Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
La secretaría de Gestión del Riesgo de Cali se encuentra realizando diferentes recorridos en el sur de la ciudad, haciendo verificaciones técnicas e inspecciones a los edificios afectados durante el terremoto para identificar factores que representen un riesgo para las personas, que no hayan sido identificados en las primeras visitas, o se hayan generado con el enjambre sísmico.El último en revisarse fue el edificio Fátima, ubicado en la esquina de la carrera 34 entre la avenida Roosevelt y la calle 7ma, donde se ordenó el cierre vial en sus alrededores por las fallas que se encontraron en esta estructura.El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, señaló que las señalizaciones con los stickers rojos no significan específicamente riesgo de colapso, sino la existencia de alguna condición peligrosa, y después de estudios más profundos, se puede retornar a estas estructuras."En el sticker rojo significa inseguro, no quiere decir que el edificio esté para demoler o que el edificio haya fallado estructuralmente. También hay elementos arquitectónicos colgantes que pueden representar un riesgo para las personas. Por ejemplo, en Tribeca, después de una mesa técnica de ocho horas con los ingenieros calculistas, se llegó a la decisión de bloquear unas áreas que ponían en riesgo a las personas y pasó de ser inseguro a uso restringido. Se hicieron unos nuevos conductos o partes por donde iba a pasar la gente donde estas partes eran seguras para que la gente pudiera volver a sus unidades residenciales como tal", explicó Peñuela.El secretario aseguró que estas revisiones se siguen adelantando para establecer qué edificaciones requieren sí o sí una demolición, añadió que ya son más de 30 los edificios que tienen un primer diagnóstico para ser intervenidos."Tenemos un aproximado de 36 estructuras candidatas para demoliciones, hoy tenemos 17 aprobadas por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. La demolición es algo que no se puede hacer a la ligera, es una última opción, para nosotros recuperar todo el tema de las unidades habitacionales. No es cambiar un riesgo por otro o crear una crisis, ni mucho menos, es hacerlo de manera ordenada, responsable y por eso nos encontramos en este momento haciendo la fase 2", indicó el secretario.Hasta el momento, en Cali se han demolido el edificio María Mercedes y el motel Molino Rojo. El conjunto residencial Guadalupe está en medio de su intervención. Los siguientes en lista son el Archinié en los Cámbulos y el edificio Arábico, sobre la 5ta con 66, al sur de la ciudad.
La muerte de peatones en las calles de Cali mantiene la alerta entre las autoridades de movilidad. En lo corrido de 2026, cinco tramos de la ciudad han sido identificados como puntos críticos por la frecuencia y gravedad de los siniestros viales que allí se han registrado.Estos corredores serán reforzados con operativos de vigilancia y control, en medio del incremento de la mortalidad de peatones registrado este año.El secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, aseguró que a la fecha 92 peatones han muerto en las vías de la ciudad durante 2026. Según explicó, más del 62 % de estos casos corresponde a peatones atropellados por motociclistas, la mayoría de las víctimas son adultos mayores.“Y cuando revisamos el comportamiento de los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, encontramos que algunos sectores han mantenido una recurrencia importante de atropellos. La calle 70 con carrera 8, por ejemplo, registró 30 atropellos en ese periodo, mientras que la calle 15 entre carreras 4 y 7 registró 25.” dijo el funcionario. Los operativos se reforzarán con los 800 agentes de tránsito que, de acuerdo con la Secretaría, estarán distribuidos diariamente en distintos puntos de la ciudad. Los controles tendrán especial presencia en corredores como el oriente de Cali, el centro, la avenida Simón Bolívar, la avenida Ciudad de Cali y la carrera Octava.El balance general de muertes en las vías también encendió las alarmas. El secretario comparó la cifra acumulada de víctimas con la registrada durante el terremoto que afectó a la ciudad, al señalar que los siniestros viales ya dejan alrededor de 230 muertos este año.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), tropas del Ejército Nacional y funcionarios de Ecopetrol fueron atacados durante una diligencia investigativa contra las finanzas ilegales de las disidencias de las FARC, en zona rural de Timba, Cauca.La comisión se desplazó hasta el sector como parte de un proceso que adelantan las Direcciones Especializadas contra las Organizaciones Criminales y el Narcotráfico, relacionado con una de las presuntas fuentes de financiación ilegal de las disidencias de las FARC. De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, al llegar al lugar indicado, los funcionarios fueron atacados con explosivos, drones y ráfagas de fusil por presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez.La intensidad del hostigamiento provocó afectaciones a uno de los vehículos del CTI, que fue impactado durante la agresión. Ante esta situación, los servidores judiciales que participaban en la diligencia tuvieron que retirarse del área.Mientras el personal judicial abandonó el lugar, las tropas del Ejército Nacional que acompañaban el procedimiento permanecieron en la zona para enfrentar la agresión de los presuntos integrantes del grupo armado. La diligencia hacía parte de una investigación orientada a afectar las finanzas ilegales de las disidencias y contaba con el acompañamiento de funcionarios de Ecopetrol, dentro de las actividades que las autoridades adelantan para avanzar en la identificación y afectación de esas fuentes de financiación.La Fiscalía señaló que, pese al ataque, continuará con las actividades investigativas relacionadas con el caso y que reorientará sus esfuerzos en coordinación con las Fuerzas Militares para concretar el objetivo definido dentro de la investigación.
