Con emoción fue recibido el anuncio del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el que dio a conocer que esta ciudad le apunta a la construcción de su propio a Movistar Arena, un escenario con el que se le apuntará a ingresar con fuerza a la industria del entretenimiento y atraer todo tipo de conciertos.El proyecto expuesto en medio de la rendición de cuentas adelantada en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, tuvo muchos más aplausos al escuchar que su ubicación estratégica sería justo al lado del monumento de la Ventana de Campeones, presente en el sector turístico del Gran Malecón.El mandatario no entregó muchos detalles sobre cuándo iniciarán las obras de este escenario multipropósito, hasta ahora, con capacidad para 13.000 espectadores, pero especificó que será operado por el mismo equipo que administra el Movistar Arena en Bogotá, hoy sede de grandes eventos. Esta iniciativa va en relación con la gran apuesta de Barranquilla y su administración de la ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Esas obras, de hecho, ya están en marcha según lo mostrado por el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.Muestra de ello es la noticia de que Barranquilla albergará la final de la Copa Sudamericana 2026, cita que venía trabajándose desde hace varios meses y generaría un movimiento económico cercano a los 60 millones de dólares durante la cita futbolera."Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza", expresó Char en su cuenta de X.Asimismo, Domínguez agradeció el compromiso de la ciudad por el fútbol sudamericano y, por eso, en una decisión unánime se le dio la sede a la capital del Atlántico para ser la casa de uno de los torneos más importantes de la Conmebol.
La celebración de la Navidad en el Atlántico trajo consigo el reporte de cinco nuevos lesionados por el uso de pólvora, todos ocurridos en el municipio de Soledad y teniendo entre uno de sus afectados a un menor de 11 años.Así las cosas, la cifra total de lesionados durante diciembre asciende a 41 personas (10 menores de edad y 31 adultos), nueve casos más que los 32 reportados a la misma fecha del año anterior, según declaró la secretaria de Salud (e), Rosmery Wehedeking Páez.“Hacemos un llamado insistente a los padres de familia y adultos. El manejo de la pólvora debe quedar en manos de expertos y nunca debe combinarse con el consumo de alcohol”, enfatizó Wehedeking, quien dijo que 21 de los adultos lesionados este año estaban bajo los efectos del alcohol.La estadística de quemados ascendería a 76 en todo el departamento si se incluyen los 35 quemados que hasta el momento hay en Barranquilla, pese a que no hubo nuevos reportes durante la Nochebuena, a corte de las 8:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.La titular de esta dependencia, Stephanie Araujo Blanco, decidió seguir con las campañas para la prevención del uso de la pólvora y la estricta vigilancia hacia los negocios que expenden licores, pólvora y alimentos en este fin de año.En la capital del Atlántico hubo un doble homicidio en el barrio La Sierrita, al parecer, por una posible venganza, y una tercera muerte tuvo lugar en Ponedera, hecho bajo investigación que según las autoridades no estuvo relacionado con las festividades navideñas.Sin embargo, la Policía en Barranquilla reportó nueve capturas por diferentes delitos, la incautación de 1 arma de fuego y el traslado de 89 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.Del mismo modo, se efectuaron 14.506 consultas de antecedentes y se impusieron 108 comparendos, al tiempo que fueron atendidas 196 llamadas relacionadas con riñas y 116 por perturbación a la tranquilidad pública.En cuanto a la accidentalidad, se reportó un lamentable hecho en el municipio de Manatí el 24 de diciembre, donde un motociclista falleció tras colisionar con un semoviente; el acompañante resultó lesionado.Todas las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados negativos y se movilizaron un total de 29.101 vehículos por las vías del departamento, con un ingreso de 15.039 automotores y la salida de 14.062.El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó el impacto de las acciones preventivas. “Este balance es el resultado de un trabajo articulado entre la Gobernación, la Fuerza Pública y las autoridades locales, pero sobre todo del compromiso de la ciudadanía, que entendió que celebrar también es cuidarnos entre todos”.
