La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo lanzó fuertes críticas a la eventual declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. En entrevista con Recap Blu, Restrepo puso en duda la constitucionalidad de un decreto que buscaría imponer impuestos para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación, y advirtió que se estaría utilizando un instrumento excepcional con fines políticos.Según el exfuncionario, la emergencia económica solo puede decretarse cuando existe un hecho sobreviniente, excepcional y con una afectación significativa a la economía, condiciones que —a su juicio— no se cumplen en este caso. Restrepo explicó que el Gobierno pretende recaudar menos del 3 % del presupuesto nacional, un monto que no representa una amenaza grave para la estabilidad económica y que, además, era plenamente conocido desde el inicio de la planeación fiscal. "Estamos hablando de que el Gobierno pretende recaudar menos del 3 % del presupuesto, por lo tanto, no es una afectación significativa. Y, por el otro lado, no es un hecho sobreviniente y excepcional porque el propio Gobierno conocía y sabía que el presupuesto estaba desfinanciado en más de 45 billones”, afirmó."Crónica de una muerte anunciada"Para Restrepo, la situación actual no es inesperada, sino el resultado de una mala planeación. Recordó que inicialmente el propio Ejecutivo habló de una desfinanciación manejable, incluso reduciéndola durante el debate legislativo. En ese sentido, cuestionó que ahora se presente el panorama como una crisis de grandes proporciones, cuando —según dijo— el ajuste pudo hacerse mediante recortes de gasto, una herramienta ordinaria de cualquier Gobierno."Esta es una crónica de una muerte anunciada, porque el Gobierno primero presentó un presupuesto, según el Gobierno, desfinanciado en 1.6 billones. Ese no es una desfinanciación significativa. Cualquier Gobierno sabe que menos del 3 % del presupuesto nacional se puede recortar facilísimo", añadió.El exministro fue más allá al advertir que la declaratoria de emergencia podría convertirse en un “hecho político” de cara al calendario electoral, especialmente si la Corte Constitucional termina declarando la inexequibilidad del decreto. “Es muy peligroso que un Gobierno utilice la economía con un interés político”, alertó, al tiempo que insistió en que no se puede “manosear” un instrumento constitucional tan serio para corregir errores de gestión fiscal.Finalmente, Restrepo advirtió sobre los costos económicos que ya se están pagando por la incertidumbre generada. Señaló el aumento del riesgo país, la rebaja en la calificación de la deuda soberana por parte de las tres calificadoras internacionales y el encarecimiento del servicio de la deuda pública, cuyos intereses —dijo— hoy son 50 % más altos que en 2022. A su juicio, este escenario reduce el espacio para la inversión social y afecta la confianza de los inversionistas, por lo que llamó al Gobierno a construir consensos y cerrar su mandato con señales claras de prudencia fiscal y estabilidad macroeconómica.
La calificadora Fitch Ratings informó la rebaja de la calificación crediticia de seis grandes empresas colombianas, como consecuencia directa de la degradación hecha a Colombia el martes pasado.Una de las empresas afectadas fue Ecopetrol, cuya calificación bajó a BB, limitada por la alta participación del Gobierno (82 %) y por su papel estratégico en el suministro de combustibles y la refinación en Colombia.“Las calificaciones de la compañía están limitadas a la calificación soberana debido a la ausencia de una barrera legal que aísle sus flujos de caja, además del acceso y control significativos que el gobierno ejerce sobre la compañía. Esto se debe a la importancia estratégica de Ecopetrol como proveedor clave de combustibles líquidos en Colombia y propietario del 100% de la capacidad de refinación del país, además de los importantes ingresos generados por el gobierno”, indicó Fitch.En la misma línea, Fitch rebajó la nota de Ocensa, filial de Ecopetrol clave para el transporte de crudo del país, y la de su holding A.I. Candelaria, debido a su dependencia financiera y operativa de Ecopetrol.“Las calificaciones de Ocensa reflejan su vínculo con el perfil crediticio de Ecopetrol, el mayor productor de crudo de Colombia y su principal comprador. Las operaciones de Ocensa son fundamentales para el negocio principal de Ecopetrol debido a sus sinergias operativas pues depende en gran medida de la infraestructura de la filial para transportar crudo desde los campos de producción hasta las refinerías y terminales de exportación”, reseñó el informe de la calificadora.En el sector energético y de servicios públicos, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional y Enel Colombia también vieron reducidas sus calificaciones a BBB-, aunque mantuvieron perspectiva estable.Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, dicha firma también había rebajado la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB por cuenta de los elevados déficits fiscales del país y advirtió que hay 'desafíos' para la consolidación fiscal incluyendo problemas políticos para que se apruebe una reforma tributaria sin importar quién gane las elecciones en 2026.Esa fue la segunda rebaja de Fitch Ratings a Colombia desde la pandemia, la primera se dio en el marco del 'estallido social' cuando las calles se llenaron de manifestantes por cuenta de una propuesta de reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla. La decisión de este año se da luego del rechazo de la reforma tributaria en el Congreso de la República.
