El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la responsabilidad de Paul Naranjo y Julián Ortegón en la muerte de Ana María Castro. Sin embargo, también estableció que se trató de homicidio agravado y no de feminicidio. El monto de la condena también favorece a estos dos hombres, pues ahora deben pagar 33 años y no 41 años, como inicialmente se determinó.Los hechos ocurrieron en marzo del año 2020 en la calle 80, cerca al centro comercial Titán, en el occidente de Bogotá. La investigación determinó que Naranjo y Ortegón lanzaron a la joven molestos porque se había besado con su amigo Mateo Reyes.Cabe recordar que la Fiscalía desde el inicio consideró que Paul Naranjo, conductor de la camioneta y Julian Valente, acompañante, actuaron premeditadamente para causar el feminicidio de Ana Maria Castro y se aprovecharon del estado de embriaguez de la joven, para lanzarla del vehículo sin medir las consecuencias de ese hecho ni tener consideración alguna por los daños que le podrían haber causado.Tanto Naranjo como Ortegón deben cumplir la condena en una cárcel, después de un juicio que duró años y donde alegaron, a través de sus abogados, que eran inocentes y que no tenían nada que ver con la muerte de la joven.Le puede interesar "Presidente Petro cambió la terna para fiscal general: la nueva integrante es Luz Adriana Camargo":
Una jueza con funciones de conocimiento del complejo judicial de Paloquemao condenó a 41 años y seis meses de prisión a Paul Naranjo y Julián Ortegón, los dos jóvenes hallados culpable de la muerte de Ana María Castro.Tanto Naranjo como Ortegón fueron declarados culpables después de un juicio que duró varios meses y donde alegaron, a través de sus abogados, que eran inocentes y que no tenían nada que ver con la muerte de la joven.Sin embargo, la jueza 42 de conocimiento avaló las pruebas presentadas por la Fiscalía que concluyeron que Ana María Castro fue lanzada desde el vehículo en movimiento y en el que viajaba con estos dos jóvenes, al igual que con su amigo Mateo Reyes.Los hechos ocurrieron en marzo del año 2020 en la calle 80, cerca al centro comercial Titán, en el occidente de Bogotá.La investigación determinó que Naranjo y Julián Ortegón lanzaron a la joven molestos de que esta se había besado con su amigo Mateo Reyes.La decisión fue apelada por el abogado de los dos jóvenes.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
La jueza 42 penal condenó a Paul Naranjo y Julián Ortegón por el asesinato de la joven Ana María Castro, de 21 años, ocurrida el 5 de marzo de 2020, luego de departir con unos amigos en bares de la calle 116.Al respecto, Noticias Caracol habló con Nidia Romero, la madre de Ana María Castro, quien dijo que esperaba que se hiciera justicia.“Lo esperado, lo luchado. Uno no debería alegrarse de estas cosas, es que ni siquiera uno debería estar pasando por esta situación. Ana María debería estar acá, pero ya que es una situación que, primero que todo, yo no escogí, la he asumido durante todo este tiempo y pues me alegra su decisión”, dijo Nidia Romero.En el proceso fueron determinantes los testimonios de Mateo Reyes y del conductor de una plataforma, identificado como Daniel Alejandro Novoa, quienes coincidieron en señalar que vieron que a Ana María Castro la botaron del vehículo como arrojar un paquete.“El despacho ha procedido a analizar todas y cada una de las pruebas practicadas en juicio en concordancia con la acusación y demás elementos probatorios debidamente incorporados al diligenciamiento, así como los argumentos y alegaciones de partes e intervinientes, para con fundamento en ello, emitir la decisión que se anuncia desde ya es de condena”, señaló la juez.
