En Colombia, crece la preocupación por los retrasos y obstáculos que enfrentan niños diagnosticados con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) para acceder a alimentos con propósitos médicos especiales (APME), indispensables para su supervivencia y desarrollo. Especialistas y familias denuncian que la demora en la entrega de estas fórmulas es un riesgo vital que expone a los menores a desnutrición, complicaciones graves e incluso a desenlaces fatales.El Dr. Juan Pablo Riveros, miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (COLGAHNP), alerta que cada semana reciben reportes de bebés que llevan entre 20 y 30 días sin recibir su nutrición especializada. “Cuando los niños con APLV no tienen acceso oportuno al tratamiento, presentan alto riesgo de retrasos en el crecimiento, bajo peso, alteraciones en el desarrollo cognitivo y episodios de anafilaxia potencialmente mortales”, explica el especialista.La APLV es la alergia alimentaria más común en la primera infancia y se trata de una reacción inmunológica severa que puede generar síntomas digestivos, respiratorios, dermatológicos y crisis de anafilaxia. Su manejo requiere diagnóstico especializado y, en muchos casos, el uso de fórmulas hidrolizadas o de aminoácidos libres. “Los APME no son opcionales ni reemplazables por fórmulas convencionales. Negar o retrasar su entrega es exponer a los niños a complicaciones graves que pueden prevenirse”, enfatiza la Dra. Ailim Carías, presidenta de COLGAHNP.Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud registró al menos 1.120 quejas relacionadas con barreras de acceso al tratamiento nutricional para pacientes con APLV, principalmente por demoras o negaciones en la autorización y entrega. Las familias y especialistas esperan que esta situación cambie pronto para no poner en riesgo la vida de los menores en el país.
Durante los últimos días, las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud volvieron a poner en la agenda pública las decisiones adoptadas durante los ocho meses en los que Leal estuvo al frente de la entidad, en particular la designación de agentes interventores en varias EPS intervenidas por el Estado.En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención de la Nueva EPS y designó como primer agente interventor al médico Julio Alberto Rincón Ramírez, nombramiento realizado bajo la administración de Luis Carlos Leal. Posteriormente, la intervención de la entidad fue asumida por Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien continuó con el proceso de administración especial de la EPS.En el mismo período, Luis Carlos Leal también designó a Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor de la EPS Sanitas. Este nombramiento derivó en actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el entonces superintendente de Salud por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de Sanitas y con el acto administrativo que sustentó la designación del agente interventor.De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la apertura de la investigación se produjo tras una queja presentada contra la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se señaló una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS. El proceso disciplinario se encuentra en etapa de investigación.Estos nombramientos se produjeron en el contexto de una administración que antecedió a la salida de Luis Carlos Leal del cargo, quien asumió la Superintendencia luego de la gestión de Uláhy Beltrán y permaneció en la entidad durante ocho meses. Tras su retiro, se intensificaron los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la selección de los agentes interventores.En declaraciones a Blu Radio, Julio Alberto Rincón Ramírez señaló que la solicitud para recomendar su hoja de vida fue realizada por el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León, versión que se sumó al debate sobre la cadena de decisiones en los nombramientos.Con la salida de Luis Carlos Leal, la Superintendencia Nacional de Salud quedó en manos de Giovanny Rubiano, quien en noviembre de 2024 adoptó como una de sus primeras decisiones el cambio de todos los agentes interventores designados durante la administración anterior. En ese momento también se denunció que varios de ellos habían ejercido cargos como gestores de hospitales públicos durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
Dormir no solo es importante por la noche, incluso una siesta corta puede ser clave para que el cerebro se recupere y esté listo para aprender de nuevo. De hecho, un gran porcentaje de las personas suele tomar una siesta en horas de la tarde, esto ocurre principalmente por un descenso fisiológico natural en el estado de alerta del del reloj biológico, el cual ocurre despues del almuerzo.Según un estudio publicado en la revista NeuroImage por científicos de Suiza y Alemania, dormir en horas de la tarde es considerado un sueño reparador para el cuerpo humano.La investigación analizó a 20 adultos jóvenes que pasaron por dos tardes diferentes, en una durmieron una siesta de aproximadamente 45 minutos y en la otra permanecieron despiertos.Después de cada periodo, los investigadores midieron cambios en la actividad cerebral usando “electroencefalogramas y estimulación magnética transcraneal, métodos no invasivos que permiten inferir la fortaleza y flexibilidad de las conexiones neuronales”.¿Qué pasa en el cerebro durante una siesta?De acuerdo al estudio, durante el día la mente humana está constantemente reorganizando conexiones entre neuronas, a medida que se adquiere nuevas experiencias e información.Esta acción fortalece esas conexiones, pero también puede saturarlas, limitando la capacidad para seguir aprendiendo. “El sueño, incluso un descanso breve, parece actuar como un “reinicio” sináptico: reduce el exceso de conexiones y libera espacio para almacenar nueva información”.Lo anterior quiere decir que, tras la siesta “el cerebro no solo está menos cargado, sino que su capacidad para formar nuevas conexiones mejora, facilitando el aprendizaje y la codificación de información fresca”.Los resultados del estudio dejaron ver una explicación biológica a la sensación común de que después de dormir una siesta la mente está más clara y la atención más aguda. Esto puede ser particularmente útil en actividades que demandan alto rendimiento mental o físico donde mantener la concentración es clave:Estudiar.Tocar un instrumento.Practicar un deporte.Desempeñarse en profesiones exigentes.Además, otras investigaciones en neurociencia indican que un descanso breve durante el día mejora los procesos cognitivos, pues facilita la consolidación de la memoria y la capacidad para enfrentar nuevas tareas con mayor eficacia.¿Por qué es tan eficiente la siesta?La idea central detrás de estos beneficios es la hipótesis de homeostasis sináptica, que propone que durante el sueño el cerebro “rebaja” el exceso de conexiones creado mientras estamos despiertos, restaurando así su habilidad para aprender y adaptarse sin saturarse. Este proceso ocurre tanto en grandes periodos de sueño como en siestas más cortas, aunque con distintos grados de profundidad. En resumen, lo que concluye el estudio es que, una breve siesta no solo relaja, sino que reorganiza el cerebro para que pueda pensar y aprender mejor.
