Hay que parar el desangre, el poder civil debe exigirle a la fuerza pública respeto por los DD.HH.

El caos y la violencia ensombrecieron de nuevo las protestas de miles de colombianos que comenzaron hace siete días en contra de la Reforma Tributaria, que a propósito, a pesar del anuncio del presidente Iván Duque, hoy todavía no ha sido retirada formalmente del Congreso.En las últimas horas hubo una verdadera situación de guerra en el sector de La Luna y en Siloé, en donde las protestas pacíficas iniciales, derivaron en enfrentamientos armados entre algunos civiles y la policía, que dejaron un número indeterminado de muertos y heridos, entre ellos seis integrantes de la Fuerza Pública.En medio de la verificación de los hechos, una misión humanitaria conformada entre otros por Naciones Unidas, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos, fue agredida incluso con disparos y granadas aturdidoras por parte de un grupo de policías en la estación de Fray Damián.Estos hechos fueron denunciados desde Ginebra por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien de manera paralela denunció el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública colombiana en las manifestaciones de los últimos días.Anoche hubo denuncias de excesos de policías en el control de las protestas en Floridablanca, Santander y verifican otros hechos producidos en Manizales y en Bogotá.En la capital del país, un grupo de manifestantes denuncian el uso por parte de agentes del Esmad de gases lacrimógenos para ahogar deliberadamente a personas detenidas en el portal Américas de Transmilenio, hecho que el sistema de transporte masivo rechazó y pidió investigar a fondo.La alcaldesa Claudia López anoche reveló que 140 civiles y 153 policías han resultado heridos durante los seis días de protestas e hizo una denuncia grave sobre las lesiones sufridas en sus ojos por 11 jóvenes por el uso de balas de goma por parte del Esmad, algo que pidió suspender de manera inmediata.Hasta ayer en la tarde, la Defensoría del Pueblo reportaba la muerte de 19 personas en las protestas de la última semana, 18 civiles y el capitán de la Policía Jesús Solano. 13 de las personas muertas fallecieron por impacto de arma de fuego.La Procuraduría investiga a nueve policías vinculados presuntamente en el asesinato de civiles durante las protestas, particularmente se investiga el homicidio de Nicolás Guerrero y Marcelo Agredo en Cali, Santiago Murillo en Ibagué y un joven de 24 años en Madrid, Cundinamarca.Por otra parte, los bloqueos de las carreteras hoy generan desabastecimiento de alimentos, frenan la vacunación, ponen en riesgo la vida de los enfermos con COVID por el desabastecimiento de oxígeno y causan millonarias pérdidas a los pequeños agricultores.Hay que detener el desangre. El diálogo entre sectores sociales y políticos debe cerrarle el paso a los criminales. El presidente y el ministro de Defensa, que son el poder civil, deben exigirle públicamente de inmediato con contundencia a la Policía y al Ejército que respeten los Derechos Humanos.Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU: