El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
Previo a la noche de Navidad aumentan los controles contra la pólvora en Antioquia. La Policía ha incautado más de 600 kilos durante diciembre, donde también el reporte de quemados asciende a 90.A pocos días de las fechas más importantes de las celebraciones decembrinas, crece la preocupación en las autoridades antioqueñas por la comercialización y uso de pólvora en las diferentes subregiones, especialmente en Medellín.Según el registro más reciente de la Gobernación de Antioquia, ya son 90 las personas lesionadas con elementos explosivos y pirotécnicos, por lo que los controles de las autoridades se han intensificado en las últimas semanas también teniendo en cuenta que el registro de quemados supera en 17 registros los del mismo periodo del año anterior.El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, destacó la incautación de 1.615 kilos de este material en lo corrido de 2025, de los cuales 615 se han producido solo en durante los primeros 20 días de diciembre.“Continuamos en esa tarea de llevar a cabo estos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad antioqueña, en especial a los niños niñas y adolescentes”, dijo.En cuanto a los municipios con mayor número de personas quemadas con pólvora, los registros los sigue encabezando la ciudad de Medellín con 49, luego Bello e Itagüí con cinco y El Bagre tiene tres casos.De los 90 lesionados ocho casos han derivado en la amputación de alguna de las extremidades de las víctimas. De igual manera, del total 25 son menores de edad.
Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha enviado una carta a la Corte Constitucional solicitando la suspensión de cualquier norma emitida al amparo de una posible declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional. Según el líder gremial, esta medida representa una "jugada" política orquestada desde hace semanas para eludir el control del Congreso tras el fracaso de la ley de financiamiento.Una estrategia para eludir al CongresoEn diálogo con Mañanas Blu, McMaster aseguró que el Ejecutivo condujo deliberadamente los trámites legislativos hacia el final de la legislatura para que coincidieran con la vacancia judicial. El objetivo, según la ANDI, sería implementar una reforma tributaria vía decreto, lo cual calificó como una acción "tramposa con la Constitución". Esta postura se ve reforzada por las recientes confesiones del Ministro del Interior, quien admitió que no gestionó el proyecto por orden directa del Presidente de la República.Para el gremio de empresarios, el país no atraviesa condiciones que justifiquen una emergencia económica, y el actuar del Ejecutivo se percibe como un intento sistemático de saltarse las otras ramas del poder público, incurriendo en actitudes de arbitrariedad que amenazan la estabilidad democrática.El daño irreparable a la institucionalidadMás allá de las implicaciones económicas o el aumento de impuestos, McMaster enfatizó que el perjuicio más grave es sobre la institucionalidad. El líder de la ANDI advirtió que ignorar el respeto por la separación de poderes y la Constitución generará una sociedad "no viable", lo que a largo plazo destruirá la capacidad de generar confianza, atraer inversión extranjera y mantener la credibilidad crediticia del país.Voces de rechazo desde la academia y la técnicaA esta preocupación se sumó el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien calificó la intención del gobierno como un "error histórico". Ocampo señaló que una emergencia económica requiere de un "hecho sobreviniente", situación que no se cumple en este caso, ya que el hundimiento de una ley en el Congreso es una decisión legítima del Legislativo y no una catástrofe imprevista.Ocampo también criticó la falta de anuncios sobre el recorte del gasto público y expresó su preocupación por propuestas impositivas desproporcionadas, como elevar el impuesto al patrimonio al 5% e incluir a personas jurídicas, lo cual se aleja de la tradición tributaria del país. Asimismo, el exministro alertó sobre una reciente operación de endeudamiento por 6.000 millones de dólares con un solo inversionista, calificándola como un hecho "sin precedentes" que genera dudas sobre el marco legal y las tasas de interés pactadas.Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
Los magistrados de la Corte Constitucional están a la espera de que el gobierno publique oficialmente el decreto con el que declara la emergencia económica, para convocar a una sala plena extraordinaria, en plena semana de navidad, para comenzar a discutir la polémica decisión.La convocatoria a una sala extraordinaria de la Corte en esta época sería algo inédito, porque desde el viernes pasado toda la rama judicial entró en periodo de vacaciones colectivas, la conocida vacancia judicial, hasta el 10 de enero de 2026, y se haría ante la urgencia de discutir y definir con prontitud el futuro de esta medida.Según pudo conocer Blu Radio, al menos seis magistrados están listos para reunirse virtualmente de forma extraordinaria para comenzar la discusión, sobre la que tienen dos posibilidades: una, la menos probable, que utilizando una nueva jurisprudencia, la Corte decida de manera inmediata la suspensión provisional de la emergencia económica, teniendo en cuenta los graves efectos que puede causar.La opción más probable es que la Corte, en la sala extraordinaria, defina quién va a ser el magistrado ponente, es decir quién será el encargado de estudiar si la emergencia económica es constitucional o inconstitucional. Esa definición antes de la vacancia judicial es clave, porque podría adelantar los plazos para decidir el futuro de la emergencia al volver del receso judicial.Quién quede a cargo del estudio de la emergencia económica, tendrá que decretar pruebas y en un plazo corto debe llevar a la Sala Plena la discusión frente a las solicitudes de varios gremios como la Andi, Fenalco y Amcham para que sea suspendida provisionalmente la medida, hasta tanto se defina de fondo si es o no inconstitucional, para evitar un perjuicio mediante el cobro de nuevos impuestos.La discusión de fondo gira en torno a si hay o no hechos sobrevinientes que justifiquen la declaratoria por parte del gobierno de un estado de excepción como la emergencia económica, que faculta al presidente para expedir durante un periodo determinado, decretos con fuerza de ley, incluso para crear o modificar impuestos.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
La tarde de este miércoles se instaló en la Gobernación del Atlántico la reunión entre el gobernador Eduardo Verano, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño y el delegado del Comisionado de Paz, Camilo Pineda, en busca de avanzar en el eventual diálogo de paz urbana con los cabecillas de las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños'.En medio de este encuentro, Otty Patiño aseguró que el Gobierno Nacional ya cuenta con el marco jurídico que establecerá las pautas para poner fin al conflicto urbano: “Ya hay un marco jurídico que ya está y lo importante ahora es que ellos entren y comprendan ese marco jurídico” puntualizó.El alto comisionado destacó además que con información de la dirección nacional de inteligencia de la Policía ya tienen lista la caracterización a los integrantes de la banda criminal ‘Los Costeños’, lo que abre la posibilidad de establecer contactos orientados a la reducción de la violencia.“Ellos han sido caracterizados como una estructura criminal de alto impacto y eso nos permite tener unas relaciones con ellos que nos apunten a una desactivación de los factores de violencia en los que están inmersos. Esta caracterización sería para establecer, digamos, algunas condiciones de ley para quienes se acojan a esto”, detalló.A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se mostró satisfecho con los procesos de acercamiento con las organizaciones al margen de la ley que delinquen en este departamento.La mesa de trabajo continúa este jueves en el Hotel Estelar y se espera que estén presentes voceros de la Alcaldía de Barranquilla, aunque de parte del Distrito no han confirmado qué funcionario estaría presente.
Desde Cartagena, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, confirmó que el Gobierno Nacional mantiene firme su decisión de continuar con el polémico cobro de valorización en la vía Cartagena–Barranquilla, y que una vez surtidas las audiencias públicas ordenadas por el Consejo de Estado, el recaudo iniciaría en el segundo semestre de 2026.“Este es un proyecto cuya obra no ha culminado, por lo tanto, la inexequibilidad de la Corte Constitucional no tumba la aplicación de esta contribución. Y cuando hablamos de la orden y la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, tampoco se elimina el instrumento; lo que se genera es una suspensión provisional mientras se surten unas audiencias públicas, que realizaremos en noviembre y diciembre. De tal manera que, culminadas estas audiencias, se pueda levantar la medida cautelar y continuar con la aplicación del proceso de cobro”, explicó.Durante una jornada de socialización para funcionarios de alcaldías y gobernaciones de Bolívar y Atlántico, la funcionaria señaló que el total del recaudo, estimado en 850 mil millones de pesos, será reinvertido en la misma zona de influencia objeto del cobro, y que algunos proyectos priorizados incluyen el Tren del Caribe.“Desde el Gobierno Nacional nos interesa que estos recursos se distribuyan de la mejor manera, generando justicia y equidad territorial. Un proyecto de gran impacto para la región Caribe es el Tren del Caribe. Para el Gobierno Nacional, que parte de los recursos se reinviertan en la estructuración y construcción del Tren del Caribe es muy importante, pero también sabemos que hay otras necesidades de conectividad, como vías regionales de responsabilidad de los departamentos que atraviesan varios municipios del área de influencia del cobro, las cuales podrían ser priorizadas para intervenciones de mejoramiento”, precisó.La viceministra reiteró que el cobro por valorización solo será aplicado a los propietarios con capacidad de pago, y que estarán exentos de este aporte los propietarios en pobreza extrema y moderada, los predios habitacionales en estratos 1, 2 y 3, y las Unidades Agrícolas Familiares, entre otros.“Esto es muy importante, porque esta contribución busca que los mayores beneficios y los incrementos en los precios del suelo que ha generado esta obra Barranquilla–Cartagena se redistribuyan a la colectividad, beneficiando incluso territorios que hoy poco aportan en la contribución, debido a que su población es mayoritariamente de bajos ingresos”, agregó.En este encuentro con las entidades territoriales, se explicó también que el valor será recaudado por el Invías y administrado por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), que será el encargado de determinar la destinación o uso de los recursos.
En las últimas horas se conoció que la fiscal Lucy Laborde, quién lleva la investigación en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, decidió ampliar la imputación que se le realizará en el mes de noviembre. Esta vez la representante del ente acusador decidió incluir dos nuevos delitos, ellos son: peculado por apropiación y falso testimonio.La decisión de la fiscal surgió luego del aplazamiento de la audiencia que estaba programada para el pasado primero de octubre en Barranquilla por solicitud del abogado Alejandro Carranza, quien ejerce la defensa de Petro Burgos.Inicialmente la fiscal Laborde anunció que imputará cargos al exdiputado del Atlántico por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, a los que se le sumarán las dos nuevas conductas.Nicolás Petro fue citado a una nueva imputación de cargos por estar presuntamente vinculado con un favorecimiento por dos contratos entregados entre 2021 y 2022 a una fundación por parte de la Gobernación del Atlántico.De acuerdo con conversaciones encontradas en el celular de Daysuris Vásquez, los recursos de este contrato no eran invertidos en su totalidad en el objeto del mismo, sino que pasaban información por pagos mucho más altos de los realmente convenidos para, presuntamente, quedarse con la diferencia.
La muerte de tres jóvenes el pasado jueves 2 de octubre, en medio de los denominados ‘piques’ de motocicletas que se organizan de manera clandestina y cada vez más recurrente en Cartagena, alertó a las autoridades, que “endurecieron” las medidas para frenar por completo esta actividad.El alcalde Dumek Turbay expidió el Decreto 2119 de 2025, con el cual prohibió, hasta el próximo 31 de diciembre, cualquier tipo de caravana o evento masivo de motocicletas en la ciudad.El mandatario explicó que la Policía y el Departamento de Tránsito de Cartagena serán los encargados de “ponerle freno” a estas convocatorias con operativos de control desplegados en toda la ciudad, ya que atentan contra el orden público e, incluso, ponen en riesgo la vida de los cartageneros.“Hemos tomado las medidas, estamos preparándonos con el apoyo de la Policía Nacional, para que una actividad que se hace en las tinieblas, desde el inframundo, una actividad que es rechazada por toda la ciudadanía porque pone en riesgo la convivencia y la tranquilidad, pueda ser no solamente neutralizada de parte nuestra con estas medidas, sino que, a futuro, ellos entiendan que lo que es felicidad para ellos, es absolutamente rechazado por toda la ciudadanía”, señaló.El mandatario cartagenero también explicó que todos estos controles se intensificarán el próximo 31 de octubre, día para el cual está siendo convocada en redes sociales la llamada ‘rodada del terror’, en la que cientos de motociclistas salen a las calles y avenidas principales con máscaras y disfraces.En 2024, en esta actividad se registraron múltiples denuncias de hurtos y un hombre fue asesinado en plena vía pública en circunstancias que aún son materia de investigación.“La rodada está prohibida de plano, no se va a permitir de ninguna forma (…). Le vamos a dedicar tiempo a la investigación, a la posibilidad de individualizar a cada uno de los organizadores y tener la sanción más drástica con ellos. Es decir, nadie les ha dicho no sean felices, nadie les ha dicho no manejen su moto, nadie les ha dicho que no pueden tener un club o entretenerse. Pero cuando ya tú haces una convocatoria como la que ha sucedido, cuando te citas para un pique ilegal y de ese pique ilegal hay tres muertos, tres profesionales que hoy destruyen una familia, que hoy sumen en dolor a sus amigos, no hay más opción que una medida invasiva y drástica como la que estamos tomando hoy”, detalló.Además de la prohibición de estas actividades y los operativos masivos de control, la Alcaldía también anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de organizar estas caravanas. Asimismo, los denunciarán por los delitos de concierto para delinquir, vandalismo y obstrucción de la vía pública.“La información que nos ha dado la ciudadanía es que detrás de esa convocatoria, detrás de esas rodadas, detrás de esas caravanas, no solamente hay personas con antecedentes judiciales, sino personas que tienen que responder a la autoridad, personas que tienen órdenes de captura vigentes, y por eso lo que hemos dicho es que, frente al desprecio y al reto que han planteado, vamos a salir al frente”, agregó el alcalde Turbay.Sin embargo, los controles no solo serán a las motocicletas, conductores y organizadores de estos eventos. También anunciaron medidas contra los talleres y establecimientos comerciales en los cuales son alteradas las motocicletas que luego se usan en Cartagena para actividades ilegales, como caravanas y ‘piques’.“Detrás de esos talleres, de esos lujos y de esos almacenes de repuestos está el organizador de este tipo de actividades. Están totalmente identificados, es decir, es un negocio propicio para vender lujos, porque ese mismo dueño del negocio es el organizador de una convocatoria, de un pique ilegal o de una rodada. Entonces, frente a eso, para desfortuna de ellos, ya los tenemos totalmente identificados”, puntualizó el alcalde.Entretanto, el alcalde Turbay reiteró su invitación a organizadores y participantes de estas actividades a buscar espacios de diálogo con el Distrito, dejando de lado cualquier actitud “desafiante”.
Para las próximas horas se esperan lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en la región Caribe, derivadas del tránsito de la onda tropical número 41 de la temporada que, sumada a la vaguada monzónica y a un sistema de baja presión en la zona del Darién, seguirá incrementando la nubosidad y las precipitaciones.La onda tropical avanza sobre el mar Caribe en dirección hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; sin embargo, las lluvias se esperan en gran parte de la región, siendo que las precipitaciones más significativas caerían en la zona de La Mojana y en inmediaciones del Golfo de Urabá."Para las horas de la tarde (del miércoles), se espera incremento de la nubosidad y de la humedad, con probables lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en otros sectores del litoral Caribe de Colombia, especialmente en el centro y sur de La Guajira, amplios sectores del Magdalena, especialmente en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba", detalló José David Garavito, meteorólogo del Ideam.Estas condiciones lluviosas podrían extenderse hasta el fin de semana, con mayor intensidad entre viernes y sábado, por lo que la recomendación a la ciudadanía es mantenerse alerta para evitar cualquier emergencia durante esta semana de receso escolar, sobre todo para quienes tienen planes al aire libre en los próximos días.Vale anotar que la tormenta tropical Jerry, que avanza con dirección al norte sobre el océano Atlántico, no tendrá incidencia directa sobre el territorio colombiano; sin embargo, podría influir en la dirección de los vientos y favorecer también el tiempo lluvioso.
Ante el juez 18 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla, este miércoles fue presentado en audiencia Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro’, quien se entregó tras el asesinato de su expareja sentimental Kelly Jhoana De Arco, ocurrido el pasado lunes.Durante la imputación de cargos por feminicidio agravado y porte ilegal de armas, el fiscal del caso expuso cómo Castro habría esperado a la víctima en el apartamento de ella, al interior de un conjunto residencial en Barranquilla, para acabar con su vida a tiros."Y usted (Castro), sin mediar palabra, se acercó a ella, la tomó por el cuello con un brazo y con el otro la impactó en su humanidad en tres ocasiones, dando como resultado la terminación de su vida", manifestó el fiscal en medio de la diligencia.Le puede interesar: Recapturan a presunto miembro de Los Costeños por feminicidio de su expareja en BarranquillaEl fiscal argumentó que este es un caso de feminicidio agravado, pues “antes de cometer el crimen, el agresor había sostenido una relación íntima con la víctima y había tenido signos de violencia contra ella”.El delegado de la Fiscalía también sostuvo que Castro ejercía poder sobre Kelly Johana para aprovecharse de ella y que los repetitivos maltratos derivaron en una reciente denuncia que hoy hace parte de las pruebas recopiladas por el ente acusador."La Fiscalía considera que usted (Castro), como hombre, como macho, como pareja, ejerció ese poder sobre ella. Para fortuna de nuestra investigación, si podemos decirlo así, la víctima había presentado una denuncia en contra de usted por el delito de violencia intrafamiliar el 29 de septiembre del año en curso y precisamente estos son los antecedentes o indicios de una violencia anticipada", explicó el fiscal.Durante la audiencia, el procesado no aceptó ninguno de los dos cargos que le imputó la Fiscalía, muy a pesar de que él mismo se presentó ante las autoridades hora y media después de ocurrido el crimen, entregó el arma utilizada e, inclusive, habría confesado su responsabilidad en esta muerte.El próximo 16 de octubre, a las 2:00 de la tarde, la Fiscalía presentará la solicitud de medida de aseguramiento en contra de este hombre, también señalado como presunto miembro de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.