En un mundo donde la mayoría de los alimentos tienen fecha de caducidad y requieren cuidados especiales para conservarse, existe uno que rompe todas las reglas. No importa si pasan años, décadas o incluso siglos: este producto natural sigue siendo apto para el consumo humano sin perder su sabor, aroma ni propiedades nutricionales. No se descompone, no desarrolla bacterias peligrosas y resiste condiciones ambientales que dañarían cualquier otro alimento.¿Cuál es el alimento que nunca se vence?Se trata de la miel, un producto elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores, que ha sido consumido por la humanidad desde la antigüedad. Registros históricos muestran que civilizaciones como la egipcia ya la utilizaban tanto como alimento como en rituales medicinales y funerarios, precisamente por su extraordinaria capacidad de conservación.¿Por qué nunca se daña la miel?El secreto detrás de la durabilidad de la miel está en su composición química y en el proceso natural de producción. Durante su elaboración, las abejas reducen al máximo el contenido de agua y enriquecen el néctar con enzimas, creando una sustancia espesa y estable.Entre los factores que explican su resistencia se encuentran:Alta concentración de azúcares, que actúan como conservantes naturales.Propiedades higroscópicas, que absorben la humedad e impiden el crecimiento de bacterias.pH ácido, que genera un entorno hostil para microorganismos.Por esta razón, aunque la miel pueda oscurecerse o cristalizarse con el tiempo, estos cambios no significan que esté dañada ni que haya perdido su valor nutricional.Cómo conservarla correctamenteAunque no se vence, almacenar correctamente la miel ayuda a mantener su sabor, textura y calidad. Los expertos recomiendan:Guardarla en recipientes herméticos, preferiblemente de vidrio.Mantenerla en un lugar fresco y seco.Evitar la exposición directa al sol y a la humedad.De esta manera, puede conservarse durante décadas sin necesidad de refrigeración ni conservantes artificiales.Beneficios de la mielAdemás de ser un alimento prácticamente eterno, la miel ofrece múltiples beneficios para el organismo. Es una fuente natural de energía, aporta vitaminas y minerales, y es conocida por sus propiedades calmantes para la garganta, la tos y la congestión. También se utiliza ampliamente en la cocina como endulzante natural en bebidas, postres y recetas saladas.
El anuncio se hace luego de que se conociera que la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) señalara que se realizarían acciones que podrían afectar las operaciones en el aeropuerto El Dorado y demás aeropuertos de Colombia tras incumplimientos en acuerdos con el Gobierno.En diciembre del 2024 también se registró un escenario similar, que afectó por completo las operaciones en el aeropuerto El Dorado. Un caso que generó más de 65 retrasos y cancelaciones, afectando a 2.239 pasajeros, a causa de acciones de restricción para que los usuarios pudieran volar. Esto evidencia que cualquier interrupción en los servicios migratorios tiene consecuencias reales y significativas, según como lo menciona la aerolínea.Avianca señaló que se tendrían grandes impactos en el funcionamiento del sector aéreo, en el servicio al pasajero y la competitividad, ya que la eficiencia en los controles migratorios es esencial para garantizar la operatividad de los aeropuertos y la puntualidad de los vuelos, mientras que un control y servicio ágil representa el primer y último contacto del viajero con Colombia, asegurando una experiencia positiva para turistas y ciudadanos. Y por último, la fluidez en los aeropuertos internacionales es clave para mantener la posición de Colombia como principal destino turístico de Sudamérica y para así, atraer inversión extranjera.La aerolínea hizo un llamado urgente a las autoridades y sindicatos para garantizar que el servicio migratorio se mantenga de manera ininterrumpida, subrayando que la aviación solo funciona de forma eficiente cuando todos los actores de la cadena operan coordinadamente. Avianca aseguró que está monitoreando de cerca la situación y trabajando con el sector para minimizar los impactos potenciales. Cualquier alteración en los procesos de migración no solo afecta a los pasajeros y aerolíneas, sino que también pone en riesgo la competitividad internacional de Colombia y la confianza de los turistas en el país.Asimismo, Wingo emitió una alerta frente al riesgo que se vive en las operaciones en los próximos días.
De acuerdo con la entidad, el 87 % de los municipios beneficiados pertenecen a las categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, aquellos con menor capacidad económica y mayores rezagos en infraestructura y servicios públicos. Estas inversiones se alinean con las metas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Uno de los ejes más destacados fue la línea de Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS-VIP). A través de este programa se desembolsaron $994.882 millones, recursos que hicieron posible la financiación de 4.320 viviendas en 184 municipios, de los cuales 127 corresponden a territorios con mayores desafíos sociales.El componente de eficiencia energética también tuvo un papel central. En este sector se destinaron $1,43 billones para proyectos en 120 municipios, 90 de ellos de categorías 3 a 6. Estas inversiones respaldaron iniciativas de acceso, cobertura y modernización energética, consideradas clave dentro del proceso de transición energética justa.Otra línea prioritaria fue la de fortalecimiento institucional, orientada a mejorar las condiciones financieras de departamentos y municipios. Con desembolsos por $613.847 millones, Findeter apoyó a 165 entidades territoriales en procesos de saneamiento fiscal, modernización administrativa y ejecución de planes de desarrollo.La entidad también amplió su trabajo con intermediarios financieros del sector solidario. A través de cooperativas, cajas de compensación y fondos de empleados se canalizaron $80.817 millones, con impacto en 83 municipios, principalmente en proyectos de desarrollo urbano y minero-energético.“Estas cifras reflejan una banca de desarrollo conectada con los desafíos reales del territorio. Las inversiones evidencian el objetivo de contribuir de manera eficiente al cierre de brechas en los municipios con mayores necesidades del país”, afirmó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás.Con estos resultados, Findeter consolida su papel como actor clave en la financiación del desarrollo territorial, enfocando sus recursos en proyectos de infraestructura social, acceso a vivienda, eficiencia energética y fortalecimiento de la gestión pública local.
