Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
La movilidad de Bogotá sigue siendo uno de los dolores de cabeza más grandes para miles de ciudadanos. El uso diario de TransMilenio y del SITP no solo impacta el bolsillo, sino también el tiempo de las personas, que a menudo deben enfrentarse a largas filas para ingresar al sistema o recargar sus pasajes. Esa realidad, repetida a diario en estaciones y portales, se convirtió en una de las principales quejas de los usuarios del transporte público en la capital.En medio de ese panorama, la digitalización de trámites en la ciudad continúa avanzando y suma una novedad que apunta a aliviar parte de esa carga. Desde esta semana, la tarjeta TuLlave ya puede recargarse directamente a través del portal web de la Alcaldía de Bogotá, una alternativa que promete reducir filas y facilitar la vida a millones de usuarios del sistema.La medida busca centralizar servicios en una sola plataforma digital, accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. Para muchos ciudadanos, esto significa menos desplazamientos, menos tiempo perdido y una experiencia más ágil al momento de preparar sus viajes diarios.Recarga digital de la tarjeta TuLlave desde la web del DistritoLa recarga en línea de TuLlave se integra a la plataforma Pagos Bogotá, que ya funciona como una ventanilla digital para realizar distintos pagos distritales. A través de este portal, los ciudadanos no solo pueden cargar saldo a su tarjeta de transporte, sino también pagar impuestos, cancelar servicios y adelantar varios trámites sin necesidad de acudir a puntos físicos.Desde el Distrito señalaron que la intención es facilitar los trámites cotidianos y aprovechar la tecnología para mejorar la relación entre la ciudadanía y la administración. Adriana Vargas, subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, explicó que esta innovación hace parte del proceso de modernización de Bogotá y busca que acciones tan comunes como recargar la tarjeta de transporte se hagan de forma más sencilla y rápida.Actualmente, el portal bogota.gov.co permite realizar más de 1.400 trámites, además de agendar citas y acceder a orientación ciudadana. Con la incorporación de la recarga de TuLlave, la plataforma fortalece su papel como principal canal de interacción entre el Distrito y los habitantes de la ciudad.A quién beneficia la recarga digital de TuLlave en BogotáLa nueva opción de recarga está pensada para un amplio grupo de ciudadanos, especialmente para quienes usan el transporte público a diario. Entre los principales beneficiados están:Usuarios frecuentes de TransMilenio y del SITP, que ya no tendrán que hacer filas para recargar saldo.Personas que prefieren los pagos digitales y buscan reducir el uso de efectivo.Ciudadanos que quieren ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios a puntos de recarga.El servicio funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que permite planear los viajes con mayor flexibilidad. Además, cuenta con protocolos de seguridad para proteger la información personal y las transacciones realizadas en la plataforma.Con esta medida, Bogotá da un paso más en la digitalización de sus servicios y responde a una de las necesidades más sentidas de quienes se mueven a diario por la ciudad. Aunque no soluciona todos los problemas de movilidad, la recarga digital de TuLlave representa un alivio práctico en la rutina de miles de usuarios.
