Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
En la localidad de Engativá, específicamente en el barrio La Española, se registró un caso en el que dos hombres solicitaron un carro a través de una plataforma digital. Al montarse al vehículo, amenazaron al conductor con navajas, lo robaron y se llevaron el carro.El dueño del vehículo alertó a la Policía, cuyos uniformados iniciaron la búsqueda de los presuntos ladrones. En medio de la huida, el vehículo se apagó y, en ese momento, la Policía logró capturarlos.La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, aseguró que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.“Cuadras más adelante, mediante la oportuna reacción de nuestros uniformados, lograron detener el vehículo y capturar a estas dos personas por el delito de hurto. Cabe resaltar que una de ellas tiene anotaciones por el mismo delito”, indicó la teniente.Es importante recordar que, en lo corrido del año 2025, en esta localidad se ha logrado la captura de más de 1.787 personas por diferentes delitos y la recuperación de 67 vehículos.
Aún siguen las secuelas para los 20 sobrevivientes del trágico accidente en el Nordeste antioqueño, que hace una semana cobró la vida de 16 jóvenes que se habían acabado de graduar de bachilleres en el Liceo Antioqueño de Bello, además del conductor del vehículo que cayó a un abismo de más de 40 metros en la vía entre Segovia y Remedios.La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, le confirmó a Blu Radio que ya 14 de ellos fueron dados de alta, tras recibir atención médica en hospitales de Remedios, Yolombó y Medellín, mientras que los restantes han tenido una recuperación más lenta."Ya tenemos catorce de alta en sus casas, y solo tenemos seis en hospitales de alto nivel y mediano nivel, como son San Vicente de Paul, Clínica Las Américas, Hospital General, Clínica del Norte y Yolombó, solo seis. Están estables, se están recuperando, es una recuperación más lenta", afirmó la funcionaria.En las últimas horas, con apoyo de maquinaria especializada, fueron retirados de la zona del siniestro los restos del vehículo de servicios especiales que transportaba a los bachilleres desde Tolú a Medellín en medio de la excursión de la que participaban para celebrar sus grados.Es posible que algunos elementos extraídos del abismo sean examinados por parte de las entidades competentes en medio de las investigaciones que avanzan para esclarecer las circunstancias del accidente.El pasado miércoles familiares, amigos, y autoridades le dieron el último adiós a las víctimas fatales, con una eucaristía convocada por parte de la administración municipal y el Liceo Antioqueño con toda la comunidad educativa, la cual se llevó a cabo en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina.
En desarrollo de las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, incautó material de guerra, recuperó a dos menores de edad y capturó a un hombre señalado de pertenecer al GAOR Jaime Martínez, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.La acción fue realizada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y uniformados de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el sector conocido como La Esperanza. En el lugar fue capturado un sujeto, se recuperaron dos menores y se incautaron dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.Según las autoridades, este material presuntamente iba a ser utilizado para realizar ataques contra la fuerza pública y la población civil, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región."De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado, conocido como alias 'Danilo Gutiérrez', estaría involucrado en actividades como el uso de menores de edad para acciones criminales, la adecuación de drones, la instalación de explosivos, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia ilegal en esta zona del Pacífico" dijo la Armada.El capturado, los menores recuperados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.
La noche del sábado 20 de diciembre y la madrugada del domingo 21 se registraron cuatro homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga, tres de ellos en menos de 40 minutos, según información de la Policía Nacional y reportes de familiares y testigos.El primero fue sobre 20:50 de la noche en el Barrio Altos de Villabel, Bucaramanga donde Jorge Armando Morales Sandoval, de 41 años, fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta mientras estaba en vía pública.Morales Sandoval fue herido con un cuchillo, presentando dos heridas graves una en el tórax anterior derecho y otra en la región axilar derecha, ambas de 10 cm. La víctima fue trasladada a la Clínica Foscal de Cañaveral, donde falleció minutos después. La Policía señala que el móvil del crimen fue una riña e intolerancia social.A las 21:35 en el Barrio Altos de Bellavista, Floridablanca Cristian Andrés Vásquez Zafra, de 32 años, salió de su apartamento tras recibir una llamada para encontrarse con un amigo. Al retirar el candado de su moto, fue interceptado por dos hombres en motocicleta. El pasajero descendió armado y disparó varias veces contra la víctima, quien falleció en el lugar. Los agresores huyeron con rumbo desconocido. Este caso está relacionado con sicariato y posible ajuste de cuentas.El tercer hecho fue a las 22:20 – Barrio Las Delicias, Piedecuesta donde Edinson Ordóñez Villamizar, alias 'Mechas', fue atacado frente a un establecimiento de billares mientras departía con bebidas alcohólicas. Dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar, y el pasajero disparó cinco veces contra la víctima, que fue trasladada por la comunidad a la Clínica de Piedecuesta, donde falleció por la gravedad de las heridas.La Policía señala que los móviles podrían ser sicariato y ajuste de cuentas entre bandas locales pues desde hace meses se están disputando el territorio de los barriosEl cuarto hecho ocurrió a las 03:57 de la mañana dle domingio en la vía Bucaramanga-Girón, kilómetro 3, frente al barrio Los Guacamayos.Juan Pablo Villamizar, de 20 años, murió tras ser agredido con un cuchillo durante una discusión por un accidente de tránsito. La víctima recibió una herida con cuchillo y falleció en el lugar, en medio de un hecho de intolerancia. La policía fue alertada oportunamente y lodró la captura de uno de los agresores en flagrancia. Este caso se clasifica como riña e intolerancia social.Las autoridades locales reiteran su llamado a la ciudadanía para mantener la calma y colaborar con información que ayude a esclarecer estos hechos y capturar a los demás responsables de los crímenes.
Endeudarse en Colombia se ha vuelto una situación común para miles de ciudadanos. Los altos intereses, la inestabilidad laboral y los gastos asociados a vivienda, educación o consumo llevan a que muchas personas no logren cumplir con sus cuotas a tiempo. Sin embargo, cuando las obligaciones se incumplen de manera reiterada, las consecuencias pueden ser más severas de lo que muchos imaginan.La ley colombiana contempla mecanismos para que los acreedores recuperen su dinero, incluso mediante medidas que afectan directamente el salario del deudor. Este escenario genera preocupación entre quienes atraviesan dificultades financieras y temen ver reducidos sus ingresos mensuales.Embargo de salario en Colombia: cuándo la ley permite quitar hasta el 50 %Uno de los puntos que más inquieta a los deudores es la posibilidad de que les embarguen hasta la mitad del sueldo. Para muchos, no poder pagar una cuota ya es complicado, pero perder el 50 % del ingreso puede agravar aún más la situación. Esta práctica es legal, aunque solo aplica en circunstancias específicas.El Código Sustantivo del Trabajo establece que el salario mínimo legal, en principio, es inembargable. No obstante, existen dos excepciones claras:Obligaciones por pensión alimentaria.Deudas adquiridas con cooperativas legalmente constituidas.En estos casos, el embargo puede alcanzar hasta el 50 % de los ingresos del trabajador. La norma no solo contempla el salario base, sino también otros conceptos que se devengan mensualmente, como horas extras, recargos nocturnos, dominicales y comisiones. Para muchos hogares, esta medida representa un impacto directo en su estabilidad económica.Tipos de embargo que pueden enfrentar los deudores en ColombiaEl Código General del Proceso es la norma que regula los embargos en el país y define los escenarios en los que se pueden aplicar. De manera general, existen tres tipos principales de embargo:Embargo preventivo: busca evitar que el deudor venda o transfiera sus bienes mientras avanza el proceso judicial.Embargo ejecutivo: se decreta cuando ya existe una sentencia definitiva y la deuda no ha sido pagada.Embargo por alimentos: se aplica para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, como la manutención de hijos.En otros casos, como las deudas con la DIAN, la Contraloría u otras entidades de cobro estatal, la ley permite embargar la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal vigente.