La posible reactivación en la Fiscalía de tres procesos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionados con la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, provocó una respuesta formal de su defensa, que cuestiona de fondo la solidez probatoria de los casos y advierte un trasfondo político en medio del escenario electoral de 2026.El abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, aseguró que se trata de expedientes con décadas de antigüedad que, según sostiene, ya han sido examinados por la justicia. En un documento divulgado por la defensa se afirma que “durante más de veinte años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”, una tesis con la que buscan desvirtuar la posible reapertura de las investigaciones.Uno de los ejes centrales de la respuesta se refiere a la masacre de El Aro, ocurrida en 1997. Sobre este caso, la defensa señala que la acusación se ha sostenido en la versión de que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia habría estado en la zona transportando o supervisando a grupos paramilitares, presuntamente bajo órdenes de Uribe. Sin embargo, el documento sostiene que “las bitácoras de vuelo oficiales, los peritajes de la Aeronáutica Civil y los testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona”, descartando así la participación directa o indirecta del entonces gobernador.En la misma línea, la defensa cuestiona el valor probatorio del testimonio del exparamilitar Francisco Villalba Hernández, quien aseguró haber visto al expresidente Uribe felicitando a paramilitares. Frente a esa afirmación, Granados indica que “la defensa demostró documentalmente que, en las fechas señaladas por Villalba, el entonces gobernador se encontraba atendiendo agenda pública en Medellín y Bogotá”, argumento con el que buscan desacreditar esa versión.El segundo proceso mencionado es el de la masacre de La Granja, perpetrada en 1996. En este caso, la acusación apunta a una presunta responsabilidad por omisión. La defensa sostiene que no existía mando operativo sobre las tropas y que el rol del gobernador era de carácter administrativo. Según el documento, “existen actas de Consejos de Seguridad donde consta que Uribe solicitó insistentemente al Ejército y la Policía reforzar la presencia en la zona”, lo que, a juicio de sus abogados, excluye una conducta omisiva penalmente relevante.Otro punto de controversia es el relacionado con las versiones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien ha vinculado al expresidente con el conocimiento de operaciones paramilitares. Para la defensa, se trata de un testigo sin credibilidad, al señalar que “Mancuso ha cambiado su versión múltiples veces según su conveniencia jurídica”. Además, recuerdan que en 2006 y 2012 negó vínculos con Uribe y sostienen que su cambio de relato podría coincidir con la búsqueda de beneficios en la justicia transicional. En ese contexto, califican a Mancuso como “un testigo de oídas y sin corroboración” y niegan que haya existido una visita a la hacienda El Ubérrimo o relaciones ilegales con jefes paramilitares, resaltando que varios de ellos fueron extraditados durante el gobierno de Uribe.También se rechaza la presunta vinculación con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pues se asegura que “no existe ningún nexo causal, orden, grabación o testimonio directo que vincule a Uribe con este crimen. Los autores materiales (banda La Terraza) y los determinadores paramilitares (Carlos Castaño) ya fueron identificados y condenados”.Finalmente, la defensa aborda el tema de las Convivir, asociaciones de vigilancia y seguridad privada creadas en la década de los noventa. Granados argumenta que estas cooperativas se enmarcaron en el Decreto 356 de 1994 y que no fueron una iniciativa arbitraria de la Gobernación de Antioquia. En el documento se afirma que se trató de un modelo de “neutralidad activa” y participación ciudadana, supervisado por la Superintendencia de Vigilancia, y que “los excesos o delitos cometidos por integrantes individuales de algunas Convivir no pueden atribuirse penalmente al gobernador”.
El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un borrador de resolución que actualiza el marco normativo para la autorización, funcionamiento y vigilancia de los laboratorios que utilizan animales de laboratorio en Colombia. La medida desarrolla el artículo 25 de la Ley 84 de 1989 y establece nuevas exigencias administrativas, técnicas y de control para las instituciones públicas y privadas que adelantan actividades de experimentación, investigación, docencia o diagnóstico.Uno de los principales cambios es la obligatoriedad de contar con una autorización formal expedida por el Ministerio de Salud, previa evaluación técnico-científica del Instituto Nacional de Salud (INS). La autorización tendrá una vigencia de dos años y será requisito indispensable para continuar operando. Sin este trámite, los laboratorios no podrán desarrollar actividades que involucren animales de laboratorio.La resolución endurece los requisitos técnicos que deben cumplir las instituciones. Los laboratorios deberán acreditar infraestructura adecuada, bioterios habilitados, personal capacitado y atención médico-veterinaria permanente, además de planes de manejo para los animales en caso de cierre temporal o definitivo de las instalaciones.Otro de los ejes de la norma es el fortalecimiento de los comités de ética para el uso de animales de laboratorio. Las instituciones estarán obligadas a conformar o actualizar estos comités, que deberán evaluar y hacer seguimiento a los protocolos de investigación, garantizando que el uso de animales esté debidamente justificado y documentado.La resolución establece que el uso de animales solo será admisible cuando sea indispensable desde el punto de vista científico, cuando no existan métodos alternativos validados y cuando se apliquen los principios de reemplazo, reducción y refinamiento, conocidos como las “3R”. Esto obliga a los laboratorios a sustentar de manera expresa por qué recurren a modelos animales y qué medidas adoptan para minimizar su uso.En materia de control, se refuerza el papel del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que ejercerá acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos autorizados. En caso de incumplimientos, especialmente aquellos relacionados con el bienestar animal, podrán adoptarse medidas sanitarias y cancelarse las autorizaciones otorgadas.La norma también ratifica la prohibición de la experimentación cosmética con animales, salvo las excepciones previstas en la Ley 2047 de 2020, y excluye este tipo de actividades del ámbito de autorización ordinaria, con el fin de evitar interpretaciones amplias.Finalmente, se establece un periodo de transición que incluye jornadas de socialización y plazos para que las instituciones ajusten sus procesos internos, adecuen los comités de ética y radiquen la solicitud de autorización. Una vez vencidos estos plazos, el uso de animales de laboratorio sin autorización podrá dar lugar a sanciones administrativas.
La emergencia climática causada por las fuertes lluvias mantiene en alerta a gran parte de la Costa Atlántica de Colombia. Según cifras preliminares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), esta situación ha afectado a más de 9.000 familias en el país.A esto se suman las afectaciones en departamentos como Antioquia, Casanare, Putumayo, Cauca y Nariño, lo que coloca al país en estado de alerta ante el aumento del número de damnificados por los fenómenos climáticos.Frente a esta situación, la UNGRD ha desplegado ayuda humanitaria con equipos técnicos y realiza monitoreo permanente en las zonas afectadas y de alto riesgo en todo el país.Además, ha anunciado medidas específicas en distintos puntos de la Costa Atlántica para reducir los riesgos de víctimas fatales ante el aumento del oleaje provocado por los vientos provenientes de Norteamérica que afectan la región Caribe.Anuncian medidas en las playas de Sucre y Córdoba ante emergencia climáticaDiversos videos que circulan en redes sociales muestran intensas olas que sacuden las costas entre Cartagena, Bolívar, Sucre y Córdoba, impidiendo la actividad turística en las playas y poniendo en alerta a zonas residenciales y comerciales cercanas a las principales playas de estos departamentos.Estos fenómenos se presentan como consecuencia de la interacción de un frente frío proveniente del Golfo de México. Córdoba y Sucre son los departamentos más afectados por el aumento del oleaje y los fuertes vientos, que han generado un fenómeno conocido como Mar de Fondo.Ante esto, la UNGRD y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) anunciaron medidas para mitigar los impactos del oleaje, incluyendo la declaración de bandera roja en las playas turísticas y la recomendación de no ingresar al mar para proteger la vida de bañistas y turistas."Pedimos a la comunidad en general abstenerse de utilizar las playas de vocación turística mientras dure este fenómeno", afirmó Francisco Otavo Martínez, capitán de la Fragata de Puerto Coveñas de la Armada Nacional.La entidad también instó a turistas y habitantes de los municipios a seguir atentamente los canales de comunicación departamentales y municipales para evitar el ingreso a las playas durante las restricciones de navegación y turismo en las zonas costeras.
