A esta hora se atiende una emergencia en el sur de Bogotá, en la carrera 20 bis con calle 47B sur, sentido sur-norte, precisamente a las afueras del hospital El Tunal, que involucra a algunos motociclistas y una ambulancia.Presuntamente, la ambulancia que generó el accidente se quedó sin frenos a la hora de salir del hospital, de donde también dañó la puerta del parqueadero del centro médico y arrolló a los dos motociclistas que iban por la zona.“Lo que se escuchó es que la ambulancia se estrelló contra el poste después de haber salido del hospital. Cuando salió, iban pasando dos personas en dos motos y los atropelló. Eso que fue que se quedó sin frenos”, relató un testigo.Según confirmó la SubRed Sur de Bogotá, cuatro personas heridas y tres motocicletas afectadas deja el accidente. "Actualmente los cuatro pacientes se encuentran estables y están siendo valorados por un equipo multidisciplinario". "La Subred Sur lamenta profundamente este incidente e iniciará inmediatamente las acciones internas pertinentes, que lleven a establecer las causas de este accidente", agregaron desde la SubRed.
El estadio Nemesio Camacho El Campín atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en cuanto al estado de su cancha, una situación que ya no solo genera molestias deportivas, sino que abrió la puerta a posibles sanciones contractuales si no se garantiza una grama apta para el fútbol profesional.El partido entre Millonarios e Independiente Medellín por la fecha 4 de la Liga BetPlay terminó sin goles en un tarde lluviosa en El Campín, después de que en la noche del domingo, tuviera que suspenderse el encuentro debido a la inclemente lluvia que dejó la cancha completamente inundada. Este lunes el balón por lo menos rodaba, pero el estado de la cancha sigue en deuda con los equipos locales y los visitantes que llegan a disputar la liga profesional de fútbol del país.A las recientes lluvias, se suma una intensa agenda de conciertos y espectáculos, factores que ponen en evidencia problemas en el mantenimiento del principal escenario deportivo de Bogotá. Por ejemplo, un día antes del partido, el estadio recibió el concierto tributo al cantante Yeison Jiménez, lo que implica instalación de tarimas, carpas, torres de sonido y multitudes en la cancha.La Alcaldía de Bogotá reaccionó a las quejas por el pésimo estado de la grama. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la cancha “debe estar en buen estado” y que la administración distrital se encargará de que así sea.En la misma línea, el director del IDRD, Daniel García Cañón, calificó el estado actual del campo como “inaceptable” y anunció una visita técnica este 3 de febrero para evaluar la grama y definir el camino a seguir. Además del diagnóstico, García Cañón fue claro en un punto clave: el Distrito ya inició un proceso de revisión contractual a la Alianza Público-Privada que administra el estadio.Según explicó, Sencia, el concesionario, tiene la obligación de mantener la cancha al menos en las mismas condiciones en las que la recibió. De no hacerlo, el contrato contempla sanciones.Jugadores y garantías del fútbol profesional en riesgoDesde hace varias fechas, jugadores y cuerpos técnicos han venido advirtiendo que El Campín ya no ofrece condiciones óptimas. El 28 de enero, tras el empate entre Santa Fe y Deportivo Pereira, el capitán cardenal Hugo Rodallega fue contundente al calificar la cancha como “horrible”.Su técnico, Pablo Repetto, se sumó a la preocupación al señalar que el equipo merecía competir en “un escenario normal”. Sin embargo, los reclamos tampoco son nuevos. En septiembre de 2025, el entonces técnico de Fortaleza, Sebastián Oliveros, calificó el terreno de juego como “impresentable”, asegurando que afectaba la calidad del espectáculo y ponía en desventaja a equipos que intentan jugar bien al fútbol. Una crítica que ahora vuelve a cobrar vigencia.Este lunes, tras el partido entre Millonarios y Medellín, el delantero argentino Rodrigo Contreras expresó su sorpresa y preocupación: “En los años que llevo de carrera nunca me pasó algo así, es algo que hay que corregir cuanto antes, no podemos jugar en una cancha en este estado”.Además, el refuerzo de los embajadores reconoció que varias canchas del país atraviesan problemas similares, e insistió en que esta situación de El Campín pone en riesgo la integridad de sus compañeros de profesión.Sencia, por su parte, atribuyó la situación a un récord histórico de lluvias en enero de 2026, con precipitaciones concentradas en pocas horas que superaron la mitad del promedio mensual. La concesionaria aseguró a través de un comunicado que el sistema de drenaje operó a máxima capacidad y que se activaron protocolos de choque para recuperar la grama.Su CEO, Mauricio Hoyos, reconoció que el campo no está al 100 %, pero afirmó que el fútbol es prioridad y que se está invirtiendo en trabajo técnico y tecnológico para corregir los problemas.Sin embargo, el concejal Leandro Castellanos, exarquero y excapitán de Santa Fe, calificó la situación como una “crisis” y un “escándalo nacional”. A su juicio, lo ocurrido con Santa Fe y la posterior suspensión del partido de Millonarios evidencian fallas graves tanto en el mantenimiento como en el drenaje del estadio. Castellanos exigió respuestas formales sobre la supervisión del contrato con Sencia y pidió la intervención de los entes de control.Acolfutpro también alertó sobre el riesgo laboral que representa una cancha en mal estado para los futbolistas. El gremio cuestionó que se hayan permitido numerosos conciertos sin adoptar medidas preventivas suficientes y recordó que garantizar escenarios seguros es una obligación legal y contractual.“Hacemos un llamado al Ministerio del Deporte, como máxima autoridad del sector, para que intervenga y adopte medidas urgentes que garanticen escenarios dignos y seguros para la práctica profesional del fútbol en Colombia”, solicitó la asociación.
