El British Medical Journal (BMJ), una de las principales publicaciones académicas en medicina a nivel internacional, dedicó un editorial a Colombia para analizar la situación actual de su sistema de salud y las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El texto sostiene que los problemas registrados en la prestación de servicios están relacionados con decisiones adoptadas desde el Ejecutivo y afirma que el deterioro era evitable.El artículo, titulado “Las reformas fallidas de Colombia demuestran por qué los sistemas de salud deben estar protegidos de la política”, describe una secuencia de hechos que, según la revista, marcaron el inicio de la crisis. “Todo empezó con retrasos”, señala el BMJ, al referirse a filas prolongadas en farmacias y a la postergación de cirugías. Posteriormente, menciona escasez de medicamentos, incluyendo insulina y tratamientos oncológicos, así como rechazos de pacientes en estado crítico en hospitales.El editorial también reporta cierres de servicios hospitalarios. “Las salas de maternidad y las unidades neonatales están cerrando sus puertas”, indica la publicación, y añade que los servicios de urgencias enfrentan sobrecarga y que se han cancelado programas de formación para médicos especialistas.Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, es citado en el texto. “La tragedia es que todo esto era completamente evitable”, afirma. En otra declaración incluida por el BMJ, señala: “Millones de vidas se han puesto en peligro y hay gente muriendo. Hay muchísimas lecciones que aprender”.El artículo recuerda que, durante más de dos décadas, el sistema de salud colombiano fue presentado como un modelo en la región. Según la revista, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial destacaron la cobertura y el esquema de financiamiento, basado en subsidios estatales y competencia entre aseguradores. El BMJ indica que cerca del 99 % de la población contaba con cobertura y que el gasto de bolsillo se ubicaba entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.La publicación también menciona que Colombia cuenta con 11 de los 30 hospitales incluidos entre los mejores de América del Sur y cita una comparación publicada en The Lancet, en la que el país fue clasificado en segundo lugar en América Latina, después de Costa Rica, en desempeño del sistema de salud.Pese a estos indicadores, el BMJ afirma que el presidente Gustavo Petro impulsó una reforma estructural del sistema tras su elección. El editorial sostiene que las medidas adoptadas alteraron el funcionamiento previo y que los efectos se reflejan en la prestación actual de servicios.El texto concluye que el caso colombiano ofrece elementos para el análisis internacional sobre la relación entre política y sistemas de salud, y subraya la necesidad de evaluar las consecuencias de las reformas en contextos similares.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió sin titubeos la polémica frase “los ricos también lloran”, pronunciada días atrás en medio de la crisis del Hospital San Rafael Itagüi, y dejó claro que no se arrepiente de haberla dicho. En entrevista con Recap Blu, el jefe de la cartera aseguró que su declaración fue sacada de contexto y que, en realidad, apuntaba a denunciar prácticas de mala administración, politiquería y corrupción en algunos centros hospitalarios del país.“No, no, de ninguna manera. No me arrepiento de haber dicho eso por una sencilla razón: hay que saber quién es el que está llorando, porque desafortunadamente hay mucha gente que llora para engañar”,dijo el ministro en Blu Radio.Según el ministro, las manifestaciones emotivas no pueden ocultar años de malas decisiones administrativas. A su juicio, muchos hospitales han sido entregados “a la voracidad de políticos y de gente corrupta, ineficiente e incapaz”, lo que termina afectando directamente la prestación del servicio de salud.Jaramillo recordó su experiencia como exgobernador y exalcalde. Afirmó que durante su gestión logró recuperar hospitales en condiciones críticas, sanear deudas y dejarlos funcionando plenamente. “Cuando fui gobernador recuperé totalmente el Federico Lleras, lo dejé 0 kilómetros en todas las deudas. Lo mismo hice cuando fui alcalde entre 2016 y 2019: levanté el hospital, lo fusioné y lo dejé saneado (...) Me fui yo y hoy tuvo que intervenir la Superintendencia por corrupción, deudas y abandono”, afirmó.En el caso específico del Hospital San Rafael Itagüi, el ministro cuestionó que, pese a la posibilidad de recibir recursos del Gobierno nacional —alrededor de 2.000 millones de pesos—, la administración se negara a aceptarlos por no haber levantado embargos antiguos."Entonces aquí no pueden venir es con lágrimas de cocodrilo. A venir a presentar una situación, echarle la culpa a los demás, cuando resulta que uno tiene que cumplir con su deber, administrar bien, quitar la corrupción", sostuvo.Frente a las críticas de que, más allá de la disputa política, quienes sufren son los pacientes, Jaramillo respondió que el sistema ha buscado alternativas para garantizar la atención. Indicó que en municipios como Itagüí existen otros hospitales que sí están funcionando correctamente y que están absorbiendo la demanda de servicios.
El agente interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, se pronunció frente a los cuestionamientos del representante a la Cámara Andrés Forero y dio a conocer los principales resultados obtenidos durante los primeros 60 días de intervención de la entidad, en medio del debate público sobre la situación del sistema de salud.Gallo señaló que durante este periodo se adoptaron medidas administrativas y de disciplina financiera que permitieron una reducción del 43 % en la pérdida proyectada y una disminución de la siniestralidad, que pasó de 117,6 % a 108,5 %.En relación con los gastos administrativos, recordó que el sector cuenta con un tope regulado del 8 %. Según indicó, este indicador se ubicaba en 6,7 % en octubre de 2025 y cerró el año en 5,4 %, como resultado de acciones de control del gasto.En materia de atención a los usuarios, el interventor informó que se implementaron acciones para atender el rezago de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS). De acuerdo con las cifras presentadas, los casos acumulados pasaron de 11.857 a 5.017, lo que representa una reducción del 58 %.Sobre las tutelas, explicó que se fortaleció el seguimiento a estos procesos, luego de registrarse un pico de 2.775 casos en octubre, cifra que se redujo a 1.808 en diciembre.El balance también incluyó la implementación de la estrategia Ruta Región, que contempló recorridos y verificación directa en los departamentos de Meta, Tolima, Santander, Magdalena y Atlántico, con encuentros con autoridades locales y prestadores de servicios de salud.Finalmente, el interventor extendió una invitación al representante Andrés Forero a una mesa técnica de gestión, con participación de los equipos responsables y soporte documental, para revisar los avances y retos del proceso de intervención.