Este jueves, 26 de agosto, el juez 39 de control de garantías de Bogotá determinó que no han transcurrido los 120 días que consagra la ley penal para dejar en libertad a Paul Naranjo y por eso le negó el beneficio al señalado de haber participado en el crimen de la joven Ana María Castro, el 5 de marzo de 2020.El juez indicó que el juicio en el que responden Paul Naranjo y Julián Ortegón no ha comenzado, por razones que no son atribuibles a la Fiscalía, ni a la judicatura, porque desde el 18 de junio, cuando iba a darse inicio al juicio, se enfermó el fiscal y fue intervenido quirúrgicamente, lo cual es un hecho fortuito que no puede atribuirse a la administración de justicia.“La Fiscalía aportó un correo electrónico enviado al juez 42 penal del circuito de conocimiento, en el que indicaba que le acababa de ser expedida una incapacidad por el término de 23 días, debido a una patología ocular que incluso, de acuerdo con el diagnóstico que le hizo su médico tratante, correspondería eventualmente la necesidad de hacer una cirugía para la cual debía guardar un reposo absoluto. Esa imposibilidad del titular de la Fiscalía no puede ser imputada como dilación del proceso ni a la Fiscalía, ni a la judicatura”, explicó el juez.Agregó que, a pesar de esta circunstancia, de acuerdo con los términos contabilizados, no se han sobrepasado, porque no se tiene en cuenta el periodo del 18 de junio al 15 de julio.“El término transcurrido entre la radicación del escrito de acusación y la fecha en la que se solicita la libertad (hoy), no ha superado los 90 días, es decir que, a la fecha, la judicatura cuenta con 30 días, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de juicio que está programado para los primeros días de septiembre, por lo que no resulta procedente decretar la libertad del ciudadano Paul Naranjo”, concluyó el juez.
Con carteles que exigen justicia y diferentes letreros que señalan a "Ana María la mataron”, familiares y amigos de Ana María Castro adelantaron un plantón en los juzgados de Paloquemao, todos rechazaron la posibilidad de que los principales investigados de este caso, Paul Naranjo y Julián Ortegón puedan quedar en libertad por vencimiento de términos.BLU Radio conoció que la diligencia se adelantará el próximo 26 de agosto. Este sábado los allegados a Ana María Castro rechazaron esta posibilidad.Por su parte, la defensa de Paul Naranjo y Julián Ortegón ha señalado en varias oportunidades que ellos no han dilatado el proceso y que tienen como principal hipótesis que la muerte de la joven fue producto de un accidente.El proceso penal por la muerte de la joven registrada el 5 de marzo de 2020, en el Occidente de Bogotá, está en etapa preparatoria del juicio oral.
Este lunes, 9 de agosto, durante la audiencia preparatoria donde se exponen todas las pruebas que serán debatidas en el juicio, el abogado John Cadena, quien defiende a Paul Naranjo, conductor de la camioneta de la cual fue presuntamente arrojada Ana María Castro, destacó la importancia de contar con la totalidad del material que fue filmado por una cámara de seguridad de la chatarrería Tolima, ubicada cerca a la calle 80 con carrera 68, y en el cual se observa la manera como descendieron del vehículo la joven y Mateo Reyes.Por su parte, el abogado Gilberto Rondón, defensor de Julián Valente Ortegón, otro de los implicados en el caso, aseguró que con este video se desvirtuará la tesis de la Fiscalía, según la cual Ana María Castro fue arrojada de la camioneta que conducía Paul Naranjo y en el que iba de copiloto su cliente.Rondón indicó que, además, se contará con peritos psicólogos y médicos legistas, quienes explicarán la manera como puede fracturarse un cuerpo con una caída de un vehículo en movimiento o por un atropellamiento.En la audiencia también se escuchará a un experto investigador audiovisual para que explique la importancia de las imágenes que grabó la cámara de seguridad.Por último, la juez también admitió más de un centenar de pruebas solicitadas, tanto por la defensa como por la Fiscalía, en este juicio, el cual se iniciará el próximo lunes, 6 de septiembre.Escuche la información en el audio adjunto:
A través de su cuenta de Instagram, Nidia Castro, mamá de Ana María Castro, de 21 años de edad, asesinada el 5 de marzo del año pasado, denunció demoras en el proceso judicial que lleva la Fiscalía contra Paul Naranjo y Julián Ortegón, señalados como presuntos responsables.“Este video es mi voz de protesta por la forma en que se está llevando el caso. Los implicados piden y piden tiempo en cada audiencia para limpiar sus nombres cuando les bastó solo minutos para que mi hija apareciera muerta después de haber salido con ellos", aseguró la mamá de la joven en el video publicado.Además del video publicó una imagen que decía: “no pues, sí quieren les damos plazo hasta el 2030. No cabe en mi cabeza tanto descaro, que se siga aplazando y se les otorgue plazo. Bastó una noche para que la mataran pero necesitan más de 1 año para que se haga justicia”, dice la publicación. Las publicaciones las hace la madre de Castro, días después de que aplazaran el inicio de las audiencias preparatorias contra los jóvenes Naranjo y Ortegón, las cuáles estaban programadas para el lunes de esta semana, pero fueron aplazadas hasta el 18 de junio. Estas diligencias son las que anteceden el juicio.Los jóvenes fueron acusados como presuntos responsables del delito de feminicidio agravado, cargos que no aceptaron.Según la narración del fiscal del caso, los hechos ocurrieron entre 1:30 de la mañana y la 1:45 de la madrugada, del 5 de marzo, en la calle 80 con carrera 69, en el occidente de Bogotá, cuando Ana María fue, supuestamente, golpeada al interior de un vehículo y arrojada a la calle.
