El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero denunció que el Ministerio de Salud contrató un evento el pasado 26 de febrero en la Plaza de Bolívar cuyo costo asciende a los 1.036.597.429 millones de pesos.Al otro día el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda hizo un evento en el mismo lugar.“Pues mientras mueren paciente el Ministerio de Salud se gastó en esa sinvergüencería $1.036 M. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado con esa plata? ¿Esa es la “revolución ética”?”, dijo Forero.El representante a la Cámara obtuvo la información por medio de un derecho de petición que le respondieron desde el Ministerio.Los costos incluyen componentes técnicos, de montaje y la tarima, entre otros.Blu Radio consultó con el Ministerio de Salud para conocer la posición del Gobierno sobre este tema, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una contundente crítica contra el mandatario Gustavo Petro en Recap Blu este jueves, afirmando que el actual jefe de Estado "no tiene reparos para violar la ley".Según Uribe, Petro interviene de manera constante en la política nacional, ignorando los marcos legales y generando un "manto de duda" sobre la transparencia del sistema democrático."Él no tiene reparos para violar la ley, no le importa el concepto de los estatistas, de los dictadores estatistas", indicó Uribe. Durante la entrevista, Uribe también sostuvo que Colombia atraviesa un "gran fraude electoral" impulsado por el uso masivo de recursos públicos para "engañar a los colombianos"."El gran fraude electoral es el dinero del gobierno que está engañando a los colombianos. El otro elemento de fraude es la acción de los violentos imponiendo a Iván Cepeda", aseveró Uribe. El exmandatario también advirtió que el país vive una "economía ficticia" sostenida por préstamos internacionales, remesas y el narcotráfico, pero que la realidad de un "Estado quebrado" se hará evidente el próximo 7 de agosto. "Aquí no hemos tocado fondo porque hay consumo por toda esa plata del Gobierno, eso es fraude electoral. Este país se va a dar cuenta de la quiebra el 7 de agosto", indicó Uribe.El respaldo a Paloma Valencia Frente a lo que describe como una "polarización conceptual" necesaria contra el odio de clases y el estatismo, Uribe reafirmó su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Destacó la "transparencia" y "firmeza" de Valencia, asegurando que "ella representa la solución para recuperar la inversión y el empleo formal, los cuales considera paralizados por las políticas de la actual administración".Escuche la entrevista completa aquí:
La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a las investigaciones que se adelantan en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien ya fue imputado por la Fiscalía. De acuerdo con el ente acusador, Ricardo Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares.Valencia asegura que Roa, quien también fue gerente de la campaña Petro Presidente 2022, violó los topes electorales y no ha entregado explicaciones sobre la procedencia de algunos recursos. Además, cuestionó la gestión de Roa al frente de Ecopetrol."Tiene este país sin gas, sin petróleo y completamente destruido. Una empresa que solía ser la joya de la corona de los colombianos. Tiene las cotizaciones cayendo, las utilidades cayeron 9 billones de pesos, 40%, y sin embargo le giran un montón de plata al Gobierno, ¿saben cómo? Endudando a Ecopetrol, pidiendo más y más crédito para que Petro siga gastándosela en la contratación de todos los amigos para que voten por él", dijo Valencia.En el mismo sentido, pidió la renuncia de Roa a la compañía, debido a las investigaciones y cuestionamientos que enfrenta."Pero lo más grave de todo es que destruyeron la soberanía energética de este país e incluso la USO, el sindicato de esa empresa que acompañaba con fervor a Petro, hoy le está diciendo a Roa que renuncie. Y Roa se hace el loco, como se hizo el loco con la campaña de Petro, como se hace el loco este Gobierno con toda su corrupción, su ineficiencia y su incapacidad de servirle a los colombianos. Roa, renuncie, Ecopetrol no es suyo ni del petrismo, es de todos los colombianos que merecemos respeto", dijo Valencia.Justamente en diálogo con Blu Radio, Martín Ravelo, actual presidente de la USO, manifestó que la exigencia de que Roa renuncie responde a un "clamor" y un "sentir creciente" entre los trabajadores de los campos de producción, el sistema de transporte y las refinerías. Según el líder sindical, la permanencia de Roa se ha vuelto insostenible debido a los crecientes cuestionamientos jurídicos y reputacionales que rodean su figura.