Luego de la alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.La decisión se tomó tras conocerse una alerta internacional relacionada con la posible presencia de la toxina cereulida en un ingrediente suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas fórmulas infantiles. De acuerdo con la información entregada por la compañía, dicho ingrediente corresponde al omega-6 ARA, insumo presente en algunos de los productos retirados.Sanulac informó que, una vez conocida la alerta, solicitó análisis al proveedor del ingrediente y, de manera paralela, ordenó pruebas a un laboratorio independiente acreditado. Los primeros resultados, realizados tanto al ingrediente como al producto final mediante métodos internacionales normalizados, arrojaron resultados conformes. No obstante, análisis adicionales practicados al producto ya reconstituido evidenciaron la presencia de trazas de la toxina, lo que motivó el retiro preventivo de los lotes identificados.La empresa indicó que el retiro aplica únicamente para productos específicos de las líneas Alula Gold 1, 2, 3 y Alula Gold Comfort Premium, en distintas presentaciones y fechas de vencimiento, los cuales fueron detallados en el listado oficial divulgado por la compañía. Los demás lotes de estos productos no hacen parte del proceso de retiro y no están incluidos en la medida.Sanulac solicitó a las familias no consumir los productos pertenecientes a los lotes señalados, no devolverlos a los puntos de venta, tomar una fotografía del número de lote y comunicarse con la línea de atención dispuesta por la empresa para recibir orientación sobre el procedimiento. Asimismo, recomendó desechar los productos afectados y consultar con un profesional de la salud ante cualquier inquietud relacionada con el estado de los menores.El Invima mantiene la vigilancia sobre el caso en el marco de sus competencias, mientras se adelanta el seguimiento a las acciones adoptadas por la empresa frente a la alerta sanitaria.
Un cargamento de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína fue incautado en la mañana de este lunes en aguas del Caribe colombiano, a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, durante una operación conjunta de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La droga era transportada en un buque mercante que había zarpado desde Cartagena y tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España. La operación se extendió por más de 18 horas y se activó tras información de inteligencia que alertó sobre la posible contaminación del navío.Para garantizar la seguridad de la tripulación, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo mientras una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas abordó la embarcación. Durante la inspección, fue ubicado un contenedor en cuyo interior se hallaron 81 bultos con la sustancia ilícita, presuntamente perteneciente a una organización de crimen transnacional.El cargamento fue trasladado al muelle de Guardacostas de Santa Marta, donde unidades antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron la prueba preliminar que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las autoridades, la droga tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares en el mercado ilegal europeo.Esta incautación se convierte en la más grande reportada en los primeros días de 2026 en el Caribe colombiano y representa un nuevo golpe a las rutas marítimas del narcotráfico que utilizan buques mercantes para camuflar grandes cargamentos con destino internacional.
Bogotá, el epicentro económico y social de Colombia, se encuentra en una encrucijada estadística y social. Durante el año 2025, la ciudad logró un avance significativo en materia de orden público: 9 de los 11 indicadores de delitos de alto impacto reportaron una tendencia a la baja. Sin embargo, en las calles de localidades como Chapinero, Kennedy o Suba, el sentimiento de vulnerabilidad persiste. Esta desconexión entre los datos oficiales y la vivencia diaria es el núcleo del debate actual sobre la seguridad urbana.Como bien señala el exconcejal Nelson Cubides, el éxito de una política de seguridad no puede limitarse a gráficos de barras. “La seguridad no se mide solo en estadísticas; se mide en la tranquilidad de la gente cuando sale de su casa y regresa sana y salva”, afirma Cubides, subrayando que la paz mental del ciudadano es el verdadero indicador de éxito.El déficit crítico de pie de fuerzaUno de los obstáculos más persistentes para la administración distrital es la cantidad de uniformados disponibles. Actualmente, Bogotá cuenta con 16.153 policías, una cifra que, aunque parece robusta, es insuficiente para una metrópoli que supera los 8 millones de habitantes. Según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ciudad debería contar con al menos 300 efectivos por cada 100.000 habitantes.Bajo esta premisa, Bogotá enfrenta un déficit superior al 32 %. Esta carencia limita la capacidad de reacción inmediata y la vigilancia preventiva en puntos calientes de la ciudad. “No es razonable exigir mejores resultados cuando seguimos operando con un déficit histórico de pie de fuerza”, advierte Nelson Cubides. Para el excabildante, el crecimiento demográfico y la expansión urbana de la capital no han sido compensados con un fortalecimiento proporcional de la institución policial.Antecedentes y contexto: La sombra de los homicidiosLa preocupación no es infundada. El año 2024 dejó una herida abierta en la ciudad al registrar 1.204 homicidios, la cifra más alta en los últimos ocho años. Si bien el 2025 mostró señales de recuperación y control, el problema se percibe como algo estructural que requiere más que paños de agua tibia.Para Cubides, este no es un tema de tintes políticos, sino una prioridad de supervivencia urbana. “Más policías no es una postura ideológica, es una necesidad urgente para proteger la vida y la libertad de los ciudadanos”, sostiene, haciendo un llamado a que la seguridad sea tratada como una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales.La tecnología como multiplicador de fuerzaAnte la dificultad de cerrar la brecha de personal de forma inmediata, la ciudad ha volcado sus esfuerzos hacia la transformación digital de la vigilancia. La integración del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) ha sido fundamental. La estrategia actual no solo contempla la expansión de cámaras de videovigilancia, sino la implementación de:Análisis de video con IA: Para identificar comportamientos sospechosos automáticamente.Geolocalización avanzada: Para optimizar las rutas de patrullaje.Sistemas privados conectados: La integración de cámaras de establecimientos comerciales y conjuntos residenciales al sistema central.Modernización de la Línea 123: Inclusión de videollamadas en tiempo real y el "chat silencioso" para situaciones de riesgo extremo.Hacia una estrategia integralEl futuro de la capital colombiana depende de una fórmula que combine la presencia física con la precisión del dato. La prevención, más que la reacción, debe ser el norte de las autoridades. Cubides concluye que la eficiencia del gasto público es determinante: “Cada peso invertido en seguridad debe traducirse en más presencia en la calle y en sistemas que anticipen el delito, no solo que reaccionen cuando ya ocurrió”.Bogotá se encuentra en un momento decisivo. La meta es clara: transitar de una ciudad que sobrevive al miedo a una que prospera en la confianza, apoyada en una política pública que fusione la fuerza humana, la tecnología de punta y la colaboración ciudadana activa.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias al Gobierno de Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses."Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribió Trump en su red social Truth Social, donde añadió que quiere "dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!.El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre".Las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se ha acelerado desde la operación estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de "estabilización" que está gestionando EE.UU..Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de la presidenta encargada y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un ataque similar a la que detuvo a Maduro si no se "portaba bien".Distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el Gobierno que, por boca del propio Cabello, negó hoy que existan presos políticos en el país.