Como lo anticipó el presidente Gustavo Petro, el Gobierno emitió en la noche de este lunes el decreto de la emergencia económica, medida a la que llega tras la caída de las reformas tributaria y de salud.La medida, que estará vigente durante 30 días en el territorio nacional, ha recibido múltiples críticas de gremios y expertos quienes aseguran que no se cumplen las condiciones para el decreto; sin embargo el Gobierno sostiene lo contrario.Uno de los argumentos del Gobierno, que hoy mencionó el presidente Petro, es responder a la crisis fiscal grave e inminente producto de la acumulación de múltiples razones, calificandola incluso como una amenaza directamente la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.De esa manera, el decreto enumera una serie de frentes que atendería a través de este decreto, entre ellos, el cumplimiento obligatorio de órdenes de la Corte Constitucional en salud, especialmente la suficiencia de la UPC del régimen subsidiado, que exige $3,3 billones adicionales en 2026.Sin embargo, cabe recordar que contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hay abierto un incidente de desacato por no convocar a la mesa con los actores involucrados para reajustar dicha unidad.El deterioro acelerado del orden público, con atentados armados, uso de drones y riesgos para candidatos electorales, que obliga a destinar recursos extraordinarios a la Fuerza Pública y la UNP por más de $3,7 billones y la no aprobación por el Congreso de dos leyes de financiamiento consecutivas (2025 y 2026), que dejó un hueco fiscal acumulado superior a $28 billones, hacen parte de los argumentos.Así mismo, sentencias judiciales que obligan al pago de casi $10 billones, desastres naturales; subsidios atrasados en energía y gas, con riesgo de colapso del sistema eléctrico, especialmente en la región Caribe; restricciones severas al endeudamiento, derivadas de la Regla Fiscal y condiciones internacionales; y problemas de liquidez en la Tesorería, que elevan el riesgo de financiamiento costoso y desordenado.Es decir, los puntos más álgidos del debate de la economía colombiana hacen parte de las razones por las que, según el Gobierno, este decreto sí debería salir adelante.Justamente, el Gobierno reiteró que más del 93 % del Presupuesto General de la Nación es inflexible, es decir, no se puede recortar o modificar, por estar protegido por mandatos constitucionales, leyes orgánicas, sentencias judiciales y contratos vigentes.Según el decreto, insistir en la emergencia es la única vía disponible para evitar una interrupción del gasto social, una crisis en servicios públicos esenciales y un deterioro abrupto de la estabilidad macroeconómica.A lo largo del decreto, el Gobierno recopila toda una defensa para insistir en que no va en contra de la Constitución, tiene la firma del Presidente y todos los ministros, duración limitada a 30 días, aplicación en todo el territorio nacional, convocatoria al Congreso y envío inmediato a la Corte Constitucional para control automático.Ahora, mientras está la evaluación del alto tribunal, el Gobierno queda habilitado para expedir decretos estrictamente orientados a conjurar la crisis, entre ellas las medidas tributarias ya conocidas.El pasado viernes, por ejemplo, se conoció el borrador del plan que evalúa el Ministerio de Hacienda con los decretos de nuevos impuestos para asegurar los recursos faltantes.Entre ellos, planea aumentar el gravamen a los movimientos financieros de 4 a 5 x mil, establecer nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillo y aumentar el número de personas y empresas qué deben pagar el impuesto al patrimonio.Según el documento, que está en desarrollo con apoyo de la DIAN, el impuesto al patrimonio empezaría a cobrarse desde $1.991 millones y no desde los $2.880 millones como ocurre hoy.Además, las tarifas aumentan para quienes tienen mayores niveles de patrimonio que ahora pagarán hasta 5 % de impuesto en comparación con una tarifa máxima del 1,5 % en la actualidad. Este impuesto ya no solamente sería para las personas naturales, sino que además empezaría a ser cobrado a las compañías.Este decreto entonces aumenta el pulso entre el Gobierno y el Congreso, y traslada a la Corte Constitucional la última palabra sobre la legalidad y proporcionalidad de las medidas.
Venezuela advirtió este lunes a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para un ataque en su contra, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe y ha confiscado dos buques con petróleo venezolano."Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen", dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del chavismo señaló que ya están "utilizando territorio de Trinidad" contra su país, algo con lo que, aseguró, el pueblo trinitense "no está de acuerdo", ya que, agregó, ambas naciones han "vivido siempre en paz".El pasado viernes, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que la "mejor defensa" para el país es su actual cooperación militar con Estados Unidos."No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago y, en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener", comentó.EE.UU. ha instalado un sistema de radar en la isla de Tobago, donde en la actualidad siguen desplegados marines. Además, aviones militares estadounidenses tienen permiso para acceder a los aeropuertos del país, vecino a Venezuela.Este lunes, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, instó a la unidad entre los 15 miembros de la organización ante los "vientos geopolíticos adversos sin precedentes" que azotan la región.El mensaje de fin de año de Barnett llegó un día después de que estallaran las divisiones en el seno de Caricom con intercambios de acusaciones entre Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda por sus posturas con respecto a EE.UU. y Venezuela.Trinidad y Tobago y Guyana apoyan a EE.UU. en su ofensiva contra Venezuela, mientras que muchos otros miembros de Caricom se han mostrado cautelosamente críticos alertando que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe.El origen de la escalada de las tensiones internas fue un comunicado de Persad-Bissessar, quien aseguró que Caricom "ha perdido el rumbo" y ya "no es un socio confiable".
El Sinuano Noche sigue afianzándose como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una verdadera tradición para miles de personas que, cada noche, consultan los resultados con la ilusión de acertar la combinación ganadora.En cada edición, el Sinuano Noche mantiene la atención de apostadores de distintas regiones del país, quienes revisan de forma constante el desenlace de sus jugadas y confirman si su número fue el afortunado.Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, lunes 22 de diciembre de 2025La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al lunes, 22 de diciembre de 2025, una jornada seguida de cerca por los jugadores. El resultado oficial fue el siguiente: 6411 - 5.Número ganador: 6411.Tres últimas cifras: 411.Dos últimas cifras: 11.Quinta balota: 5.Un juego tradicional, accesible y en constante evoluciónEl éxito del Sinuano Noche se explica por el equilibrio que mantiene entre tradición y accesibilidad. Sus valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de jugadores con diferentes presupuestos, consolidándolo como una opción cercana y popular dentro de los juegos de azar en Colombia.Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad relevante: la quinta balota, una actualización que amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de premio. A pesar de este cambio, el Sinuano Noche conservó su formato clásico, facilitando la adaptación de los jugadores habituales y atrayendo a nuevos participantes.Horario y transmisión oficialEl Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara, oportuna y confiable.La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la confianza del público y mantienen al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos del país.Modalidades de apuesta del Sinuano NochePara adaptarse a los distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.Una cifra (uña): acierto de la última cifra.Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite diseñar estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad, original y fotocopia.Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