Desde Antioquia proponen al ministro de Justicia implementar piloto de control antiextorsiones en la cárcel Bellavista del municipio de Bello. La iniciativa combinaría tecnología de inhibición de señal con mayores controles por parte del InpecEn medio de las decisiones del Gobierno nacional frente al endurecimiento de medidas de seguridad para privados de la libertad, especialmente cabecillas de grupos delincuenciales, y la lucha contra la corrupción al interior del Inpec, desde Antioquia surgen nuevas propuestas para evitar delitos que se originan desde centros penitenciarios del país.Este es el caso de las llamadas extorsivas donde, solo en el último año, se han incautado 72.000 celulares al interior de las cárceles, por lo que el representante a la Cámara Simón Molina propuso al ministro de Justicia, Iván Cancino, la implementación de un plan piloto antiextorsiones en la cárcel Bellavista del municipio de Bello.Le puede interesar: Caen peligrosos extorsionistas de Piedecuesta; integran banda que asesinó a comercianteEl congresista antioqueño señaló que la estrategia consiste en combinar tecnología de inhibición de señal con mayores controles internos por parte del Inpec. Esto se lograría a partir de acciones como el bloqueo efectivo de comunicaciones, controles más severos al ingreso de dispositivos, seguimiento técnico permanente y medición de resultados.“No compartimos que desde la difamación se pretenda dañar la honra de funcionarios de nuestra caja. Comfama es y será siempre para el servicio de sus afiliados. Son miles de trabajadores y empresarios comprometidos que continuamente han velado por el óptimo funcionamiento y gestión de nuestra caja”, aseveró.Según indicó el representante, la propuesta fue acogida por parte del ministro Cancino y se comprometió a avanzar en su evaluación. En caso de que la estrategia tenga resultados positivos, explicó Molina, podría ser un modelo a implementar en otros centros penitenciarios del país, particularmente en aquellos con mayor población o privados de la libertad de más alto perfil criminal.
Este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia Femenina Sub-20 se medirá con Corea del Norte en las semifinales del Mundial Sub-20 disputado en Polonia, después de haber eliminado a Nigeria con un gol en el tiempo añadido.El encuentro se disputará en el estadio municipal de Lodz a las 11:30 de la mañana (hora Colombia), donde buscarán alcanzar la final del campeonato y mejorar el cuarto puesto conseguido en la edición de 2010, hasta ahora su mejor actuación en esta competición.Colombia y Corea del Norte ya se enfrentaronEl desafío será especialmente exigente por el antecedente que tienen ambos equipos en este mismo Mundial. Corea del Norte derrotó 3-0 a Colombia durante la fase de grupos y llega a la semifinal sin haber recibido un solo gol en el campeonato.Las asiáticas, además, defienden el título que conquistaron en 2024 frente a Japón y cuentan con otros dos campeonatos en su palmarés. Por ese recorrido, Corea del Norte partía como una de las principales candidatas a quedarse nuevamente con el trofeo.Colombia tendrá que cambiar la historia del primer enfrentamiento entre ambas selecciones. El equipo sudamericano viene de superar una serie de partidos cerrados durante la fase eliminatoria y ha conseguido avanzar administrando ventajas mínimas.El último ejemplo fue el partido de cuartos de final contra Nigeria. Cuando parecía que el encuentro podía extenderse, Valerin Loboa apareció en el minuto 92 para marcar el 1-0 definitivo y darle a Colombia la clasificación entre las cuatro mejores selecciones del Mundial.Ese resultado permitió a las colombianas instalarse nuevamente en unas semifinales de la categoría, con la posibilidad de superar ahora su mejor presentación histórica en el torneo. Para conseguirlo, tendrán que enfrentarse a una selección norcoreana que todavía no ha concedido goles en esta edición.¿Con quién se enfrentaría Colombia si pasa a la final?De superar a las norcoreanas, la tricolor se enfrentaría a la selección española sub-20 femenina, que venció a Italia en las semifinales del Mundial de la categoría (0-2), con lo que aseguró su puesto en la final por tercera vez en las últimas cuatro ediciones del torneo.Las de David Aznar se enfrentarán en la final al ganador del duelo entre Corea del Norte, tres veces campeona y defensora del título, y Colombia, cuyo mejor resultado en este torneo es un cuarto puesto.Es la tercera final de su historia para España, con resultado dispar en las dos anteriores. Las españolas cayeron en su primer partido por el título contra Japón, en la edición de 2018, pero se redimieron en 2022, haciéndose con el entorchado mundial frente al mismo rival.La final del Mundial Sub-20 femenino se jugará el domingo 27 de septiembre a las 11:00 a. m. de Colombia en el estadio municipal de Lodz.