El Gobierno de Estados Unidos informó a la Cancillería que el presidente ya cuenta nuevamente con el documento que le había sido revocado en septiembre de 2025.La canciller Rosa Villavicencio acudió en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para comunicarle al mandatario que su documento fue reactivado de manera especial por el Gobierno norteamericano, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado. La reunión se extendió por cerca de una hora y media y estuvo enfocada en afinar los detalles de la próxima visita diplomática.El presidente recibió una visa de carácter temporal, cuya vigencia corresponde exclusivamente al tiempo de permanencia de la persona en territorio estadounidense. Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad Georgetown. La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateralColombia y Estados Unidos deben iniciar una "recomposición gradual" de su relación a partir de la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, tras un año de turbulencias, afirmó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo"."Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 7-2026 luego de identificar un posible riesgo para la salud de bebés y niños pequeños asociado a algunos lotes de fórmulas infantiles de la marca ALULA.Según la entidad, uno de los ingredientes utilizados en estas fórmulas estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria, la cual podría causar afectaciones a la salud si el producto es consumido.El ingrediente comprometido es el ácido araquidónico (ARA), un tipo de grasa (omega-6) que se añade a las fórmulas infantiles como parte de su composición nutricional. Ante esta situación, el Invima recomendó suspender de inmediato la distribución y el consumo de los productos involucrados mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.No es la primera vez que el Invima emite alertas relacionadas con fórmulas infantiles en el país. En ocasiones anteriores, la entidad ha advertido sobre riesgos sanitarios asociados a estos productos, en algunos casos en respuesta a alertas internacionales por la comercialización irregular de fórmulas vinculadas a enfermedades graves.Estos son los lotes que contienen el ingrediente contaminadoEl Invima publicó a través de un comunicado un listado con los nombres de las fórmulas infantiles, los lotes y las fechas de vencimiento y distribución en el país, y recomendó a la ciudadanía retirar inmediatamente el consumo de estos productos si adquirieron estas leches de fórmula.La alerta aplica para las presentaciones de 200, 400, 800 y 900 gramos de las fórmulas ALULA Gold Premium y ALULA Gold Comfort Premium, ante lo que la entidad solicitó a padres de familia y cuidadores revisar cuidadosamente el número de lote del producto antes de usarlo para identificar si coincide con los incluidos en la alerta sanitaria:La entidad sanitaria también exhortó a la comunidad a suspender inmediatamente el consumo de cualquier presentación incluida en la alerta y a reportar el hallazgo de estos productos a las autoridades sanitarias competentes.Las autoridades recordaron que los lotes vinculados no deben ser comercializados en Colombia y que cualquier hallazgo en puntos de venta debe ser notificado para fortalecer acciones de vigilancia y control.¿Qué responde la empresa?Luego de la alerta del Invima, la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.
Un desabastecimiento crítico de medicamentos atraviesa Colombia, denunció la representante a la Cámara Carolina Arbeláez Giraldo, con base en datos proporcionados por el Invima. La congresista aseguró que los pacientes con dificultades para acceder a tratamientos pasaron de 30.000 a más de 205.000.Según una gráfica publicada por Arbeláez en su cuenta de X, actualmente hay 15 medicamentos desabastecidos. Entre los más preocupantes se encuentra la fenitoína, usada para tratar epilepsia y convulsiones; el nifedipino, para pacientes con hipertensión y partos prematuros; la metilergometrina, para casos de hemorragia posparto; la fampridina, necesaria para esclerosis múltiple; la penicilina V para infecciones bacterianas; el quinapril para enfermedades cardiovasculares y la triamcinolona inyectable.En la publicación también advierte que otros nueve medicamentos están en riesgo de desabastecimiento. Entre ellos figuran el candesartán con hidroclorotiazida, usado para pacientes con hipertensión arterial; el rocuronio bromuro, necesario para cirugías, UCI e intubaciones; y la olanzapina inyectable, necesaria para atender crisis psiquiátricas severas.Además, la representante divulgó cifras de reclamos en salud con corte a septiembre de 2025, que dan cuenta de 205.542 quejas registradas por el Invima. A esto se suma la alerta de la Anif, que señala que las quejas al sistema crecieron un 80 %, y el reporte de Acemi sobre 1,7 millones de reclamos en un solo año, según la publicación en X.Arbeláez advirtió que cerca de 1,3 millones de pacientes podrían quedarse sin tratamientos de alto costo y que el sistema de salud enfrenta un déficit cercano a los $32 billones, un panorama que, según dijo, agrava la garantía del derecho a la salud en el país.