La carrera presidencial empezó a moverse incluso antes de que se apagaran las luces de Navidad. En entrevista con Blu Radio este 23 de diciembre de 2025, el exsenador Roy Barreras habló sin rodeos sobre la consulta del llamado Pacto Amplio y dejó claro que, para él, no se trata de un simple paso previo a la campaña, sino de un momento decisivo que puede definir quién llegará a la Casa de Nariño en 2026.Para el exsenador, la consulta de marzo no es un trámite menor ni simbólico. “La consulta es definitiva. Quien gane esa consulta será presidente. Eso está clarísimo”, afirmó durante la entrevista, dejando ver su convicción de que ese mecanismo será determinante en el rumbo político del país.Roy Barreras afirma que ganará la consultaBarreras confirmó que será uno de los participantes en la consulta del Pacto Amplio y que competirá directamente con el senador Iván Cepeda. “Participaré en esa consulta, competiré con el senador Iván Cepeda y voy a competir para ganar”, dijo, al señalar que su aspiración es llegar a la contienda con un respaldo sólido.El exsenador explicó que esa consulta busca reunir dos reclamos que hoy están presentes en buena parte de la ciudadanía. Por un lado, las luchas sociales que han marcado los últimos años; por el otro, la exigencia de seguridad y estabilidad. “Vamos a unir esas dos exigencias, esas dos fuerzas”, sostuvo, al plantear que ese equilibrio es clave para gobernar.También insistió en que la consulta permitirá ordenar el panorama político y ofrecer una alternativa clara a los votantes. A su juicio, quien resulte ganador llegará fortalecido a la siguiente etapa electoral, con un mensaje unificado y con mayor capacidad de convocatoria.Presidencia 2026, centro político y mensaje a los votantesBarreras fue claro al definirse ideológicamente. “Yo no soy de izquierda, soy de centro, liberal, socialdemócrata”, afirmó, marcando su distancia de los extremos y defendiendo una postura que, según él, puede representar a distintos sectores del país. Al mismo tiempo, reconoció la legitimidad de Iván Cepeda como candidato y pidió que se respeten todas las garantías democráticas.Sobre el papel del Consejo Nacional Electoral, recordó que es un organismo de carácter político y señaló que debe garantizar la participación plena en la consulta. “Debe respetar los derechos políticos y el derecho democrático de millones de colombianos”, expresó.Al ser consultado sobre qué ocurriría si no gana la consulta, Barreras fue directo. Aseguró que quien pierda debe respaldar al vencedor, aunque dejó claro que su objetivo es imponerse. “Quien gane la consulta tiene que recibir el respaldo del que la pierda”, dijo, antes de lanzar otra frase sin rodeos: “El que tenga miedo que se compre un perro o que se vaya a la primera vuelta”.Para el exsenador, el escenario es claro. La consulta del Pacto Amplio será el punto donde se definirá quién competirá con más opciones por la Presidencia. “Esa consulta es la que decide quién va a reemplazar a Gustavo Petro”, concluyó.
La Navidad ya no solo se vive entre villancicos y tradiciones, sino también a través de la tecnología y las redes sociales. En el hemisferio norte, donde el invierno marca la temporada, incluso Papá Noel es protagonista de seguimientos en tiempo real gracias a aplicaciones y plataformas digitales que permiten rastrear su recorrido alrededor del mundo.A esta hora, Papá Noel vuela a más de 60.000 pies de altura en su trineo, acompañado de sus renos, según datos que pueden consultarse en plataformas de rastreo aéreo como Flight Radar y Norad Trafic Santa. De hecho, más de 100.000 personas siguen en tiempo real su trayecto.En los últimos minutos, el recorrido lo ha llevado por países como Turkmenistán, Uzbekistán —un país que empieza a ganar relevancia deportiva para Colombia debido al partido que disputará por primera vez ante la Selección el próximo 17 de junio—, Irán y recientemente China, y continuará su recorrido por los países alrededor del mundo.Vea EN VIVO el recorrido de Papá Noel por el mundoEl seguimiento al recorrido de Papá Noel por el mundo no es nuevo. Se trata de una tradición que ya cumple cerca de 70 años y que es liderada por el Comando Norte de los Estados Unidos.La iniciativa comenzó alrededor de 1955, tras una llamada accidental de una niña que, creyendo comunicarse con Papá Noel, contactó al comando militar para que le dieran detalles sobre el recorrido de Papá Noel y en qué momento traería sus regalos.Desde entonces, cada 24 de diciembre, la entidad recibe llamadas de niños y ofrece información sobre la “ubicación exacta” de Papá Noel. Este año, combinando fantasía y tecnología, los internautas podrán seguir en vivo el recorrido de Santa por los países del mundo, mientras entrega los regalos.Según Norad Trafic Santa, antes de llegar a Colombia, Papá Noel habra pasado por Asia Central, Medio Oriente, Europa, parte de África, Norteamérica y Centroamérica, para continuar su recorrido por Sudamérica y regresar al Polo Norte cerrando la noche.
Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en el corregimiento de Santa Elena, en Antioquia, luego de que un bus de servicio público de la empresa Rápido Medellín Rionegro S.A. se precipitara a un abismo de cerca de 50 metros, en el sector conocido como 8 de Marzo.Antes de caer al vacío, el bus —que cubría la ruta Rionegro–Medellín y transportaba a 25 pasajeros— colisionó contra la parte trasera de un furgón y posteriormente impactó una vivienda ubicada a un costado de la vía.El balance oficial, entregado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), indica que 12 personas resultaron lesionadas, seis de ellas con heridas de consideración que obligaron su traslado inmediato a centros asistenciales. Entre los heridos más graves se encuentra un habitante de la vivienda afectada, quien se encontraba en el interior del inmueble al momento del impacto.Este es el videoSegún informó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz: “Preliminar e inicialmente, de acuerdo con unas verificaciones por parte de los agentes de tránsito y algunos videos establecidos, al parecer, las causas de este siniestro vial es sistema de frenos que nos va a permitir confirmar por parte de los peritajes esta situación, pero los videos establecidos como tal van a ser aportados a la investigación para establecer eso”.Pese a la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas fallecidas. Las labores de atención y rescate estuvieron a cargo de cerca de 20 bomberos, además de personal de salud y agentes de tránsito, quienes lograron estabilizar el automotor y evacuar a los ocupantes. En el hecho también se vio involucrado un pony que era transportado en el furgón, el cual resultó ileso.Algunos pasajeros relataron que el conductor habría advertido segundos antes del accidente sobre la pérdida total de frenos, versión que ahora es materia de verificación dentro de la investigación técnica. Otros testigos señalaron que el bus descendía a una velocidad mayor a la habitual en ese tramo de la vía.
A 17 años de uno de los crímenes más estremecedores ocurridos en Estados Unidos durante las fiestas decembrinas, la llamada masacre de Covina sigue siendo recordada como una tragedia que marcó para siempre la Navidad de 2008. El ataque ocurrió la noche del 24 de diciembre en una vivienda del municipio de Covina, en el condado de Los Ángeles, California.Faltaban cerca de 30 minutos para la medianoche cuando, en medio de una reunión familiar, un hombre disfrazado de Papá Noel tocó la puerta de la casa donde se encontraban reunidos varios integrantes de la familia Ortega. En el interior había adultos, jóvenes y niños que celebraban tranquilamente la Nochebuena.De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, fue una niña de ocho años, Katrina, quien abrió la puerta al ver al supuesto Papá Noel. La escena, que en un primer momento parecía parte de la celebración, se convirtió de inmediato en una pesadilla: el hombre sacó un arma de fuego y comenzó a disparar sin mediar palabra.En cuestión de minutos, la vivienda se transformó en un escenario de pánico y desesperación. Las personas intentaron huir o esconderse mientras el atacante recorría distintas habitaciones disparando contra quienes encontraba a su paso. Tras el ataque armado, el hombre provocó un incendio dentro de la casa, lo que ocasionó el colapso del techo y dificultó el ingreso de los equipos de rescate.En la reunión se encontraban aproximadamente 25 personas. Dieciséis lograron escapar con vida, mientras que nueve murieron como consecuencia del ataque. Las víctimas fueron identificadas como Alice Sotomayor Ortega (70), Joseph S. Ortega (79), Sylvia Ortega Pardo (43), Charles Ortega (50), Cheri Lynn Ortega (45), James Ortega (52), Teresa Ortega (52), Alicia Ortega Ortiz (46) y Michael Andre Ortiz (17).Las investigaciones permitieron identificar al responsable como Bruce Jeffrey Pardo, un ingeniero de 45 años y exesposo de Sylvia Ortega, una de las víctimas. Según las autoridades, la mujer había solicitado el divorcio y Pardo sabía que ella pasaría la Navidad en la casa de sus padres, información que habría utilizado para planear el ataque durante varias semanas.Se estableció que el agresor alquiló un traje de Papá Noel para no levantar sospechas y que el incendio fue provocado con un dispositivo casero similar a un lanzallamas. En la madrugada del 25 de diciembre, el cuerpo de Pardo fue hallado en la casa de su hermano, en el barrio de Sylmar. Todo indica que se quitó la vida tras cometer la masacre.En el vehículo que había alquilado se encontraron diversas evidencias que lo vincularon directamente con el crimen, cerrando así uno de los episodios más trágicos y perturbadores ocurridos en plena celebración navideña en Estados Unidos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Ya fue reforzada la seguridad en las cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en el Atlántico, tal como fue ordenado este fin de semana debido a la ola de violencia contra sus funcionarios en diferentes partes del país.Concretamente ya son cuatro atentados registrados en Bogotá, Valle del Cauca, Armenia y Antioquia que suman un guardia muerto y otros cinco heridos, por eso desde la Regional Norte del Inpec le confirmaron a Blu Radio que siguen en alerta para prevenir posibles ataques tanto hacia los guardias como a la infraestructura.De hecho, aunque dentro de los penales hay aparente calma, sí se acordó operativos de vigilancia con la Policía Metropolitana, la cual garantiza rondas en el cuadrante pasadas ciertos periodos de tiempo.El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, declaró en entrevista con Blu Radio que están utilizando inteligencia para identificar posibles amenazas.“Ante los hechos que se han presentado de afectaciones contra la integridad física de los funcionarios del INPEC en algunas ciudades del país, en Barranquilla no hemos recibido información que nos permita dar cuenta de la existencia de planes contra funcionarios. Independientemente de eso, hemos reforzado la seguridad a través de patrullajes por parte de nuestras unidades de vigilancia”, dijo inicialmente.“También hemos activado las actividades de inteligencia con miras a buscar información que pudiese existir, pero hasta ahora ninguna de ellas ha orientado una intención para generar una afectación similar”, agregó.Recordemos que en Barranquilla, por ejemplo, hay penales bajo la vigilancia de la Procuraduría como la penitenciaría El Bosque, donde reclusos armaron una gran fiesta recientemente con música y licor, y donde también se registraron motines y amenazas contra el antiguo director del recinto.Por los hechos mencionados inicialmente, la dirección nacional del Inpec abrió una investigación interna contra funcionarios de la institución por presuntos actos de corrupción, pues habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos al pabellón como cerveza y celulares, al tiempo que se favoreció la realización de la parranda.
A por lo menos un mes de la Cumbre CELAC–Unión Europea 2025, crece la preocupación en Santa Marta por el estado actual del aeropuerto Simón Bolívar. De acuerdo con el representante de la Asociación de Empresarios del Magdalena (AEM), José Miguel Verdugo, la terminal aérea enfrenta una grave limitación operativa por el mal estado de la calle de rodaje, una de las vías internas que conecta la pista principal con la zona de parqueo de aeronaves.“Si las calles de rodaje no están funcionando bien, se congestiona el aeropuerto. Es una operación muy simple: si un avión aterriza, pero el otro no puede salir al mismo tiempo, el flujo aéreo se paraliza. Así estamos desde hace años”, explicó Verdugo en diálogo con Blu Radio.El dirigente gremial indicó que la Aeronáutica Civil contrató y pagó la construcción de esta vía hace más de dos años, pero la obra habría sido entregada en mal estado, lo que impide su uso actual. Pese a que la entidad interpuso una demanda contra el contratista, el proceso judicial avanza lentamente, dejando sin solución a una infraestructura clave para el funcionamiento del aeropuerto.Con la llegada de la Cumbre CELAC–UE, prevista para noviembre y que congregará delegaciones de varios países, el riesgo operativo se hace aún más evidente. Según Verdugo, si no se restablece la calle de rodaje, la ciudad podría enfrentar un “trancón aéreo” que afectaría tanto vuelos comerciales como diplomáticos.“Vendrán aeronaves de distintos países y no todas podrán aterrizar o movilizarse sin interferir con el resto de operaciones. Esto puede generar demoras, cancelaciones y un impacto negativo en la imagen de la ciudad”, advirtió el representante de AEM.A pesar de los avances del concesionario en la ampliación de la terminal de pasajeros y las obras viales ejecutadas por la alcaldía, Verdugo aseguró que la responsabilidad del componente aéreo recae directamente sobre la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura.“Esto no puede ser un motivo para cancelar el evento. Santa Marta debe estar a la altura. Lo que pedimos es una acción nacional, decisiones rápidas y soluciones efectivas, no pañitos de agua tibia”, insistió.Los empresarios y autoridades locales pidieron al Gobierno nacional y a las autoridades del sector transporte tomar medidas inmediatas para evitar que esta situación afecte la logística del evento y el prestigio de la ciudad como sede internacional.Santa Marta se prepara para recibir a más de 30 delegaciones internacionales, pero su principal punto de entrada enfrenta, hoy por hoy, un cuello de botella que amenaza con poner en aprietos uno de los encuentros más importantes de la región.
Luego de cinco días de corralejas en Sabanalarga, Atlántico, ya son cerca de 54 las personas que han resultado lesionadas en el punto donde se realizan estos encuentros, 20 de ellas siendo atendidas este fin de semana en el hospital municipal.El coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, Jesús Manuel Estrada Muñoz, le confirmó a Blu Radio que la mayoría de heridas hasta el momento han sido leves, aunque cinco personas permanecen hospitalizadas debido a ser golpeadas por toros y, puntualmente, una de ellas está en una Unidad de Cuidados Intensivos.Por eso, advirtió Estrada Muñoz, se mantienen con todas las precauciones debido a que siempre en el último día de corralejas suele aumentarse la estadística de lesionados.“Siempre el último día es el más movido ya que es donde vienen personas cansadas o bajo los efectos de alcohol. Las recomendaciones principalmente son para las personas que están tomando o están tomadas para que no ingresen al ruedo”, dijo inicialmente.“La invitación también es para los menores de edad, pues tampoco pueden ingresar al ruedo. Estamos viendo mucho menor de edad allí adentro”, agregó.Además, dijo el funcionario que hay un Puesto de Mando Unificado que está activo antes del evento, que este lunes comenzará su faena desde las 3:00 de la tarde.Precisamente, este fin de semana se registró una tragedia en estas corralejas, donde en una pelea fue asesinado un hombre de 33 años que aún no ha sido identificado.De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontró con un adolescente con el que había sostenido diferencias en otro municipio y, sin importar que se desarrollaba la cita, usaron armas cortopunzantes para herirse entre sí.La Policía informó que el menor de 16 años involucrado fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad competente.
Un año después de la intervención de la empresa Air-e, el Gobierno nacional reportó una reducción del 25% en las tarifas de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según las cifras oficiales, el kilovatio hora, que en agosto de 2024 llegó a $1.072, una de las tarifas más altas del país en ese momento, se ubicó en septiembre de 2025 en $796.El anuncio fue señalado desde la Superintendencia de Servicios Públicos como un alivio para los hogares y sectores productivos de la región."El logro se da gracias a la articulación institucional del Gobierno del Cambio entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superservicios y la misma empresa, que en el marco de la intervención redujeron también otros costos asociados a los componentes de la tarifa de energía, tales como el desmonte del régimen tarifario especial, el ajuste del cargo de comercialización y la ampliación del plazo de la opción tarifaria", indicó la Superintendencia a través de un comunicado. Sin embargo, expertos advierten que las disminuciones no obedecen únicamente a la gestión de la intervención estatal. Parte de la rebaja se explica por la decisión del Tribunal Superior del Atlántico de derogar el régimen tarifario especial, tras la acción popular presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira.Aun así, el Ministerio de Minas y Energía señaló que bajo la intervención se logró negociar un precio más competitivo del kilovatio en el mercado de bolsa, factor que también contribuyó a la reducción.Por otro lado, la semana pasada la Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó nuevamente que Air-e pueda comprar energía de manera directa, lo que, según el Gobierno, permitirá garantizar precios más bajos y estables para el año 2026.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.