Científicos de la Universidad de Stanford crearon el primer modelo de inteligencia artificial (IA) que podría ayudar a predecir el riesgo de manifestación de unas 130 enfermedades a partir de información recogida en una sola noche de sueño, según un estudio publicado este martes en la revista Nature Medicine.El modelo SleepFM ha sido entrenado con casi 600.000 horas de datos de sueño de unos 65.000 participantes, combinando señales cerebrales, cardíacas, musculares y respiratorias, recopiladas a través de la polisomnografía (PSG), el "estándar dorado" para el análisis del sueño, afirmaron los investigadores en el artículo.Este sería la primera investigación en utilizar la IA para analizar datos del sueño a gran escala.La nueva herramienta podría identificar riesgos de padecer enfermedades con altas tasas de mortalidad como la demencia, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, el accidente cerebrovascular y la fibrilación auricular."SleepFM produce representaciones latentes del sueño que capturan la estructura fisiológica y temporal del sueño y permiten una predicción precisa del riesgo de enfermedades futuras", explica el texto.El estudio insiste en que la inteligencia artificial permite salvar los desafíos de analizar la cantidad de datos obtenidos de la polisomnografía."Desde una perspectiva de IA, el sueño está relativamente poco estudiado", indicó James Zou, PhD, profesor asociado de ciencia de datos biomédicos y coautor del estudio, en la web de la Facultad de Medicina de Stanford, uno de los centros académicos de élite estadounidenses, ubicado en California.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que los cepillos de dientes convencionales y de uso diario ya no requieren registro sanitario para su comercialización y uso en Colombia, al no ser considerados dispositivos médicos según la normatividad vigente.La decisión se basa en el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión Revisora, consignado en el acta número 13, en la que se evaluó la clasificación sanitaria de los distintos tipos de cepillos de dientes que se comercializan en el país. El análisis tuvo como objetivo determinar cuáles productos deben someterse a registro sanitario y cuáles no, de acuerdo con su uso previsto y nivel de riesgo.Según explicó el Invima, tras revisar referentes internacionales, conceptos previos de la Sala y la definición técnica de dispositivo médico, se concluyó que los cepillos dentales manuales y eléctricos utilizados para la limpieza de dientes, encías y lengua cuya finalidad es la remoción de restos de alimentos y placa bacteriana para la prevención de caries y enfermedades periodontales no cumplen con los criterios para ser considerados dispositivos médicos.En consecuencia, estos productos no requieren registro sanitario ni requisitos adicionales para su fabricación o importación, lo que brinda claridad regulatoria a fabricantes, importadores y comercializadores, así como a los ciudadanos que los utilizan de manera cotidiana.No obstante, la entidad aclaró que el tratamiento regulatorio es distinto para los cepillos dentales ultrasónicos o aquellos que funcionan con radiofrecuencia. En este caso, la Sala Especializada determinó que estos dispositivos, cuyo funcionamiento está orientado a la remoción de placa bacteriana y cálculos subgingivales o supragingivales, pueden resultar abrasivos para el esmalte dental y los tejidos blandos, y están destinados exclusivamente al uso por profesionales de la salud.Por esta razón, los cepillos ultrasónicos o con radiofrecuencia sí son considerados dispositivos médicos y deben contar con registro sanitario para su comercialización y uso en el país, además de cumplir con los requisitos establecidos para su fabricación o importación. Estos productos estarán sujetos a vigilancia y control por parte del Invima.La entidad reiteró que la regulación de las tecnologías de higiene oral se fundamenta en criterios de seguridad sanitaria, uso previsto y nivel de riesgo, con el fin de proteger la salud pública y garantizar la calidad de los productos disponibles en el mercado colombiano. Asimismo, anunció que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia posmercado para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.
Dormir bien durante el periodo menstrual sigue siendo un reto para muchas mujeres. De acuerdo con datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el 36 % de las mujeres ve alterado su descanso nocturno durante estos días, principalmente por el miedo a las filtraciones. Esta preocupación no es menor: al menos una de cada cinco mujeres presenta sangrados tan abundantes que debe levantarse en la noche para cambiarse o tomar medidas adicionales para no manchar la cama.Según explica Sara Cadavid, líder de marca de Uva Women, las filtraciones nocturnas son consecuencia de una combinación de cambios hormonales y de la postura al dormir. En los días previos y durante el inicio de la menstruación, la caída de la progesterona —hormona relacionada con el sueño profundo— y el aumento de las prostaglandinas, responsables de los cólicos, generan descargas de flujo más intensas. A esto se suma que, al estar acostada, la sangre se acumula y puede salir de golpe al moverse o levantarse, aumentando el riesgo de manchas.¿Cómo evitarlo?Ante este panorama, la elección de una protección adecuada resulta clave para mejorar el descanso. La especialista recomienda optar por productos diseñados específicamente para la noche y con capacidad de larga duración. Entre las alternativas más efectivas se encuentran los discos menstruales, las copas y los panties menstruales, que ofrecen hasta 12 horas de protección continua y reducen significativamente la necesidad de interrupciones durante el sueño.Los discos y las copas son especialmente útiles para flujos moderados a abundantes, ya que al ser internos no se desplazan con los movimientos nocturnos. En paralelo, los panties menstruales han ganado terreno como una opción cómoda y segura, gracias a su diseño anatómico que cubre mayor superficie y se ajusta al cuerpo, evitando fugas incluso cuando el flujo cambia de intensidad durante la noche.Finalmente, Cadavid resalta que una protección menstrual confiable impacta directamente en la calidad de vida. Productos con tecnologías avanzadas, como panties con múltiples capas anti filtraciones, ayudan a reducir la ansiedad típica del periodo y permiten dormir con mayor tranquilidad. Complementar esta protección con hábitos simples —como ir al baño antes de acostarse o mantener rutinas relajantes— favorece un sueño más profundo y reparador, incluso en los días más difíciles del ciclo menstrual.