La crisis en la Nueva EPS continúa profundizándose, según denunció Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de esta entidad, durante una entrevista en El Radar en la que advirtió que la intervención estatal, lejos de mejorar la situación, ha generado un deterioro sin precedentes en la atención médica, la entrega de medicamentos y la estabilidad administrativa.Álvarez explicó que los problemas se agravaron desde que la EPS fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024. “En este momento es una empresa que va sin control. Hay una rotación cada dos o tres meses de todos los directivos y no hay una política clara para manejar la crisis”, afirmó. Según el líder de pacientes, en menos de dos años han pasado cerca de siete interventores, lo que ha generado desorden, incumplimiento de acuerdos y pérdida de confianza por parte de los prestadores de servicios.Uno de los impactos más visibles, señaló, ha sido la interrupción en la entrega de medicamentos y la falta de atención médica oportuna. “Tenemos todos los pacientes un mes casi sin reclamar medicamentos, y el Ministerio y la Supersalud están en silencio. Nada pasa en este país con una violación tan sistemática de un derecho fundamental como es el derecho a la salud”, denunció Álvarez. A esto se suma la suspensión de diagnósticos, consultas y ayudas especializadas, lo que estaría afectando tanto a pacientes crónicos como a quienes requieren atención por primera vez.Sobre las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis a embargos judiciales superiores a dos billones de pesos, el vocero fue enfático en rechazarlas. “Esto es una cortina de humo. Desde mucho antes la situación venía crítica, con cierres de servicios permanentes durante todo 2025 y ahora en 2026”, aseguró. En su concepto, el verdadero problema radica en el desorden administrativo, la insuficiencia de recursos y la falta de continuidad en la gestión.Álvarez también cuestionó la idoneidad de quienes han asumido la intervención. “Es absurdo que una empresa en crisis sea manejada por personas sin experiencia gerencial en organizaciones de esta dimensión. Las intervenciones nunca han servido para mejorar una EPS, siempre terminan en liquidación y deterioro del servicio”, advirtió.Frente a la posibilidad de un colapso definitivo de la Nueva EPS, el dirigente señaló que hablar de quiebra por los embargos es irresponsable, pues “el 80 % del giro directo sigue entrando al sistema”. Sin embargo, alertó que la falta de decisiones oportunas y el silencio de los entes de control están agravando el panorama.Finalmente, Álvarez fue crítico con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la eventual liquidación de EPS intervenidas. “Es una irresponsabilidad política, ética y legal crear más incertidumbre en los pacientes. No se puede jugar con la salud de millones de personas”, concluyó.
Lo que parecía ser un episodio común de su ciclo menstrual terminó convirtiéndose en una emergencia médica que cambió por completo la vida de Shakira Gorman, una adolescente de 17 años residente en Banbury, Inglaterra. Durante dos días, la joven soportó un sangrado intenso que atribuyó a su periodo, sin imaginar que su cuerpo estaba enviando señales de una condición extremadamente grave.Según relataron sus familiares, Shakira era una joven activa, saludable y sin antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, su estado empeoró de forma repentina: empezó a sentir dificultad para respirar y perdió sensibilidad en brazos y manos. Alarmados por la situación, sus familiares llamaron a una ambulancia que la trasladó inicialmente a un centro médico local.De acuerdo con su cuñada, Chelsea Coles, los médicos enfrentaron grandes dificultades para identificar qué ocurría. “Le hicieron múltiples exámenes y no encontraban una causa clara. Cuatro horas después tuvieron que remitirla de urgencia al Hospital John Radcliffe”, explicó. Esa misma noche, el dolor en el pecho y en todo el cuerpo se volvió insoportable, por lo que fue necesario sedarla para realizarle estudios más complejos.El diagnóstico llegó al día siguiente y fue devastador: Shakira había sufrido un accidente cerebrovascular espinal, una condición extremadamente poco común, especialmente en personas tan jóvenes. Un coágulo había bloqueado el flujo sanguíneo hacia su médula espinal, provocándole una parálisis casi total. De inmediato, fue ingresada a cuidados intensivos y conectada a un respirador, donde permaneció durante 15 días.Actualmente, la adolescente continúa bajo tratamiento con anticoagulantes, aunque los médicos aún no pueden determinar si logrará una recuperación completa. “El único síntoma previo que tenía era un leve dolor en el hombro y la espalda. Incluso el personal médico estaba desconcertado, porque este tipo de derrame es prácticamente inaudito en adolescentes”, señaló su cuñada.Según la organización Brain & Spine Foundation, los accidentes cerebrovasculares espinales representan apenas el 1,25 % de todos los derrames, lo que hace aún más excepcional el caso de Shakira. Hoy, la joven no puede hablar y se comunica con su familia mediante una pizarra y lectura de labios. Apenas logra mover algunos dedos y no tiene fuerza suficiente para usar su teléfono.El caso ha generado conmoción entre especialistas y familiares, quienes insisten en la importancia de prestar atención a síntomas inusuales, incluso cuando parecen comunes. Para la familia de Shakira, lo ocurrido es un llamado urgente a no subestimar ninguna señal del cuerpo, por más cotidiana que parezca.
