Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez, Nidia Pineda, Fany Rodríguez, Edgardo Lozano y Jeik Donovan Yepes son las seis personas que presuntamente pertenecían a una estructura criminal en la que se simularon operaciones comerciales por más de 843 mil millones de pesos, mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.Según la investigación de la Fiscalía, estas personas son acusadas de crear 185 empresas de papel, utilizadas para que compañías reales se apropiaran ilegalmente del IVA y redujeran la base gravable del impuesto de renta.La red ilegal habría operado durante una década simulando operaciones comerciales mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.“Los acusados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades. Así se habían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano ni operativa para sustentar las operaciones que evidenció la Fiscalía”, aseguró el director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo Castillo.Las supuestas empresas pedían, a cambio, entre el 1 % y el 5 % del valor facturado de forma irregular. La Fiscalía estableció que estas maniobras se realizaron entre 2012 y 2022, con el apoyo de análisis financieros del CTI y del Modelo Único de Investigación Financiera.Las capturas se realizaron en Bogotá y Casanare. A los implicados se les imputaron delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez ordenó a cinco de ellos prisión domiciliaria y a la última, cárcel.
La Navidad es presentada por el pastor César Castellanos como mucho más que una tradición cultural: es la celebración del mayor regalo que la humanidad ha recibido, la salvación por medio de Jesucristo. Al recordar la profecía de Isaías 7:14 —“He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel”— se enfatiza que Jesús es “Dios con nosotros”, el cumplimiento perfecto del plan eterno de redención. El mensaje destaca que Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo para reflejar la naturaleza divina de obediencia perfecta, aquella que Adán perdió. Mientras la semejanza con Dios se quebró por la desobediencia, Cristo vino a restaurarla al decir: “El hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado”. Su nacimiento humilde en un pesebre y no en un palacio enseña que Dios no habita en corazones soberbios, sino en los sencillos y humildes, como lo afirma Jesús en las bienaventuranzas: “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”. Emmanuel vino a morar donde hay humildad, fe y dependencia total de Dios.Finalmente, la reflexión invita a recibir a Jesús no solo como un símbolo navideño, sino como Señor y Salvador personal. Como declara Juan 1:12: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios”.Escuche la reflexión competa aquí:
La reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard es una profunda invitación a vivir la Navidad como una experiencia real de encuentro con Dios, más allá de las prisas, compromisos y distracciones propias de fin de año. Desde el inicio, el prelado recuerda que la fe cristiana nace de la certeza de una presencia viva: “Dios está con nosotros, Él camina con nosotros y nunca, nunca nos abandona”. En sintonía con el Salmo 95, la Navidad aparece como un tiempo de alegría y alabanza, donde cielo y tierra se unen para celebrar la llegada del Señor que viene a regir el mundo con justicia y fidelidad.El núcleo del mensaje se centra en el Evangelio de San Lucas y en una imagen contundente: “no había sitio en la posada”. Para monseñor de Brigard, este dato no es solo histórico, sino profundamente actual, pues revela cómo muchas veces la humanidad —y cada persona en particular— vive tan llena de ocupaciones, orgullos o autosuficiencias que no deja espacio para Dios. Finalmente, la reflexión subraya los frutos de abrir esa “posada interior”: alegría, paz y esperanza. Como a los pastores, la presencia de Dios disipa los temores y se convierte en “una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo”. Cristo, nacido en el pesebre, es reconocido como “Salvador, Mesías y Señor de la vida”, aquel que reconcilia el cielo con la tierra y restaura un mundo necesitado de redención.Escuche la reflexión completa aquí:
Graves alteraciones al orden público se han registrado en las últimas horas en el corregimiento de Liberia - El Charcón de Anorí tras una incursión armada por parte de miembros del Clan del Golfo.Las presiones del grupo ilegal derivaron en el secuestro de cuatro personas, entre las que versiones preliminares indicaron que se encontraba un concejal de la misma localidad. Las víctimas habrían permanecido amarradas por varias horas para posteriormente salir de la zona con sus captores con rumbo desconocido. Sin embargo, fuentes de seguridad en el departamento confirmaron a Blu Radio que el reporte de la comunidad es que ya los retenidos se encuentran en libertad tras la medicación de entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.No obstante, se mantienen las acciones del Ejército para llegar hasta la zona urbana del corregimiento y recuperar el control como lo indicó el alcalde de Anorí, Gustavo Silva."Estamos esperando a ver qué va a pasar con el Ejército, que ya también llegó a la zona con comando del FUDRA. Estamos esperando los resultados. Muy cerca al pueblo explosiones, la gente toda confinada, demasiadas bombas", reportó.La incursión del grupo armado también provocó cuestionamientos por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián, hacia el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitando el fortalecimiento del pie de fuerza en una zona donde hace varios meses se ha alertado una crítica situación de orden público por la presencia de diversos actores ilegales que disputan un corredor estratégico entre el Norte, Bajo Cauca y Nordeste del departamento.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció respecto al anuncio del cese al fuego unilateral del ELN a partir del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Marín recibió con alivio la decisión de la guerrilla, pero aseguró que es un anuncio que también genera angustia, pues las acciones del ELN han provocado daños irreparables a la población.“Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin de año”, fue la solicitud que hizo la defensora a través de su cuenta de X.Marín recordó que hace un año la guerrilla hizo un cese al fuego similar; sin embargo, en enero emprendió una ofensiva en el Catatumbo que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, razón por la cual la defensora celebró el anuncio, pero pidió más de parte del ELN.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
Hospitalizado en una clínica de Medellín se encuentra el niño barranquillero Jorge Andrés Parra Christy, debido a un virus que se le activó a escasos tres meses de haber sido sometido a un trasplante de riñón y cuya infección lo mantiene con una constante fiebre que alerta sobre las posibles complicaciones de salud que podría seguir sufriendo por la falta del tratamiento correspondiente.A sus escasos 9 años, Jorge Andrés ha tenido que someterse a 40 cirugías por una falla renal con la que nació y ahora, tras recibir un nuevo riñón, hay temor de que su cuerpo rechace ese órgano, debido a la ausencia de dos importantes medicamentos.María Christys Macías es madre del menor y cuenta que una de las medicinas que no ha podido suministrarle a su hijo es la valganciclovir, porque a pesar de que la EPS Sura autorizó su entrega, en las farmacias le responden que no está disponible el medicamento."La EPS lo autoriza y cuando vamos a buscarlo en la farmacia, no lo hay. Entonces, siempre queda eso pendiente y los pacientes trasplantados no pueden dejar de consumir los medicamentos, porque hay riesgo que pueda haber un rechazo total del riñón y ese es nuestro nuestro miedo", manifestó Christys.La segunda medicina, clave para el tratamiento de Jorge Andrés, es la inmunoglobulina que le recetó una especialista; sin embargo, la madre afirma que la EPS no ha autorizado su entrega por tratarse de un medicamento que en Colombia no cuenta con el aval del Invima."La doctora me entregó un consentimiento donde nosotros como papás sabemos que el medicamento no está autorizado por el Invima, pero si la EPS no puede darlo, entonces nosotros lo que queremos es que ellos nos digan cuál es el paso a seguir, para poderlo hacer", expresó la madre.Blu Radio contactó a la EPS Sura y estos indicaron que se encuentran en diálogo con la madre del niño revisando la situación.
Las lluvias y el aumento del nivel de las aguas en el Canal del Dique siguen causando estragos en las poblaciones ribereñas del departamento de Bolívar. Cerca de 300 familias de los sectores El Puente, La Vera y La Guajira, en el municipio de Mahates, resultaron afectadas por el desbordamiento de un arroyo.Viviendas y calles inundadas, daños en enseres y electrodomésticos, y cientos de cultivos perdidos son el saldo que deja hasta ahora la emergencia.El alcalde del municipio, Agustín Palomino, explicó que la emergencia comenzó durante la noche del pasado viernes con el desbordamiento del arroyo principal que atraviesa el municipio, y que en este momento continúan con el censo de daños y la atención a las familias damnificadas.“Recibimos la información y constatamos que nuestro arroyo principal, que pasa por la cabecera municipal, se había desbordado como resultado de los altos niveles que presenta el Canal del Dique. En una visita pudimos verificar, además, que varios árboles han caído en el trayecto del arroyo, lo que agrava la situación. Por eso estamos a la espera de la maquinaria amarilla para iniciar la relimpia y recanalización del arroyo”, señaló.El alcalde, a su vez, aseguró que este es un problema histórico que requiere una solución estructural, la cual esperaban se concretara con las obras del megaproyecto del Canal del Dique.“Ese es un problema histórico que tenemos en el municipio. Es difícil controlar los niveles del Canal del Dique y, obviamente, los retrasos en las obras también nos afectan y tienen impactos sobre las comunidades. Lamentablemente, esta situación sobrepasa las capacidades del municipio. Desde los territorios ansiamos este proyecto, no solo por el beneficio de las comunidades, sino también del mismo canal, al cual le debemos mucho porque nuestras economías dependen del Dique”, precisó.Las comunidades, por su parte, están a la espera de ayudas y claman por acciones de mitigación urgentes ante el pronóstico de nuevas lluvias.
A partir de una investigación realizada durante 10 meses, la Policía Metropolitana de Barranquilla llevó a cabo un operativo en los barrios El Bosque, La Paz y La Ciudadela, donde capturó a ocho presuntos miembros de una banda delincuencial dedicada al robo de camiones repartidores de alimentos.El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que este grupo solía asaltar a los vehículos en momentos en que estos se disponían a abastecer las tiendas y supermercados de los barrios Las Malvinas y Evaristo Sourdís, en el sur de la ciudad.El oficial sostuvo que tres de las capturas se produjeron en flagrancia, luego de que les hallaron droga y armas en su poder."En las diligencias de allanamiento fueron capturadas tres personas más por el delito de tráfico de estupefacientes, al encontrársele más de 100 dosis de bazuco, 300 dosis de marihuana y un arma de fuego traumática", informó el general Urrego.La Policía detalló que entre los detenidos se encuentran alias ‘El Negro’, quien presuntamente utilizaba su residencia como centro de planeación de las actividades delictivas y almacenamiento de armas de fuego, y alias ‘El Chino’, vinculado al ataque a bala contra una mujer, ocurrida el 12 de septiembre de 2025.Indicó que los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En conjunto, según la Policía, los procesados suman 22 anotaciones judiciales relacionadas con homicidio, porte ilegal de armas, hurto agravado, lesiones personales, inasistencia alimentaria, violencia contra servidor público, entre otros.
En tragedia terminó la simulación de una pelea de boxeo que un grupo de amigos armó en una calle del norte de Barranquilla la noche del pasado, para recrear la velada que en ese momento protagonizaban varias influenciadores y cuyo espectáculo acaparó la atención de Colombia y Latinoamérica.Mientras los ojos estaban puestos en el fugaz combate que enfrentó a Andrea Valdiri con Yina Calderón en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en el barrio Alto Prado de la capital del Atlántico los jóvenes se pusieron los guantes e intentaron ponerle más emoción a la noche, enfrentándose entre ellos mismos como solían hacerlo en el pasado.Sin embargo, el desenlace de aquella pelea callejera fue fatal: en medio del juego Melani Salomé Sánchez, de 18 años, le dio un certero golpe en el rostro a su contrincante Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23, y lo dejó inconsciente sobre la vía.Al notar que Camilo Andrés no respondía y que el golpe había sido más fuerte de lo esperado, sus amigos lo auxiliaron y lo trasladaron a la Clínica de la Costa, donde minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento, pasada la media noche del sábado.Melani fue capturada por el delito de homicidio culposo, teniendo en cuenta que se trató de una muerte accidental.Otros casosEn otros hechos judiciales que tuvieron lugar en el área metropolitana de Barranquilla este fin de semana se destaca el ataque a tiros contra una pareja que se movilizaba en un vehículo por el barrio Carrizal, donde la mujer murió y el hombre quedó herido.La víctima mortal aún no ha sido identificada, pero del hombre se ha establecido que se trata de Keyner Jesús Navarro Solano, de 29 años y quien registra tres anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, ataque al servidor público y porte de estupefacientes. Los móviles son materia de investigación, pero por lo pronto se ha podido determinar que ocurrió en una zona de disputa entre las bandas delincuenciales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.Este caso se suma al atentado en el que resultó herido un motocarrista en el municipio de Baranoa, donde delincuentes lo balearon dentro de su vehículo. La víctima, identificada como Ángel de Jesús Miranda Algarín, de 27 años, sufrió dos heridas en el pecho que lo mantienen bajo pronóstico reservado.