La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece el Día Nacional del Bizcocho de Achira. Esta iniciativa busca exaltar un producto que cuenta con denominación de origen y es símbolo de la identidad cultural y económica del departamento del Huila, reconociendo su valor histórico en la gastronomía colombiana.El proyecto, que contó con el senador José Luis Pérez Oyuela como ponente, busca unificar la conmemoración a nivel nacional y fortalecer el vínculo de los ciudadanos con sus tradiciones. Según el informe técnico, el bizcocho de achira es el sustento de miles de familias y un pilar de la economía regional que requiere especial protección del Estado.¿Cuándo es el Día Nacional de las Achiras?De acuerdo con el texto aprobado en el Congreso, el Día Nacional del Bizcocho de Achira se celebrará oficialmente el 20 de junio de cada año. Esta fecha ha sido elegida para institucionalizar las festividades que ya se realizan en torno a este producto, permitiendo que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de las Cultura, asigne recursos para su promoción y difusión.El proyecto de ley no solo establece una fecha conmemorativa, sino que busca la reactivación económica del sector tras las afectaciones de la pandemia. La normativa autoriza la creación de estrategias para fomentar la comercialización nacional e internacional de la achira, un producto que en 2020 alcanzó una producción de 293,4 toneladas en municipios como Gigante, Aipe y Baraya.La ley también rescata el valor histórico de la Canna edulis, planta de origen andino utilizada desde hace miles de años por comunidades indígenas.
En un primer fallo de tutela, un juzgado administrativo determinó que el Ministerio del Interior, el de Hacienda y un Banco vulneró derechos fundamentales al no pagar oportunamente salarios, primas y otros emolumentos.La decisión determinó que la falta de pago afectó directamente el mínimo vital del accionante, entendido como los recursos indispensables para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.A partir de esa orden judicial, la cartera emitió en febrero de 2026 dos cheques correspondientes a salarios adeudados de noviembre y diciembre de 2025, así como de enero de 2026. Sin embargo, el caso escaló a un nuevo litigio tras la negativa del banco a hacer efectivos esos pagos.En una segunda tutela, un juzgado penal municipal de Bogotá concluyó que un banco vulneró el derecho Benedetti al negarse a pagar los cheques emitidos por el Ministerio, pese a que correspondían a ingresos salariales.Según el expediente, la entidad financiera rechazó el pago incluso ante la posibilidad de endoso a un tercero, argumentando razones internas. No obstante, el juez recordó que la autonomía de las entidades financieras tiene límites cuando entra en conflicto con derechos fundamentales .La decisión fue contundente: ordenó al banco realizar el pago de los cheques en un plazo máximo de dos días hábiles tras la notificación del fallo.Además, el fallo tuvo en cuenta que la entidad financiera no respondió oportunamente a la acción de tutela, lo que llevó a dar por ciertos los hechos expuestos por el accionante.
Una juez penal de conocimiento condenó, mediante preacuerdo, a Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', a 22 años y 4 meses de prisión por su participación en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.Durante la diligencia, la juez avaló la negociación judicial alcanzada con la Fiscalía y detalló las sanciones impuestas.Alias 'El Viejo' aceptó su responsabilidad en delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su rol, según la investigación, fue determinante dentro de la estructura criminal que ejecutó el ataque.De acuerdo con el expediente, Pérez Marroquín fue contactado para planear el atentado y, posteriormente, delegó la articulación del plan a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', quien habría definido la logística y distribuido los roles entre los demás implicados.Las autoridades también establecieron que alias 'El Viejo' realizó seguimientos previos a la víctima. En marzo de 2025, Miguel Uribe Turbay fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá, en una acción que haría parte de la fase de inteligencia del crimen.Asimismo, el hoy condenado fue quien entregó el arma de fuego utilizada en el magnicidio a Katherine Andrea Martínez Martínez. Según la Fiscalía, el arma fue modificada con el fin de aumentar su letalidad antes de ser usada en el ataque.Posteriormente, y tras la ejecución del crimen, Pérez Marroquín continuó participando en actividades relacionadas con la estructura criminal. Una semana después del atentado, suministró dinero y un celular a Martínez Martínez y facilitó su traslado hacia el departamento de Caquetá. Allí, de acuerdo con la investigación, la mujer sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura conocida como Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.Por su parte, el abogado Víctor Mosquera celebró la condena contra alias 'El Viejo'; sin embargo, reiteró que la justicia no puede limitarse a responsabilidades parciales "El sistema penal está obligado a identificar, judicializar y sancionar a todos los determinadores, financiadores e instigadores de este magnicidio"
La Alcaldía de Bogotá anunció la expedición del Decreto 069 de 2026, con el que se adopta un plan para eliminar la explotación económica de animales en el espacio público y fortalecer su protección y bienestar en la ciudad.La medida busca poner fin al uso de animales, como caballos, llamas o alpacas, que normalmente se pueden encontran en el centro de la ciudad, en actividades con fines lucrativos que, según las autoridades, en muchos casos implican maltrato, tenencia irresponsable o condiciones inadecuadas.El plan será liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que ha identificado múltiples situaciones de vulneración de derechos de los animales en este tipo de prácticas.El Distrito explicó que la estrategia no solo se enfocará en la protección animal, sino también en acompañar a las personas que dependen de estas actividades. Para ello, se implementará un proceso en tres etapas: caracterización de los casos, oferta institucional para reconversión laboral y una implementación progresiva del plan. Lo que quiere decir que este es el primer paso para prohibir esta práctica de explotación económica de los animales en las calles de Bogotá.Además, se promoverán campañas pedagógicas para fomentar una cultura ciudadana basada en el respeto hacia los animales, mientras que el IDPYBA asumirá la custodia y promoverá la adopción responsable de los animales que rescaten.Con esta decisión, Bogotá busca avanzar hacia un modelo de ciudad libre de maltrato animal, garantizando al mismo tiempo alternativas económicas para las poblaciones más vulnerables que dependen de estas actividades.
La preocupación surge luego de que la dirección del auditorio planteara realizar otros conciertos en el mismo horario, lo que ha generado incomodidad entre los músicos, quienes consideran que se trata de un momento histórico construido junto a su público.Blu Radio conversó con Aníbal Dos Santos, violista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quién aseguró que este no es un tema reciente, sino una tradición consolidada durante décadas en la ciudad.“Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de las cuatro de la tarde de los sábados, en el auditorio León de Greiff, es una tradición que lleva más de cuarenta años, más cerca a los a los cincuenta. Y construir, eso eso ha sido todo un proceso que a través de todas esas décadas se ha podido construir un público, una tradición en la población de Bogotá, porque mucha gente de de todas las edades te dice, me acuerdo cuando mi papá me llevaban a los conciertos de la Filarmónica en los años setenta, etcétera. Es decir, realmente hay mucha gente que sabe eso que están, que saben que existen y que siguen existiendo esos conciertos”, explicó.En ese sentido, destacó que no solo se trata de un espacio, sino de una relación construida con su público a lo largo del tiempo.“La gente que viene a al León de Greiff los sábados a las cuatro de la tarde, son personas que vienen a escuchar la Ortesta Filarmónica de Bogotá, vienen a escuchar nuestra programación, vienen a escuchar lo que tenemos que ofrecer esa semana. Mucha gente viene, ni siquiera se meten en páginas web hoy en día a ver cuál es la programación, sino simplemente están allá desde las dos y media, dos de la tarde haciendo cola para poder entrar. Eso es algo que pasa todas las semanas”, señaló.Según el violista, el conflicto surge porque la nueva programación coincidiría exactamente con ese horario, lo que, a su juicio, implicaría desplazar a su audiencia habitual.“Hemos tenido conversaciones con la señora María Bailen Sáenz, que es la directora del teatro, la cual está haciendo una programación que se llama Presencia, para la cual hemos estado también prestos a a aportar y ayudar. Pero en este momento, lo que lo que sí atraviesa esa línea que no nos sentimos bien con ella, obviamente, es que es que ella pretenda hacer conciertos de su ciclo en nuestra hora. Es decir, es usando nuestro público, es decir, la gente va a seguir, el público de la Orquesta Filarmónica de Bogotá va a seguir viniendo a los conciertos, pero va a encontrar a otra orquesta tocando”, subrayó.Además, Dos Santos indicó que existe un convenio firmado entre la Universidad Nacional y la Orquesta Filarmónica que respalda el uso de ese espacio.“Si hay un convenio, y fue firmado entre director de la orquesta en esa época y el rector de la Universidad Nacional. Entonces, los convenios son como contratos y son para respetarloS, es decir, eso es lo único que nosotros pedimos, es que eso ya está por escrito”, afirmó.La Orquesta también quiso dejar claro que el problema no es con la Orquesta Sinfónica de Colombia, a la que describen como una agrupación cercana.“La sinfónica de Colombia es una orquesta hermana, una orquesta que le tenemos mucho cariño, es decir, mucha gente han salido de las mismas escuelas”, agregó.Aunque la Filarmónica asegura que no se opone a nuevas programaciones ni a compartir el escenario, insiste en que se respete ese horario emblemático, que consideran parte de su identidad y del vínculo histórico con su público.En Blu Radio contactamos a la directora del auditorio, María Belén Sáenz, para conocer su posición frente a esta situación; sin embargo, se negó a entregar declaraciones.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana evidenció que la inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia mantiene rezagos en distintos niveles del sistema. Según el estudio, basado en datos del Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 2 % de la matrícula en educación regular corresponde a estudiantes con discapacidad.El informe señala que, aunque el 5,8 % de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo es considerablemente menor, con cerca de 200.334 estudiantes matriculados frente a un total de 9,8 millones. Esta diferencia refleja barreras en el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.Entre los hallazgos, se identifica que la discapacidad intelectual es la más frecuente entre los estudiantes registrados, seguida de discapacidades psicosociales y múltiples. Además, la presencia de esta población es ligeramente mayor en el sector oficial (2,1%) que en el privado (1,8%).El estudio también evidencia brechas en habilidades básicas. La tasa de analfabetismo en personas con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente al 4,4 % en quienes no presentan discapacidad. En población en edad escolar (5 a 16 años), la diferencia es mayor: 34,2 % frente a 9,2 %.En cuanto a la asistencia escolar, el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad asiste a clases, mientras que en la población con discapacidad la cifra es de 72,9 %, lo que representa una brecha de 22,5 puntos porcentuales.Estas diferencias impactan las trayectorias educativas. El informe indica que la mayoría de personas con discapacidad alcanza como máximo el nivel de primaria, con menor participación en educación media y superior.Desde el LEE se plantea la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, con énfasis en detección temprana, ampliación de cobertura, reducción del analfabetismo y promoción del acceso a niveles educativos superiores, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia y progreso académico de esta población.
Un nuevo cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió el debate político, esta vez con señalamientos sobre el futuro electoral del país y los candidatos Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.La controversia comenzó con un mensaje publicado por Uribe en su cuenta de X, en el que mencionó la unidad en torno a las candidaturas de Valencia y Abelardo. En ese mismo trino, el exmandatario cuestionó al senador y aspirante a la Presidencia Iván Cepeda, a quien señaló como el representante de la continuidad del actual Gobierno.“La continuidad Petro-Cepeda significa consolidación del poder narcoterrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto”, escribió Uribe.Horas después, el presidente Petro respondió con un extenso pronunciamiento en la misma red social. En un mensaje de 17 párrafos, el mandatario defendió su gestión, enumeró lo que considera logros en áreas como salud, educación, empleo y reducción de la mortalidad infantil, y cuestionó duramente las afirmaciones del exmandatario, asegurando que el llamado a la unidad hecho por Uribe tiene como objetivo atacar su proyecto político. “La unidad que pide es contra mí y me calumnia. Reducir el hambre del pueblo no es ser terrorista, señor Uribe”, escribió.En su respuesta, el presidente también rechazó los señalamientos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo: “Yo no he sido defensor del narcoparamilitarismo, no he usado sus dineros, no tengo hermanos presos por alianzas asesinas con los narcos (…) sé lo que busca, solo existe para usted el odio y la venganza política. Yo no odio… creo en la vida, en el país de la belleza”, concluyó.La relación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez se mantuvo relativamente estable durante estos cuatro años; sin embargo, de cara a la campaña, ambos han comenzado a agitar el debate y opinar abiertamente sobre el futuro del país en materia electoral. El expresidente Uribe está habilitado para hacerlo, pero el presidente Gustavo Petro no, por la dignidad que ocupa.El mandatario, a pesar de esto, ha defendido lo que desde algunos sectores ha sido calificado como participación en política. Su argumento es que los presidentes hacen política y eso es lo que diferencia a los humanos de los animales.
En medio de una intensa controversia jurídica y política, la defensa del presidente Gustavo Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza se refirió en Mañanas Blu sobre la polémica que existe sobre el sistema electoral colombiano y las críticas al presidente Petro tras realizar al menos 120 trinos del tema.El jurista justificó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga las constantes alertas del presidente en sus redes sociales, asegurando que no son ataques a la democracia, sino un llamado al cumplimiento de la ley.Carranza reveló que un juez de tutela determinó recientemente que las "aseveraciones que hizo el presidente sobre las alertas y las alarmas tienen sustento”, lo que impide que el mandatario sea censurado o silenciado.“Realmente debieron haber sido al menos unos 500 trinos. 120 fueron muy pocos, pero con 120 lo que se hizo fue fortalecer la democracia”, sostuvo el abogado Carranza,argumentando que gracias a esas alertas se movilizaron un millón de testigos electorales para vigilar las urnas."El presidente Petro lo que ha hecho es públicamente generar un debate advirtiendo: señor registrador, usted tiene que cambiar ese software porque desde 2018 le dieron la orden. Lo que el presidente está diciendo es que cumplan el fallo del Consejo de Estado", aseveró Carranza. Escuche la entrevista aquí:
Las autoridades electorales en Colombia reiteraron que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio oficial de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo son un fenómeno normal dentro del sistema electoral, luego de que algunos dirigentes del Pacto Histórico y miembros del Gobierno sugirieran que podrían existir variaciones significativas en la asignación de curules al Senado.La aclaración fue hecha por Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien explicó que el preconteo tiene únicamente un carácter informativo, mientras que el escrutinio es el proceso con validez jurídica que determina oficialmente los resultados de las elecciones.“El preconteo es una labor informativa que realiza la Registraduría para mostrar la tendencia de la votación el día de las elecciones. Lo que tiene validez legal son los escrutinios”, afirmó Suárez.Las declaraciones se producen después de que algunos dirigentes del Pacto Histórico señalaran que las diferencias entre ambas etapas del conteo podrían traducirse en un mayor número de curules para esa colectividad. Incluso el congresista Alejandro Campo aseguró en redes sociales que las variaciones entre el preconteo y el escrutinio podrían representar “varios miles de votos” que incidirían en la disputa por escaños en el Senado.Según el funcionario electoral, las diferencias entre ambos procesos se explican por la forma en que se desarrolla el conteo oficial de votos en el país. El día de las elecciones, la Registraduría entrega el proceso electoral a los jurados de votación desde las 7:00 de la mañana, cuando se instalan las mesas en todo el territorio nacional. En los comicios legislativos de este año participaron más de 862.000 jurados de votación distribuidos en más de 125.000 mesas electorales.A las 4:00 de la tarde, una vez finaliza la jornada, los jurados realizan el primer conteo de votos y consignan los resultados en las actas oficiales. Con base en esos datos preliminares, la Registraduría divulga el preconteo que se conoce públicamente la misma noche de las elecciones.Posteriormente comienza el escrutinio oficial, que se desarrolla en varias etapas. Primero se realiza el conteo a nivel municipal, luego departamental, y finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) consolida la información para declarar los resultados definitivos.“Los jueces de la República revisan cada una de las actas de las más de 125.000 mesas y consolidan la información. Después los delegados del Consejo Nacional Electoral hacen el escrutinio departamental y finalmente el CNE entrega la cifra definitiva”, explicó Suárez.En este proceso también intervienen testigos electorales y abogados de los partidos, quienes pueden presentar reclamaciones si consideran que existen inconsistencias en las actas. Para estas elecciones se acreditaron más de un millón de testigos electorales, encargados de vigilar el desarrollo del conteo.“Es normal que durante los escrutinios los candidatos o sus abogados presenten reclamaciones. Ese es un debate jurídico que siempre se ha dado y está previsto en la legislación electoral”, señaló el registrador delegado. De acuerdo con Suárez, las variaciones entre el preconteo y el escrutinio suelen ser mínimas, aunque en ocasiones pueden modificar la asignación de algunas curules cuando la diferencia entre candidatos es muy estrecha.“Tradicionalmente las diferencias son pequeñas, pero puede suceder que haya variación de una o dos curules. Eso ocurre cuando las disputas están a doscientos o trescientos votos”, indicó.Hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral continúa consolidando los resultados. Según información entregada por esa entidad, ya se han declarado elecciones de Cámara de Representantes en 19 departamentos, mientras que el escrutinio del Senado aún no ha concluido, debido a que todavía se revisan los votos de la circunscripción internacional.En ese contexto, Suárez reiteró que todavía no es posible afirmar cuántas curules corresponden definitivamente a cada partido político. “El resultado definitivo de las curules del Senado lo dará el Consejo Nacional Electoral cuando termine el proceso de escrutinio”, puntualizó.Mientras tanto, las autoridades electorales insistieron en que las diferencias entre el preconteo y el conteo oficial hacen parte del funcionamiento habitual del sistema electoral colombiano y no constituyen, por sí mismas, una irregularidad.
El esposo de la reelecta congresista Karen Manrique, Gustavo González Ruiz, reclamó ante la Registraduría la credencial de representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) del departamento de Arauca.El trámite se realizó en la capital departamental mediante un poder previamente firmado.Manrique fue capturada por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el jueves 12 de marzo por su presunta participación en los hechos de corrupción derivados de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de respaldar reformas del Gobierno y apoyar proyectos y cupos de endeudamientos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Manrique obtuvo 5.640 votos en la Circunscripción TerritorialElecciones en AraucaEn paralelo, el Consejo Nacional Electoral avaló la declaratoria de elección de Germán Rozo Anís, del Partido Liberal, y de Manuel Pérez Rueda, del Centro Democrático, como representantes a la Cámara por Arauca para la legislatura 2026 - 2030.Los nombres de ambos quedaron consignados en el acta de escrutinio general divulgada por el organismo electoral, complementando el acto protocolario realizado el 14 de marzo en horas de la noche en Arauca, donde fueron entregadas las credenciales.Pérez Rueda agradeció a su equipo político y jurídico, a sus allegados y a su partido por el respaldo recibido durante el proceso electoral.Inicialmente existían dudas sobre si el dirigente del Centro Democrático obtendría la credencial. Algunas voces del Partido Liberal, como el segundo en la lista José Trinidad Sierra, reclamaba las dos curules correspondientes al departamento para el liberalismo. Sin embargo, en territorios como Arauca, que cuentan con dos puestos en la Cámara, la asignación no se define por cifra repartidora sino por el sistema de cociente electoral, un mecanismo que busca evitar la hegemonía de un solo partido y al sacar las cuentas se adjudicó la segunda credencial al CD.Pulso políticoEn esta ocasión, el poder del liberalismo se hizo sentir en el departamento, en parte por el respaldo de sectores aliados del gobernador Renson Martínez Prada, parte de las toldas rojas. También, sectores políticos cercanos a Cambio Radical apoyaron a los candidatos liberales a través de diputados y otros líderes.No obstante, al no presentar candidatos propios a la Cámara, el espacio político de Cambio Radical fue ocupado por el Centro Democrático, que finalmente obtuvo una curul con Pérez Rueda, quien ya había sido candidato a la Gobernación de Arauca en las elecciones regionales de 2023. Esa ocasión, en el preconteo inicial apareció como ganador, pero tras los escrutinios oficiales la Registraduría certificó la victoria de Renson Martínez Prada.Pérez Rueda denunció entonces un supuesto fraude y decidió no aceptar la curul como diputado que, según el Estatuto de la Oposición, corresponde al segundo candidato más votado. Desde ese momento, el Centro Democrático mantenía una disputa política con el liberalismo en la región, particularmente con el gobernador Martínez Prada.Alianzas y resultados en SenadoEn el panorama político regional también influyen las alianzas con figuras nacionales. Cambio Radical y líderes cercanos al exgobernador Facundo Castillo Cisneros en otras ocasiones contaban con el respaldo del exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal, quien esta vez apoyó al Centro Democrático.El 8 de marzo los impulsos locales para candidatos al Senado no tuvieron éxito. Acosta Bernal apoyaba a Juan Carlos Wills y aliados de Castillo Cisneros habrían respaldado a María Clara Ramírez, ambos del Partido Conservador. Ninguno consiguió los votos suficientes para obtener una curul.