Sencia, operador del Estadio Nemesio Camacho El Campín, confirmó que el escenario está habilitado para la reanudación del partido entre Millonarios e Independiente Medellín este lunes a las 3:00 p. m., tras superar una saturación hídrica provocada por lluvias que superaron los registros históricos en Bogotá.El escenario deportivo fue sometido a una intervención técnica de emergencia luego de que el IDEAM reportara que las precipitaciones del domingo equivalieron a más de la mitad del promedio mensual de enero. Aunque el sistema de drenaje operó a máxima capacidad, la intensidad del agua generó una saturación temporal que obligó a suspender el encuentro para proteger la integridad del terreno y los jugadores.¿Cuál es el estado de la cancha de El Campín hoy?Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, empresa que mantiene la gramilla desde hace 20 años, informó que tras la evacuación del agua se activó un protocolo de choque. "Realizamos reparación de divots, nivelación de zonas de alta fricción y tratamientos de aireación profunda para llevar la grama a las mejores condiciones posibles", explicó el experto. El equipo técnico trabajó de forma ininterrumpida en labores de oxigenación y refuerzo de la capa vegetal para garantizar el compromiso de esta tarde.¿Por qué se inundó el estadio Nemesio Camacho?Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, reconoció el reto climático, pero enfatizó en la responsabilidad operativa: "Sabemos que la grama hoy no está al 100 %. Somos conscientes del desafío y lo asumimos con trabajo técnico e inversión. Estamos poniendo nuestras capacidades al servicio del fútbol", afirmó el directivo, quien aseguró que la prioridad es la excelencia operativa pese a la contingencia.La organización mantiene un monitoreo permanente del clima, advirtiendo que la saturación residual del suelo podría limitar la absorción ante nuevas lluvias de alta intensidad. No obstante, el personal técnico permanece desplegado para asegurar el desarrollo del espectáculo deportivo.
Bogotá enfrenta una paradoja en materia de seguridad si se tiene en cuenta que, mientras las autoridades reportan miles de capturas por delitos como hurto y porte ilegal de armas, la mayoría de esos delincuentes termina nuevamente en libertad. Cifras de las autoridades revelan que solo en casos de hurto y tráfico de armas, más de 6.000 personas capturadas quedaron libres, lo que genera un grave impacto en la seguridad urbana.Uno de los casos más recientes ocurrió en las últimas horas, cuando un juez ordenó la libertad de dos peligrosos fleteros, de 22 y 24 años, señalados de seguir a sus víctimas tras salir de entidades bancarias con altas sumas de dinero. Según las investigaciones, los delincuentes las abordaban, las intimidaban con armas de fuego y les robaban todo lo que llevaban. Aunque la Policía contaba con registros de hurtos en sectores como Barrios Unidos, Engativá y Usaquén, el juez determinó que “no tenían antecedentes judiciales” suficientes para imponer una medida de aseguramiento.Pese a que existen videos que evidencian cómo los señalados se movilizan en motocicleta, descienden armados y amenazan a sus víctimas, ambos quedaron en libertad y ya están nuevamente en las calles. Casos como este, según las autoridades, no son aislados, sino parte de una tendencia que se repite en la capital.Las cifras del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego reflejan la magnitud del problema. Durante 2025 fueron capturadas 1.690 personas por este delito en Bogotá: el 78 % en flagrancia y el 22 % por orden judicial. Sin embargo, solo 518 fueron enviadas a la cárcel y 17 recibieron detención domiciliaria. La cifra que más preocupa es que 1.155 capturados quedaron en libertad por distintas razones, entre ellas la no imposición de medida de aseguramiento por parte del juez, penas mínimas inferiores a cuatro años, comparecencia al proceso, conciliaciones o vulneraciones de garantías procesales.La situación es aún más crítica en el delito de hurto, teniendo en cuenta que 5.025 delincuentes fueron capturados por este delito, pero 4.497 recuperaron la libertad, lo que equivale al 89 % de los casos. Del total de liberaciones, el 46 % se dio por decisión de un juez y el 43 % por solicitud directa de la Fiscalía.Entre quienes han quedado en libertad figuran estructuras criminales conocidas por su impacto en la ciudad: los llamados Alta Gama, responsables del robo de vehículos de alto costo; Los Rolex, que hurtan relojes de lujo incluso a plena luz del día; y Los Bautista, una red dedicada a la extorsión mediante call centers. Para las autoridades, estas liberaciones no solo afectan la lucha contra el crimen, sino que refuerzan la sensación de impunidad entre los ciudadanos.El panorama abre nuevamente el debate sobre la efectividad del sistema judicial, la aplicación de las medidas de aseguramiento y la necesidad de ajustes normativos que eviten que delincuentes capturados en flagrancia, incluso armados, regresen rápidamente a las calles de Bogotá.