Bajo monitoreo del Idem está la onda tropical número 47, la cual ingresó en la tarde del domingo 19 de octubre al mar Caribe, sin tener aún una incidencia directa sobre el territorio colombiano. Sin embargo, tiene 50% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas, justo cuando alcance en su trayectoria cerca a las playas de La Guajira. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Centro Nacional de Huracanes, la incidencia directa de este sistema a apenas unos kilómetros de las playas de la zona norte de La Guajira, mientras que pasaría sobre las islas de San Andrés. Esto generaría un incremento en el oleaje, pero además intensas lluvias que podrían causar daños. No obstante, por el momento se trata de una proyección, aunque tiene un 80% de probabilidad de consolidarse como ciclón en los próximos siete días. De convertirse en ciclón tropical, esta sería denominada AL98. A su vez, el Ideam proyecta que, aunque no se convierta en ciclón, puede interactuar con otros sistemas meteorológicos propios de la época, lo que generaría un incremento en el viento, oleaje y lluvias, especialmente para La Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés y Bolívar. "De acuerdo con los reportes de DIMAR, se observan vientos cercanos a 55 km/h y una altura significativa de ola de hasta 3 metros al oriente del sistema. Se recomienda a la comunidad marítima y aeronáutica mantener precaución y seguir los comunicados oficiales por posibles incrementos en la velocidad del viento y en la altura del oleajes", indicó el Ideam a través de su cuenta de X. Por esta situación se mantiene la alerta para un estado de vigilancia, mientras que desde la Mesa Técnica del Ideam insisten en que por el momento prevalece la vigilancia, aunque hay alerta naranja actualmente, por tiempo lluvioso, para la zona occidental del mar Caribe, donde se encuentra San Andrés.
Alejandro Andrés Carranza Medina, conocido como ‘Coroncoro’, un ciudadano oriundo de Santa Marta, quien sería la persona que murió en la lancha bombardeada el pasado 15 de septiembre en aguas del Caribe, durante un ataque aéreo de las fuerzas militares de Estados Unidos. El hecho ha generado un inédito episodio de tensión diplomática entre Colombia y ese país.Carranza Medina, de 40 años, según su familia, se dedicaba a la pesca en la zona de Gaira. Esa versión ha sido respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien ha pedido explicaciones por la operación militar. Sin embargo, el expresidente estadounidense Donald Trump sostiene que se trataba de un delincuente vinculado al narcotráfico.Llama la atención que Carranza estuvo implicado en 2015 en el robo de 264 armas pertenecientes a la Policía en Santa Marta, las cuales fueron entregadas al grupo criminal Los Pachenca. En su momento, ‘Coroncoro’ aceptó los cargos y reconoció haber participado en el hurto.Le puede interesar: Hay restricción marítima en Urabá por ciclón tropical que amenaza al Caribe del paísPese a esos antecedentes, su familia insiste en que llevaba años dedicado a la pesca y que no tenía relación alguna con actividades ilegales. Lisbeth Pérez, su sobrina, contó que no saben nada de él desde el 14 de septiembre, cuando salió al mar, y que mantienen la esperanza de que todo esto sea un error y que él siga con vida, pese a que llevan más de un mes sin saber de él."Nosotros estamos esperando que se trate de un error. Que él esté bien. A nosotros nadie nos confirma nada", contó la mujer. Por su parte, Audenis Manjarrez, prima de Carranza, desmintió las versiones que lo vinculan al narcotráfico. Asegura que, si efectivamente es él quien aparece en los videos de la lancha atacada, solo estaba a la deriva en altamar porque uno de los motores había fallado.