Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Entre enero y agosto de 2025, la entidad recibió y acompañó 18.451 acciones de tutela para exigir la protección del derecho a la salud. De ese total, el 24 % de estos casos estuvo relacionado con la negación o el no acceso a medicamentos esenciales, con mayor concentración en Quindío, Caldas y Antioquia.A este escenario se suma una crisis financiera, ya que durante el último año se ha hecho más notorio el acumulado de deudas de las EPS con laboratorios, distribuidores, hospitales, gestores farmacéuticos e IPS.En Nariño, las deudas de las EPS superan los 163.000 millones de pesos; en Chocó, la deuda con los principales hospitales públicos acumula más de 40.000 millones en cartera vencida; y en Vaupés, solo Nueva EPS adeuda cerca de 28.000 millones de pesos al hospital departamental.Las consecuencias de esta situación ya son visibles en distintos territorios. En Sucre, 23 municipios registran problemas de suministro de medicamentos. En Nariño, se reportaron más de 32.000 fórmulas médicas pendientes y 2,29 millones de unidades farmacéuticas no entregadas. En Cartagena, las autoridades locales han recibido cerca de 60.000 quejas, mientras que en Manizales, a comienzos de 2025, se contabilizaban alrededor de 140.000 medicamentos represados.Según la Defensoría del Pueblo, el 66 % de los medicamentos no entregados corresponde a tratamientos para diabetes y enfermedades cardiovasculares, a los que se suman fármacos para el manejo del dolor, afecciones del sistema respiratorio, salud mental y enfermedades neurológicas como la epilepsia.El informe advierte, además, que dentro del top 10 de medicamentos con mayor reporte de no entrega figuran la metformina, la empagliflozina, el losartán, el valsartán, el amlodipino, el acetaminofén, la atorvastatina, la rosuvastatina, la hidroclorotiazida y vitaminas.Estos medicamentos son fármacos de uso cotidiano y considerados esenciales para el control de la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, el manejo del dolor y otras condiciones crónicas.Entre 2022 y 2025, Bolívar, Bogotá, Quindío, Santander, Nariño y Valle del Cauca concentraron más de 11.600 quejas, lo que representa más de la mitad de los reclamos recibidos en todo el país por vulneración del derecho a la salud.
Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales de Brasil, anunció este miércoles el fichaje definitivo del delantero colombiano Andrés Gómez, quien estaba en préstamo por el Rennes francés, con un contrato que lo vinculará al conjunto de Río de Janeiro hasta enero de 2031.El acuerdo definitivo, válido por cinco temporadas, tiene renovación obligatoria hasta junio del mismo año.Gómez, de 22 años, llegó al Vasco en agosto de 2025 como parte de un paquete de refuerzos para levantar al conjunto carioca que venía a pique en el Campeonato Brasileño.Desde entonces ha disputado 22 partidos, en los que sumó ocho asistencias y un gol.El colombiano, oriundo del departamento de Chocó, se formó en las divisiones inferiores de Millonarios y saltó a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos antes de ser fichado por el Rennes.Según medios locales, la opción de compra ya estaba prevista en el contrato de préstamo y representa para el club carioca una inversión de 4,5 millones de euros (unos 5,2 millones de dólares) por el 60 % de sus derechos económicos.
Consternación hay entre los habitantes del municipio de Dagua tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas en el kilómetro 21 de la vía al mar. El descubrimiento se produjo en la mañana de este miércoles, cuando ciudadanos encontraron varios bultos envueltos en bolsas plásticas negras y alertaron a las autoridades a través de un video difundido en redes sociales.Unidades de la Policía se trasladaron de inmediato al lugar y confirmaron que se trataba de dos hombres sin vida. La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, informó que los cuerpos fueron trasladados a una funeraria del municipio para adelantar el proceso de identificación.“Se recibió una llamada al comando informando sobre la presencia de estas bolsas en zona rural del municipio. Al verificar, se confirma el hallazgo de dos cuerpos sin vida. En este momento, las autoridades competentes adelantan la investigación y el proceso de identificación de las víctimas”, señaló la mandataria local.Por su parte, la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, indicó que las primeras indagaciones señalan que las víctimas habrían fallecido por asfixia mecánica y que aún no han sido identificadas."Una vez las unidades de Policía Judicial realizan la inspección, se establece que los dos cuerpos presentan signos compatibles con asfixia mecánica. En este momento se recolecta todo el material probatorio para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, explicó la oficial.Según información entregada por la Policía, los cuerpos habrían sido abandonados en horas de la mañana en el sector conocido como La Floresta. Las autoridades confirmaron además que ambos presentan amputaciones en algunos dedos de sus extremidades superiores.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 21 de enero de 2026:Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, se pronunció sobre la reducción de la prima de servicios a los congresistas.Lorent Saleh, dirigente opositor venezolano y ex preso político, habló sobre los políticos que han sido cercanos al gobierno de Maduro.Gustavo Gómez Aranguren, exmagistrado, comentó sobre la prima de servicios de los congresistas.Escuche el programa completo aquí:
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años, son las víctimas de una terrible tragedia que enluta al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La joven madre fue encontrada muerta, junto a sus tres hijos, al interior de su vivienda durante el mediodía de este martes.De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Bolívar, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen final.“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Asimismo, el oficial señaló que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar: Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla Por su parte, el alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, detalló que los cuerpos de madre y sus hijos fueron hallados luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la familia durante el día de hoy.“Los vecinos comentan que, en vista que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario en diálogo con BLU Radjo.La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué.
Setenta y dos cartuchos calibre 5.56, 40 panfletos y una especie de estatuto disciplinario del Clan del Golfo, hacen parte del material incautado a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo en la vía Arjona–Gambote, en el departamento de Bolívar.Los capturados, tres hombres y una mujer, quienes harían parte del GAO Nicolás Antonio Urango Reyes, fueron sorprendidos en medio de un procedimiento de registro y control de uniformados de la Policía de Transito y Transporte.“El procedimiento se desarrolló en la vía que comunica el municipio de Arjona con el peaje de Gambote, específicamente en el puesto de control ubicado en la báscula, donde los uniformados realizaron la inspección que permitió la aprehensión de los sospechosos”, detalló el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Entre los capturados se encuentra Duber Esneider Echeverry, de 26 años, alias 'Marcos', señalado como presunto cabecilla financiero de zona.“Este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras criminales que pretenden generar temor y desestabilizar la seguridad en el departamento. Continuaremos ejerciendo controles permanentes en los corredores viales y trabajando de manera articulada con la Fiscalía para proteger la vida y la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el oficial, al tiempo que explicó que sobre alias ‘Marcos’ hay una condena vigente por delitos relacionados con armas de fuego.Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Nacional acordaron el lanzamiento de una estrategia de identificación, búsqueda y judicialización de actores criminales, a los que se les acusa de varios homicidios, extorsiones y venta de drogas tanto en la ciudad como en el área metropolitana.Como parte de esta estrategia, se han diseñado y puesto en circulación tres carteles informativos, cada uno con 20 siluetas de personas relacionadas con estos hechos delictivos, sobre quienes se ofrece pago de recompensa a quienes suministren información veraz y oportuna que permita su plena identificación, ubicación y captura.Esta acción focalizada se desarrolla en sectores priorizados de la ciudad de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, zonas donde se han identificado dinámicas criminales que vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.Al respecto habló el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, remarcando que los pagos son desde el millón de pesos en adelante.“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, fueron sus palabras.Por su parte, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: "Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario. Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad. Garantizamos absoluta reserva, confidencialidad y una reacción inmediata de nuestras unidades”.La Policía Nacional reitera que toda la información suministrada es completamente confidencial y segura, y puede ser comunicada a través de la Línea de Emergencias 123, la línea directa 323 273 0948, así como a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, garantizando absoluta reserva.
Luego de entregar los requerimientos legales pendientes y, también pasar una prueba de resistencia en sus palcos, fue aprobada en la mañana de este martes 20 de enero la realización de las corralejas de Sincelejo que iniciarán desde esta tarde hasta el próximo domingo.El tradicional evento estuvo a punto de ser cancelado debido a una medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia de Sincelejo, en la que se ordenaba paralizar la construcción del lugar por falta de licencia para ello.Sin embargo, a partir de la realización de los trámites por parte de los privados que estaban encargados del montaje de los palcos y las graderías, se logró terminar la construcción de la estructura mientras se tramitaba la documentación requerida para garantizar la seguridad a los asistentes.Esta podría ser la penúltima corraleja que se desarrolle en el marco de las fiestas del 20 de enero, teniendo en cuenta que a partir de julio de 2027 entrarían en vigor las prohibiciones establecidas en la ley 2385 de 2024. Esta ley prohíbe las peleas de gallos, corralejas, coleos y toda clase de actividad de entretenimiento que implique el uso de animales.Por lo pronto, desde el equipo de la Defensa Civil en Sucre aseguran estar listos para atender las emergencias que se puedan generar a partir de estas fiestas.“La Defensa Civil desde sus capacidades operativas y como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y en este caso para las corralejas de este año, hemos analizado todas las actividades que se van a desarrollar. Se dieron las recomendaciones de las medidas preventivas que esperamos que los promotores de este evento de afluencia masiva las ejecuten para evitar situaciones especiales”, dijo el mayor Mauricio Rodriguez Ardila, director de la dependencia.“Se dispondrá un dispositivo en terreno de dos equipos de respuesta y un funcionario dentro del puesto de mando unificado que será instalado en el sector de las corralejas. odo esto para la coordinación de apoyos en camilla o actividades de atención que se requieran dentro del desarrollo de esta actividad. Habrá disponibilidad operativa en coordinación con la Cruz Roja”, agregó.Para este año se espera la asistencia de por lo menos 7.000 espectadores, mientras que se tiene previsto que el primer toro salga al ruedo desde las 2:00 de la tarde.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Consejería Comisionada de Paz recordó que el próximo 20 de enero vence el plazo acordado entre los cabecillas de las bandas criminales ‘Los pepes’, y ‘Los Costeños’ para que dichas estructuras desacelerar los actos de violencia urbanas como gestos de paz, razón por la cual el Gobierno nacional adoptó una serie de decisiones para dar continuidad al proceso.Entre las determinaciones anunciadas, se destaca la continuidad de Camilo Pineda como facilitador del proceso, quien contará con el respaldo del sacerdote católico Cyrillus Swinne, reconocido por su labor comunitaria en el Atlántico, con quien concertó una agenda de trabajo social con epicentro en el barrio La Paz del suroccidente de Barranquilla.La continuidad de Pineda en el cargo estuvo cuestionada luego de que se frenaran, por el momento, los traslados a cárceles de Barranquilla de alias ‘Castor’, ‘el Negro Ober’ y otros lideres de zona de Los Costeños.“El Gobierno indica que avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación socio jurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, sometimiento a la justicia y tránsito hacia la legalidad de las personas que se acojan a este proceso de paz urbana”.Enfatizó que las medidas de traslados de los integrantes de “Los Costeños” se mantienen aplazadas, sin embargo el proceso de exploración sigue abierto con los líderes de esta estructura, así como con los líderes de "Los Pepes".Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la Policía en Barranquilla y el Atlántico para reforzar el cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad y combate al crimen, subrayando la importancia de garantizar tranquilidad ciudadana de cara a la celebración de los Carnavales.
A través de un video publicado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde es docente el barranquillero Leonardo Escobar Barrios, quien estuvo desaparecido 16 días después de llegar al aeropuerto internacional de Monterrey, en un vuelo procedente de la ciudad de Bogotá, donde estuvo con su familia, el maestro entregó detalles del calvario que vivió.Leonardo contó que aunque solo debía estar 3 horas en el aeropuerto, en medio de una escala, antes de salir hacia la Ciudad de México, por razones que desconoce la Guardia nacional lo retuvo tres días en una celda del municipio de Apodaca, donde lo golpearon y le partieron varias costillas."Durante tres días estuve en una celda en el municipio de La Pochaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional y lo que me genera una fractura de tres costillas (…) lo que ha sido comprobado médicamente", afirmó.Luego de eso cuenta que lo dejaron en libertad pero salió muy desorientado, y allí lo robaron, lo dejaron indocumentado y no le permitieron volver a entrar al aeropuerto de Monterrey por lo que empezó a deambular las calles, en plena indigencia."Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que yo desconozco (…) la Policía me alejó más y más del aeropuerto, lo cual sin documentos, sin dinero y sin nada me llevó a una situación totalmente vulnerable", relató.El profesor universitario contó que se vio obligado a refugiarse entre la maleza para evadir el sol durante varios días, sin comer ni tomar agua, al borde de la muerte, hasta que una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación, al confundirlo con un habitante de calle y lo llevó a un centro médico en el municipio de Juárez donde permaneció 10 días inconsciente, sin hablar.Solo hasta el 15 de enero pudo entregar datos sobre su identidad hasta que fue rescatado por la Fiscalía que ya lo estaba buscando.El barranquillero, quien lleva 10 años viviendo y trabajando en México, cuestionó que no exista registro de su detención, lo que evidentemente constituye una irregularidad. Así mismo asegura que le negaron el derecho a comunicarse con su familia y no le brindaron asistencia médica.El docente indicó que su detención arbitraria obedece a un acto de discriminación: “Lo que yo vivo creo que se trata de una condición discriminatoria”, expresó.
Según el Ministro del Interior Armando Benedetti, Leyton Barrios estaría a punto de ser reintegrado al cargo de rector de la universidad del Atlántico, tras haber interpuesto una acción de tutela en la que alega ser padre cabeza de familia.Benedetti recordó que sobre Barrios pesan señalamientos graves, entre ellos la presunta falsificación de certificados para acreditar su experiencia laboral, razón que llevó al Ministerio de Educación a retirarlo del cargo el pasado mes de diciembre, es decir, es decir, un mes y medio después de que fuera nombrado en el puesto.“Está a punto de volver ahora por una tutela y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. O sea, por favor, ayúdame a recordar esto. Entonces, no se debe volver”, insistió Benedetti.El ministro insistió en que detrás de este proceso existirían intereses de carácter político y fue enfático al señalar que Barrios no debería regresar al cargo.El 27 de octubre de 2025 el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico eligió a Leyton Daniel Barrios Torres como rector para el periodo 2025–2029, sin embargo, ante las denuncias de presunto fraude con documentos anexos a su hoja de vida, el ministerio de Educación resolvió separarlo del cargo y posteriormente nombrar como rector encargado a Rafael Ángel Castillo Pacheco.