Habitantes de Doral, la ciudad en Florida con la mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, denuncian que se ha convertido en un "pueblo fantasma" por las crecientes deportaciones, por lo que la comunidad se siente "traicionada" por la Administración del presidente Donald Trump.Varios residentes afirman que los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han transformado a una ciudad conocida como 'Doralzuela' y que protagonizó los mayores festejos públicos en Estados Unidos en enero pasado tras la captura del entonces gobernante venezolano, Nicolás Maduro. "Hay mucha indignación, mucho miedo, un sentimiento de traición, sobre todo para aquellas personas que votaron por el presidente Trump, yo nunca he sido simpatizante de él, siempre me vi venir esto y las personas que sí lo apoyan ahora están o muy dolidas o tratando de hacer malabares", cuenta Liz Rebecca Alarcón, una vecina.Más del 85 % de los 81.000 habitantes de Doral son hispanos y la mitad del total son venezolanos, pero la alcaldesa de la ciudad, la republicana Christi Fraga, firmó un acuerdo '287(g)' para que la policía local coopere con ICE.En medio del récord de más de 50.000 arrestos migratorios a nivel nacional en agosto, la cifra más alta del segundo mandato de Trump, vecinos, negocios y líderes comunitarios publican imágenes a diario de la presencia de ICE y comercios vacíos en cuentas de redes sociales, como 'Qué pasa en Doral'."El Doral es un pueblo fantasma. Hay negocios que están empezando a cerrar, otros negocios que están pensando cerrar porque están literalmente vacíos y no pueden sostenerse. Las personas tienen terror de salir de sus casas", expresa Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), en una entrevista.Habitantes con temor y negocios sin clientesEl temor a las deportaciones en la ciudad es palpable en el grupo de WhatsApp que Alarcón tiene con otras madres. "Jamás la había visto así desde que primero llegué hace más de 20 años: los locales están vacíos, los supermercados sin personas, vas a comprar y solo hay una persona en la registradora porque las personas no están acudiendo a sus trabajos y yo, que soy mamá de dos pequeños, hasta están afectando las rutinas de los niños", relata.Este ambiente de temor impacta a toda la ciudad, según cuenta Ana Delgado, habitante de origen dominicano, porque "la gente que trabaja, los estudiantes y familias no quieren salir y no quieren ir a trabajar y no quieren ir a la escuela porque tienen miedo que vengan y los cojan". "O sea, los negocios están vacíos, ya cuando tú sales a la calle de Doral no ves a nadie porque todo mundo tiene miedo a salir", señala Delgado. La joven pide a los funcionarios electos que "vengan a la calle de Doral, que vayan a los negocios para que ellos vean que de verdad lo que está pasando ahora no es bueno".Un 'despertar amargo'Venezolanos en Doral, donde la alcaldesa es republicana y apoya a Trump, aplaudieron la captura de Maduro, pero ahora han expresado decepción con el presidente estadounidense, quien el martes se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez."Para el resto de los venezolanos que celebraron y que pensaron que esto iba a llevarnos a la libertad y a la democracia en Venezuela, ha sido un despertar muy amargo, muy duro y muy doloroso, pero como buen despertar creo que eso ha hecho que nos unamos mucho más como comunidad en estos momentos", considera Ferro.Además, Trump ha quitado a los venezolanos protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el 'parole' humanitario que concedió el expresidente Joe Biden (2021-2025), por lo que los vecinos niegan que todos los afectados hayan entrado de forma ilegal o vivan de manera irregular en el país."Hasta la familia de la gente que yo conozco, hasta ellos que tienen sus papeles y todo correcto, hasta ellos tienen miedo porque es injusto todo lo que está pasando", lamenta Delgado.