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Debido a los más de 4000 casos de abandono de animales de compañía que se reportaron en el año 2025, la Alcaldía de Medellín avanza en la creación de una política pública de protección animal. Ya se ha tenido socialización en 12 comunas de la ciudad.En Medellín hay una gran preocupación por los crecientes casos de abandono de perros y gatos por parte de sus dueños que en muchos casos son acogidos por el centro de bienestar publico de animales más grande del país, llamado La Perla.Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital antioqueña, durante el año anterior, se reportaron en total 4.343 casos de abandono de animales de compañía por parte de sus poseedores.Ante este panorama la Alcaldía de Medellín inició la creación de una política pública de protección animal que ya ha llegado a 12 comunas de las 21 que tiene la ciudad, y donde han participado unas 700 personas. Así lo explicó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral.“Estos insumos permitieron identificar que el abandono, el maltrato y los problemas de convivencia por excretas son las principales problemáticas señaladas por la comunidad. Consolidamos un diagnóstico serio y participativo que nos prepara para cerrar la primera fase con un gran encuentro que tendremos en febrero”, dijo.De las más de 700 personas que han participado de la creación de esta política se ha evidenciado que el 41 % de las respuestas ciudadanas ubica el abandono como la principal problemática para los animales, seguida del maltrato, con el 20 %.La formulación de la política pública consta de 4 fases de ejecución de las cuales ya se llevó a cabo la primera y se espera iniciar la segunda el próximo mes para que este año quede lista.
El personero del municipio de Íquira, Huila, Jarvi Andrés Sánchez Calderón, en diálogo con Blu Radio, advirtió que desde que inició el año 2026 la Nueva EPS no ha suscrito el convenio para la prestación de servicios de salud con la ESE María Auxiliadora de esa localidad.Señaló el representante del ministerio público, que la cartera morosa de la Nueva EPS con el hospital municipal supera los 700 millones de pesos, situación que tiene perjudicados a más de 5.000 usuarios sin poder recibir los servicios básicos de salud como laboratorio clínico y entrega de medicamentos.“En nuestro municipio se está presentando un grave problema porque la Nueva EPS no ha suscrito el contrato de convenio con la ESE Local María Auxiliadora y este problema ha ocasionado que más de 5.000 afiliados de esta EPS no estén recibiendo los servicios de salud. Como personería tuvimos una reunión reciente y la ESE María Auxiliadora nos informa que la deuda que tiene la Nueva EPS es de más de 700 millones de pesos, pero a la fecha no se ha fijado para el pago de esa deuda” mencionó el personero municipal.Para el personero Jarvi Sanchez, esta situación es muy compleja y grave, que a la fecha se les esté vulnerando los derechos de salud a la población en general de ese municipio, al indicar que en Íquira solo existe un hospital para garantizarles los servicios básicos a miles de usuarios.“Por ejemplo los más de cinco afiliados de la Nueva EPS no están recibiendo los servicios ambulatorios, no están recibiendo los servicios de laboratorios, de medicamentos esenciales, solo están atendiendo servicios de urgencias, cuando llegan pacientes muy delicados y por lo general los remiten a Neiva” sostuvo Sánchez Calderón.Teniendo en cuenta la grave crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud en el Huila, el personero municipal les hizo un llamado urgente a las entidades territoriales, a las EPS, a la Supersalud y al mismo ministerio de la Salud, reaccionar ante esta situación que hoy tiene en jaque a miles de usuarios y pacientes del departamento.