Tras el éxito de la Gran Consulta por Colombia, que consolidó una votación de 5.857.395 votos, el exministro David Luna defendió en Recap Blu este jueves la identidad de la coalición frente a las críticas que buscan vincularla estrictamente con el expresidente Álvaro Uribe. Ante los señalamientos de sectores que sugieren que los integrantes de esta alianza "sacaron su uribista interior", Luna fue enfático en marcar su independencia y su respaldo a la fórmula ganadora: “Yo le quiero contestar a la gente que soy palomista y soy oviedista, porque son las personas que nos representan”, dijo Luna, quien es considerado como uno de los arquitectos de esta consulta junto a Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas.Luna cuestionó la costumbre de etiquetar a los políticos por sus trabajos anteriores. “En Colombia se cree que porque uno trabajó con alguien es propiedad de esa persona”, afirmó, recordando que ha colaborado con figuras como Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Juan Manuel Santos y Germán Vargas. El exministro subrayó su autonomía personal:“Ellos son ellos y yo soy yo”, destacando además que es un liberal defensor de la Constitución del 91 y que jamás ha militado en el Centro Democrático.Coherencia y recambio generacional.Respecto a la candidata presidencial, Luna destacó que Paloma Valencia jamás ha negado su cercanía con el expresidente Uribe, algo que, a su juicio, demuestra transparencia. Para el líder político, no es necesario "borrar fotos o borrar trinos" para agradar a otros, pues el valor de la coalición reside en unir personas que piensan diferente bajo un propósito superior. Según Luna, esta alianza representa un “recambio generacional que tiene visión de futuro” y que busca dejar atrás las “heridas políticas del pasado” para concentrarse en resolver problemas cotidianos de los ciudadanos. La respuesta de Luna también apunta a un cansancio generalizado con la "pugna política" tradicional. Aseguró que el equipo, ahora liderado por Valencia y Juan Daniel Oviedo, está concentrado en una agenda que incluye la modernización del Estado, la seguridad, la lucha contra el hambre y convertir a Colombia en un núcleo digital para la inteligencia artificial. “La gente está cansada de esa pugna política o de esa persona que quiere llegar al poder haciéndole zancadilla al otro”, concluyó, reafirmando que la unidad de los nueve precandidatos iniciales se mantiene firme para apoyar a los ganadores en la carrera por la presidencia.Escuche la entrevista:
El precandidato presidencial y exsenador, David Luna, anunció que demandará el numeral quinto de la Ley 2494 de 2025, que regula las encuestas políticas y electorales en Colombia. Luna considera que se está violando el derecho a la información integral relacionada con las elecciones.“El numeral en cuestión prohíbe la publicación de encuestas electorales hasta antes de tres meses antes de finalizado el proceso de inscripción de candidaturas, lo cual impide al ciudadano conocer las preferencias programáticas y las tendencias electorales de los postulantes”, señaló el precandidato presidencial.Para Luna, se están creando barreras técnicas y operativas que impiden el acceso a información que es de relevancia para los ciudadanos, también considera que se afecta la transparencia electoral y restringe los derechos del electorado, pues se le está privando de herramientas importantes para formarse una opinión de las elecciones.“Este artículo es desproporcionado. En vez de promover la transparencia, genera un efecto de censura. Por eso pediremos a la Corte Constitucional que lo declare inexequible y defienda los principios de información y participación democrática”, afirmó Luna.