Un juez sancionó con cinco días de arresto al secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Sebastián Castaño, por la presunta apropiación de contenidos del Diccionario de Petroglifos. También se abrió un incidente de desacato contra el alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, por esta misma situaciónLa disputaSe da por la supuesta apropiación de contenidos, sin dar crédito ni pedir autorización, del Diccionario de Petroglifos para una obra de infraestructura, lo que provocó la pregunta de dónde fueron tomados los petroglifos y bajo qué autorizaciones fueron incorporados a la obra.Esta situación originó una acción de tutela presentada por Juan Pablo Arteaga, quien solicitó información sobre el origen, autoría, contratación y autorizaciones relacionadas con los petroglifos, textos, ilustraciones y demás contenidos culturales incorporados a la obra.Ante esta situación, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Oralidad de Medellín concluyó que la Secretaría de Infraestructura no había cumplido con la tutela y se evidenciaron respuestas parciales o insuficientes, especialmente sobre costos, contratos de diseño, responsables de los contenidos y autorizaciones para utilizar los petroglifos.Por esa razón, el despacho declaró en desacato a Castaño y le impuso cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión, sin embargo, debe pasar por consulta ante un juzgado superior antes de ejecutarse.Mientras que, por su parte, el Juzgado Quinto de Ejecución Civil Municipal de Medellín abrió un incidente de desacato contra el municipio, luego de que el accionante cuestionara la respuesta entregada frente a información relacionada con posibles vínculos patrimoniales de funcionarios y sus familiares con el área intervenida.La Alcaldía de Támesis sostiene que cumplió la orden judicial mediante una respuesta entregada el 20 de agosto. Sin embargo, el accionante considera que la Administración Municipal no respondió de manera concreta algunos de los interrogantes planteados.
La Caja de Compensación Comfama, denunció la circulación de publicaciones difamatorias en redes sociales en contra de la institución y de su director, David Escobar, una situación que generó el rechazo de los gremios del departamento.A través de un comunicado emitido por su Consejo Directivo, la caja de compensación familiar de Antioquia respaldó la gestión adelantada durante la última década, periodo en el que, según la entidad, se multiplicó por tres el impacto social en áreas como salud, ruralidad, educación, cultura y vivienda, integrando además proyectos como Cosmo Schools, la Clínica Panamericana y Cesde.Ante los señalamientos, el presidente de Intergremial Antioquia, Nicolás Posada, rechazó de manera contundente las difamaciones difundidas en plataformas digitales contra el equipo directivo.“Hemos denunciado en múltiples oportunidades como intereses políticos y particulares han y están intentando apoderarse de nuestras instituciones más valiosas y que más contribuyen a nuestra sociedad. Hoy como Intergremial que lo constituyen 35 gremios rechazamos categóricamente los ataques, muchos de ellos generados por IA o cuentas falsas”, aseguró el directivo.Le puede interesar: Cajas de Compensación podrían aportar hasta $550.000 millones para damnificados del terremotoAdemás, indicó que estos hechos atentan contra la confianza y el prestigio construidos por la caja durante sus 72 años de existencia.“No compartimos que desde la difamación se pretenda dañar la honra de funcionarios de nuestra caja. Comfama es y será siempre para el servicio de sus afiliados. Son miles de trabajadores y empresarios comprometidos que continuamente han velado por el óptimo funcionamiento y gestión de nuestra caja”, aseveró.Asimismo, confirmó que ya se activaron las acciones jurídicas y penales ante las autoridades competentes, tras conocerse también un caso de suplantación de identidad que involucra al presidente del Consejo y al director de la entidad, el cual fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación.La institución recordó que el control y vigilancia de las cajas de compensación están a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar, la Contraloría General de la República y la Revisoría Fiscal, reiterando su respaldo total a la administración actual frente a estas denuncias.