La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) envió una carta al Ministerio de Salud en la que expone las dificultades financieras que enfrenta la red hospitalaria pública del país, asociadas al incremento del salario mínimo y a la acumulación de deudas por parte de las EPS. En carta conocida por Blu Radio, la asociación dirigió la comunicación al ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta oficial.En el documento, fechado el 7 de enero de 2026, ACESI señala que el aumento del salario mínimo para este año, fijado en 1.746.882 pesos más auxilio de transporte, impacta de manera directa a las Empresas Sociales del Estado, donde los gastos de personal representan cerca del 70 % del presupuesto total. Según la asociación, el incremento del 22,7 % no ha estado acompañado de un ajuste proporcional en los ingresos de los hospitales públicos.La carta también advierte sobre el estado de la cartera hospitalaria. De acuerdo con la información expuesta, más del 60 % de las deudas que mantienen las EPS con los hospitales públicos supera los 360 días de mora y el monto total adeudado supera los 11 billones de pesos con corte a septiembre de 2025, situación que afecta el flujo de recursos para la operación de la red pública.Además, ACESI menciona casos en los que algunas EPS no habrían aplicado incrementos autorizados de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en vigencias anteriores, lo que habría generado mayores presiones financieras sobre varios hospitales del país.En el documento, ACESI denuncia que en departamentos como Boyacá y Santander algunas EPS, entre ellas Sanitas, no habrían aplicado el incremento autorizado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante 2025, pagando a hospitales públicos valores correspondientes a la vigencia 2024. Según la asociación, esta situación habría generado un déficit adicional cercano al 5,36 % en los recursos que debían recibir las instituciones por los servicios prestados.La comunicación también hace referencia a la Resolución 2605 de diciembre de 2025, que ordena la equiparación de la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo para 2026. Frente a esta medida, la asociación advierte que algunas EPS estarían ofreciendo incrementos cercanos al 3 %, lo que, según el documento, no se ajustaría a lo establecido en la normativa vigente ni a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.Ante este panorama, la asociación solicitó al Ministerio de Salud la apertura de una mesa de trabajo para analizar el impacto del aumento salarial, el traslado efectivo de los recursos de la UPC y acciones frente a la cartera vencida. Hasta el momento, no se conoce respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
La Contraloría General de la República presentó un informe en el que evidencia el crecimiento de las deudas de las EPS con los hospitales públicos del país. De acuerdo con el documento, entre enero y septiembre de 2025 la cartera pasó de $12,5 billones a $16,28 billones, lo que representa un aumento cercano a $4 billones y un incremento del 30 % en solo nueve meses.En diálogo con Blu Radio, Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, explicó que la información analizada proviene, entre otras fuentes, de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), gremio que agrupa a más del 50 % de estas instituciones.Según el funcionario, en el listado de mayores deudores aparece de manera recurrente la EPS más grande del país, responsable de la atención de más de 11 millones de afiliados, seguida por otras entidades como Avia Salud, Emsanar, Asmet Salud y Comparta, esta última ya liquidada.Niño indicó que, por el peso que tiene en el sistema, la Nueva EPS concentra una parte importante de la cartera reportada y señaló que la Contraloría realizará una aproximación adicional con la Superintendencia Nacional de Salud para revisar el comportamiento del resto de las EPS en materia de deuda. Frente a las causas del incremento, el contralor delegado explicó que el informe evidencia una disminución en el flujo de recursos frente a la facturación de los hospitales.Como ejemplo, detalló que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, equivalentes al 84 % de lo facturado, lo que dejó un rezago del 16 %. En contraste, entre enero y septiembre de 2025 la facturación fue cercana a $16,3 billones, pero los pagos alcanzaron solo $12,6 billones, lo que redujo el giro al 77 % y dejó un faltante del 23 %. Según la Contraloría, esta brecha impacta directamente la operación de las Empresas Sociales del Estado y las decisiones administrativas que deben tomar sus gerentes.El informe también identifica recursos disponibles en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), correspondientes a presupuestos máximos, que requieren gestión administrativa por parte de las EPS para su uso efectivo. Niño señaló que la próxima semana se adelantará una reunión con la ADRES para revisar esta situación y reiteró que, en el caso de la Nueva EPS, la Contraloría advierte la ausencia de estados financieros públicos desde 2023, lo que limita el conocimiento sobre su realidad financiera.Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga, afirmó que la Nueva EPS es una de las entidades con mayor nivel de deuda con la red pública, en parte por el alto número de usuarios que concentra y por la dependencia que tienen varios municipios del régimen subsidiado administrado por esta entidad. Según el gremio, entre 2024 y septiembre de 2025 la cartera con esta EPS aumentó cerca del 40 %.Zuluaga explicó que el cambio recurrente de agentes interventores ha dificultado la continuidad de los acuerdos de pago y señaló que, adicionalmente, se están devolviendo facturas completas a los prestadores, pese a que la normativa permite objeciones solo sobre servicios o valores específicos. Esta situación, afirmó, ha generado obstáculos para la conciliación de cuentas y acuerdos de pago, especialmente en las regiones.El gremio indicó que la asociación mantiene comunicación con la ADRES, aunque precisó que los giros dependen de las autorizaciones de las EPS, y confirmó que se solicitó al Ministerio de Salud la instalación de una mesa técnica para revisar la situación financiera de la red pública hospitalaria.