Tras el secuestro y asesinato del ganadero Rubiel Cáceres Marín, ocurrido en zona rural del municipio de Coromoro, la Gobernación de Santander reiteró que se mantiene vigente una recompensa de hasta $50 millones para quien suministre información que permita la captura de integrantes del ELN que delinquen en el departamento.De acuerdo con las autoridades, este grupo armado sería el presunto responsable del crimen del ganadero, hecho que generó conmoción y encendió las alertas por la presencia de estructuras guerrilleras en esta zona limítrofe con Boyacá.El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, señaló que la recompensa hace parte de una estrategia departamental para incentivar la colaboración ciudadana y golpear a los grupos armados organizados que operan en el territorio.“Esta recompensa se mantiene y está siendo evaluada en los consejos de seguridad junto a la Fuerza Pública y la Fiscalía la recompensa por el crimen. Está dirigida a cualquier ciudadano que brinde información oportuna y veraz que permita la captura de integrantes de grupos armados organizados en Santander, especialmente de quienes estarían detrás del asesinato de nuestro ganadero en la región de Pienta”, indicó el funcionario.Hernández explicó que las autoridades han identificado como zona de especial interés la región de Pienta y el municipio de Coromoro, donde desde el momento en que se conoció la desaparición de Rubiel Cáceres Marín se desplegaron capacidades especiales de Policía y Ejército, aunque el desenlace fue fatal.Según el secretario del Interior, la principal hipótesis del crimen apunta a acciones del ELN, grupo que, según las investigaciones, estaría buscando fortalecer su presencia en esta zona del departamento, generando un impacto directo en la seguridad rural.“La Gobernación ha venido advirtiendo sobre la presencia de este grupo armado en territorio santandereano y por eso se ha solicitado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa priorizar operaciones en estas áreas, especialmente en los límites con Boyacá y Norte de Santander”, agregó.Las autoridades reiteraron que la información puede ser suministrada de manera confidencial a través de las líneas 123 de la Policía Nacional, 147 del Gaula del Ejército y 165 del Gaula de la Policía, con el fin de avanzar en la captura de los responsables y contrarrestar la presencia del ELN en el departamento.
Un grave siniestro vial ocurrido el pasado 8 de noviembre de 2025, en la localidad de San Cristóbal, dejó como saldo la muerte de una adolescente de 15 años y varios heridos, luego de que un taxista en estado de embriaguez grado tres arrollara a un grupo de personas que se encontraba frente a una barbería en el barrio Santa Rita.De acuerdo con el informe de las autoridades, José Eduardo Chalá Franco, un conductor de taxi de 56 años, perdió el control del vehículo mientras se movilizaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. El automóvil embistió a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, y terminó incrustado contra la fachada de una vivienda, generando escenas de pánico entre los residentes del sector.Como consecuencia del impacto, Carol Estefanía, una adolescente de 15 años, sufrió un trauma craneoencefálico severo que la mantuvo varios días con muerte cerebral. Pese a los esfuerzos médicos, la menor falleció días después en un centro asistencial. Su hermano menor, Juan Martín, de siete años, también resultó gravemente herido y permaneció en coma durante varias semanas, pero logró despertar a mediados de diciembre. Actualmente enfrenta un proceso de recuperación complejo con cirugías reconstructivas, una prótesis frontal y terapias intensivas para recuperar la movilidad.Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía señaló que Chalá Franco tomó una decisión consciente al conducir en alto grado de embriaguez, calificando su comportamiento como “absurdo” y altamente peligroso. El conductor, que inicialmente afirmó haber ingerido solo cuatro cervezas, fue desmentido por los exámenes toxicológicos, que confirmaron el nivel más alto de alcohol permitido por la ley.Por estos hechos, el taxista fue llamado a juicio por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas, cargos que decidió aceptar. Actualmente permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.En entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión, Claudia Cubillos, madre de Gustavo Andrés Torres, uno de los adultos heridos en el siniestro, dijo que el conductor era conocido en el barrio por manejar bajo los efectos del alcohol: "Decía que manejaba mejor borracho que en sano juicio". La mujer también señaló que ya existían antecedentes grabados en redes sociales meses antes de la tragedia, donde se denunciaba a Chalá por transitar en contravía y en aparente estado de embriaguez.Entre tanto, las familias afectadas continúan afrontando las consecuencias físicas, emocionales y económicas de este hecho, mientras esperan que la justicia imponga una condena acorde con la magnitud del daño causado.
La directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Gloria Esperanza Narváez Tafur, aclaró que el régimen transitorio aprobado para el servicio de aseo en Bogotá no implica cambios en las tarifas que pagan los usuarios ni en la metodología tarifaria vigente.“El marco tarifario no se modifica con la expedición del régimen transitorio. Actualmente sigue vigente para Bogotá la Resolución 720 de 2015”, explicó Narváez, al referirse a la Resolución CRA 1027 de 2026, aprobada en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.La Resolución CRA 1027 de 2026 fue expedida en cumplimiento del Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucional, que alertó sobre un “riesgo grave e inminente” para los derechos de la población recicladora de oficio ante el vencimiento de los contratos de aseo vigentes en Bogotá, previsto para el 11 de febrero de 2026. Según el alto tribunal, un paso automático a un esquema de libre competencia, sin salvaguardas obligatorias, podría afectar el acceso al material reciclable, la remuneración de la actividad de aprovechamiento y la continuidad de las acciones afirmativas que se han consolidado durante más de una década.Según la directora, la norma permite ampliar por más de ocho años las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), pero sin trasladar sobrecostos a los usuarios. “La ampliación del término no modifica el marco tarifario, pero sí busca proteger los derechos de los usuarios y asegurar que las tarifas reflejen costos reales y eficientes, como lo ordena la Ley 142 de 1994”, señaló.Narváez indicó que, durante el periodo de transición, la CRA exhorta a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a ejercer un control más estricto sobre las tarifas, que revise los costos de referencia, evite cobros duplicados y adopte las acciones necesarias para que los usuarios se beneficien de las eficiencias del esquema.La directora también se refirió a la remuneración de los recicladores de oficio y aclaró que esta ya está contemplada en la regulación vigente. “La actividad de aprovechamiento hace parte del servicio de aseo y su remuneración está reconocida vía tarifa. La resolución 1027 no modifica ningún componente tarifario”, afirmó.El régimen transitorio fue adoptado tras la advertencia de la Corte Constitucional sobre los riesgos que implicaba el paso inmediato a un esquema de libre competencia en Bogotá. Según Narváez, la Corte concluyó que ese tránsito generaba un riesgo cierto, grave e inminente para los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio, al señalar que una transición abrupta habría afectado la estabilidad del servicio.El régimen transitorio busca evitar una regresión en los derechos alcanzados y garantizar estabilidad mientras se define el nuevo esquema regulatorio y contractual del servicio de aseo en la capital. Entre otras medidas, habilita de manera excepcional al Distrito para ampliar las Áreas de Servicio Exclusivo por más de ocho años, exhorta a la UAESP a revisar tarifas y prohíbe cobros duplicados por inversiones ya pagadas por los usuarios. La norma tendrá carácter temporal y estará vigente hasta que se expida el nuevo marco tarifario y Bogotá implemente un esquema definitivo que garantice la protección de los recicladores y tarifas justas para los usuarios.En cuanto a la vigilancia, la directora recordó que la CRA define la fórmula tarifaria, pero no fija los valores finales. “La comisión establece la fórmula, la tarifa la fija el ente territorial y la supervisión corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos”, indicó.La Resolución CRA 1027 de 2026 fue aprobada por la comisión en pleno y remitida a la Corte Constitucional para su conocimiento. El Ministerio de Vivienda, Agua y Saneamiento también avaló la resolución y, ésta entrará en vigencia una vez sea publicada oficialmente.Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció que analizará la decisión y adelantará las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, en beneficio de los recicladores y de los usuarios del servicio público de aseo en la capital.
Bogotá se prepara para la versión número 28 del Día sin carro y sin moto el próximo jueves 5 de febrero. La jornada, que nació del mandato ciudadano en la consulta popular del año 2000, restringirá la movilidad de vehículos particulares y motocicletas entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. con el fin de reducir la huella de carbono y promover el uso de medios alternativos en la capital.La Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor confirmaron que el incumplimiento de la medida acarrea una sanción económica de 633.000 pesos, sumada a la inmovilización inmediata del vehículo. Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, enfatizó que la ciudad está diseñada para funcionar sin depender del automóvil privado: "Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando". La funcionaria invitó a los conductores habituales a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva para mejorar la calidad del aire.Quiénes pueden circular y excepciones vigentesEste año se mantiene una rigurosidad estricta sobre los vehículos que podrán estar en las calles. Podrán circular sin restricciones los vehículos eléctricos o cero emisiones, el transporte escolar, vehículos de emergencia, transporte para personas con discapacidad y las carrozas fúnebres. Asimismo, las motocicletas vinculadas a empresas de mensajería o plataformas tecnológicas de domicilios están habilitadas para operar.Es importante destacar que los vehículos híbridos, a gas y aquellos que cuentan con el permiso de 'pico y placa solidario' no podrán circular durante este jueves. En el caso de los usuarios que pagaron por el permiso diario o mensual de movilidad, el Distrito repondrá el día al final del periodo adquirido. Por su parte, los taxis tienen vía libre, a excepción de aquellos cuya placa termine en 7 y 8, que deben cumplir con su restricción habitual.Operación de TransMilenio en Día sin Carro y sin MotoPara absorber la demanda de pasajeros, TransMilenio dispondrá de su capacidad máxima operativa. María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad, confirmó que estarán en las calles 10.482 buses entre troncales, zonales (SITP) y alimentadores. "Tendremos refuerzos en todo el sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control", aseguró Ortiz, quien recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos a través de la aplicación oficial para evitar aglomeraciones en las horas pico.Bogotá también habilitará 683 kilómetros de ciclorrutas y 88 kilómetros de vías para el uso de bicicleta bajo la coordinación del IDRD. Para quienes opten por la bimodalidad, el sistema cuenta con más de 8.000 cupos en cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos clave de las estaciones troncales. La jornada busca, además de un alivio ambiental, un cambio de hábito permanente en la movilidad de los bogotanos.