En el municipio de Sabanalarga, Atlántico, se siguen sumando lesionados en medio de la tradicional festividad de toros que se lleva a cabo en esta población y donde hubo una tragedia en las últimas horas debido a una pelea que se presentó en plena corraleja, acabando con la vida de un hombre de 33 años que aún no ha sido identificado.De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal se encontró con un adolescente con el que había sostenido diferencias en otro municipio del Atlántico y, sin importar que se desarrollaba la cita, usaron armas cortopunzantes para herirse entre sí.La noticia fue confirmada por Jesús Manuel Estrada Muñoz, coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, uno de los representantes que ha seguido de cerca estas corralejas.“Dentro del lugar se presentó una pelea y fueron utilizadas armas blancas, con las cuales se causaron heridas de gravedad ambas personas. Ellos fueron remitidos a centros asistenciales y pasado un tiempo me fue reportada la muerte de uno“, declaró a Blu Radio.La Policía informó que el menor de 16 años involucrado será aprehendido y judicializado por el delito de homicidio por la autoridad competente.Del mismo modo, seguirá instalado el Puesto de Mando Unificado designado para esta celebración, dentro del cual ya se reportó que se han registrado cerca de 34 personas heridas solo sumando los tres primeros días de corralejas. Se espera que el evento se extienda hasta el próximo 6 de octubre.Para autoridades no deja de ser preocupante el hecho de que a pesar de que existen vallas y restricciones para evitar el ingreso de personas no capacitadas al ruedo, persiste la imprudencia de los asistentes, que, en algunos casos, bajo los efectos del alcohol, terminan siendo atacados por los todos.Entre los heridos no solo hay personas cornadas, sino otros que han recibido golpes de caballos e incluso por piedras que son lanzadas desde las gradas.
Las alarmas están encendidas en el área metropolitana de Barranquilla debido al atentado que fue perpetrado en las últimas horas hacia la camioneta en la que se movilizaban varios funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre los que estaba el director regional de esta entidad, Jaime Avendaño.El ataque ocurrió cerca de las 11:45 de la noche del viernes en la vía que conecta a Barranquilla con el municipio de Galapa, Atlántico, puntualmente 600 metros después del kilómetro 105, mientras que Blu Radio conoció que ninguno de los ocupantes resultó herido gracias al blindaje de la Toyota TXL gris, de placas HTT-869, que era conducida y en la además de Avendaño esteban un abogado y una ingeniera de la entidad.De acuerdo con los reportes de la Policía Metropolitana, serían cuatro sujetos movilizados en dos motocicletas los principales sospechosos, por lo que ya fue activado todo un operativo para lograr sus ubicaciones.Asimismo, se necesitó la asignación de unidades policiales para el traslado de los funcionarios de la SAE.Entre lo que pudo conocer Blu Radio está que el lugar de los hechos fue acordonado por investigadores de la Seccional Sijín de la Policía, y allí se logró recolectar material clave en la investigación como varias vainillas que permitieron confirmar que fueron cerca de 14 disparos los perpetrados contra estas personas.Recordemos que la SAE en este territorio está liderando una estrategia de recuperación de predios utilizados por organizaciones delictivas, de hecho hace una semana intervinieron un predio en Barranquilla que fue invadido para convertirlo en punto de acopio en el tráfico de licor adulterado.“Lo que estamos haciendo es recuperar la soberanía completa de estos inmuebles para evitar que este tipo de conductas se sigan presentando. Hay viviendas de la SAE que están siendo utilizadas para el microtráfico. Las estamos identificando, cerrándose nuevamente y evitando que estas redes crezcan en el territorio”, fueron las palabras que afirmó hace una semana en el barrio Las Nieves de Barranquilla.