La eventual imposición de un arancel del 30 % a las exportaciones colombianas impactaría negativamente el envío de medicamentos a Ecuador y tendría efectos significativos sobre la industria farmacéutica nacional, advirtió Clara Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. De acuerdo con el gremio, Colombia exporta anualmente a ese país medicamentos por un valor cercano a los 50 millones de dólares, principalmente destinados al uso humano.Clara Rodríguez, presidenta de Ascif, señaló que un incremento de este nivel en los costos podría afectar de manera directa a las empresas colombianas, su competitividad en el mercado regional y la sostenibilidad de las exportaciones hacia Ecuador.De acuerdo con la dirigente gremial, el escenario planteado podría traducirse en una pérdida de participación en ese mercado, una afectación a la producción local y riesgos para la continuidad del abastecimiento de medicamentos fabricados en Colombia.Desde la asociación explicaron que el mercado ecuatoriano representa un destino relevante para varios laboratorios nacionales, en particular para aquellos que concentran su producción en medicamentos esenciales y de atención humana. En ese contexto, un cambio en las condiciones arancelarias modificaría las dinámicas comerciales y los costos de acceso para los productos colombianos.Rodríguez indicó que Asif mantendrá un seguimiento técnico permanente sobre la evolución de esta situación, con el fin de evaluar sus impactos y definir acciones orientadas a la protección de la industria farmacéutica nacional. El gremio señaló que este análisis incluirá el comportamiento del comercio bilateral, los efectos sobre la producción y las implicaciones para la cadena de suministro de medicamentos.La asociación reiteró que continuará participando en los espacios de diálogo técnico e institucional que permitan analizar las medidas comerciales y sus efectos sobre el sector farmacéutico, así como sobre el acceso y la disponibilidad de medicamentos producidos en el país.
La Contraloría reiteró la advertencia que había emitido desde 2023 sobre el grave deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria y amplió su llamado de atención al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la crisis financiera del sistema no solo persiste, sino que se ha agravado de manera significativa.De acuerdo con el más reciente análisis del ente de control, pese a que el giro directo de la Adres aumentó un 27.2 %, la deuda con los hospitales públicos creció de forma acelerada, al pasar de $12.5 billones en 2024 a $16.28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 30 % en solo nueve meses.“Persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido”, alertó la entidad.El informe también revela una distribución desigual de los recursos. En 2025, los prestadores privados recibieron el 67.7 % del giro directo, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23.2 %, lo que profundiza la asfixia financiera de una red que presta servicios en más de 600 municipios, especialmente en zonas apartadas del país.“En 2024, los hospitales públicos facturaron $18.8 billones, pero solo recibieron pagos por $15.7 billones, equivalente al 84 %. Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se facturaron $16.3 billones, pero solo se pagaron $12. 6 billones, es decir, el 77 %”, indicó el órgano de control.Por niveles de complejidad, la Contraloría alertó que la reducción en los pagos afecta a toda la red pública, con caídas significativas en los hospitales de nivel II y III, comprometiendo la sostenibilidad de servicios de mediana y alta complejidad.El ente de control también expresó su preocupación por la situación de Nueva EPS, que no presenta estados financieros desde 2023, pese a los reiterados requerimientos. Según la Contraloría, existen recursos de presupuestos máximos disponibles que podrían ser girados a las IPS para aliviar la crisis, especialmente en los niveles de baja complejidad.La Contraloría instó a la Supersalud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen un flujo oportuno de recursos y eviten un eventual colapso del sistema, que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
La Asociación de Sociedades Científicas (ASC) volvió a responder al Ministerio de Salud y aseguró que la respuesta entregada en el marco de una acción de tutela sobre los Equipos Básicos de Salud no atendió de forma exacta ni detallada las preguntas formuladas por el juez.De acuerdo con la ASC, la autoridad judicial ordenó que la información fuera sustentada en contrataciones reales y vigentes. Sin embargo, el Ministerio mencionó la conformación de 13.473 equipos, sin aclarar cuántos de estos se encuentran activos, vigentes o en operación, ni cómo están integrados actualmente.La asociación también cuestionó la diferencia en las cifras reportadas por la cartera de Salud. Señaló que en septiembre el Ministerio indicó que se habían girado recursos para 23.450 equipos, mientras que en la respuesta reciente no se explica qué ocurrió con cerca de 10.000 equipos ni se aclara el estado de su contratación o ejecución presupuestal.Otro de los puntos señalados tiene que ver con la conformación de los equipos. Según la ASC, el Ministerio describe perfiles posibles y hace referencia a esquemas de flexibilidad, pero no especifica cuántos profesionales integran efectivamente cada equipo ni cuántos están contratados por perfil, información que había sido solicitada expresamente en la tutela.En relación con los salarios, la asociación indicó que la orden judicial pedía claridad sobre las remuneraciones reales. No obstante, la respuesta oficial se limitó a presentar tablas de referencia, sin certificar si esos valores corresponden a lo que se paga efectivamente ni bajo qué modalidades contractuales.Sobre la vigilancia y control de la ejecución, la ASC señaló que el Ministerio atribuyó esta función a la Superintendencia Nacional de Salud, pero omitió mencionar que, de acuerdo con sus propios lineamientos, el Ministerio de Salud tiene un rol directo en el seguimiento del programa.Finalmente, la Asociación de Sociedades Científicas afirmó que será el juez quien determine si la respuesta del Ministerio cumple o no con lo ordenado en la tutela y si la información entregada satisface los criterios de claridad, precisión y detalle exigidos por la autoridad judicial.
Nueva EPS adelanta negociaciones con el gestor farmacéutico Colsubsidio y, de concretarse un acuerdo, retomaría la dispensación de medicamentos a sus afiliados a partir del 10 de febrero.La posible reanudación del servicio se daría luego de que Colsubsidio suspendiera la entrega de medicamentos desde el pasado 1 de enero, como consecuencia de una deuda que mantenía Nueva EPS con el gestor farmacéutico. Desde entonces, miles de pacientes han enfrentado dificultades para acceder a tratamientos, incluidos medicamentos de uso continuo y de alto costo.Tras la salida de Colsubsidio, Nueva EPS anunció la vinculación de nuevos gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos. Sin embargo, en la práctica, los pacientes reportaron que la dispensación no se normalizó y que, pese a las órdenes médicas vigentes, no recibieron los tratamientos formulados.La situación ha impactado a usuarios en al menos 11 departamentos del país, donde se han presentado quejas reiteradas por la falta de entrega de medicamentos y la ausencia de información clara sobre los puntos de dispensación habilitados. Asociaciones de pacientes han advertido sobre los riesgos que esta interrupción representa para personas con enfermedades crónicas y condiciones que requieren tratamientos permanentes.Fuentes cercanas al proceso indicaron que las conversaciones entre Nueva EPS y Colsubsidio buscan restablecer el servicio mientras se resuelven los compromisos financieros pendientes. No obstante, hasta el momento, la aseguradora no ha confirmado oficialmente los términos del eventual acuerdo ni los mecanismos para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos una vez se reactive la operación.Entre tanto, los usuarios continúan a la espera de una solución que permita normalizar el acceso a los tratamientos prescritos, mientras persisten las afectaciones en la red de dispensación en varias regiones del país.