Es tensa la situación de orden público en el municipio de El Tambo, Cauca, tras los fuertes combates que las tropas de la Tercera División del Ejército sostuvo contra integrantes del frente 'Carlos Patiño', disidencia al mando de alias 'Iván Mordisco' que tiene una fuerte presencia en la zona montañosa de este municipio.Por más de seis horas aproximadamente, la comunidad permaneció confinada en sus viviendas, negocios, incluso, en el colegio a la espera del retorno de la normalidad, con el temor de quedar en medio de las ráfagas de fusil."Teníamos bastante preocupación por los estudiantes que estaban en ese momento en el colegio, finalmente pudieron regresar a las casas alrededor de las 5:00 de la tarde. Es un colegio que tiene alrededor de entre 150 y 200 estudiantes. Persiste todavía el temor, digamos, frente a que pueda nuevamente reanudarse estos combates y pues se nos informó que está la gente movilizándose, probablemente van a hacer una reunión para evaluar la situación", indicó el personero de El Tambo, Luis Vergara.Si bien los enfrentamientos cesaron, el temor a que nuevamente se activen ha paralizado a la comunidad en general, incluso, se teme un posible desplazamiento de familias entre diferentes poblaciones de la zona rural, saliendo de la vereda Pueblo Nuevo Ciprés buscando sitios seguros."También se nos ha informado por parte de personas que hacen presencia en la zona, que hay civiles heridos y hay uno fallecido, pero hasta el momento no han llegado a ese hospital de El Tambo, es una información pues que estamos corroborando. Hay una posibilidad que hayan ido al municipio del Patía o simplemente que aún no han dejado salir a estas personas de la zona", aseguró el personero.
El corregimiento de Potrerito, en zona rural de Jamundí, Valle, se está convirtiendo en un pueblo fantasma, como consecuencia de los múltiples ataques y atentados que se han registrado contra la subestación de policía del sector, siendo el último de ellos el ocurrido el fin de semana, cuando cinco explosivos fueron lanzados desde drones.Hoy la comunidad del corregimiento ha decidido mudarse al casco urbano de Jamundí, o, incluso, moverse hacia Cali buscando la seguridad que ya no pueden tener en sus viviendas. Sólo quedaban pocas familias viviendo ahí, que hoy ya abandonaron sus casas."Aquí había cuatro familias y ya no hay ninguna. Todos decidimos desalojar. Van de vez en cuando a mirar sus cosas y se regresan. Se estaban haciendo unos trabajos en casas afectadas en otros atentados y ahora dicen ¿para qué construir cuando vuelven y dañan?", explica Irner Piedrahita, habitante de Potrerito.La comunidad asegura que la incertidumbre aumentó desde que iniciaron los ataques con drones, pues no se tiene claro en dónde pueden caer estos artefactos. Y actualmente están exigiendo una intervención urgente, no sólo de su corregimiento sino de toda la zona rural de Jamundí, que les permita recuperar la seguridad y así ellos puedan volver a sus hogares."Yo le digo a las personas que Potrerito era un buen vividero, esto era un paraíso turístico.La gente de Cali venían en sus bicicletas, ni eso se ve. Antes pasaban por aquí los turistas a hacer sus tours, iban hasta San Antonio, Puente Vélez, pero ni eso. Tenemos la fe puesta en Dios. Decirle al señor presidente que está empezando con un buen trabajo, que nos ayude constantemente a tener la tranquilidad que en algún momento hubo", finalizó Piedrahita.
Hoy más de 500 familias habitantes del conjunto residencial Tribeca ubicado en la Carrera 50 entre calles 13 y 14, al sur de Cali, se encuentran en incertidumbre total, tras una visita que realizó la secretaría de Gestión del Riesgo, donde se evaluaron los edificios y se determinó que permanecer en ellos era inseguro.La comunidad está cuestionando las razones por las que se dio este nuevo concepto, tras permitirles vivir en ese lugar, un mes y medio después del terremoto.Ante esto, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que esta reciente evaluación no quiere decir que las torres vayan a colapsar, sino que hay elementos que ponen en riesgo la vida de los residentes."Esto no significa que haya un daño estructural severo, lo que significa es que pueden haber elementos de mampostería colgantes que pueden caer encima de las personas, por eso lo que buscamos es prevenir y salvaguardar la vida. En cuanto a Tribeca se tendrá que hacer los arreglos de manera rápida. Estamos en comité de expertos evaluando las posibilidades para pegar sticker amarillo o seguir con el rojo para que los administradores y los copropietarios puedan realizar unas reparaciones rápidas, unas protecciones para que las personas puedan volver a ingresar a estas edificaciones", señaló Peñuela.En la mañana de este martes, las familias que residen en este conjunto residencial realizaron un plantón exigiendo una respuesta clara de cómo proceder, pues aseguran que desde el terremoto se habían hecho dos estudios técnicos que arrojaron resultados positivos."Los encargados de la seguridad del edificio nos dijeron que podíamos vivir, que era habitable, pero mes y medio después, nos dicen que no, que tenemos que evacuar y que el plazo máximo es hasta hoy, para que dejemos el edificio porque tienen que arreglarlo, mínimo de uno a dos meses sin una seguridad de poder volver a habitar el edificio. Toda la mampostería está agrietada, todos los 20 pisos. Los puentes que conectan hacia el parqueadero, hacia la piscina, y la zona social", aseguró Miguel Ángel González, uno de los afectados.Una situación similar se está viviendo en el barrio Valle del Lili, donde el edificio Podium nuevamente recibió un sticker rojo, las autoridades indicaron que que si bien no tiene riesgo de colapso los daños de mampostería también representan un peligro. Por lo que sus habitantes aún no podrán regresar.