Colombia vuelve a quedar consternada tras un violento hecho ocurrido en Montería, donde una discusión entre dos mujeres terminó de forma brutal y dejó a una de ellas gravemente herida. El episodio generó miedo y repudio entre los testigos, debido a la crueldad con la que se cometieron los hechos.Según las autoridades, todo comenzó cuando dos mujeres, que presuntamente eran amigas, sostuvieron una acalorada discusión que rápidamente se tornó agresiva. Lo que parecía una pelea de palabras terminó en golpes, y la situación se salió completamente de control cuando una de ellas atacó a la otra mordiéndole el rostro.La víctima sufrió heridas tan graves que perdió parte de la piel de la mejilla debido a la fuerza del mordisco.¿Qué pasó con la agresora?La mujer señalada como responsable fue identificada como Ana Karina Bracho, de 26 años y de nacionalidad venezolana. De acuerdo con los testigos, la pelea inició por motivos personales que aún son materia de investigación. En medio del enfrentamiento, Bracho habría atacado con extrema violencia a su amiga, causándole también lesiones en uno de sus brazos.Tras el hecho, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y se recupera de las heridas. Según el personal médico, las lesiones son de consideración y podrían requerir procedimientos reconstructivos.Por su parte, la agresora fue capturada por uniformados de la Policía de Montería y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes.El caso está siendo analizado bajo el delito de lesiones personales agravadas. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la convivencia y al respeto, y advirtieron que este tipo de comportamientos violentos no solo tienen consecuencias legales, sino también profundas secuelas físicas y psicológicas para las víctimas.Este hecho ha causado indignación en redes sociales, donde ciudadanos de Montería y otras partes del país han expresado su rechazo ante la brutalidad del ataque y exigido justicia para la afectada.¿Cuál es la condena que podría enfrentar la agresora?El delito de lesiones personales está regulado en los artículos 111 al 114 del Código Penal colombiano. Se sanciona a quien cause daño en el cuerpo o la salud de otra persona, con penas que varían según la gravedad del resultado:Incapacidad o enfermedad (Art. 112):Hasta 30 días: prisión de 16 a 36 meses.Entre 30 y 90 días: prisión de 16 a 54 meses y multa de 6,66 a 15 salarios mínimos.Más de 90 días: prisión de 32 a 90 meses y multa de 13,33 a 30 salarios mínimos.Deformidad física (Art. 113):Transitoria: prisión de 16 a 108 meses y multa de 20 a 37,5 salarios mínimos.Permanente: prisión de 32 a 126 meses y multa de 34,66 a 54 salarios mínimos.Perturbación funcional (Art. 114):Transitoria: prisión de 32 a 126 meses y multa de 20 a 37,5 salarios mínimos.Permanente: prisión de 48 a 144 meses y multa de 34,66 a 54 salarios mínimos.El Código también contempla sanciones por lesiones psíquicas y pérdida anatómica o funcional de un órgano.
Un grupo de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación estuvo haciendo un largo recorrido por los municipios de San Marcos, Guaranda, San Jacinto del Cauca, Nechí y Majagual, en la región de La Mojana, donde constataron el abandono estatal en el que se encuentran más de 250.000 personas, damnificadas por las inundaciones provocadas por el rompimiento del boquete de Caregato y cuya crisis ya completa más de cuatro años.El procurador delegado Alexander López dijo que “no se entiende cómo las entidades responsables han permitido que miles de familias, especialmente niños y ancianos, permanezcan inundadas y en condiciones de miseria extrema, sin que se cumpla con el deber institucional”, incluso cuando hay fallos judiciales de por medio.En este sentido anunció que buscarán “soluciones de fondo” y que empezarán por convocar una cumbre de alto nivel, con el Gobierno nacional, para tomar medidas concretas y exigir el cumplimiento de los compromisos con las comunidades.“No se entiende cómo las entidades responsables han permitido que miles de familias, especialmente niños y ancianos, permanezcan inundadas y en condiciones de miseria extrema, sin que se cumpla con el deber institucional y las respuestas efectivas a las órdenes de los fallos judiciales que ordenan proteger los derechos de los habitantes de este territorio”, indicó López Maya, como ya mencionamos.“La acción preventiva de la Procuraduría está enfocada en la efectiva garantía de los derechos fundamentales de la población. Utilizaré toda mi experiencia y humanidad para salir de esta situación. Vamos a seguir dando esta batalla, son cuatro años sin soluciones a las diferentes problemáticas de las comunidades generadas por la ruptura del boquete Caregato”, explicó López Maya.Precisamente, Pedro Nel Ramos, líder de La Mojana, afirma que justo esto es lo que esperan los damnificados, el cumplimiento de acciones reales, más que palabras.“Lo vemos con buenos ojos. Esperamos que no sean palabras o solamente para salir de paso y nada por el estilo, sino que esto se lleve a acciones reales y se haga lo que se tenga que hacer. Esta región está abandonada por el Estado. Hemos vivido un calvario que nunca lo ha vivido nadie en Colombia”, declaró.La Procuraduría aseguró que pondrá “toda la vigilancia y atención a los recursos que se han invertido desde el día uno” en la atención de esta crisis humanitaria en La Mojana, haciendo énfasis en que “esta tragedia no se puede normalizar”.