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza volvió a hacer otra denuncia relacionada con Juliana Guerrero, la joven de 23 años recién designada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad. Según Pedraza, Guerrero no habría hecho la Prueba Saber Pro, por lo que no podría obtener un título profesional.La representante a la Cámara mostró el documento de las consultas que hizo en páginas oficiales para determinar si Juliana Guerrero había realizado las pruebas antes mencionadas.Recordemos que este lunes en entrevista con Mañanas Blu Guerrero se refirió a la polémica que hay en torno a su nombramiento."Yo me gradué el 19 de julio de contadora pública. Lo primero que hice fue actualizar mi hoja de vida”, explicó Guerrero.Guerrero relató que su camino académico no fue lineal. Inició contaduría en la Universidad Popular del Cesar, pero debió abandonar la región por amenazas contra su vida debido a su activismo juvenil.“Yo sufrí incluso un atentado en el Cesar en 2021, además de persecución por mi liderazgo juvenil. Por eso me vine a Bogotá a empezar de cero”, recordó.En la capital homologó estudios técnicos realizados en el Sena, avanzó con un tecnólogo y culminó la carrera en la Universidad San José. Aseguró que este proceso explica por qué en algunos documentos figura como técnica, tecnóloga y profesional de forma casi simultánea.
Mediante una comunicación enviada al presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García, y el secretario general del Senado, Diego González, el partido Cambio Radical manifestó su rechazo ante el incumplimiento de las sanciones proferidas por el Consejo de Control Ético de esa colectividad en contra de los senadores Ana María Castañeda (segunda vicepresidenta del Senado) y Temístocles Ortega.Los dos congresistas habían sido sancionados por el incumplimiento del régimen de bancadas, por no votar en contra de la consulta popular del presidente Petro, con la pérdida de voz y voto durante 11 meses el pasado 18 de julio, decisión que fue ratificada el 23 y 30 de julio por parte del Comité Central de Cambio Radical.Sin embargo, según el documento firmado por el secretario general del partido, Germán Córdoba, el senador Ortega ha participado y votado varios proyectos de ley tanto en la Comisión Primera como en la plenaria del Senado durante el mes de agosto; por lo que pidieron certificar si tanto Ortega como Castañeda han violado la sanción impuesta.En el documento señalan que la sanción fue apelada y resuelta en segunda instancia y que en el caso de una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, la suspensión de las sanciones sólo aplica a las directivas de los partidos y no a sus militantes, como es el caso de los senadores cuestionados.Desde el partido concluyen que de confirmarse la no aplicación de la sanción, todos los proyectos votados por estos dos senadores podrían estar viciados, así como cualquier votación que hagan en procesos de elección, como el caso de la elección de magistrado de la Corte Constitucional que se realizará este miércoles 3 de septiembre.
El exministro TIC del Gobierno Petro y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, publicó un video en el que le hace un llamado a diferentes sectores para lograr un acuerdo que permita sacar al país de los extremos.“Arrebatémosle la agenda política a los extremos. Propongo sellar un acuerdo entre empresarios, ciudadanos, organizaciones sociales y candidatos. Todos los que estemos interesados en que los extremos no nos sigan gobernando. No es la unidad entre quienes piensan igual, sino entre quienes estamos de acuerdo en que hay que sacar al país del secuestro en el que nos tienen los de izquierda y los de derecha”, señaló Lizcano.En el mismo sentido, el precandidato a la Presidencia aseguró que la gente está cansada de los discursos que polarizan, pues lo que se necesita son soluciones a las problemáticas que vive el país.“Durante años los petristas y los uribistas han manejado la política en el país. No podemos dejarnos imponer que el próximo presidente sea el que diga Uribe o el que diga Petro”, agregó Lizcano.También dice que hay que dejar la manipulación según la cual el que no opina como uribista o petrista es un político tibio.“Estos que dicen ser firmes y coherentes, muchas veces algunos son oportunistas que se nutren del odio”, agregó el exministro TIC.