con la empresa Rua Club. Su hospedaje estaba programado en el hotel Ocean View.Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Cancún, ambos fueron retenidos por autoridades migratorias luego de que, presuntamente, no fuera posible confirmar la reserva hotelera, pese a que la agencia aseguró posteriormente que esta sí se encontraba vigente. Según la familia, no se les dio una explicación clara sobre la retención.Blu Radio contactó al hotel Ocean View, donde confirmaron que la reserva figura a nombre de July Alejandra Alarcón, pero señalaron que no aparece registrado el pago de la estadía, lo cual habría generado inconsistencias para autorizar su ingreso al país.Ante esta situación, la madre de July, Bertilda Vásquez, manifestó su preocupación, afirmando que no sabe nada de su hija desde las 11:00 p. m. del pasado lunes. “Como madre, me encuentro profundamente angustiada, sin poder dormir ni tener paz, temiendo por su seguridad y por el trato que lamentablemente muchos colombianos han recibido en aeropuertos de México”, expresó.La señora Vásquez también aseguró que su hija ya ha salido del país en ocasiones anteriores a destinos como Australia y Brasil, siempre cumpliendo con los requisitos migratorios, por lo que le resulta extraña la situación que ahora enfrenta en México.La agencia Kayrosgo informó el caso al Consulado de Colombia en Cancún, desde donde indicaron haber contactado al Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado información oficial sobre el paradero de la pareja.Entre tanto, Bertilda permanece desde las 10:00 a. m. en las oficinas de la agencia, esperando una respuesta que brinde tranquilidad frente al retorno de su hija y de su pareja.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ha elegido a Bogotá como sede de su 42º congreso trienal, un encuentro que reunirá del 27 al 31 de octubre de 2025 a más de 200 defensores y defensoras de derechos humanos provenientes de todos los continentes. Durante cinco días, la capital colombiana se convertirá en un espacio de reflexión y acción frente a los profundos desafíos que enfrenta la humanidad en materia de justicia, democracia y sostenibilidad.La cita llega en un contexto internacional alarmante. Las guerras en Ucrania y Sudán, el genocidio en Gaza y el resurgimiento de un nuevo bloque autoritario han puesto en jaque las libertades más básicas. Derechos como la libertad de manifestación, la igualdad, el acceso a la justicia y la protección del medio ambiente sufren un preocupante deterioro en distintas regiones del planeta. Frente a este panorama, la FIDH y sus 188 organizaciones de 116 países hacen un llamado a fortalecer la cooperación global en defensa de los valores democráticos.Para la organización, “la defensa de los derechos humanos comienza sobre el terreno, lo más cerca posible de las víctimas, documentando las violaciones y exigiendo la rendición de cuentas a los Estados, actores no estatales, empresas e individuos”. Esta filosofía guiará las discusiones del congreso, que buscará diseñar estrategias conjuntas frente a la impunidad y las nuevas formas de represión política y social.Colombia, elegida por su papel en la construcción de pazLa decisión de realizar el congreso en Colombia tiene un profundo valor simbólico. Cada edición se celebra en una región distinta, reflejando la diversidad del movimiento por los derechos humanos. En esta ocasión, la FIDH destaca que el país “representa tanto los desafíos como las oportunidades de los procesos de paz, la justicia climática, la migración, los derechos de los más vulnerables y la justicia transicional”.Aunque Colombia ha avanzado en su camino hacia la reconciliación, los altos niveles de violencia, las amenazas a líderes sociales y los conflictos territoriales siguen siendo un recordatorio de que la paz es un proceso en construcción. Por ello, Bogotá se proyecta como un símbolo de resiliencia y un punto de encuentro ideal para fortalecer los lazos entre organizaciones locales e internacionales comprometidas con la reparación y la no repetición.Un foro para repensar la justicia globalEl congreso incluirá el foro público “Actuar para un mundo sostenible, derechos universales y sociedades justas”, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre. Este espacio abordará temas centrales como la defensa de la democracia y la paz, la lucha contra el populismo y la violencia de género, la desinformación y el impacto de las nuevas tecnologías, así como la justicia climática, las economías alternativas, la corrupción y el crimen organizado.Entre los participantes se esperan relatores especiales de la ONU, expertos en justicia transicional y académicos reconocidos internacionalmente, quienes debatirán sobre cómo revitalizar la defensa de los derechos humanos en un escenario global marcado por la polarización y la desigualdad.Con este encuentro, la FIDH busca reafirmar su compromiso con un principio esencial: la construcción de un orden internacional basado en la dignidad, la justicia y la igualdad, pilares fundamentales para garantizar sociedades más libres, justas y sostenibles.