En una fosa cavada en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, en Cesar, fue encontrado boca abajo el cuerpo sin vida de Natalia Castrillo Benjumea, mujer a la que sus familiares le perdieron el rastro desde el pasado sábado 20 de diciembre.Las investigaciones alrededor de este posible feminicidio se priorizaron desde este martes 23 de diciembre, cuando sus familiares y conocidos bloquearon la vía que de su población lleva hacia Valledupar para lograr la atención de las autoridades.Sin embargo, su hallazgo al parecer se dio gracias a la ayuda de un familiar del hombre con el que Natalia fue vista por última vez, precisamente de camino hacia Llerasca, aunque no había orden de captura en su contra por falta de pruebas.El cuerpo de la víctima fue llevado hacia Medicina Legal para determinar las formas de su fallecimiento, mientras que a la deriva quedarán sus hijos de 7 y 2 años, que por lo pronto se quedarán al cuidado de sus abuelos maternos.El alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, rechazó de manera contundente lo ocurrido, pidió la mayor celeridad posible en las investigaciones y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.“El alcalde Hernán Eduardo Baquero y la gestora social Claudina Díaz lamentan el fallecimiento de Natalia Castrillo. Rechazamos de manera contundente todo acto de violencia. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, y reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, expresaron en un comunicado.“Este crimen atroz nos llena de dolor, indignación y profunda tristeza. Nada justifica arrebatarle la vida a una mujer ni sembrar el terror en nuestra comunidad”, agregaron.Otro casoPor otro lado, en pleno sector de Caracolí, en el corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, se registró un violento choque entre dos motocicletas que acabó con la vida de tres personas y dejó a una mujer herida, la cual hoy está bajo observación en un centro asistencial.El suceso ocurrió hacia la madrugada de este jueves 25 diciembre, sin embargo aún no se saben los detalles de cómo o qué ocasionó la tragedia en este sector.Solo una de las víctimas fatales alcanzó a ser identificada siendo su nombre Fair López, aunque conocido al igual bajo el apoyo de ‘Verruga’.El accidente coincide con otro siniestro vial, pero este en jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico, donde falleció Ovidio Enrique Cabrera Acuña cuando manejaba su motocicleta y se llevó por delante a un animal que se le atravesó en la vía.
Como una presunta venganza de la banda criminal Los Pepes es investigado hasta el momento el doble homicidio que se registró durante la noche de navidad en el barrio La Sierrita, ubicado en la localidad Metropolitana de Barranquilla.Justo en ese punto se encontraban departiendo en plena vía pública Ricardo Junior Castro Martínez y Walter Ripoll Figueroa, cuando casi a medianoche fueron ultimados con arma de fuego por tres hombres desconocidos que los abordaron en dos motocicletas.Pese a que en medio de las indagaciones lideradas por agentes del CTI de la Fiscalía se conoció que ninguno de los occisos presenta anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, sí aclaró la Policía Metropolitana que, al parecer, uno de ellos es señalado de participar en la muerte del hermano de alias 'Sombra', respetado integrante de la banda Los Pepes, grupo que hoy está en conversaciones con el Gobierno Nacional para evaluar la posibilidad de entablar una mesa de paz urbana de la que también harían parte Los Costeños de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor'.En dicha celebración, afirman reportes, estaban otras tres personas más que se salvaron de ser alcanzadas por las balas perpetradas.Mientras tanto, en la madrugada del jueves 25 de diciembre, se reportó la muerte de Francisco Alberto Cantillo Ferrer, de 27 años, momentos en los que también departía en el barrio Centro del municipio de Ponedera.El principal sospechoso de su muerte es un adolescente de 17 años que, gracias a la descripción de la comunidad, fue aprehendido por las autoridades en ese municipio y puesto a disposición de la autoridad competente, la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.Cantillo Ferrer alcanzó a ser auxiliado por la comunidad y trasladado hasta la clínica San Rafael del municipio de Sabanalarga, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.Vale la pena destacar que, durante los operativos de seguridad de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de la Nochebuena, fue capturado Victor Alfonso Muñoz Nuñez, requerido por la autoridad judicial por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, en el municipio de Soledad.“El procedimiento se desarrolló en el barrio Villa Estadio, donde uniformados de la Policía realizaban verificación de antecedentes a personas. Durante este proceso, fue identificado un sujeto de 40 años de edad, a quien, tras la consulta en el dispositivo tecnológico institucional, le figuraba una orden de captura vigente. De acuerdo con el requerimiento judicial, el individuo es solicitado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y hurto agravado. Una vez confirmada la orden judicial, fue capturado y trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soledad, donde quedó a disposición de la autoridad competente”, informó la institución armada.
La Policia puso al servicio de Bogotá más de 1.000 nuevos uniformados, además de un nuevo parque automotor, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del país. La entrega incluye 991 nuevos patrulleros y 13 subtenientes, quienes serán destinados al Nuevo Modelo del Servicio de Policía, así como a labores de Inteligencia, Investigación Criminal y Prevención.Este refuerzo, destacó el general Giovany Cristancho, comandante de la Mebog, permitirá aumentar la presencia de la Policía en las localidades, mejorar los tiempos de respuesta y enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia y a los actores criminales.Del total de uniformados incorporados, 24 son profesionales, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 cuentan con estudios en otros idiomas, lo que fortalece las capacidades operativas y de atención a la ciudadanía. A este componente humano se suma la entrega de 327 motocicletas y 11 camionetas, que permitirán optimizar los patrullajes y la movilidad policial en distintos sectores de la ciudad.El nuevo parque automotor será distribuido en localidades como Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero y Engativá, así como en especialidades estratégicas como Gaula, Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, Turismo, TransMilenio, Aeropuerto y Carabineros.Bajo las líneas de prevención, control y disuasión, y con una mayor focalización territorial y operativa, las autoridades buscan identificar factores de riesgo y continuar reduciendo los delitos de alto impacto. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 se ha logrado una disminución del 73 % en el hurto a entidades financieras, 30 % al comercio, 23 % al hurto de celulares, 22 % al hurto de automotores, 21 % en extorsión y 5 % en el hurto a personas.
Las autoridades nigerianas confirmaron este viernes que lanzaron ataques aéreos de manera conjunta con EE.UU. contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara esos bombardeos como respuesta a una supuesta "masacre" de cristianos en ese país africano."Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria", declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba."Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales", explicó Uba en un comunicado.El ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, reveló este viernes que habló con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, antes del ataque."Nigeria proporcionó información de inteligencia para el ataque estadounidense en Nigeria. Hablé con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante 19 minutos antes del ataque, y acordamos hablar con el presidente (nigeriano, Bola Ahmed) Tinubu para obtener su visto bueno, y él lo dio”, declaró Tuggar al canal de televisión local Channels TV."Tras la aprobación, volví a hablar con Marco Rubio 5 minutos antes de que se lanzara el ataque contra los terroristas", precisó el jefe de la diplomacia nigeriana.Su oficina añadió en su comunicado que el ataque se dio en el marco de la "cooperación estructurada" contra el terrorismo que mantienen con Estados Unidos, y que incluye "el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo conforme al derecho internacional y el respeto mutuo de la soberanía".Supuesta "masacre de cristianos"La confirmación llegó horas después de que Trump anunciara este jueves que su país había lanzado un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos de EI en el noroeste de Nigeria.Según el Pentágono, los ataques requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea, y provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.En un mensaje emitido en su red Truth Social, el presidente estadounidense agregó: "Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".El pasado noviembre, Trump denunció, sin aportar pruebas, una supuesta "masacre" de cristianos en Nigeria, anunció la designación del país como "de especial preocupación" (categoría reservada para las naciones implicadas en "graves violaciones de la libertad religiosa") y amenazó con una posible intervención militar.El Gobierno nigeriano aseguró entonces que tomaba nota de las declaraciones del mandatario republicano, pero afirmó que esas acusaciones "no reflejan la realidad sobre el terreno".El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.
El Ejército presentó su balance operacional de 2025, un año marcado, según el general Luis Emilio Cardozo, comandante de la institución, por resultados de alto impacto contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, así como por el fortalecimiento del control territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia.Uno de los principales resultados fue la mayor incautación de armamento de los últimos diez años. Durante 2025, las tropas decomisaron 916 armas largas, 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento y más de 738.000 municiones, evitando que este material fuera usado contra la población civil y la Fuerza Pública. A esto se sumó la destrucción de 5.972 minas antipersonal y la incautación de más de 22 toneladas de explosivos.En la lucha contra el narcotráfico, el Ejército incautó 111.593 kilos de cocaína, 14.855 kilos de pasta base y 107.286 kilos de marihuana, además de destruir 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 de pasta base, golpeando de manera directa las finanzas de los grupos criminales. Estas acciones representaron incrementos de hasta el 70 % frente a los resultados del año anterior.Las operaciones militares desarrolladas en regiones como Catatumbo, sur del Cauca, Nariño, norte del Cauca, sur del Valle y sur de Bolívar permitieron afectar de forma directa a estructuras del ELN, disidencias y Clan del Golfo. En total, se reportaron 3.409 capturas, 682 sometimientos a la justicia, 261 muertes en desarrollo de operaciones y la recuperación de 402 menores utilizados por estos grupos.En zonas como Catatumbo, además de los combates, se adelantaron acciones humanitarias que permitieron la evacuación de más de 3.600 personas, la atención de 87.000 desplazados y la entrega de más de 350 toneladas de ayudas, mientras se consolidaba la presencia de más de 10.500 soldados en el territorio.Durante 2025 se realizaron 889 capturas, se incautaron 1.068 máquinas de maquinaria pesada, se intervinieron 294 minas ilegales y se inutilizaron 504 dragas, afectando directamente una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados.En materia de secuestro y extorsión, los grupos Gaula Militar reportaron 1.020 capturas, la liberación de 105 personas y el rescate de 175 ciudadanos, con un aumento del 230 % en la efectividad operacional frente al año anterior.El balance también destacó el papel de los Ingenieros Militares, que instalaron cuatro puentes militares, avanzaron en obras viales y lograron declarar cuatro municipios libres de minas antipersonal, reduciendo riesgos para miles de habitantes en zonas rurales.
La manipulación de pólvora en Santander ha dejado 10 menores de edad y 17 adultos quemados hasta el momento. El área metropolitana de Bucaramanga tiene la mayor cifra de casos.Entre los municipios donde se han registrado quemados está Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca. Las autoridades sanitarias se encuentran en alerta, debido a que una gran cantidad de afectados con pólvora en esta temporada decembrina son menores de edad.De ahí la insistencia de las autoridades a la comunidad para que denuncie la comercialización ilegal y compra de pólvora. “Tener mucho cuidado con los voladores en especial, con los totes, lo que llamamos quintos, cualquier manipulación de pólvora puede presentar alguna alteración. Es importante que nos cuidemos, entonces esta es una alerta para empezar a cuidar y tener protección en la salud y en la vida de todos los santandereanos”, expresó Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.En lo corrido del mes de diciembre se han presentado seis casos de menores de edad entre los 10 y 16 años.Frente a las cifras, Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS) invitó al no uso de juegos pirotécnicos, “la pólvora no es un juego". Cada caso representa un riesgo grave para la vida y la salud, especialmente de los niños, nosotros tenemos 14 camas en pediatría para brindar atención, la mejor decisión es no manipularla”.De acuerdo con la información aportada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana no se registraron quemados por manipulación de pólvora el 24 de diciembre.Las autoridades continúan con operativos en distintos sitios de Bucaramanga y el área metropolitana con el fin de controlar la venta ilegal y el uso de pólvora. Además, insisten en que la manipulación debe ser por parte de expertos en el tema.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de Ana Carolina Herrera Torres, de tan solo 26 años de edad, una mujer que fue hallada sin vida en un establecimiento de alojamiento o renta corta, ubicado en el barrio Centro del municipio de El Carmen de Viboral, en el oriente del departamento de Antioquia.Según el reporte preliminar, el hecho fue conocido luego de una llamada a la Policía Nacional en la que se alertó sobre la presencia de una persona de sexo femenino sin vida al interior del lugar. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a una pareja conformada por un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad mexicana, quienes provenían de Cancún. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades en el lugar de los hechos, Juan Eduardo de la Cabada Avilés, de 36 años, manifestó que la mujer se encontraba en el jacuzzi mientras él estaba en el baño. Al salir, indicó haberla encontrado sin signos vitales."Al parecer, se encontraron sustancias estupe facientes en el lugar de los hechos. No presenta signos de violencia, sin embargo, se están adelantando, pues, las actuaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas reales de la muerte", confirmó al respecto el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia. Si bien el reporte preliminar de los uniformados que acudieron al sitio indica que durante la inspección del establecimiento fueron halladas sustancias estupefacientes, según las autoridades, las realizar la inspección técnica del cuerpo de esta agente bilingüe de telefonía en ventas, este no presentaba signos visibles de violencia, aspecto que es tenido en cuenta dentro del proceso investigativo que se adelanta.
La cuenta regresiva ya está en marcha para lo que será la final de la Copa Sudamericana 2026 que tendrá lugar en Barranquilla, por lo que en esta ciudad comenzaron las obras para ampliar y modernizar el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, actual casa del Junior y de la selección Colombia.Así lo dio a conocer el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.El mandatario publicó un video en sus redes sociales diciendo que este será un escenario “de talla mundial”, teniendo en cuenta que las obras fueron adjudicadas esta semana por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.El ‘Metro’ tendrá una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED y un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.Aunque ya están en marchas estas remodelaciones, el recinto abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, el próximo 15 de enero, lo que fue descrito por Char como un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a los otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.