¿Qué bienes no le pueden embargar a una persona endeudada?No todo está perdido para quien enfrenta un proceso de embargo. La legislación colombiana también protege ciertos bienes considerados esenciales para garantizar una vida digna. Entre ellos se encuentran el salario mínimo legal, el auxilio de cesantías, las indemnizaciones por accidente de trabajo y los bienes de uso personal, como ropa, muebles básicos y utensilios de cocina.Asimismo, son inembargables los bienes de familia, los derechos de uso y habitación y otros elementos expresamente protegidos por la ley. Ante cualquier proceso, los expertos recomiendan buscar asesoría legal y explorar acuerdos de pago, ya que negociar a tiempo puede evitar que la situación termine afectando de manera directa el ingreso mensual.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
La Casa de la Selección busca estrenar estadio en 2027 y para ello ya fueron adjudicadas las obras de remodelación y ampliación del Metropolitano por parte de la Alcaldía de Barranquilla, siguiendo el cronograma establecido en el proceso de licitación.Los trabajos, que aumentarán la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez a más 60.000 sillas y lo adecuarán con todas las especificaciones de un escenario internacional, fueron adjudicados por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde publicó un video que proyecta el moderno diseño que tendrá el ‘Metro’, con una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED, un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.El mandatario barranquillero le informó a la hinchada rojiblanca que, aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero el estadio abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.Los partidos de la Copa Libertadores podrían disputarse en Cartagena; sin embargo, se está a la espera de que se anuncie oficialmente una decisión, manifestó el alcalde Alejandro Char.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a las otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
Las sedes de la EPS Sanitas en Valledupar y Riohacha están bloqueadas desde este lunes por decenas de usuarios que reclaman demoras en la entrega de medicamentos y la autorización de tratamientos médicos. La protesta, que completa ya dos días en la capital del Cesar y en la de La Guajira, impidió incluso el ingreso de los trabajadores a las oficinas.En el caso de Riohacha, allí los manifestantes se ubicaron frente a la sede principal de la EPS, desde donde aseguran que no se retirarán hasta recibir una solución. Una de las usuarias, cuenta que viajó desde un corregimiento con su madre enferma hasta Barranquilla para una supuesta cita autorizada, pero al llegar les informaron que no existía ninguna orden registrada, por lo que ahora reclaman seriedad y respuestas. “Estamos cansados de los trámites, de los viajes, de las excusas. Mi mamá necesita medicamentos y controles, y nadie responde. Vinimos a exigir respeto”, dijo la mujer en entrevista dada a medios locales. En Valledupar, la situación es similar. Los usuarios denuncian que, al parecer, varios contratos con operadores logísticos no continuaron, lo que ha generado un proceso de transición difícil. “Pasamos a Éticos, pero Éticos no ha podido hacer ningún tipo de empalme, debido a que se tienen que generar unos códigos de autorización para la entrega de los medicamentos y eso ha sido caótico. ¿Qué hizo la gerente? Trajo unas sillas Rimax, una mesa, dos funcionarios y un computador, y le ha tocado tratar de solucionar mientras le da pañitos de agua tibia a la gente”, denunció Silvio Acosta, uno de los usuarios afectados en Valledupar.Los manifestantes aseguran que no levantarán el bloqueo hasta que la EPS garantice la entrega de medicamentos represados y normalice los servicios.
Las lluvias registradas durante la tarde y noche del pasado lunes 20 de octubre en la región Caribe, solo serían el inicio de unos días bajo intensas precipitaciones por cuenta de la influencia de la tormenta tropical Melisa, la cual fue declarada durante la mañana de este martes 21 de octubre. De acuerdo con el pronóstico entregado por el Centro Nacional de Huracanes (CNH), Melisa traerá fuertes lluvias al Caribe y podría fortalecerse hacia el sábado como un huracán, por lo que elevan las alertas para la isla La Española, compuesta por Haití y República Dominicana, por inundaciones y posibles deslizamientos de tierra. De acuerdo con la trayectoria proyectada por el CNH, este se desplazaría hacia el norte del mar Caribe, alejándose de las islas de San Andrés, pese a que así se tenía previsto en el recorrido inicial. No obstante, los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar tendrían incidencia directa con fuertes vientos en los próximos días y fuertes lluvias, para lo que se espera que el Ideam emita las respectivas medidas y alertas que correspondan, teniendo en cuenta las emergencias presentadas en las últimas horas en Santa Marta. Según la proyección que inicialmente entregan, Para Colombia habría una influencia directa que generaría lluvias hasta por 50 mm, las cuales podrían ocasionar crecientes súbitas e inundaciones en algunas zonas, dependiendo de la saturación en la que se encuentre el suelo. "Hay una incertidumbre significativa en la trayectoria y el pronóstico de intensidad de Melisa", indica en su comunicación de alerta el CNH, el cual pide atención especial también para Jamaica y Cuba. Por lo pronto, solo los departamentos de La Guajira y Magdalena permanecen en alerta naranja, ante las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.
Sobre las 3:00 de la madrugada de este martes lograron regresar a su natal Tierrabomba, en la zona insular de Cartagena, los dos pescadores que se encontraban desaparecidos desde el pasado domingo en altamar.Los dos hombres, nativos de la isla de Tierrabomba, habían salido a una tradicional faena de pesca cuando, en medio del recorrido, el motor de la embarcación en la que se encontraban sufrió una avería. Una vez se confirmó la desaparición, sus familiares dieron aviso a las autoridades, que activaron los protocolos de búsqueda; sin embargo, estos no dieron resultados.“El relato de ellos es muy angustiante. Nos dicen que tenían un solo remo; cuando se les apagó el motor, lograron tirar el ancla y empezaron a hacerle mecanismos al motor. Fueron horas y horas en lo mismo, hasta que prendió el motor y lograron regresar y llegar a la orilla”, sostuvo en diálogo con BLU Radio Jhon Jairo Rodríguez, integrante de la Federación de Pescadores Artesanales de Tierrabomba.Tras llegar a la isla, uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, ya que presentaba signos de deshidratación.“La verdad fue una alegría muy grande, porque fueron muchas horas de zozobra para sus familias, para todos nosotros. Ellos se encuentran bien, recuperándose, porque se quedaron sin agua y les tocó incluso tomar agua salada”, detalló Rodríguez.El integrante de la Federación de Pescadores Artesanales de Tierrabomba, además, hizo un llamado a las autoridades para que en estos casos tengan en cuenta el apoyo de las comunidades en los operativos de rescate, pues asegura que su conocimiento y experiencia en la zona podrían reducir los tiempos de búsqueda.
Santa Marta volvió a quedar bajo el agua. El paso de la onda tropical AL98 generó fuertes lluvias que dejaron un balance preocupante: decenas de barrios inundados, el 80 % de las vías con dificultad para transitar, diez instituciones educativas afectadas y dos personas fallecidas.De acuerdo con la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc), las lluvias se registraron desde las 3 de la tarde y se extendieron hasta la noche durante varias horas, desbordando canales, colapsando alcantarillas y provocando crecientes súbitas en los ríos que descienden de la Sierra Nevada.Una de las víctimas fue un hombre que, según las primeras versiones, murió ahogado en el río Manzanares, aunque no se descarta que haya sido víctima de una descarga eléctrica. El segundo caso corresponde a un joven de 18 años que perdió la vida en la piscina olímpica de la ciudad tras ingresar al lugar pese a la restricción establecida de no bañarse durante la lluvia.El alcalde Carlos Pinedo Cuello declaró alerta naranja por la posibilidad de crecientes súbitas y alerta roja por deslizamientos de tierra en las zonas rurales. “Estamos actuando de manera preventiva. Nuestro compromiso es proteger la vida de los samarios y minimizar cualquier riesgo”, señaló el mandatario.Escuelas y barrios afectadosEl informe preliminar reporta afectaciones en las instituciones educativas Rodrigo de Bastidas, Madre Laura, El Carmen de Pescaíto, El Parque, Gabriela Mistral, José Laborde Gnecco, Megacolegio Aluna, Liceo del Norte, Megacolegio Quinto Centenario y Ondas del Caribe.Varios planteles tuvieron que suspender clases debido a inundaciones, daños en techos y cortes eléctricos. Algunos estudiantes permanecieron refugiados en segundos pisos hasta que disminuyeron las lluvias.La Alcaldía de Santa Marta recomendó a la ciudadanía evitar acercarse a ríos, quebradas o zonas inestables, asegurar techos y objetos sueltos, y reportar emergencias a la línea 123. La ciudad enfrenta nuevamente el reto de resistir una temporada de lluvias que, según el Ideam, podría extenderse durante los próximos días.