Inició la alternancia en el suministro de agua potable en la ladera de Cali, debido a los bajos niveles del río Meléndez, por la temporada seca que atraviesa la región.Para clarificar lo que se está viviendo actualmente, las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, explicaron que para ofrecer un servicio pleno en la comuna 18, se debe contar con 350 litros por segundo y para la comuna 20, 250 litros por segundo. Hoy, la planta de tratamiento La Reforma, únicamente está recibiendo 100 litros para distribuirlos en ambas comunas, por lo que era urgente tomar medidas al respecto."En la comuna 20 tenemos Brisas de Mayo, Pueblo Joven, La Sultana y Lleras Camargo. En la comuna 18, Altos de Santa Elena, Altos del Semillero, Portal del Madrigal, Madrigal Campestre, Palmas 1, 2 y 3 y La Trinidad. Solamente estos sectores y los asentamientos que están a sus alrededores.En la comuna 20 el horario es de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. En la comuna 18 es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.", explicó Lucierne Obonaga, subgerente de Agua Potable de Emcali.Desde Emcali aclaran que únicamente se está aplicando la alternancia en estas dos comuna, sin embargo, si el nivel del río sigue bajando, el paso a seguir es distribuir el agua en estas zonas con carrotanques. Hoy la comunidad de la ladera se encuentra preocupada, pues asegura que la medida es insuficiente."Nos han dicho que tienen un carrotanque para toda la ladera de Cali, lo cual, por supuesto, es insuficiente, pero además nos están castigando en una época de dificultad y de vulnerabilidad de la población y, por ejemplo, está pidiendo que para que la gente pueda acceder al carrotanque tenga un contrato en sectores de la ladera donde no ha colocado Emcali la infraestructura. La verdad nos afecta mucho porque los quehaceres de la casa, los que tenemos abuelos o niños, nos afecta para el aseo, para todo. Este barrio casi siempre en todos los años ha sido afectado con los constantes bloqueos del agua", señalan algunos habitantes de la comuna 18.Las autoridades indican que el racionamiento es una medida temporal y que si el nivel del río Meléndez aumenta pronto, se regresa a la normalidad en el servicio. El llamado es hacer un uso responsable del agua y estar atentos a los días correspondientes.
Continúa el recorrido de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por los municipios que resultaron más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La jornada comenzó en el norte del departamento, en el municipio de Zarzal, donde fueron entregados mil kits de materiales de construcción destinados a la recuperación de viviendas afectadasAdemás, se presentaron avances del programa que contempla la construcción de más de 400 viviendas nuevas para las familias que perdieron sus hogares. El recorrido también contempla visitas a Ulloa, Versalles y El Dovio, donde la mandataria busca conocer de primera mano las necesidades de las comunidades damnificadas y verificar los avances en la recuperación de las viviendas.“Aquí vamos a hacer 235 mejoramientos de vivienda y vamos a hacer 92 casas nuevas. Esas casas nuevas van a ser 80 que van a ser convencionales, o sea, de ladrillo y por supuesto sismorresistentes. Lo vamos a hacer por autoconstrucción asistida”, aseguró la mandataria.A estas acciones también se sumó Asocaña para realizar proyectos de reconstrucción de viviendas y la atención a instituciones educativas que también sufrieron afectaciones En Buenaventura, por ejemplo, se adelantan iniciativas de reconstrucción a través del mecanismo de Obras por Impuestos, con especial atención a las comunidades de los estratos 1, 2 y 3 y a sectores rurales.De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, cerca de 87 mil viviendas en el departamento, incluido Buenaventura, resultaron afectadas por el terremoto. Ante esta situación, la Gobernación del Valle reiteró el llamado a organizaciones y entidades privadas para que se vinculen a los esfuerzos de recuperación y contribuyan a que las familias damnificadas puedan volver a contar con una vivienda.