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció respecto a la reunión que tendrá con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para discutir la propuesta de pico y placa los sábados a vehículos matriculados fuera de la ciudad. Rey aseguró que el tema será abordado en una mesa técnica, jurídica y tributaria entre ambas administraciones.El gobernador explicó que desde el departamento se ha propuesto un espacio de análisis para revisar las implicaciones de la medida, pero advirtió que el debate de fondo no está relacionado exclusivamente con la movilidad, sino con asuntos fiscales.El gobernador defendió la gestión del departamento en materia de matriculación de vehículos y aseguró que no existe una afectación directa a Bogotá por este concepto. Según indicó, Cundinamarca ha fortalecido sus procesos mediante desarrollos tecnológicos y atención eficiente, lo que ha llevado a que muchos ciudadanos opten por matricular allí sus vehículos.“Nosotros realmente no creemos que sea de esta manera. Bogotá no ha reducido el número de sus matrículas; por el contrario, ha venido aumentando más en matrículas que Cundinamarca, pero no así su recaudo tributario. ¿Por qué matrícula más Bogotá, pero recibe menos impuestos?”, afirmó Rey.El mandatario departamental sostuvo que la intención de Cundinamarca es llegar a acuerdos claros y sensatos con el Distrito. “Aquí el fondo no es movilidad, aquí el fondo es una falla fiscal que tiene Bogotá, y nosotros estamos interesados en que haya reglas claras y que lleguemos a acuerdos”, concluyó.Así mismo, el gobernador se refirió al avance del Regiotram de Occidente, que ya tiene un 34 % de ejecución y que se espera esté en operación para 2027. Además, aseguró que su objetivo es poder dejar el Regiotram del Norte para que comience su construcción en el 2028. “Estamos haciendo cimentación de diferentes estaciones, especialmente la de Mosquera que es una estación elevada, ícono arquitectónico del proyecto. Ya hemos montado todos los rieles, 26 km desde Facatativá hasta el Río Bogotá, que ya se empezó a intervenir para construir el puente”, explicó Rey.Por su parte, se refirió al problema de inseguridad en algunos municipios del departamento, especialmente los de la Sabana Norte y explicó que los casos de hurto y homicidios en esta región llaman la atención de las autoridades y se reducirán con las mega tomas en las que participa incluso Migración Colombia.Finalmente, habló del reciente anuncio del gobierno ecuatoriano de la imposición del 30 % de aranceles a Colombia, haciendo un llamado a cuidar las relaciones económicas con otros países, especialmente los que limitan con Colombia y recordó que cualquier cambio en la balanza es un grave perjuicio para la nación, especialmente en sectores como el floricultor y el de agricultura.
Luego de que la Alcaldía de Bogotá confirmara que fue declarada desierta la licitación para la construcción de la Segunda Línea del Metro, durante una sesión de la Comisión de Hacienda del Concejo se propuso reabrir la subcomisión de Vigilancia y Control encargada de hacer seguimiento a la segunda parte de la obra más importante de la ciudad.La solicitud fue presentada por el concejal Rubén Torrado, quien aseguró que la reapertura de este espacio es necesaria ante los constantes retrasos que ha enfrentado la segunda fase del Metro de Bogotá. Según Torrado, la ciudad no puede seguir aplazando un proyecto de esta magnitud por problemas de planeación y formulación."¿Fue mal estructurado el proyecto o por qué ninguna de las firmas que tenía intereses se presentó? ¿o la gente hoy no siente estabilidad jurídica en el proceso? esas son las preguntas que nos tenemos que hacer", aseguró el concejal e hizo un llamado a revisar cuáles fueron las condiciones que llevaron a que no se recibieron propuestas.La iniciativa fue bien recibida por varios concejales y se dio luego de que el propio alcalde mayor confirmara que el proceso licitatorio quedó desierto, al no presentarse propuestas por parte de los consorcios habilitados y precalificados para participar en la convocatoria.De acuerdo con lo expuesto por el concejal Torrado, la Segunda Línea del Metro representa una solución estructural para millones de ciudadanos, especialmente en las localidades de Suba y Engativá, zonas que enfrentan altos niveles de congestión y largos tiempos de desplazamiento. En ese sentido, advirtió que los retrasos no solo afectan la planeación de la ciudad, sino también la calidad de vida de sus habitantes.“Esta segunda línea les va a solucionar la vida a millones de personas en Suba y Engativá. Bogotá no puede seguir perdiendo millonarios recursos en estudios y profesionales especializados, para que al final se declare un proceso desierto”, señaló el concejal.Cabe mencionar que el cronograma inicial contemplaba que la adjudicación del contrato para construcción de la segunda línea se realizara en 2024, pero con el anuncio de una nueva licitación internacional, el proceso se aplazaría hasta el primer trimestre de 2027.“Lo que pasó con la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá ya lo habíamos advertido varios concejales (...) serían ya tres años de retrasos”, aseguró Torrado..En ese contexto, el concejal insistió en la necesidad de reactivar la subcomisión de Vigilancia y Control para que el Concejo pueda ejercer un seguimiento riguroso al proceso y revisar, entre otros aspectos, los recursos invertidos en la estructuración de la licitación que finalmente fue declarada desierta.Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la falta de propuestas se produjo luego de que el grupo español Sacyr, único interesado en el proceso, enviara una comunicación retirando su propuesta.El mandatario aseguró que, aunque la licitación fue declarada desierta, el proyecto de la Segunda Línea del Metro continúa y anunció que se abrirá una nueva licitación pública internacional en el mes de febrero. Según indicó, el proceso cuenta con el respaldo de la banca multilateral, los créditos necesarios y el soporte del convenio de cofinanciación.
El terrible hecho de las dos niñas que murieron luego de una intoxicación por consumir frambuesas envenenadas con talio, caso cuya principal sospechosa es Zulma Guzmán quien continúa en el Reino Unido, sigue teniendo desarrollos.Blu Radio tuvo acceso a los apartes de un informe toxicológico que da cuenta la alta dosis de talio que contenían las frambuesas.De acuerdo con las conclusiones periciales conocidas, el talio fue detectado en una muestra de frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco, en una concentración superior a 20 microgramos por mililitro (20 mg/L). En ese mismo análisis no se hallaron otras sustancias objeto de investigación.El informe también señala que en una muestra de contenido gástrico se identificó igualmente talio en una concentración superior a 20 ug/mL, lo que refuerza la hipótesis de una posible ingesta de esta sustancia. En dicho material tampoco se detectaron otros compuestos.En contraste, los exámenes practicados a las muestras descritas como “galletas horneadas” y “sustancia color café” arrojaron resultados negativos, pues no se encontraron las sustancias investigadas en esos elementos.El proceso de extradición de Zulma Guzmán en el Reino Unido continúa avanzando. La justicia británica fijó para el próximo 9 de febrero una nueva audiencia ante el juzgado de Westminster. Se espera que, en dicha diligencia, la defensa de la mujer precise los recursos jurídicos que empleará para sustentar su oposición a ser extraditada a Colombia.La fecha fue establecida tras una audiencia celebrada en las últimas horas, la cual se desarrolló de manera virtual y tuvo un carácter estrictamente procedimental. En esa diligencia, la autoridad judicial consultó a Guzmán si estaba de acuerdo con que el trámite de extradición continuara bajo la competencia de ese tribunal, sin que se abordaran de fondo los argumentos de las partes.
Dos hombres de 22 y 24 años fueron capturados en flagrancia en la localidad de Fontibón, señalados de pertenecer a una banda dedicada al fleteo en Bogotá. La detención se produjo en inmediaciones de una zona comercial, donde las autoridades detectaron un vehículo sospechoso y realizaron un operativo de control. A pesar de la contundencia de las pruebas, un juez los dejó en libertad porque “no tenían antecedentes”.Durante el procedimiento en el que habían sido capturados, fueron encontradas dos armas de fuego tipo revólver con siete cartuchos, además de la incautación del vehículo en el que se movilizaban los capturados. En el operativo también fueron inmovilizados un taxi y dos motocicletas, y se logró la plena identificación de cuatro personas que se desplazaban en estos automotores y que estarían relacionadas con los hechos investigados.De acuerdo con las indagaciones, los detenidos estarían vinculados a por lo menos cuatro atracos registrados durante el presente año en las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Usaquén. Las víctimas, en su mayoría usuarios bancarios, eran seguidas desde centros comerciales luego de retirar grandes sumas de dinero y posteriormente abordadas para despojarlas del efectivo mediante robos violentos, bajo la modalidad de fleteo.Las investigaciones también revelaron que uno de los capturados cuenta con antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, fuga de presos y tráfico de moneda falsificada. Ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las pesquisas para establecer si hay más personas involucradas en esta estructura delictiva.
Un accidente de tránsito que se presentó a primera hora de esta mañana de lunes 2 de febrero sobre la autopista Sur, a la altura de la carrera 76, en sentido occidente–oriente, en Bogotá, tiene colpasada la movilidad en el sur de la ciudad. El siniestro involucra a tres vehículos: una camioneta particular, una volqueta y un bus de servicio intermunicipal de color rojo.De acuerdo con la información preliminar, la camioneta particular habría quedado en medio de los otros dos vehículos mientras realizaba una maniobra de adelantamiento en este sector de la vía, cercano a la terminal de transporte. Como consecuencia del choque, la movilidad en el punto está totalmente colapsada.Las autoridades informaron que, de los dos carriles y medio habilitados en este tramo, uno y medio quedaron comprometidos por el accidente, lo que generó congestión vehicular en la zona. Agentes de la Secretaría Distrital de Movilidad se encuentran en el lugar realizando labores de control de tráfico, reconocimiento del accidente y elaboración de los croquis correspondientes.Una vez concluyan estos procedimientos, se procederá al retiro de los vehículos involucrados. Según las autoridades, se espera que la movilidad en este punto de la Autopista Sur se normalice en los próximos minutos.
Un atentado con explosivos registrado en la noche del 22 de enero de 2026 dejó una persona muerta y al menos 14 heridas en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. La explosión ocurrió frente al establecimiento comercial Troya y cobró la vida de un hombre de 75 años, quien trabajaba como mesero en el lugar.De acuerdo con las autoridades, el ataque fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes lanzaron el artefacto explosivo y huyeron del sector. Entre los heridos se encontraban trabajadores del establecimiento, clientes y transeúntes que se encontraban en la vía pública al momento de la detonación.Hace unos minutos se conoció un video del momento exacto de la detonación, material que será estudiado por las autoridades para dar con los responsables. Este es el video.Las investigaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Bogotá apuntan a que el hecho estaría relacionado con una disputa violenta entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico. Según esta hipótesis, la organización conocida como El Tren de Aragua, presuntamente bajo el mando de un ciudadano extranjero alias ‘Maracucho’, estaría intentando desplazar a bandas locales como ‘Los Boyacos’ y ‘La 24’, que históricamente han tenido presencia en la zona. Aunque no se descarta que el ataque esté vinculado a extorsiones denunciadas por comerciantes, la principal línea investigativa se centra en la lucha por el control territorial del expendio de drogas.Como reacción al atentado, las autoridades desplegaron un megaoperativo con más de 1.200 uniformados en el sector, enfocado principalmente en la intervención de pagadiarios. Durante los operativos se logró la captura de cuatro personas por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, así como la recuperación de celulares y bicicletas reportadas como robadas. El alcalde Carlos Fernando Galán sigue de cerca las investigaciones adelantadas por la Sijín, el Gaula y la Fiscalía, que incluyen el análisis de cámaras de seguridad para establecer la ruta de escape de los responsables.
El ritual de asistir al estadio en las tardes bogotanas cambia desde hoy, pues uno de sus lugares más emblemáticos, el Palacio del Colesterol, ya no será el lugar que por décadas ha acompañado a los fanáticos del fútbol en Bogotá.Aunque están a punto de iniciar las obras de modernización del Nemesio Camacho El Campín, el Palacio del Colesterol no desaparecerá, sino que su tradición hará parte del nuevo complejo deportivo, cultural y de entretenimiento que se construirá en este sector.De acuerdo con el cronograma del contrato de concesión de Sencia, este primero de febrero inició el proceso de cerramiento del predio como paso previo al arranque de las obras del nuevo estadio, previsto para marzo. Esto implica que el Palacio del Colesterol entra en una breve pausa temporal mientras se libera el espacio donde se ejecutarán los trabajos.Desde el 31 de enero el costado posterior de El Campín inició su proceso para reemplazar las casetas y la fritanga por polisombra y máquinas de construcción. Pero la tradición que inició hace casi 67 años no va a desaparecer, mientras avanzan las obras, Sencia dispuso alternativas transitorias para que los comerciantes mantengan sus restaurantes.Una vez culminen el proceso de formalización, los negocios integrantes de la Asociación Palacio del Colesterol podrán operar en unidades móviles o ‘food trucks’ ubicados en la zona nororiental del estadio actual durante la fase de construcción, que se estima dure cerca de dos años.“Pasados los dos años de la obra y apenas entre en funcionamiento el estadio, ellos harán un nuevo contrato con nosotros para pasar a otro lugar con mejores condiciones y más estables durante el tiempo que la concesión siga”, explica Edgar Cardona, vicepresidente de Operaciones y Experiencias de Sencia.El proyecto contempla una zona gastronómica permanente dentro del nuevo complejo, diseñada para preservar las tradiciones culinarias, ampliar el público y permitir una operación continua durante todo el año, en un entorno moderno y regulado.Según el concesionario, esta estrategia busca mantener el vínculo del Palacio del Colesterol con sus clientes y con la vida cultural del sector, al tiempo que se avanza en un proyecto que le apuesta a darle una nueva vida a uno de los complejos culturales y deportivos más importantes del país y de la región.Mientras tanto las tardes de fútbol tendrán que esperar al menos dos meses, mientras se termina de subsanar la documentación de los comercios, para volver a visitar los negocios del Palacio del Colesterol, que por ahora tendrán una apariencia más norteamericana, pero el mismo sabor de toda la vida.Así lo asegura Jenny Uribe, integrante del Palacio del Colesterol desde hace treinta años y tercera generación de una familia fundadora del tradicional espacio gastronómico. “La comida típica colombiana que históricamente hemos ofrecido no se va a perder. No nos vamos, vamos a cambiar para mejorar”.De acuerdo con Sencia, el histórico punto de encuentro asociado al fútbol capitalino será integrado al nuevo desarrollo urbano bajo criterios de formalización, sostenibilidad y proyección a largo plazo."Tenemos muchas expectativas. Le aclaramos a la gente que el Palacio del Colesterol no se termina, se va a transformar y a traer consigo cambios muy positivos para la hinchada del fútbol colombiano. Va a ser más incluyente, no solamente vamos a estar para el fútbol, sino para todos los eventos que están programados en el estadio", concluyó Uribe.Además de la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 50.000 espectadores, este megaproyecto también contempla la creación de un hotel, zonas comerciales y oficinas, así como la que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para 2.000 personas.