Los arroyos volvieron a causar estragos y a poner en aprietos a transeúntes y conductores durante las lluvias que se registran la tarde y noche de este viernes, 4 de octubre, en el área metropolitana de Barranquilla.En el municipio de Soledad, la comunidad del barrio Ciudadela Metropolitana reporta que un adulto mayor cayó en el arroyo El Salado y desapareció con la corriente, por lo que los organismos de socorro se alistan para activar labores de búsqueda.Momentos previos, también en el municipio de Soledad, dos mujeres, madre e hija, se salvaron de morir ahogadas cuando fueron sorprendidas por la corriente de un arroyo. Por fortuna, una persona que pasaba por la zona, se percató de lo ocurrido, se lanzó al agua y alcanzó a rescatarlas.Al mismo tiempo, en el barrio San Nicolás, sur de Barranquilla, un motociclista por poco pierde la vida cuando era arrastrado junto a su vehículo por el arroyo Don Juan, hasta que la comunidad alcanzó a sacarlo del canal, halándolo por los costados. A la motocicleta, no obstante, se la llevó la corriente.Estos casos se registran la misma semana en la que un adolescente, de 15 años, falleció tras caer en la corriente del arroyo El Platanal, cuando se encontraba departiendo con sus amigos después de un entrenamiento.La Alcaldía de Soledad también reporta la caída de un árbol en el barrio Pumarejo, lo cual afectó cinco viviendas.
Un nuevo ataque violento volvió a sacudir a Barranquilla la tarde de este viernes, 3 de octubre, tras la incursión armada que hicieron dos hombres a una barbería de Pinar del Río, sector que hace parte del corregimiento Juan Mina y donde la Policía acordonó la zona y activó un operativo para hallar a los responsables.El ataque ocurrió exactamente en la barbería conocida como El Hijo de Diomedes, hasta donde llegaron los delincuentes en una motocicleta negra. Según datos preliminares de la Policía, recopilados con las versiones de testigos, el parrillero de la moto descendió del vehículo, subió rápidamente al segundo piso donde se encuentra el local y, al entrar, disparó contra todos los que halló a su paso.Como resultado de la sangrienta balacera dos hombres perdieron la vida en el mismo lugar de los hechos y otro más falleció cuando era trasladado a un hospital cercano.Una de las víctimas era el dueño de la barbería, José Robles Rocha, de 24 años y quien presenta anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales. Los otros dos asesinados fueron identificados como Jefferson Villegas Ramírez, de 31 años, y Alejandro Enrique Osorio, de 24."En este momento estamos adelantando todas las actividades investigativas que nos permitan dar con el paradero de los sicarios y poder determinar qué estructura criminal está tras de este hecho", indicó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Queremos informar a toda la ciudadanía que se encuentra habilitada la línea contra el crimen en la Metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, allí atendemos cualquier llamada, cualquier mensaje WhatsApp al número 317 896 55 23", agregó el oficial.Si bien este ataque no se ha relacionado aún con ningún actor armado, ciertamente enciende las alarmas en la ciudad en medio de la tregua recién anunciada por los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, un cese de actividades ilícitas con el que se busca una disminución de homicidios y demás hechos violentos.