Las amenazas del presidente Gustavo Petro de liquidar de manera generalizada las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo medida de intervención generaron una respuesta conjunta de organizaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, instituciones del sector salud, gremios económicos y un amplio grupo de exministros y exviceministros de Salud, quienes advirtieron sobre los riesgos inmediatos que una decisión de este tipo tendría para el sistema y para la atención de millones de colombianos.En un comunicado dirigido a la opinión pública, los firmantes señalaron que la liquidación apresurada de las EPS profundizaría la crisis sanitaria y aumentaría los riesgos para los pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, que dependen de la continuidad de tratamientos, la entrega oportuna de medicamentos y la articulación de redes de atención especializadas.El pronunciamiento subraya que, pese a sus falencias, las EPS cumplen funciones esenciales dentro del sistema, como la gestión del riesgo en salud, la organización de las redes de prestación, la coordinación entre niveles de atención y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Eliminar estos actores sin un sustituto operativo probado, advierten, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir de manera simultánea en todo el país.Las organizaciones alertaron que ninguna entidad del orden nacional o territorial cuenta hoy con la capacidad operativa para administrar, autorizar, auditar y pagar millones de servicios de salud de forma directa, lo que podría derivar en interrupciones masivas de la atención, saturación de los servicios de urgencias y un aumento previsible en los riesgos de morbimortalidad.En el plano financiero, el comunicado advierte que, aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continuarían fluyendo, la desaparición abrupta de los pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Esto dejaría a hospitales y clínicas sin un interlocutor claro, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.El documento también atribuye la crisis actual a problemas estructurales como la insuficiencia de financiación del sistema, el incumplimiento de fallos y autos de la Corte Constitucional, retrasos en los pagos del presupuesto máximo y decisiones regulatorias que, según los firmantes, han incrementado la desfinanciación. A esto se suma la actualización de la UPC para 2026, que consideran insuficiente para cubrir las necesidades del régimen contributivo y subsidiado.Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a abandonar la confrontación política y los señalamientos personales, y a retomar el diálogo técnico e institucional. Aseguran que una transformación responsable del sistema de salud requiere respaldo legal, transiciones graduales y modelos alternativos probados, y no decisiones improvisadas que, según advierten, pondrían en riesgo el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Toda una polémica se generó por cuenta de la entrega de lanchas ambulancia por parte del Ministerio de Salud en Maicao, La Guajira. Larry Laza, gerente interventor del hospital de Maicao, explicó en Mañanas Blu que esta medida surge como una respuesta a una "necesidad sentida del territorio", donde el transporte terrestre de pacientes puede convertirse en una odisea de casi un día completo.El desafío geográficoDe acuerdo con Laza, trasladar a un paciente desde el corregimiento de Nazaret hasta los centros de mediana y alta complejidad en Maicao o Riohacha, un trayecto de aproximadamente 150 kilómetros, puede tardar entre 20 y 25 horas durante la época invernal. La falta de infraestructura vial adecuada y la presencia de arroyos que se activan con las lluvias impiden el paso incluso de vehículos 4x4, dejando a los pacientes varados por días.Esta situación es especialmente crítica para el hospital de Maicao, que actúa como el hospital padrino en la ruta materno-infantil y posee la única unidad de alta dependencia obstétrica de la región. El objetivo primordial de las embarcaciones es reducir estos tiempos de desplazamiento para evitar fallecimientos por desatención o falta de oportunidad en el servicio, especialmente en madres gestantes y niños con problemas nutricionales.Una solución marítima para emergencias críticasLas lanchas entregadas no son simples medios de transporte; funcionan como ambulancias medicalizadas. Cada embarcación cuenta con el mismo equipamiento médico que una ambulancia terrestre de alta complejidad y es tripulada por un médico y una enfermera.El esquema de traslado diseñado contempla un sistema mixto: los pacientes son llevados por tierra desde hospitales locales como el de Nazaret hasta Puerto Estrella, donde abordan la lancha ambulancia hacia Puerto Bolívar. Desde este punto, el traslado continúa por tierra a través de una carretera pavimentada hasta Maicao o Riohacha, optimizando significativamente el tiempo de respuesta. Actualmente, se realizan entre dos y tres remisiones semanales, aunque la demanda puede aumentar según la complejidad de los casos.Ante los cuestionamientos sobre por qué no se invirtió ese dinero en hospitales físicos, Laza aclaró que ya se está finalizando la construcción de un hospital en Nazaret, el cual presenta un 99% de avance. Sin embargo, recalcó que las lanchas seguirán siendo necesarias porque habrá casos de alta complejidad que Nazaret no podrá resolver y que requerirán traslado inmediato a centros de mayor nivel.Escuche aquí la entrevista:
En medio de la crisis del sistema de salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo protagoniza otra polémica, ya no por sus amenazas de intervención ni por las polémicas con gerentes de los hospitales ni por la indolencia con la crisis de los pacientes.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo se fue ayer para La Guajira a entregar obras, ampliaciones de hospitales y equipos médicos en 4 municipios: Riohacha, Maicao, Manaure y Uribe.La entrega fue de 11 ambulancias, una nueva unidad renal y dos lanchas ambulancias, que es donde está la polémica.El Gobierno entregó dos lanchas ambulancia de 1.680 millones de pesos al hospital San José de Maicao, que está intervenido. Sin embargo, las críticas llegaron por cuenta que están invierto en lanchas en el hospital de un municipio que no tiene ríos ni salida al mar, que el puerto más cercano está a una hora y media, en Riohacha, pero le entregan lanchas para atender a sus enfermos.Es el mismo hospital desde donde varios funcionarios denunciaron presiones de la esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra, que es superintendente delegada para prestadores de servicios de salud de la Superintendencia Nacional de Salud. Y como todo es a punta de intervenciones en el sector sector, se escribió un nuevo capítulo sobre la intervención de Drogas La Rebaja, la famosa cadena de droguerías que pasará a ser el gestor del Estado encargado de entregar los medicamentos públicos.La Superintendencia de la Economía Solidaria puso un nuevo interventor a la cooperativa Copservir, antigua propietaria de La Rebaja con la tarea de convertirse en el dispensario de medicamentos públicos más grande del país una promesa desde diciembre de 2024 que sigue en fase de anuncios. En los últimos minutos y debido a la polémica, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que aclara por qué sí se pueden usar dichas lanchas, no solo en Maicao, sino en el departamento en general por tratarse de un Hospital de mediana complejidad, que puede llevar sus servicio de salud a otros territorios del departamento. . "El Hospital San José de Maicao es una Empresa Social del Estado (ESE) de mediana complejidad, condición que lo habilita como institución de referencia para la operación administrativa y asistencial de este tipo de vehículos, permitiendo así la atención de pacientes provenientes de los municipios del norte del departamento.Dentro del sistema de referencia y contrarreferencia de La Guajira, el Hospital San José de Maicao actúa como centro de referencia para los municipios de Uribia, Manaure, Albania y Maicao, lo que le permite atender casos que requieren mayor complejidad, especialmente durante las temporadas de lluvias, cuando se incrementan las dificultades de acceso a los servicios de salud. Por esta razón, y al ser el único hospital de mediana complejidad en esta zona del departamento, el Hospital San José de Maicao está plenamente facultado para operar las ambulancias marítimas medicalizadas".
El Ministerio de Salud y Protección Social informó que dio respuesta a la solicitud de información presentada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) relacionada con la operación de los Equipos Básicos de Salud (EBS), así como al fallo de tutela que ordenó ampliar los datos entregados. De acuerdo con la entidad, la respuesta fue enviada el 11 de diciembre de 2025 y cuenta con certificados oficiales de envío y recepción.Según el Ministerio, la ACSC radicó en agosto de 2025 una petición con tres puntos específicos, la cual fue atendida dentro de los términos legales. Posteriormente, el 29 de septiembre del mismo año, la Asociación presentó una nueva comunicación en la que solicitó ampliación de la información inicial e incluyó nuevas preguntas. Esta segunda solicitud, indicó la cartera, dio lugar a un trámite administrativo independiente que culminó con una respuesta ampliada.La respuesta enviada en diciembre incluyó información sobre el número de Equipos Básicos de Salud, su composición, las modalidades de contratación, los rangos de remuneración y las responsabilidades en materia de inspección, vigilancia y control. El Ministerio señaló que la comunicación fue recibida y abierta por la ACSC el mismo día de su envío, hecho que, según la entidad, quedó registrado en los acuses electrónicos correspondientes.El comunicado oficial también precisa que el fallo de tutela fue notificado el 12 de diciembre de 2025, un día después del envío de la respuesta ampliada. En ese sentido, el Ministerio indicó que la orden judicial de ampliar la información solicitada ya había sido atendida de manera material con la comunicación remitida el 11 de diciembre.No obstante, en enero de 2026 la ACSC promovió un incidente de desacato al considerar que el fallo no había sido cumplido. Frente a esta actuación, la cartera de Salud sostuvo que la documentación existente demuestra que la información fue entregada y que el cumplimiento se realizó dentro de los tiempos establecidos.
La Rebaja S.A.S. iniciará una nueva etapa dentro del sistema de salud al asumir el rol de gestor farmacéutico y convertirse en la línea institucional pública para la dispensación de medicamentos en el país. Esta transformación permitirá que medicamentos de alto costo, prescritos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), puedan ser entregados a los usuarios a través de esta línea institucional.El anuncio se da en el marco de una nueva fase del proceso de intervención liderado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que busca reorganizar la operación de los establecimientos de comercio que, tras una decisión judicial, pasaron a ser propiedad del Estado. En este contexto, La Rebaja S.A.S. tendrá a su cargo la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operativos para optimizar y consolidar la operación comercial.De acuerdo con lo informado, el objetivo central de esta fase es la creación y puesta en marcha de una línea institucional pública de dispensación de medicamentos, orientada a atender principalmente al mercado institucional del sistema de salud. Esto incluye la provisión de medicamentos de alto costo que hacen parte de los tratamientos ordenados a los afiliados del régimen de aseguramiento.La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico a través de la denominada La Rebaja Institucional, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Esta estrategia hace parte de una apuesta estatal para fortalecer la capacidad pública en la gestión y distribución de medicamentos.Dentro de los propósitos planteados se encuentra la estructuración de una central pública de compras de medicamentos, con la que se busca mejorar la eficiencia en la adquisición, reducir los niveles de intermediación y garantizar la disponibilidad oportuna de tratamientos para los usuarios del sistema de salud.El proceso contará con un nuevo equipo encargado de la intervención y con la participación de los trabajadores vinculados a la operación, quienes harán parte de la implementación de los cambios operativos y administrativos previstos en esta etapa.La Superintendencia de la Economía Solidaria señaló que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de asegurar que el proceso se desarrolle conforme a la normatividad vigente y que se mantenga la protección de los derechos de los trabajadores y de los usuarios del sistema de salud.