Los ataques contra técnico de la empresa Air-e Intervenida no paran. Este lunes poco después de haber llegado al barrio Betania, en el norte de Barranquilla, más precisamente a la carrera 38C con la calle 75C, para realizar la suspensión del servicio de energía a un inmueble que tenían una deuda cercana a los 800.000 pesos por el consumo, uno de los trabajadores fue acatado con palo y machete.La agresión quedó registrada en un video captado por un ciudadano que estaba en el sector, en el cual se observa el momento en que un hombre sin camisa se va contra el funcionario golpeándolo con un palo y segundos después sale otro hombre con un machete amenazando con cortar al técnico.Una patrulla de la Policía fue alertada y llegó al sitio por lo que uno de los uniformados desenfundó una taser, para desarmar a los agresores, obligándolos a tirar al suelo el machete y el palo, como se observa en el video. Así quedó grabado el momento en el video captado del momento.Air-e intervenida informó que uno de los agresores fue capturado (Alex Alberto Valest García, suelen dejarlos libre) y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales. Blu Radio conoció que el hombre tiene en su contra otras denuncias por amenazas, violencia intrafamiliar y lesiones personales.La compañía pidió "priorizar el diálogo, la empatía y corresponsabilidad ciudadana, reafirmando su compromiso con garantizar el bienestar de trabajadores y usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira".
Hospitalizado en una clínica de Medellín se encuentra el niño barranquillero Jorge Andrés Parra Christy, debido a un virus que se le activó a escasos tres meses de haber sido sometido a un trasplante de riñón y cuya infección lo mantiene con una constante fiebre que alerta sobre las posibles complicaciones de salud que podría seguir sufriendo por la falta del tratamiento correspondiente.A sus escasos 9 años, Jorge Andrés ha tenido que someterse a 40 cirugías por una falla renal con la que nació y ahora, tras recibir un nuevo riñón, hay temor de que su cuerpo rechace ese órgano, debido a la ausencia de dos importantes medicamentos.María Christys Macías es madre del menor y cuenta que una de las medicinas que no ha podido suministrarle a su hijo es la valganciclovir, porque a pesar de que la EPS Sura autorizó su entrega, en las farmacias le responden que no está disponible el medicamento."La EPS lo autoriza y cuando vamos a buscarlo en la farmacia, no lo hay. Entonces, siempre queda eso pendiente y los pacientes trasplantados no pueden dejar de consumir los medicamentos, porque hay riesgo que pueda haber un rechazo total del riñón y ese es nuestro nuestro miedo", manifestó Christys.La segunda medicina, clave para el tratamiento de Jorge Andrés, es la inmunoglobulina que le recetó una especialista; sin embargo, la madre afirma que la EPS no ha autorizado su entrega por tratarse de un medicamento que en Colombia no cuenta con el aval del Invima."La doctora me entregó un consentimiento donde nosotros como papás sabemos que el medicamento no está autorizado por el Invima, pero si la EPS no puede darlo, entonces nosotros lo que queremos es que ellos nos digan cuál es el paso a seguir, para poderlo hacer", expresó la madre.Blu Radio contactó a la EPS Sura y estos indicaron que se encuentran en diálogo con la madre del niño revisando la situación.