Un total de siete personas resultaron heridas tras los 303 incendios forestales registrados durante los últimos 30 días en Nariño, emergencias que además han dejado a más de 527 personas damnificadas por la destrucción de sus viviendas en 49 de los 64 municipios del departamento.Así lo aseguró Gabriel Ocaña, director de la Oficina Regional para la Atención del Riesgo, quien explicó que la situación ha generado una importante afectación en diferentes zonas de Nariño, especialmente por la expansión de las llamas durante las últimas semanas.Ocaña señaló, en diálogo con Blu Radio, que entre el 15 de junio y el 19 de septiembre los incendios forestales han arrasado con 3.784 hectáreas de cultivos, bosques naturales y pastizales en el departamento.El funcionario también informó que las conflagraciones han provocado daños en más de ocho acueductos locales y un centro hospitalario. Además, se reportan 193 viviendas averiadas, 13 completamente destruidas, 14 en condición de alto riesgo y cinco vías veredales afectadas.A estas emergencias se suman al menos 12 vendavales registrados en Nariño, situación que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro encargados de atender las afectaciones ocasionadas por los fenómenos naturales.Ocaña aseguró que, pese a la magnitud de las emergencias, no se han registrado víctimas mortales durante estos eventos. Sin embargo, calificó la situación como preocupante debido a las dificultades para disponer de recursos suficientes para atender las emergencias asociadas al fenómeno de El Niño.Incendios forestales activos en NariñoDe acuerdo con el reporte entregado por la Gobernación de Nariño, varios incendios forestales permanecen activos en diferentes municipios del departamento. En Mallama, la emergencia se presenta en la vereda Santa Elena, sector La Oscurana, donde bomberos y comunidad trabajan para controlar las llamas, mientras la administración municipal gestiona apoyo aéreo.En Ancuya, específicamente en la vereda El Ingenio, trabajan organismos de socorro de Ancuya, Samaniego y Guaitarilla, además de la comunidad y el Ejército Nacional. En esta zona persisten algunos focos activos en la montaña.En Pasto, el incendio se registra en la vereda Plazuelas, donde el Cuerpo de Bomberos continúa con las labores de atención y control de la emergencia.Por su parte, en Samaniego, vereda Canadá, las labores de control presentan restricciones debido a la posible presencia de una zona minada. Por esta razón, los organismos de emergencia realizan las labores desde la carretera.En la vereda San Gerardo, también en Samaniego, el incendio forestal fue controlado luego de las labores adelantadas por la comunidad y el Cuerpo de Bomberos.Ocho incendios fueron liquidadosDurante la jornada también fueron liquidados ocho incendios forestales registrados en los municipios de Túquerres, Los Andes, Tangua, La Florida, Nariño, Ipiales y Pasto.La Gobernación de Nariño informó que mantiene el seguimiento a las emergencias y la coordinación con las administraciones municipales y los organismos de respuesta para atender los incendios que continúan activos y gestionar los apoyos necesarios.Las autoridades hicieron además un llamado a la ciudadanía para evitar las quemas de cobertura vegetal, debido al riesgo de que estas prácticas puedan desencadenar nuevos incendios forestales. Ante cualquier emergencia, recomendaron informar oportunamente a los organismos de socorro.
Una ambulancia que fue detenida durante un puesto de control en Pance, sur de Cali, terminó inmovilizada luego de que las autoridades detectaran que su conductor tenía grado uno de alcoholemia. El procedimiento se realizó durante los controles de tránsito que la Secretaría de Movilidad adelanta en este sector de la ciudad. Los agentes inicialmente creyeron que el vehículo podía estar atendiendo una emergencia, debido a que en Pance son frecuentes los casos que requieren asistencia médica durante los fines de semana por los deportistas que frecuentan esta zona. Sin embargo, al revisar la ambulancia, encontraron que no estaba atendiendo ningún caso de salud. "Inicialmente se pensó que era una muy acertada estrategia para atender las frecuentes, que se han vuelto muy frecuentes, emergencias cardíacas en este corredor vial, en los ciclistas, en gente que está haciendo ejercicio por esta parte. Pero al requerir la ambulancia por parte del equipo de transporte público, se evidenció que el conductor presentaba grado 1 de alcoholemia. Esto da para inmovilización del vehículo. Esto demuestra pues la irresponsabilidad de algunos, sabemos que no son todos, pero pues hay ciertas personas que continúan con la irresponsabilidad.", dijo Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali.En el vehículo viajaban ocho familiares del conductor, entre ellos dos menores de edad que al parecer iban para pance. La ambulancia fue inmovilizada y trasladada a los patios, mientras que al conductor se le impusieron las sanciones correspondientes. "Que esto es una conducta absolutamente inaceptable. Desde la Secretaría de Salud requeriremos a la empresa de ambulancias para que se sirva informar a esta autoridad sanitaria cuáles fueron los sucesos relacionados con este hecho y además seguimos en mesa de trabajo permanente con las ambulancias de la ciudad para reforzar las medidas de buen comportamiento, de personal idóneo y por supuesto la verificación de los estándares de habilitación que aplican a estos servicios asistenciales de transporte", explicó Germán Escobar, secretario de salud de Cali.Por el momento las autoridades de movilidad confirmaron que los operativos se intensificarán en esta zona del sur de la capital del valle para evitar que se sigan registrando este tipo de casos que ponen en riesgo a la comunidad y que utilizan de manera inadecuada estos vehículos.