Mateo Reyes, uno de los tres jóvenes que se encontraban con Ana María Castro la noche de su muerte y el único que no es investigado por la Fiscalía, solicitó medidas de protección ante las autoridades.Según la Fiscalía, el joven solicitó esta medida por seguridad y fue negada porque no se encontró relación entre el pedido y la muerte de Ana María Castro, pero según el abogado de Mateo Reyes, fue la propia Fiscalía la que ofreció la protección al conocer de las supuestas amenazas.Sin embargo, Mateo Reyes permanece fuera del país mientras se aclaran las amenazas que supuestamente ha recibido. Por otro lado, un juez cuestionó las actuaciones de la Fiscalía en el caso de Castro, pues hizo un llamado para que se sustente mejor su argumento para acusar a Julián Ortegón y a Paul Naranjo de feminicidio.Además cuestionó que la Fiscalía no ha podido demostrar que Naranjo y Ortegón hayan querido ocultar el celular de Ana María Castro y así evadir a la justicia. El próximo 5 de abril, se espera que se defina si se mantiene la medida de aseguramiento contra Julián Ortegón o si se le otorga la libertad.
La Fiscalía llamó a juicio a Paul Naranjo y Julián Ortegón por la muerte de Ana María Castro.La teoría de los investigadores es que ese 5 de marzo del 2020, los dos hombres habrían lanzado a Ana María Castro, de 21 años, de la camioneta que conducía Naranjo, al parecer, por un caso de celos.La teoría de la Fiscalía es que hubo un disgusto de Ortegón y Naranjo porque Ana María y Mateo Reyes se estaban besando en el asiento trasero del vehículo.Según la versión de varios testigos, metros más adelante hacen bajar de la camioneta a Mateo Reyes y a Ana María Castro, les reclaman por lo que está sucediendo y la expulsan del vehículo, cayendo al pavimento de la vía pública, donde muere minutos después."Se puede inferir con probabilidad de verdad que el pasado 5 de marzo de 2020, estando a la altura de la avenida Medellín 69 p -20, barrio Alejandría, localidad de Engativá de esta ciudad, los ciudadanos Paul Staniey Naranjo Calvo y Julián Valente Ortegón Mosquera, conociendo el notorio estado de alicoramiento en que se encontraba la victima Ana Maria Castro Romero (…), la lanzan o expulsan del vehículo camioneta Kia Sportage, color negra de placas FSP 598, cuando aún esta se encontraba en movimiento”, agregó.Un fiscal de la Unidad de Vida expuso varias pruebas en contra de Julián Ortegón Mosquera, entre ellas las declaraciones de un testigo clave: Alejandro Vega Novoa, un vecino de la calle 80 con carrera 69, quien llamó a la línea de emergencias 123 para avisar que Ana María Castro Romero fue empujada de una camioneta negra en altura de la calle 80 con carrera 68.A una distancia de 30 metros, asegura el fiscal que, el testigo clave dijo: se trataba de un carro oscuro con vidrios polarizados que iba por el carril central y que empezó a hacer maniobras hacia el carril derecho y luego volvió al carril central, frenó y alcanzó a ver cuando abren la puerta de atrás del vehículo y, afirmó, botaron a una chica, cayendo como si fuera un muñeco de trapo”, explicó el fiscal del caso ante el juzgado 33 de Bogotá.
A un año de la muerte de la joven Ana María Castro, quien habría sido arrojada de un vehículo en Bogotá el 5 de marzo de 2020, su madre, Nidia Romero, la recuerda como una persona soñadora que tenía planes de salir del país.“Quería ser una buena psicóloga y quería salir de Colombia, siempre me decía que me llevaba después”, contó en diálogo con Noticias Caracol.Sobre lo que sucedió aquel trágico día, Romero señaló que aún se mantiene en la lucha por saber lo que pasó y que así, los culpables respondan.“Yo quiero conocer la verdad de lo que pasó con mi hija y que los culpables de su crimen, por su puesto, que paguen”.Ante la pregunta de si Mateo Reyes, Paul Naranjo o Julián Ortegón, implicados e investigados en el caso, se han acercado a ella para darle alguna explicación o pedir perdón por el caso, aseguró que ninguno lo ha hecho.“Yo nunca he hablado con ellos, excepto con uno el día que ella muere, pero no me han buscado. Más que perdón, quisiera conocer la verdad, ojalá de su propia boca, no se puede vivir con una carga como esa toda la vida”, expresó en Noticias Caracol.Nidia Romero agregó que a pesar del sufrimiento y de un año sin concluir la investigación “uno aprende a vivir con ese dolor”.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Para muchos colombianos, tener una cuenta en Nequi o Daviplata ha sido una manera de controlar su dinero, además de recibir y realizar pagos sin mayores demoras, por lo que tanto ciudadanos como comerciantes se han beneficiado de estas plataformas. Sin embargo, tras la llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) y su transición dejando atrás el Sisbén, muchos se han preguntado si este tipo de cuentas pueden afectar la clasificación socioeconómica de los colombianos.Teniendo en cuenta que uno de los puntos relevantes del RUI es que su clasificación dependerá de más de 43 entidades, muchos se preguntan si tener una billetera digital puede condicionar su clasificación, ubicando a las familias en un grupo diferente y que esto, por consiguiente, las lleve a no cumplir con las condiciones para acceder a programas sociales. Ante este panorama, el DNP aclaró la inquietud.¿Nequi y Daviplata afectan la clasificación del RUI?Antes que todo, vale aclarar que la clasificación del RUI parte de los ingresos de las personas y los hogares. El sistema cruza esta información con datos de entidades administradoras del Estado.Por lo tanto, la idea es identificar los ingresos reales de los hogares y su situación económica a partir de información disponible en bases de datos. Tener una cuenta en alguna billetera digital no basta, pues no refleja por sí sola información administrativa que permita determinar los ingresos.El Registro Universal de Ingresos integra información de varias fuentes del Estado, como el Registro Social de Hogares, la DIAN y la PILA, además de otros registros que se utilizan para realizar los respectivos procesos de focalización.Por lo tanto, no debe preocuparse si tiene una cuenta en Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital. Lo que sí será tenido en cuenta en la clasificación del RUI es la información relacionada con los ingresos del hogar.¿Cuáles ingresos son tomados en cuenta en el RUI?Tenga en cuenta que la clasificación puede cambiar si la información disponible muestra condiciones económicas diferentes a las que estaban registradas anteriormente en el Sisbén.Un ejemplo de ello es que, si los registros muestran que los ingresos reales superan los límites establecidos para determinados grupos, esa información podría influir en la clasificación que establece el RUI.Por lo tanto, existe una diferencia entre contar con una billetera digital y los movimientos o ingresos que pueden estar reflejados en las fuentes utilizadas para determinar la situación económica de una persona o un hogar.¿Cómo consultar la clasificación del RUI?Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.Seleccionar el tipo de documento.Digitar el número de identificación.Hacer clic en "Consultar".El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