Al cierre de diciembre, los gestores farmacéuticos Colsubsidio y Medicarte informaron que no continuarían con la dispensación de medicamentos a los usuarios, argumentando una deuda pendiente por parte de la Nueva EPS responsable. Ante esta situación, la entidad anunció la designación de nuevos gestores farmacéuticos, quienes asumirían la entrega de medicamentos a partir del 1 de enero.Sin embargo, a 5 de enero, usuarios afiliados a Nueva EPS denunciaron que aún no se han habilitado puntos de dispensación para la entrega de medicamentos, especialmente para pacientes de alto costo.Néstor Álvarez, paciente de alto costo y representante de este grupo de usuarios, indicó que hasta el momento no existe información clara sobre los lugares donde se deben reclamar los medicamentos. Según explicó, la ausencia de puntos de entrega ha impedido que los pacientes accedan oportunamente a sus tratamientos, situación que impacta directamente su continuidad asistencial.Álvarez hizo un llamado a la Nueva EPS para que informe de manera inmediata en qué puntos se realizará la dispensación de medicamentos a los pacientes que anteriormente reclamaban con Colsubsidio, señalando que, a la fecha indicada, no se registra ningún punto habilitado para este fin.El representante de los usuarios también solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, para que adopte medidas de seguimiento frente a la situación, y del Ministerio de Salud, con el fin de que se garantice la adquisición y entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS. Asimismo, pidió al Gobierno nacional evaluar acciones que permitan asegurar la continuidad en la atención de los pacientes y el acceso oportuno a los tratamientos.Los pacientes reiteraron la necesidad de contar con información clara y oportuna sobre los mecanismos de dispensación, mientras se definen los ajustes operativos derivados del cambio de gestores farmacéuticos dentro del sistema de salud.
Blu Radio conoció el más reciente estudio de cartera elaborado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido), en el que se analiza el estado de las cuentas por cobrar de la industria farmacéutica afiliada durante el tercer trimestre de 2025.El informe señala que la cartera total de los afiliados a Afrido alcanzó los $5,2 billones. Este monto corresponde al valor acumulado de medicamentos y tecnologías que ya fueron entregados y facturados, pero que aún no han sido pagados por los distintos actores del sistema. De ese total, $1,8 billones se encuentran en condición de cartera vencida, al haber superado los plazos de pago establecidos.De acuerdo con el documento, el 33,85 % de esa cartera se encuentra vencida. Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de las cuentas por cobrar, con $3,2 billones, lo que equivale al 62 % del total reportado. De ese monto, $1,3 billones corresponden a pagos que no se han realizado dentro de los plazos previstos.El informe concluye que estas cifras permiten dimensionar el volumen de recursos que la industria farmacéutica mantiene pendiente de recibir y muestran cómo los retrasos en los pagos se concentran principalmente en algunos actores del sistema de salud.
Durante el embarazo es muy normal que a las madres les digan una frase que, en muchos casos, genera temor: “el bebé le quita el calcio a la mamá”. Estas palabras suelen venir acompañadas de miedos relacionados con dientes frágiles o huesos debilitados. Sin embargo, la ciencia ha revelado que el panorama es más complejo de lo que parece, aunque es prevenible con una buena alimentación.El cuerpo materno se adapta para cubrir las necesidades del bebé, pero esa adaptación funciona de manera adecuada solo si existe un aporte suficiente de nutrientes.¿El bebé realmente consume el calcio de los huesos de la mamá?Según revela CELAN (Centro Latinoamericano de Nutrición), la realidad es que durante la gestación, especialmente en el último trimestre, suele presentarse una mayor demanda de calcio, debido a que el feto lo requiere para formar su estructura ósea. Ante esto, el organismo de la madre responde absorbiendo más calcio de los alimentos. Sin embargo, cuando la ingesta es insuficiente, es posible que la movilización de este mineral provenga de los huesos maternos.Eso sí, este proceso no es automático ni inevitable, pero sí requiere una atención especial, particularmente en adolescentes, cuyo esqueleto aún se encuentra en proceso de consolidación.No es comer por dos, es nutrirse mucho mejorMás que aumentar calorías sin control, el embarazo exige cubrir nutrientes específicos. Entre los más importantes están la proteína y el calcio, fundamentales para el crecimiento fetal y para los cambios que experimenta el cuerpo materno. El peso al nacer, por ejemplo, es un indicador que refleja cómo fue el ambiente intrauterino. Un bajo peso no es una condena, pero sí una señal de que la nutrición durante el embarazo importa y puede tener efectos a largo plazo.Lácteos: así puede evitar problemas de calcioLa leche, el yogur y el queso suelen destacarse por combinar proteína con calcio de alta biodisponibilidad. Estudios científicos han evidenciado que un mayor consumo de lácteos se asocia con un mejor peso y longitud al nacer, además de un menor riesgo de bajo peso. Para incorporarlos de forma práctica y segura, se recomienda:Consumir entre 2 y 3 porciones al día, según tolerancia.Elegir productos pasteurizados y de buena calidad.Optar por versiones naturales o con bajo contenido de azúcares.Usar alternativas deslactosadas en caso de intolerancia.
El secretario distrital de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtió en la red social X que los lineamientos que prepara el Ministerio de Salud desde mediados de enero sobre los bancos de leche humana no deben generar exclusiones ni poner en riesgo la lactancia materna. Bermont también recalcó que la donación de leche es un asunto de salud pública que debe abordarse con base en la evidencia, el respeto por la autonomía de las mujeres y sus derechos.En su mensaje, Bermont sostuvo que las decisiones alrededor de la donación de leche no pueden traducirse en restricciones automáticas para las madres y señaló que el objetivo central debe ser proteger la vida de los recién nacidos, bajo un enfoque humano y no discriminatorio. Además, resaltó que desde el sector salud de Bogotá se insiste en que los lineamientos nacionales deben evitar criterios que excluyan a posibles donantes sin una justificación técnica clara.El pronunciamiento del secretario se da luego de una publicación de El Espectador, en la que se advierte que el proyecto de resolución del Ministerio de Salud plantea excluir de la donación de leche a mujeres que hayan perdido a su bebé, entre otros requisitos, como que la mujer lactante cuente con el apoyo de su pareja o de un grupo familiar. Es decir, una madre que esté atravesando un duelo gestacional o perinatal, o que se encuentre sola, no podría donar leche, aun cuando se encuentre en óptimas condiciones para hacerlo.De acuerdo con las fuentes entrevistadas por el medio de comunicación, estos lineamientos han generado preocupación porque, según advierten, se desconoce la contribución de estas mujeres a la alimentación segura de bebés que, por patologías propias o de su madre, no podrían ser lactados directamente. A esta inquietud se suma la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que alertó que la propuesta podría ir en contravía de evidencia científica reciente que respalda los efectos favorables de la donación de leche en madres que han atravesado una pérdida reciente.En un comunicado, la asociación señaló que el duelo perinatal es una experiencia dolorosa, pero no anula la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre la lactancia ni para ser donantes de leche. Además, advirtió que los nuevos lineamientos podrían contradecir la Ley 2310 de 2023, conocida como la 'Ley Brazos Vacíos'. La norma establece que el sistema de salud debe respetar la voluntad de la mujer frente a la atención del duelo perinatal en todas sus etapas, así como garantizar el acceso a apoyo idóneo durante el proceso de lactancia en el duelo y el derecho de las familias que han sufrido una pérdida gestacional o perinatal a recibir atención psicosocial.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas, ofrecido en el mercado como tratamiento contra la alopecia, pese a no contar con registro sanitario ni autorización para su venta en Colombia.Según la entidad, el producto es promocionado como “cápsulas anti-alopecia” y se presenta como un estimulante del crecimiento de nuevos folículos capilares. Sin embargo, el Invima señaló que no existen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia, debido a que se desconoce su composición real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza Londoño, explicó que el consumo de medicamentos sin registro sanitario implica riesgos para la salud, ya que no han sido evaluados ni autorizados por la autoridad competente. En estos casos, indicó, no hay certeza sobre los efectos que puedan generar en el organismo, tanto a corto como a largo plazo.Riesgos en la salud por consumir estas cápsulasLa entidad advirtió que el uso de este tipo de productos puede generar interacciones con otros medicamentos o alimentos, alteraciones en el sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito. Estos riesgos aumentan cuando los productos son adquiridos a través de redes sociales, plataformas digitales o cadenas de mensajería, donde no existe control sanitario.El Invima reiteró que ningún medicamento puede ser comercializado legalmente en el país sin contar previamente con un registro sanitario vigente, el cual certifica que el producto cumple con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia establecidos por la normatividad.Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir y consumir el producto señalado, así como a verificar siempre el número de registro sanitario antes de utilizar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios, mediante los canales oficiales de consulta del Invima.Finalmente, el Instituto solicitó a las autoridades de salud territoriales, establecimientos farmacéuticos e instituciones prestadoras de servicios de salud reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, además de difundir esta alerta entre los diferentes actores del sector, con el fin de prevenir riesgos en la población.
La crisis por la entrega oportuna de medicamentos en Colombia se ha convertido en un problema estructural que afecta directamente la vida y la salud de miles de pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas y huérfanas.Durante más de medio año, usuarios del sistema han denunciado retrasos, entregas incompletas y la suspensión total de tratamientos esenciales, una situación que ha llevado al agravamiento de patologías que requieren manejo continuo y especializado.Pacientes y familiares advierten que la falta de medicamentos no solo ha generado retrocesos en los tratamientos, sino que ha derivado en hospitalizaciones prolongadas y, en los casos más graves, ingresos a unidades de cuidados intensivos. Personas con diagnósticos oncológicos, enfermedades autoinmunes, raras y crónicas han visto interrumpidos esquemas médicos fundamentales, aumentando el riesgo de complicaciones severas y reduciendo su calidad de vida.Ante este panorama, los afectados han recurrido a múltiples mecanismos para exigir respuestas. Plantones frente a EPS, gestores farmacéuticos, así como la radicación de derechos de petición y cartas formales, han sido constantes en distintas regiones del país. Sin embargo, los pacientes aseguran que durante meses no recibieron soluciones efectivas, mientras la crisis se profundizaba.Frente a este escenario, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que para 2026 implementará una hoja de ruta que incluye un plan de choque para mejorar la entrega de medicamentos, con el objetivo de que las fórmulas se suministren de manera completa, el aumento de auditorías y visitas a EPS, prestadores y gestores farmacéuticos, la revisión del total de los reclamos en salud abiertos o vencidos y el fortalecimiento de la presencia territorial. No obstante, los pacientes advierten que estas medidas llegan después de meses de afectaciones graves a su salud y exigen soluciones inmediatas que eviten que más personas continúen deteriorándose o lleguen a hospitalización por la falta de tratamientos.
En una entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que durante su gestión recibió “órdenes a través de la mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez, diciendo que eran órdenes del presidente y que ya tenían el visto bueno”.La declaración del exfuncionario reactivó una crisis política que estalló esta semana entre el presidente Gustavo Petro y su exsuperintendente, al sumarse a las acusaciones sobre presunta corrupción en la designación de interventores de EPS bajo intervención estatal. El escándalo involucra indirectamente a Laura Sarabia, actual embajadora en Londres, y a su exasesor Jaime Ramírez Cobo, señalado por Leal como el intermediario en la entrega de hojas de vida.El presidente Petro, desde un acto público en la Casa de Nariño, acusó a Sarabia de haber “engañado” a Leal, y aseguró que “lo primero que hicieron fue entregar unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura. Eso fue un engaño”.“No eran amigos del poder, eran técnicos”Luis Carlos Leal, médico y exsuperintendente, defendió su gestión argumentando que los nombramientos se realizaron bajo las normas y requisitos legales. “La ley no dice que uno tenga que nombrar amigos o personas conocidas. Dice que deben cumplir unos requisitos técnicos. Eso fue lo que hicimos”, afirmó.El exfuncionario explicó que durante el proceso de selección se verificaron los antecedentes a través de los mecanismos establecidos, entre ellos el sistema SARLAFT y los reportes de la UIAF. Según afirmó, “cumplieron todos los requisitos, se hicieron los estudios necesarios y se agotaron las instancias para garantizar que no hubiera antecedentes penales ni disciplinarios”.Sin embargo, tres de los interventores designados —en Asmet Salud, Emsanar y SOS— fueron posteriormente denunciados ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades. “La Superintendencia vigiló esos comportamientos, evidenció que estaban mal y los denunció oportunamente”, aseguró Leal.Fiscalización y posibles entramadosDetrás de esas anomalías, dijo el exsuperintendente, operaba una figura clave: Mario Urán, un asesor externo que, según Leal, “presuntamente coordinaba a los interventores, les decía dónde debían poner los recursos, y eso va en contravía de sus funciones”.Leal aclara, sin embargo, que no puede afirmar judicialmente si Urán actuaba en nombre o bajo el conocimiento de Sarabia. “No tengo ni idea, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la Nación. Nosotros denunciamos los nombres y entregamos las pruebas”, señaló.El exfuncionario reveló además que informó personalmente al presidente Petro cuando descubrió irregularidades en las órdenes. “Le escribí directamente al presidente y le dije: no estoy de acuerdo con esta decisión. Él me respondió que nunca había dado esa orden. Ahí supimos que había intermediarios que se hacían pasar por él”, relató.Ruptura política y salida del cargoPese a haber alertado sobre las irregularidades en 2024 —según él, también denunciadas ante la Fiscalía en octubre de ese año—, Leal fue retirado del cargo meses después. Sobre los motivos de su salida, no ofreció una respuesta precisa: “No sabría decirle cuál fue la razón que motivó al presidente para pedir mi renuncia. No tengo ni idea”, reconoció.La tensión escaló cuando el propio presidente Petro, en un acto público reciente, se refirió a Leal como “ingenuo”, sugiriendo que fue víctima de manipulación en los procesos de designación de interventores. El exsuperintendente respondió con firmeza: “Yo actué conforme a la ley. No puedo meter las manos al fuego por alguien, pero sí puedo decir que cumplimos con todos los requisitos y que denunciamos los actos de corrupción cuando los detectamos”.El trasfondo: crisis del sistema de salud y disputa por el controlEl episodio se produce en medio de la persistente crisis del sistema de salud y del estancamiento de la reforma estructural impulsada por el Gobierno Petro. Para Leal, el problema no radica en las intervenciones, sino en la precariedad institucional. “Las intervenciones no solucionan el problema de raíz. Son pañitos de agua tibia frente a un sistema que necesita transparencia y control efectivo”, afirmó.El exfuncionario insistió en que el sistema actual “sigue permitiendo la corrupción”, y recalcó que el objetivo durante su gestión fue transparentar los recursos públicos y fortalecer la vigilancia digital de la Superintendencia, históricamente débil en capacidades tecnológicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda cierres fronterizos ni restricciones a los viajes en relación con los dos casos de virus Nipah -un patógeno de alta letalidad para el que no hay tratamiento específico- registrados en la India, señaló este viernes una responsable de la agencia."La forma más eficaz de contener el virus cuando hay un brote es en el lugar de contagio, a través de una respuesta local que incluya el cuidado de los afectados, un seguimiento de cerca a los contactos, e información a la opinión pública sobre cómo evitar las infecciones", señaló en rueda de prensa Anais Legand, del departamento de Patógenos de Alto Riesgo de la OMS.La experta subrayó que la medición de temperaturas a viajeros procedentes de la zona afectada, algo que han puesto en marcha algunos países próximos a la India desde la declaración de los casos, es "una elección que los países pueden llevar a cabo", aunque no lo consideró una restricción de los viajes per se.Legand recordó que la OMS fue notificada el 26 de enero de los dos casos, uno de ellos aún en estado grave, sin que por ahora se hayan detectado nuevos contagios, aunque unos 190 contactos están bajo seguimiento.¿Qué es y cómo se transmite el virus Nipah?El virus Nipah, con una letalidad de entre el 40 % y el 75 % y del que tampoco hay vacuna, se reportó por primera vez en 1998 y desde entonces se han dado brotes en Bangladés, India, Malasia, Filipinas y Singapir, recordó la responsable de la OMS.Normalmente se transmite desde animales como murciélagos frugívoros, o por el consumo de alimentos contaminados por éstos, aunque se han dado algunos contagios de humano a humano, subrayó en rueda de prensa."Esto ha ocurrido de forma limitada, en condiciones de contacto prolongado con un paciente enfermo sin llevar la protección adecuada" (trajes de protección PPE), especificó.Legand señaló que la OMS recomienda a las personas en zonas afectadas que muestren síntomas acudir a un médico lo antes posible, aunque reconoció que al principio de la enfermedad las señales pueden no ser muy claras.¿Cuál es el primer síntoma del virus Nipah?"El primer síntoma en la mayoría de los pacientes es fiebre, y en algunos casos dolores de cabeza y confusión", explicó, señalando que otros posibles indicios podrían ser problemas respiratorios, tos, mareos, fatiga o vómitos.El martes la OMS valoró como "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, señalando que la India tenía experiencia en la contención de brotes anteriores.
El Índice Nacional de Salud 2025, presentado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, expone limitaciones estructurales del sistema de salud colombiano relacionadas con la disponibilidad de talento humano y la capacidad instalada para la atención de la población.De acuerdo con el informe, Colombia cuenta con 40,5 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, una cifra que la sitúa en el último lugar del grupo de países analizados y por debajo de la meta mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, establecida en 44,5 profesionales por cada 10.000 habitantes. Este indicador refleja una brecha persistente en la disponibilidad de personal sanitario frente a las necesidades del sistema.El documento también señala restricciones en la infraestructura hospitalaria. Colombia es el tercer país con menor número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, con un promedio de 1,7 camas. En contraste, los países que encabezan este indicador superan las 12 camas por cada 1.000 habitantes, lo que evidencia diferencias significativas en capacidad de atención.Según el Índice, estas condiciones inciden en el desempeño del sistema de salud y se relacionan con brechas territoriales, especialmente entre zonas urbanas y rurales, donde la disponibilidad de servicios y recursos es más limitada. El análisis indica que las condiciones iniciales del territorio y la capacidad efectiva del sistema influyen de manera directa en los resultados en salud.El informe plantea que, más allá de cambios normativos, la disponibilidad de talento humano y la infraestructura existente son factores determinantes para mejorar la atención y los resultados sanitarios. En ese sentido, el Índice Nacional de Salud 2025 se presenta como una herramienta de análisis para la toma de decisiones basadas en datos, con el fin de fortalecer la capacidad del sistema de salud en el país.
Blu Radio conoció la historia de Juan Sebastián Moreno, un joven de 27 años diagnosticado con síndrome de Ehlers-Danlos, inmunodeficiencia primaria variable común y fibrosis quística, que se encuentra nuevamente hospitalizado luego de pasar cerca de tres meses sin recibir la inmunoglobulina subcutánea, medicamento esencial para controlar infecciones y procesos inflamatorios asociados a su condición.Así lo denunció su madre, Doris Cecilia Sánchez, quien aseguró que las fallas en la dispensación de medicamentos por parte de Nueva EPS y sus gestores farmacéuticos han provocado un deterioro progresivo y severo en la salud de su hijo.Según relató, desde septiembre de 2025 comenzaron las demoras en la entrega de medicamentos. Aunque en octubre se entregaron algunos fármacos de manera parcial, desde noviembre la situación se agravó. En diciembre, afirma, no se entregó ningún medicamento, ni siquiera los de uso básico como acetaminofén.La situación más crítica, explica, fue la suspensión total de la inmunoglobulina, un tratamiento que Juan Sebastián debe recibir semanalmente y que no tiene reemplazo terapéutico. “Sin inmunoglobulina, él se infecta, convulsiona y se deteriora rápidamente”, señaló.La falta de este medicamento derivó en infecciones recurrentes, convulsiones, dolor constante y una pérdida significativa de movilidad. De acuerdo con su madre, el joven pasó de caminar y salir de su casa a no poder levantarse de la cama, presentar fatiga extrema y requerir atención hospitalaria urgente.A esto se suman las dificultades para acceder a anticonvulsivantes, analgésicos y antibióticos. En varios casos, Doris Sánchez tuvo que comprar los medicamentos con recursos propios, asumiendo gastos que superan los 3,5 millones de pesos. Algunos tratamientos, explicó, tienen costos elevados: anticonvulsivantes cercanos al millón de pesos por caja, antibióticos de hasta 200.000 pesos por ampolla y morfina que puede costar más de 180.000 pesos por frasco.Actualmente, Juan Sebastián se encuentra hospitalizado, donde ha recibido antibióticos, analgésicos e hidratación, y está siendo valorado por varios especialistas. Sin embargo, su madre insiste en que toda la crisis de salud es consecuencia directa de no haber recibido la inmunoglobulina. Incluso, uno de los gérmenes detectados sería de origen hospitalario, lo que aumenta los riesgos debido a su sistema inmunológico comprometido.Doris Sánchez también denunció falta de respuestas por parte de la EPS, los gestores farmacéuticos y las autoridades de control. Asegura que ha presentado múltiples solicitudes, derechos de petición, tutelas y al menos cuatro radicados ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin obtener soluciones concretas. “Solo llegan respuestas automáticas y nadie asume el caso”, afirmó.Frente a la situación, este medio buscó a Nueva EPS, desde donde indicaron que van a revisar el caso; sin embargo, hasta el momento no se ha dado una respuesta de fondo ni se ha confirmado la entrega de los medicamentos pendientes.Mientras tanto, la familia teme que el estado de salud del joven continúe deteriorándose. “No es justo que mi hijo esté en una cama, con dolor e infecciones, por negligencia. Estamos pagando un servicio de salud para sobrevivir, no para morir”, concluyó su madre.
La recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios entró en una nueva fase que va mucho más allá de levantar muros o restaurar estructuras históricas. Así lo explicó la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, al detallar el alcance del convenio firmado entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá.Según la ministra, el anuncio realizado recientemente en el San Juan de Dios, y que quedó opacado por la controversia alrededor del discurso del presidente Gustavo Petro, marcó un punto de quiebre tras años de bloqueos institucionales. El corazón del proyecto será el plan médico-arquitectónico, una hoja de ruta que definirá qué servicios se prestarán y cómo se usarán los distintos pabellones del hospital. Estas decisiones no quedarán al vaivén de los cambios políticos, sino que se adoptarán en comités operativos integrados por la Nación y el Distrito, con base en estudios y diseños técnicos."Por supuesto se nos va a permitir ingresar con mayor facilidad a realizar las obras que ya están andando desde hace tres años y a cumplir con los avances necesarios para entregar un complejo de mediana y alta complejidad”, recalcó la ministra, quien subrayó que este modelo rompe con visiones anteriores que contemplaban esquemas de concesión o participación privada en la operación del hospital.Avances concretos y obras en marchaAunque durante años el San Juan de Dios fue símbolo de abandono, Kadamani aseguró que hoy los avances son tangibles. En los últimos dos años se han estructurado y adjudicado 13 licitaciones, todas con recursos garantizados, y actualmente 13 pabellones están en obra.De acuerdo con el cronograma, este año se espera la entrega de cinco o seis edificios, mientras que en los próximos tres años el objetivo es mostrar avances de manera constante hasta completar la recuperación del complejo. El pabellón de mantenimiento ya fue entregado y el que presenta mayor progreso es el Materno Infantil.En materia de recursos, la ministra detalló que hasta ahora el Gobierno, en cofinanciación con los ministerios de Salud y Educación, ha invertido 338.000 millones de pesos en la recuperación de los pabellones. A esto se suma un respaldo clave: vigencias futuras por 1,6 billones de pesos, destinadas principalmente a la restauración de la torre central y el ala de urgencias, bienes de interés cultural de la Nación.Además, el modelo de operación contempla la participación de universidades públicas, no solo la Universidad Nacional, sino también la Universidad Distrital y otros programas académicos que podrían sumarse al funcionamiento del hospital.Pese a las históricas tensiones entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá sobre el futuro del San Juan de Dios, la ministra destacó que hoy existe una coincidencia clara entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. "Nosotros, por el momento, estamos concentrados en recuperar los 24 edificios que van a comprender el complejo completo (...) Pero como les menciono, nuestro valor principal será entregar un espacio totalmente público", conluyó.
El Ministerio de Salud rechazó y cuestionó el reportaje publicado por The British Medical Journal, una de las revistas médicas más influyentes del mundo, al considerar que presenta una visión “parcial, descontextualizada y carente de rigor técnico” sobre la actualidad del sistema de salud colombiano.Según el ministerio, aunque el texto se publique en una revista científica de alto reconocimiento, no se puede considerar como un artículo académico, sino un reportaje periodístico que no cuenta con una metodología verificable ni el contraste adecuado de fuentes.“El reportaje induce al lector a creer que los problemas del sistema de salud —retrasos en la entrega de medicamentos, cierre de servicios hospitalarios, salas de maternidad y unidades neonatales— son consecuencia exclusiva del actual Gobierno. Esta afirmación desconoce de manera deliberada que se trata de una crisis estructural, acumulada durante más de tres décadas, asociada al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993”, argumenta el ministerio.Dicho artículo, titulado 'How politics destroyed Colombia’s model healthcare system' y redactado por el periodista freelance Luke Taylor, sostiene que las decisiones políticas recientes habrían deteriorado un sistema de salud que durante años fue presentado como modelo en América Latina.Pero, para el ministerio es un análisis reduccionista, ya que omite variables clave como el acceso efectivo, la calidad de la atención, la equidad territorial y la experiencia real de los usuarios y cuestiona la defensa implícita de conglomerados privados del sector de la salud.“El reportaje omite, además, los informes de la Contraloría General de la República que documentan graves irregularidades y desvíos de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) limitándose a construir un relato que exonera al modelo de intermediación privada de sus responsabilidades estructurales”, señala el ministerio.Otra de las molestias del ministerio tiene que ver con las afirmaciones de que el Gobierno busca eliminar la empresa privada o provocar una crisis financiera para imponer cambios al sistema.“Los proyectos de reforma garantizan expresamente la participación de prestadores públicos, privados y mixtos”, aseveró el ministerio agregando que las intervenciones a EPS se han realizado con base el respaldo legal para proteger la atención de los usuarios.La cartera cerró el pronunciamiento defendiendo su gestión, con cifras como que entre 2022 y 2026 la inversión pública en salud aumentó en términos reales más del 50 %, con recursos destinados a fortalecer la UPC, la infraestructura hospitalaria y la atención primaria.