La constructora Jaramillo Mora anunció la destinación de 22.000 millones de pesos para apoyar las labores de emergencia, recuperación y reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca. La compañía aseguró que el aporte incluye recursos económicos y capacidad técnica, que serán articulados con diferentes actores institucionales, empresariales y sociales para contribuir a la recuperación de las familias afectadas.La empresa señaló que esta destinación hace parte de su compromiso con la región y busca acompañar los procesos de reconstrucción, más allá de la entrega de recursos económicos. La compañía destacó que mantiene su apuesta por el desarrollo de Cali y el Valle del Cauca.“Nuestro compromiso va mucho más allá de una contribución económica. Creemos profundamente en el potencial de nuestra región y en la capacidad de su gente para salir adelante.” dijo Luisa Jaramillo Toro, directora ejecutiva de Jaramillo Mora.De manera paralela, Jaramillo Mora informó que activó sus protocolos de inspección técnica en los proyectos que actualmente tiene en construcción, como parte de las acciones adelantadas para verificar las condiciones de sus edificaciones y brindar tranquilidad a clientes, colaboradores y comunidades.“El desafío que hoy enfrentamos no consiste únicamente en reconstruir infraestructura. El verdadero reto es acompañar a las familias y comunidades para que recuperen la confianza, la estabilidad y las condiciones necesarias para volver a comenzar”, expresó la directora.Las inspecciones técnicas fueron realizadas en 27 proyectos activos ubicados en Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo. De acuerdo con la constructora, las evaluaciones permitieron validar la integridad y seguridad de todos los proyectos, con resultados satisfactorio
La situación de orden público en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, continúa complicándose con el paso de las horas, ante la llegada de decenas de personas a bordo de carros, camionetas y motocicletas a la finca La Novillera, en el corregimiento de Río Claro. Según información preliminar, estas personas buscan evitar que se adelanten operativos de desalojo en este y otros cinco predios privados del municipio que permanecen invadidos.Estas ocupaciones ilegales se han convertido en una problemática creciente en Jamundí, especialmente la registrada en el predio Las Cañas, situación que estaría afectando el suministro de agua potable para las comunidades de Quinamayó, Villa Paz, Robles, Timba y otros sectores de la zona rural del municipio."Hay una situación muy compleja y es que el predio que se invade por primera vez, que es el predio conocido como Las Cañas, es el lugar donde se encuentra el principal abastecimiento para el acueducto rural de nuestro municipio, que es Acuasur. Al estar este predio invadido, pues no han podido acceder a este lugar, lo que ha llevado a que los consejos comunitarios de nuestras zonas planas se encuentren con un déficit de este líquido vital de manera constante en los territorios. Estamos hablando de que pueden ser más de 6.000 personas, 7.000 personas las que se encuentran con afectaciones diarias por la falta del líquido de manera constante en sus casas", dijo Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Jamundí y representante de la Fundación Territorio de Paz.De acuerdo con las organizaciones humanitarias, estas comunidades estarían siendo instrumentalizadas por las disidencias de las Farc, grupo armado que delinque en esta zona de Jamundí. Este mismo grupo sería señalado de estar detrás del ataque con drones registrado en las últimas horas contra la estación de Policía del corregimiento de Potrerito."Los drones cargados con explosivos llegaron hasta ese lugar e hicieron cinco lanzamientos de granadas de 60 milímetros contra nuestra unidad policial. Afortunadamente, hemos venido adelantando reforzamientos a la infraestructura policial para garantizar y darles mayor seguridad a nuestros policías. Proteger a quienes nos protegen también es tarea de todos. Afortunadamente, no tuvimos policías lesionados y, por supuesto, debemos seguir trabajando en darles mejores herramientas a nuestra fuerza pública para lograr enfrentar la amenaza del terrorismo", expresó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle.Finalmente, las organizaciones humanitarias denuncian que las invasiones no estarían siendo protagonizadas únicamente por comunidades de Jamundí. Según estas denuncias, algunas de las personas que han llegado a ocupar los predios serían trasladadas desde otros municipios como Yumbo, Palmira y Cali, e incluso desde departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo.