Tres meses después de que familiares de Carlos Mario Peralta Velásquez perdieran todo rastro de él, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla, con ayuda del Gaula del Ejército, capturaron a una mujer que era su amante y al esposo de ésta, como principales sospechosos de la desaparición forzada del electricista de 28 años.Blu Radio conoció que miembros del grupo NN y desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de esta ciudad, lograron realizar una inspección al inmueble de la pareja hoy investigada, encontrando rastros de sangre en la habitación de la casa ubicada en el barrio El Santuario.Allí las autoridades temen que pasó lo peor, pues incluso, según conoció este medio, hay testigos que dicen haber visto a los investigados, sacar de su casa un colchón lleno de sangre.Los capturados son Natalia Jhoana Maestre González, con quién Carlos, el desaparecido, sostenía una aventura amorosa y el esposo de la mujer, un expolicía identificado como Sergio Andrés León Franco, quien fue desvinculado hace ocho años de la institución y actualmente trabajaba como taxista.La mujer fue enviada como medida preventiva a la cárcel El Buen Pastor y su esposo a la de El Bosque.María Peralta, hermana del soldador, cuenta que el nombre de Natalia salió a relucir, luego de que Carlos le contara a un amigo que se vería con ella en el barrio Santuario, dato que fue relevante para orientar la investigación.El 12 de diciembre, Carlos Peralta salió de su casa en el municipio de Juan de Acosta en su moto. A su familia le dijo que iría al estadio Metropolitano para ver el partido de ida de la final del FPC entre el Junior y Deportes Tolima, cuando en realidad esta fue la excusa para verse con su amante, una mujer que también era casada y a la que había conocido cuando trabajó en un hotel del norte de Barranquilla.La captura de la amante del soldador y su esposo se produjo en el municipio de Galapa. Por ahora las autoridades no descartan que otras personas también estén involucradas en esta desaparición. Mientras tanto sigue la búsqueda del sitio donde pueda encontrarse Carlos Peralta.
La Fiscalía seccional 28 de Bogotá citó a audiencia de formulación de imputación a los ex interventores de Air-e Diana Bustamante y Nelson Vásquez Torres, para imputarles cargos por los delitos de fraude a resolución judicial.La audiencia fue citada de forma virtual para este jueves a partir de las 10 de la mañana como parte de una investigación que se adelanta a los exinterventores por presuntamente no haber entregado información sobre la administración de la empresa de energía durante el periodo que estuvieron al frente de la misma.Bustamante y Vásquez, según denuncias, no acataron un fallo del Consejo de Estado que ordenaba a los interventores entregar a los accionistas de Air-e toda la información sobre el proceso en curso, lo que representó una irregularidad.Diana Bustamante, quien se desempeñaba en el área de mercadeo de Air-e, fue nombrada interventora tras la salida del cargo de Edwin Palma a finales del mes de febrero de 2025. La mujer solo estuvo tres meses al frente de la compañía.En su reemplazo fue nombrado Nelson Vásquez Torres quien duró 8 meses como agente interventor hasta que el pasado mes de enero presentó su carta de renuncia la cual fue aceptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las oficinas de la Nueva EPS en Bosconia, Cesar, se encuentran cerradas por segundo día consecutivo debido al plantón adelantado por Keyla Michell Vargas, mujer a la que desde hace 36 días la tienen esperando por un traslado de urgencia para su bebé recién nacido, al que cada día que pasa se le disminuyen los latidos del corazón y tiene un diagnóstico de ataque cianótico, es decir falta temporal de oxígeno en la sangre.La orden desde el centro médico en el que es atendido es de llevarlo hacia una clínica de cuarto nivel, aunque dice Keyla que la Nueva EPS no les da respuesta. Llegaron a proponer la posibilidad de una remisión hacia Cartagena, pero más de 30 días después el silencio de ellos es absoluto.Por eso, pese a estar en su recuperación por cesárea decidió tomarse la sede de la entidad con cintas y pancartas.“Como madre tengo 36 días con una operación que es la cesárea, 36 días luchando para que mi hijo pueda ser atendido y todavía no me dan respuesta. He hecho todo lo que ha estado en mis manos y haré todo para ser escuchada, para que me colaboren para que la Supersalud vea lo que estoy pidiendo. Él tiene derecho a la vida y a la salud”, declaró a Blu Radio.Los hechos fueron inmediatamente rechazados por el senador Didier Lobo, quien señaló desde el Congreso que este niño está luchando una batalla que no le corresponde.“Jermain tiene pocas semanas de vida y ya está peleando una batalla que no le corresponde pelear. En este momento está luchando por sobrevivir en un centro asistencial del municipio de Bosconia en mi departamento del Cesar. No sabe caminar, no sabe hablar, solo sabe respirar y lo está haciendo con mucha dificultad. Los médicos que lo atienden han dicho con claridad, "este niño necesita un hospital especializado que Bosconia no tiene”. Han pedido el traslado una y otra vez y la respuesta de la EPS ha sido el silencio”, dijo inicialmente.“Mientras los funcionarios revisan papeles y autorizan reuniones, una madre llamada Keyla Vargas espera orando para que alguien escuche. El Cesar es uno de los departamentos con una de las tasas más altas de mortalidad infantil del país. Y cuando uno revisa por qué mueren esos niños la respuesta no siempre es la gravedad de la enfermedad. La respuesta muchas veces es la demora, es la burocracia, es el papel que no llegó, la autorización que no salió, la cama que nadie buscó a tiempo. Los niños en Colombia no están muriendo solo de neumonía o de nutrición, están muriendo de un sistema que los hace esperar. Si este niño muere esperando un traslado que debió hacerse hace días, eso no será una tragedia, será una vergüenza nacional”, agregó.Keyla señala que lo que mantiene con vida a su hijo en estos momentos es el medicamento que ha venido tomando, sin embargo, teme a que en algún punto deje de funcionar y pierda la vida.
A la fecha, Barranquilla ha reportado cinco casos sospechosos de sarampión ante el Instituto Nacional de Salud, donde se recibieron las muestras para análisis de laboratorio y por lo menos tres resultaron negativos, pero los otros dos aún se encuentran en observación y a la espera de los resultados.El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que afecta a todo tipo de edad y se propaga rápidamente cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Teniendo en cuenta esto, la secretaria de Salud de Barranquilla, Stephany Araújo, pide a la ciudadanía, en especial a aquellos que tienen planes de viajar en la próxima Semana Santa, que revisen sus esquemas de vacunación para prevenir enfermedades como esta y la fiebre amarilla."Aquí en el Distrito contamos con más de 40.000 dosis que se pueden aplicar de manera gratuita en 60 puntos de vacunación que tenemos entre IPS vacunadoras, Pasos y Caminos de Mi Red y la red privada del Distrito. La prevención se encuentra en reforzar y completar nuestro esquema de vacunación contra el sarampión, rubéola y triple viral", dijo la secretaria.La funcionaria indicó que en lo que va del 2026 se han aplicado en Barranquilla 6.876 dosis de Triple Viral que protege de enfermedades como el sarampión, la rubéola y paperas, y 1.574 dosis de la vacuna bivalente sarampión rubéola.Agregó que en el año 2025 se aplicaron más de 60.000 dosis, logrando alcanzar las coberturas establecidas.Los niños entre los 6 y 18 meses deben tener la primera dosis; niños de 1 a 10 años deben contar con ambas dosis, mientras que viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal, deben aplicársela 15 días antes del viaje.Así mismo, talento humano en salud y personas vinculadas al sector turismo, de hotelería y de transporte internacional que no esté vacunado debe iniciar su esquema.
Ecopetrol y Petrobras anunciaron el descubrimiento de gas en el pozo exploratorio Copoazú-1 ubicado a solo 8 kilómetros de los pozos Sirius 1 y Sirius 2."El hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país", señaló Ecopetrol en un comunicado.Sirius es el principal proyecto para producción de gas en Colombia y las compañías, que ya vendieron el gas de manera anticipada, esperan que esté en producción hacia el año 2030 una vez concluyan las etapas de licencias, permisos y construcción.Se estima que Sirius puede tener unas 6 TCF de gas lo que le permitiría, por sí solo, suplir gas para el país por unos 20 años.La perforación de Copoazú-1 inició el 11 de noviembre de 2025 y representa un alivio para la compañía luego de haber tenido malos resultados o resultados poco satisfactorios en los pozos Papayuela, Buena Suerte y Orca."Petrobras y Ecopetrol ratifican su compromiso de desarrollar las actividades en el bloque costa afuera con respeto por los territorios y las comunidades de La Guajira y Magdalena, mediante una gestión transparente, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la implementación de planes de inversión social junto a aliados regionales", agregó Ecopetrol.
El hallazgo en Colombia de una bomba sin explotar en la frontera con Ecuador, que, según el presidente Gustavo Petro, fue arrojada en un bombardeo desde el país vecino, tensó aún más este martes la relación entre dos socios que están inmersos en una guerra comercial desde febrero.Cerca de la medianoche, Petro afirmó en un consejo de ministros televisado que su país fue bombardeado, luego de que fuese hallada la bomba cerca de la frontera con Ecuador."Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó.El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere "ir a una guerra".Petro confirma que una bomba sin explotar hallada en Colombia es del Ejército de EcuadorEl presidente aseguró que la bomba sin explotar que fue hallada en la frontera con Ecuador es del Ejército del país vecino, por lo que su Gobierno enviará una "nota de protesta diplomática"."Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática", expresó Petro en la red social X.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó más temprano que expertos militares están investigando la procedencia de la bomba sin explotar, hallada en el departamento fronterizo de Putumayo, y que, según Petro, fue arrojada en un bombardeo.Confrontación verbalEl presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desmintió este martes la denuncia de Petro y afirmó que las recientes operaciones militares de su país contra el crimen organizado cerca de la frontera con Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, han ocurrido en territorio ecuatoriano."Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa en X, donde acusó a Colombia de acoger a la familia del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, además de a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.El mandatario ecuatoriano añadió que "mientras en Colombia les dan espacio a la familia de 'Fito', que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González", su Gobierno seguirá "limpiando y levantando a Ecuador".La confrontación verbal no se detuvo y el presidente Petro respondió en X que los bombardeos en la zona fronteriza dejan "27 cuerpos calcinados", sin dar detalles de esa información, y afirmó que la explicación sobre los ataques "no es creíble", en aparente referencia a la declaración de Noboa."Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales", escribió Petro.
La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación contra la empresaria Zulma Guzmán, señalada por el asesinato de dos niñas en Bogotá mediante el presunto uso de talio en alimentos. Según confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el caso podría no ser un hecho aislado, lo que abre la hipótesis de un posible comportamiento criminal reiterado.De acuerdo con la funcionaria, los investigadores han identificado elementos que sugieren que el episodio ocurrido en abril de 2025 podría estar relacionado con otros eventos de características similares. Esta línea de análisis se sustenta en hallazgos técnicos y en la comparación de patrones que coinciden en el método utilizado.Posibles conexiones con otros casosCamargo explicó que el ente acusador cuenta con evidencia que apunta a, al menos, un hecho adicional registrado aproximadamente un año antes, en el que estaría involucrada una persona cercana a Guzmán. En ese caso, según la Fiscalía, también se habría empleado un mecanismo de envenenamiento con características similares.Los análisis forenses y de criminalística han permitido establecer coincidencias en la forma en que ocurrieron los hechos, lo que refuerza la hipótesis de un patrón repetido. Para las autoridades, estas similitudes son relevantes dentro del proceso investigativo, ya que podrían indicar una conducta sistemática.Detalles del caso: consumo de frambuesas contaminadasLos hechos por los que se investiga a Guzmán ocurrieron los días 3 y 4 de abril de 2025 en una vivienda del norte de Bogotá. Según la orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías, las víctimas —Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13— consumieron frambuesas con chocolate que habrían sido contaminadas con talio.Tras la ingesta, una de las menores falleció el mismo día, mientras que la segunda murió el 9 de abril debido a las complicaciones derivadas del envenenamiento. En el mismo episodio, un joven de 21 años y otra adolescente también resultaron afectados, aunque sobrevivieron y continúan bajo tratamiento médico por las secuelas causadas por la sustancia.Uso de talio y hallazgos clave en la investigaciónLa Fiscalía determinó que el envenenamiento no fue accidental. Las pruebas recolectadas permitieron identificar la presencia de talio, un metal altamente tóxico, incoloro e insípido, lo que dificulta su detección en alimentos.El rastro de esta sustancia condujo a un producto alimenticio adquirido días antes del hecho, elemento que resultó clave para orientar la investigación hacia la presunta responsable. Estos hallazgos han sido fundamentales para sustentar las hipótesis del caso y avanzar en la recolección de pruebas.Proceso de extradición desde Reino UnidoZulma Guzmán fue detenida en el Reino Unido en enero de 2026 y actualmente se encuentra a la espera de que se concrete su extradición a Colombia. Las autoridades colombianas han solicitado su traslado para que responda ante la justicia por los hechos investigados.En ese contexto, la Fiscalía ha planteado que, una vez en el país, Guzmán sea recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. No obstante, este proceso está sujeto a las condiciones y requisitos establecidos por el Reino Unido para autorizar la entrega.Investigación sigue en cursoLa Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de establecer si existen más víctimas o hechos relacionados. El análisis de evidencias continúa, así como la verificación de posibles vínculos entre los casos identificados. Las autoridades reiteraron que el proceso se encuentra en desarrollo y que los resultados dependerán de los avances técnicos y judiciales que se logren en las próximas etapas.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 17 de marzo de 2026 su sorteo número 3145, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país.En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, acompañado por una amplia estructura de premios secos y aproximaciones, lo que aumentó las posibilidades de ganar en uno de los sorteos más tradicionales de Colombia.Premio mayor – Sorteo del 17 de marzo de 2026El premio mayor de $10.000 millones fue para el número 2622 de la serie 307. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 10 de marzo de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, los ganadores cuentan con un plazo máximo de 30 días calendario para reclamar su premio, presentando el billete original.Premios secos – Lotería de la Cruz Roja (sorteo 3145)Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples categorías:Seco de $200 millones6800 – Serie 288Seco de $100 millones0606 – Serie 292Secos de $50 millones5497 – Serie 0386921 – Serie 244Secos de $30 millones5279 – Serie 2486550 – Serie 1123897 – Serie 1899234 – Serie 1087320 – Serie 0178929 – Serie 209Secos de $20 millones9113 – Serie 1283890 – Serie 3272065 – Serie 0847487 – Serie 0256611 – Serie 2697643 – Serie 0904308 – Serie 2233852 – Serie 1051341 – Serie 3189868 – Serie 0409956 – Serie 1345115 – Serie 0011127 – Serie 0085571 – Serie 1765335 – Serie 244Secos de $10 millones4012 – Serie 1717484 – Serie 2474210 – Serie 1645947 – Serie 1935660 – Serie 2671322 – Serie 2277756 – Serie 2532222 – Serie 2192064 – Serie 1210757 – Serie 0776094 – Serie 1061330 – Serie 3224694 – Serie 2050279 – Serie 2156608 – Serie 0793268 – Serie 2172931 – Serie 3152148 – Serie 3278141 – Serie 0793135 – Serie 219¿Cómo verificar si ganó?La recomendación para los jugadores es revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y compararlos con los resultados oficiales publicados por la entidad.¿Cuándo juega la Lotería de la Cruz Roja?La Lotería de la Cruz Roja Colombiana se juega todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse en:El sitio web oficial de la loteríaSus redes sociales verificadasLa línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.¿Cómo reclamar un premio?Para cobrar cualquier premio es necesario:Presentar el billete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).Presentar la cédula de ciudadanía para premios mayores y secos.Las aproximaciones pueden reclamarse con distribuidores autorizados o en las oficinas ubicadas en:Avenida Carrera 68 No. 68 B-31El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley del premio mayorEn caso de ganar los $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones20 % de retención en la fuente (según UVT vigente definida por la DIAN)El valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.Recomendación finalLas autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales, revisar detalladamente número y serie del billete y respetar el plazo legal para reclamar.Consultar fuentes confiables y realizar el trámite dentro del tiempo establecido es clave para garantizar el pago oportuno de cualquier premio.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 17 de marzo:La reconocida actriz Jennifer Arenas recordó su camino en la actuación con papeles en producciones como 'Lady, la vendedora de rosas' y 'Sin senos sí hay paraíso', entre otros.En 'Relatos de estrellas', el astrónomo Germán Puerta habló sobre el espacio y la puerta al universo.
Luego de 24 horas después de haber sido capturados en medio de un operativo adelantado por unidades de la Dijin, quedaron en libertad Dinelis Beatriz Ruiz Polanía, de 41 años, esposa de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de Los Costeños y dos familiares.Ni a audiencia alcanzaron a ser presentados, pues la misma fiscal del caso detectó que, a todas luces, ningún juez de control de garantías iba darle vía libre a la legalización de las capturas, dado que en los allanamientos hubo vulneración a los derechos fundamentales de los indiciados y su círculo familiar.De hecho, Dinelis Beatriz y los otros capturados fueros remitidos a Medicina Legal para ser valorados, pues denunciaron agresiones por parte de algunos de los investigadores que llevaron a cabo el procedimiento.Blu radio conoció que durante el operativo fue allanada una vivienda en la que no se tenía orden de un juez.La capturaDinelis Beatriz Ruiz y las otras dos personas fueron detenidas en allanamientos practicados en los barrios San Marino y El Porvenir, en el norte de Barranquilla para que respondiera ante las autoridades por el presunto delito de lavado de activos.En medio de la diligencia se habría incautado una alta suma de dinero en efectivo, un arma de fuego e, incluso, un cuaderno con supuestos datos de víctimas de extorsión.
En La Guajira no cayó nada bien el anuncio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sobre la solicitud que hará la entidad para suspender el contrato por más de $ 42.000 millones firmado para instalar tres plantas desalinizadoras en el extremo norte del país.Este proyecto hace parte de los polémicos contratos de la UNGRD que hoy son investigados por sobrecostos y, si bien los indígenas wayuu no se oponen a las investigaciones, afirman que tales procesos no deben paralizar planes como estos, con los que se busca solucionar la escasez de agua potable que afecta a las comunidades.José Silva, presidente del Movimiento Indígena Nación Wayuu, advirtió que por estas decisiones de la UNGRD, esta población buscará ser reconocida como víctima del Estado en los procesos legales que están en curso."Lo consideramos como un ataque más al pueblo wayuu por parte del Estado colombiano, que en una evidente confrontación política decide suspender la instalación de una planta, sabiendo que tanto nos hace falta tomar agua potable", expresó Silva."Y es por eso que a través de este proceso penal nos declaramos y nos constituimos en víctimas, para que el Estado colombiano responda por todos los daños y perjuicios que le han ocasionado al pueblo wayuu históricamente", agregó.Los problemas de agua potable en La Guajira se reflejan en las 79 muertes de niños entre 0 y 5 años que han confirmado este año las autoridades y cuyas causas están asociadas a desnutrición, enfermedad diarreica aguda o infecciones respiratorias.Esto, sin obviar otros 31 fallecimientos que están en estudio y con los que serían más de 100 las muertes de niños registradas por el Instituto Nacional de Salud este año en La Guajira y, aún así, los wayuu afirman que existe un subregistro y que las cifras oficiales ni siquiera se acercan a lo que día a día afrontan las comunidades."Sería un escándalo tremendo si se llegara a llevar una estadística real de cuántos niños mueren a diario (...) sin exagerar, podría decirte que son cinco o diez niños que mueren por día, pero aquella estadística que se da a conocer es meramente institucional y no obedece a la realidad", dijo Silva.Precisamente en los últimos días murió una niña wayuu, de 3 años, que había sido trasladada de urgencia a Barranquilla con secuelas de desnutrición y síntomas de infección respiratoria, debido a las precarias condiciones en materia de agua potable y salubridad que afronta su comunidad en Punta La Vela, sector de La Guajira.
Luego de concretarse la liberación del ganadero Víctor Julio Velásquez, la Policía Nacional intenta moverse con rapidez para determinar a los responsables de su secuestro, el cual tuvo lugar en los primeros días de diciembre.En un video que fue difundido por las redes sociales se puede ver la alegría en la que el adulto mayor fue recibido por sus allegados en el municipio de Curumaní, Cesar. El hombre de 70 años agradeció a Dios por volver al seno de su hogar con vida.Los primeros en confirmar su libertad por sus respectivas cuentas de X fueron el alcalde municipal Hermes Fernando Martínez y Juan Gonzalo Botero, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Ganado de Colombia.Velásquez le relató a las autoridades que causalmente aprovechó un descuido de sus captores para escapar. Corriendo quizás sin un rumbo definido, dio con el centro urbano de Curumaní, donde fue rápidamente auxiliado.La Policía catalogó el acto de valentía como un “momento de esperanza para su familia quienes nunca perdieron la fe”.“Primero que todo le doy gracias a Dios por tenerme aquí en mi hogar, unido con mi familia. Segundo muchas gracias a la Gobernación y a la Alcaldía de Curumaní que me tuvieron presente durante el secuestro”, dijo inicialmente Víctor.“Gracias a la Fuerza Pública que estuvieron todos muy atentos. Gracias a los sacerdotes y a la comunidad en general, a todos aquí en el pueblo, estoy muy agradecido con todo el pueblo de Curumaní”, agregó.La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, se mostró feliz por su regreso y le prometió que irán tras los responsables de su rapto.“El señor Víctor Julio solito, con la ayuda de Dios, de su oración, de su fortaleza, rompió las cadenas del secuestro y muy de madrugada llegó al seno de su familia. La Gobernación del Cesar, la Alcaldía del municipio de Curumaní, nuestra Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y nuestro Gaula sentimos felicidad de poder compartir este momento con su familia. Tenemos un mensaje, vamos por los responsables de este hecho”, afirmó la mandataria.Recordemos que las autoridades mantienen en pie una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.Blu Radio confirmó que son pocos los indicios que han logrado hilar las autoridades para descubrir quién estuvo detrás de este secuestro. Las pesquisas están a cargo de la Seccional de Antisecuestro y Antiextorsión del Gaula de la Policía Cesar.
La compañía Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, rechazó recientemente por medio de un comunicado el ataque a tiros contra tres trabajadores de una firma contratista en una vereda conocida como Meléndez, ubicada en jurisdicción del municipio de Pelaya, Cesar.El atentado tuvo lugar en la tarde de este miércoles, cuando estas personas realizaban un recorrido de inspección para verificar la instalación de una válvula ilícita en el poliducto Pozos Colorados–Galán.Los empleados no tenían mucho tiempo de haber llegado en una camioneta Renault Duster, con placas aún por establecer, cuando de repente fueron acorralados por los disparos perpetrados por desconocidos, dejando herido de gravedad a uno de ellos, cuyo pronóstico es reservado.De acuerdo a los reportes de las autoridades, las víctimas tuvieron que abandonar el automotor para escapar con vida del sitio y dar pronto aviso a la Policía Nacional.La persona herida, según los mismos informes, habría sido blanco de un disparo en su cabeza. Por lo cual, fue llevado inicialmente al hospital Francisco Canossa, tiempo después trasladado a la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, pese a que ya fue autorizado su remisión a la ciudad de Bucaramanga. Al parecer, los otros dos funcionarios se encuentran fuera de peligro.Blu Radio conoció que el hombre lesionado se desempeña como inspector de líneas de la empresa Cenit y que, de hecho, es un intendente jefe de la Policía Nacional en uso de buen retiro.Cenit, además, “se solidarizó con las víctimas y sus familias, así como repudió estos actos que vulneran los derechos humanos e impiden el libre ejercicio del derecho al trabajo”.La compañía manifestó que todo hace parte de un ataque sistemático por bandas criminales en contra de su infraestructura, esto para apoderarse de los hidrocarburos que se transportan por el poliducto Pozos-Galán. Por ello, solicitó la rápida intervención de las autoridades judiciales.
Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles 18 de diciembre una comisión de la Dijin, que llegó a Barranquilla, adelanta un gran operativo contra la banda criminal Los Costeños. Esto, luego de adelantar una investigación durante varios meses.Blu radio conoció que, en medio del procedimiento, fue capturada Dinelly Ruiz Polanía, madre de dos de los hijos de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo líder de la banda de Los Costeños.La detención se produjo en una vivienda del norte de la ciudad, hasta donde los investigadores arribaron para practicar un allanamiento. Lo que se conoce es que Ruiz Polanía, presuntamente, estaría vinculada con el manejo de las finanzas de la estructura criminal.Personal cercano a la investigación informaron que Dinellys era la encargada de recibir el dinero producto de la actuación criminal de la banda Los Costeños, recursos con los que había comprado varias propiedades para lavar los activos de las rentas ilegales.En el operativo se habla de la captura de otros familiares de alias ‘Castor’ y de un abogado. Los capturados están siendo trasladados hasta la URI de Barranquilla. Autoridades aún no revelan más detalles del operativo.Dinelly Ruiz, en el año 2012, fue capturada en un operativo junto a Jorge Eliécer Díaz Collazos, cuando apenas se le empezaba a relacionar con atentados cometidos en el suroccidente de Barranquilla.Vale decir que los días pasados, el general José Luis Ramírez Hinestroza, jefe nacional del servicio de Policía, confirmó desde Barranquilla que la institución, junto con la DEA, está adelantando procesos investigativos en conjunto para establecer nexos de jefes de estructuras criminales como Los Costeños y Los Pepes, con el envío de drogas a los Estados Unidos.Demanda de extinción de dominioEn el año 2023, la Fiscalía 68 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de Barranquilla abrió un proceso de extinción de dominio a varias propiedades a nombre de Dinelly Ruiz, entre ellas una peluquería de razón social “Franchesca Estética y Peluquería.En medio del proceso, el 25 de mayo de ese mismo año el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla determinó no admitir la demanda de la Fiscalía bajo el argumento que hizo falta el cumplimiento de algunos requisitos formales sobre los bienes.Dijo el juzgado, en su momento, que la Fiscalía “no indicó de manera clara cuáles son los bienes sobre los que se solicita la extinción de dominio”
Más de 24 horas completan en protesta un grupo de habitantes del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, donde se han tomado la vía nacional entre la capital del Cesar y el municipio de Bosconia, la cual conecta con Santa Marta y Barranquilla, para exigir mejoras en la prestación de servicios públicos.La protesta empezó por fallas en la energía desde el pasado lunes; sin embargo, la Alcaldía reporta que el servicio ya fue restablecido y que la comunidad ahora reclama reducción en las tarifas por consideran que los precios siguen elevados. A su vez, la gente estaría reclamando el envío de carrotanques para compensar la intermitencia con la que se presta el servicio de agua potable.Dada la situación, la Alcaldía de Valledupar activó un puesto de mando unificado en la Policía Metropolitana, donde el mandatario Ernesto Orozco informó que desde este martes ha intentado dialogar con los manifestantes pero no ha sido posible conocer formalmente sus peticiones ni mucho menos llegar a un acuerdo.El alcalde sostuvo que este miércoles irá él mismo junto a una comisión a hablar con los manifestantes, pero si no logra un acuerdo, entonces intervendrá la Fuerza Pública."Acabamos de enviar una comisión como última instancia para seguir con los diálogos y si no, ya nos veremos obligados a usar la fuerza. Nosotros no hemos encontrado un líder o un vocero, hay diferentes peticiones, pero tampoco hay como un pliego de peticiones concordantes. Nosotros el año pasado tuvimos una situación similar donde hicimos unos compromisos que hemos venido cumpliendo", manifestó Orozco.El alcalde sostiene que a través de su administración han ido desarrollando proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida en Aguas Blancas y que están dispuestos a escuchar a la comunidad, siempre y cuando ésta exprese con claridad, a través del diálogo, sus necesidades.
La Policía Metropolitana de Barranquilla creó un grupo interdisciplinario para la recaptura de tres hombres que se fugaron de la Cárcel Distrital El Bosque recientemente y a quienes ahora persiguen con un amplio operativo de búsqueda.La fuga se dio hacia las 5:30 de la tarde de este martes, cuando los señalados delincuentes escaparon con la ayuda de una cuerda que dejaron caer a través de la garita de vigilancia privada de la cárcel.Tras un reconteo de los privados de la libertad en este centro de detención, las autoridades identificaron a los prófugos y ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita recapturarlos.Le puede interesar: Tensión en Santa Marta por fuga masiva en centro de reclusión: por lo menos 35 presos se escaparonLos fugados fueron identificados como Gabriel Garcelan del Castillo, procesado por amenaza, porte de estupefacientes, porte ilegal de armas y fuga de presos, Abel Moisés Ramos Jiménez, quien tiene cuatro anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y dos por hurto, y Carlos Andrés Sosa Hernández, al que también le figuran cuatro anotaciones por hurto, dos por porte ilegal de armas, una violencia intrafamiliar y una más por constreñimiento.La Alcaldía de Barranquilla, a cargo de la administración de esta cárcel, informó que como parte de la misión de búsqueda ha coordinado “acciones con la Fuerza Pública para realizar un 'Plan Candado' en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales”.
La tensión continúa en el Centro Transitorio de Detención (CTD) Norte de Santa Marta, luego de un motín que dejó una persona muerta, varios heridos y al menos 35 reclusos fugados, según reportes de defensores de derechos humanos.El hecho ha generado preocupación entre autoridades, comerciantes y organizaciones sociales, especialmente porque ocurre a pocos días de iniciar la temporada turística de Semana Santa. De acuerdo con el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, la situación evidencia fallas en la planificación de seguridad frente a un problema que, asegura, ya había sido advertido.“Esto ya había ocurrido antes, incluso, con personas de alta peligrosidad que se fugaron y regresaron a los grupos armados. Hoy se vuelven a escapar decenas de detenidos, la mayoría procesados por hurto y concierto para delinquir, en una ciudad donde el robo a mano armada es una constante”, señaló.Para Dimas, la fuga masiva refleja la falta de planes de contingencia frente a motines o intentos de escape, pese a que el centro de reclusión ya había registrado situaciones similares en el pasado. “El problema no era desconocido. Era una bomba de tiempo. La pregunta es dónde estaban los planes de contingencia de la Alcaldía y de la Policía para evitar que esto ocurriera”, afirmó.Tras lo ocurrido, el alcalde de Santa Marta solicitó públicamente al presidente Gustavo Petro que facilite una reunión urgente en la ciudad con el ministro de Justicia y el director del Inpec, con el fin de buscar soluciones a la crisis carcelaria que enfrenta el distrito.Según el mandatario, el motín dejó tres policías y cinco detenidos heridos, además de una persona fallecida. La administración distrital insiste en que el problema del hacinamiento en estaciones de Policía y centros transitorios requiere una respuesta del Gobierno nacional.La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, cuestionó el manejo que el Distrito le ha dado a la situación carcelaria y señaló que la crisis responde a la falta de medidas para descongestionar estos centros. “La rebelión obedece al crítico manejo que el distrito le ha dado al hacinamiento y a la negligencia para suscribir convenios con la Cárcel Rodrigo de Bastidas”, afirmó.La mandataria indicó que desde la Gobernación se adelantaron gestiones con el Inpec que permitieron el traslado de 194 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía del departamento, como medida para aliviar la presión en estos espacios.Mientras tanto, la situación también impacta la actividad comercial del Centro Histórico de Santa Marta. La directora de la Corporación Centro Histórico, Diana Giraldo, señaló que el temor por los hechos ha provocado el cierre de varios establecimientos.“La gente está sumamente preocupada. El comercio de las calles 10, 11 y 12 está prácticamente cerrado por la situación de seguridad”, explicó. Según indicó, los comerciantes aún evalúan las pérdidas económicas mientras esperan un pronunciamiento oficial de las autoridades.Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana de Santa Marta ni otras autoridades judiciales han entregado un balance oficial completo sobre la fuga ni sobre el número exacto de detenidos recapturados.Entre tanto, en la ciudad persiste la preocupación por las consecuencias que esta situación pueda tener en materia de seguridad, especialmente en vísperas de una de las temporadas turísticas más importantes del año.
Dos días de protestas completan los empleados del Nuevo Hospital Bocagrande, en la ciudad de Cartagena, quienes denuncian que desde hace cuatro meses no reciben salarios.Esmilda Rocha, una auxiliar de enfermería que hace 16 años trabaja en este centro hospitalario de mediana y alta complejidad, aseguró que la situación es crítica para más de 200 enfermeros, camilleros y empleados administrativos, quienes hoy se encuentran desesperados por las múltiples deudas y que, incluso, ya no cuentan con recursos para ir a trabajar.“Lastimosamente tenemos tres meses, bueno, casi cuatro meses con este que va corriendo, de que no recibimos salarios; o sea, no tenemos sueldo, no tenemos plata para los buses para venir a trabajar, no tenemos remuneración, o sea, no tenemos dinero para nada. Nuestros hijos están en casa, no dejamos de venir a trabajar, pero nuestros hijos los dejamos en casa sin dinero. O sea, sin plata, sin nada”, relató.Sin abandonar sus labores, al igual que sus otros compañeros del personal asistencial, Rocha contó a Blu Radio que la única respuesta que han recibido de la administración del hospital es que el retraso en los pagos se debe a la deuda que acumula la intervenida EPS Coosalud con el Nuevo Hospital de Bocagrande.“Ellos nos dicen que los culpables son Coosalud, y pues Coosalud no es culpable porque nosotros no tuvimos contratación con Coosalud, sino con Promotora Bocagrande, que fue quien nos contrató al momento de nosotros trabajar (…) y quién puede aguantar así tanto tiempo sin salario, sin un sueldo, sabiendo que tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos que pagar arriendo, hay que pagar servicios, o sea, todas las problemáticas que tenemos las personas día a día”, describió la enfermera.Por su parte, a través de un comunicado, la gerencia del Nuevo Hospital de Bocagrande informó que vienen “adelantando gestiones directas” con su principal prestador de servicios, que es Coosalud, con el propósito de “viabilizar los giros” correspondientes.“Como es de conocimiento público, esta entidad se encuentra a la espera del nombramiento de un nuevo interventor, situación externa que ha incidido en los tiempos de los procesos administrativos y financieros. A pesar de este panorama, desde la gerencia se continúa trabajando de manera permanente en la búsqueda de soluciones que permitan superar esta coyuntura y fortalecer la estabilidad institucional”, detallaron en la comunicación que fue compartida a través de sus redes sociales.Hasta el momento, los servicios médicos del hospital no se han visto interrumpidos.Entretanto, Coosalud se refirió la situación del personal administrativo y asistencial del Nuevo Hospital de Bocagrande, y afirmaron que están al día con las obligaciones financieras.“La EPS ha garantizado el cumplimiento de todos los acuerdos de pago pactados con dicha institución prestadora y, a la fecha, la entidad se encuentra al día en sus obligaciones financieras y giros correspondientes”, puntualizaron a través de un comunicado.La entidad, que se encuentra intervenida por el Estado, indicó a su vez que si bien el pago de salarios es responsabilidad directa de las IPS, tienen disposición para buscar acercamientos con los directivos del hospital.“Desde Coosalud manifestamos nuestra disposición para realizar los acercamientos necesarios con los directivos de institución para revisar lo concerniente al flujo de los recursos”.Hasta el momento los servicios médicos del Nuevo Hospital de Bocagrande no se han visto interrumpidos.
Un intento de asalto a un vehículo blindado de la empresa Prosegur terminó en una intensa balacera al mediodía de este martes en la central de abastos Mercabastos, en Valledupar.El reporte de las autoridades da cuenta de que seis delincuentes llegaron hasta el lugar fuertemente armados, esperando el momento preciso en que los funcionarios de la empresa transportadora de valores descendieran del vehículo blindado para realizar la recolección de un dinero, pero el plan les falló.Los asaltantes no contaron con que dentro del vehículo habían quedado dos guardas de seguridad, quienes reaccionaron cuando estos intentaron forzar las puertas para robar la millonaria suma de dinero que era transportada.En cuestión de segundos se desató un intercambio de disparos que sembró el pánico entre comerciantes, compradores y trabajadores de la plaza de mercado. Los delincuentes corrieron hacia una zona enmontada, pero allí fueron capturados por la Policía.“Inmediatamente se logra bloquear este sitio, se cierran pues las vías de escape. Hay seis personas capturadas. De estas seis personas tenemos tres personas que están heridas por intercambio de disparos que hubo entre los guardas de seguridad y los delincuentes. Y de igual forma se les logró incautar tres armas de fuego y dos motocicletas de las cuales una tiene una denuncia por hurto acá en la ciudad”, indicó al respecto el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el coronel Germán Gómez.Comerciantes, mototaxistas y miembros de la comunidad rodearon a los sospechosos e intentaron lincharlos, pero la Policía los resguardó hasta llevar a los heridos a centros asistenciales y a sus cómplices a la URI.Entre los heridos está Franklin Castro, con un disparo en el pecho, y Janet Mejía, de 23 años, quien sufrió un impacto de bala en la cabeza y una mano. Por el momento las autoridades indagan si esta banda criminal llegó a la capital del Cesar proveniente de Barranquilla.
Momentos de incertidumbre y angustia se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz este martes cuando cientos de pasajeros de un vuelo de la aerolínea Avianca debieron ser evacuados de emergencia por la supuesta presencia de explosivos cerca de la Torre de control.El momento de la evacuación y angustia de los pasajeros quedaron captados en varios videos que rápidamente empezaron a circular vía redes sociales.La aeronave, que tenía programada su salida hacia la ciudad de Bogotá a la 1:20 de la tarde, se vio obligada a interrumpir su operación habitual ante una alerta de seguridad crítica. El protocolo de evacuación se activó de inmediato tras reportarse la amenaza y varios minutos después, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte descartaron la presencia de explosivos en la zona.Vea el video aquí:
La Aeronáutica Civil informó que, tras completar rigurosos protocolos de verificación, fue descartada la presencia de artefactos explosivos en la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Según la autoridad aeronáutica, gracias a la rápida activación de los protocolos de seguridad y a la oportuna intervención de las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional, se confirmó que el objeto reportado por el equipo canino no representaba riesgo para la comunidad aeroportuaria.Debido a esto, luego de confirmarse que no había presencia de explosivos, fue autorizado el ingreso inmediato de viajeros, tripulaciones y colaboradores a las instalaciones del aeropuerto, quienes permanecieron por cerca de una hora en el parqueadero de la terminal como parte del protocolo de seguridad.Asimismo, personal de la torre de control retomó sus funciones para normalizar de manera gradual los servicios de tránsito aéreo.Tras ser superada la emergencia, la Aeronáutica Civil informó que el Ernesto Cortissoz nuevamente se encuentra operativo, sin embargo, la programación de los vuelos podría presentar variaciones.“Reiterar a los pasajeros la importancia de mantener contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus itinerarios y posibles reprogramaciones”, indicaron en un comunicado.
Una alerta de evacuación fue generada hacia el mediodía de este martes en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, luego de que dos perros de la Policía detectaran la presencia de posibles explosivos al interior de unas maletas que procedían de un vuelo internacional. Por esto, de inmediato se ordenó la evacuación tanto a viajeros como a trabajadores de la terminal aérea, dejando incluso sin personal la torre de control, debido a que la aeronave en la que presuntamente estaban los explosivos estaba próxima a esta área. El personal fue enviado hacia la zona de parqueadero, a varios kilómetros de distancia de la pista de aterrizaje, con el fin de colocarlos a salvaguarda mientras llegaban los refuerzos de Policía anti explosivos. No obstante, la alerta se generó justo cuando ya estaba listo para despegar un vuelo de Avianca, que iba a cubrir la ruta Barranquilla- Bogotá, por lo que las personas tuvieron que ser avisadas de la urgente evacuación, llevándolos hacia la zona más lejana de la pista de aterrizaje. "Estamos con bastante temor por esta situación. Nos desalojaron de inmediato del avión en el que íbamos a salir por la amenaza de bomba en la torre de control. Los pasajeros no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo. Todos íbamos bajando sin entender. Nos dieron una sombrilla por la alta temperatura que hay en la pista, que supera los 35°", indicó Juan Carlos Viloria, uno de los viajeros afectados. A pesar de que el aeropuerto fue evacuado en su totalidad, ellos son los únicos que permanecen al interior del mismo, debido a que la falta de información sobre la situación no han establecido si lo más seguro es permanecer allí o usar las rutas de evacuación. Por esto, se ordenó que temporalmente fueran desviados los vuelos hacia el aeropuerto de la ciudad de Cartagena.
De los 120.430 usuarios que tiene Nueva EPS en La Guajira, cerca del 80% pertenece a la etnia wayuu y son ellos los que hoy expresan su preocupación frente a la posibilidad de que a partir de abril solo puedan ser atendidos en los 16 hospitales públicos del departamento y no en las 14 IPS indígenas que hace 20 años también han estado brindando sus servicios médicos a esta población.Laura Andriolis Freyle, autoridad tradicional del pueblo wayuu y usuaria de Nueva EPS, afirma que esta sería una decisión del agente interventor de la entidad, Luis Oscar Gálvez, y que pone en riesgo la atención en salud de su población, pues son las IPS indígenas las que “históricamente han identificado, ubicado y acompañado a estas comunidades en el territorio, muchas de las cuales no se encuentran plenamente georreferenciadas por la Nueva EPS”.Andriolis afirma que las autoridades wayuu conocieron esta medida hace una semana y desde entonces están pidiendo un espacio de concertación con el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para advertirles que los hospitales públicos de La Guajira no darán abasto para atender a 120 mil pacientes adicionales y que eso ya quedó demostrado en el pasado."Antes había insuficiencia en la atención dentro de las comunidades indígenas y por eso nacen las IPS indígenas, para prestar ese servicio de salud en territorio y también en las zonas urbanas. Entonces, se hace necesario hacer un diálogo y una concertación con las autoridades tradicionales, pero no se nos ha dado respuesta de esa solicitud formal", expresó Andriolis.La Nueva EPS informó que todavía no hay una decisión oficial frente a la terminación unilateral de contratos con las IPS indígenas en La Guajira, pero las autoridades wayuu insisten en que, antes de que esto ocurra y dada la autonomía que tienen los pueblos indígenas, cualquier medida de esta índole debe ser concertada con ellos.Advierten que la liquidación de los contratos con las IPS indígenas también “afectaría la continuidad e integralidad de los servicios de salud, especialmente para los usuarios que actualmente se encuentran en tratamientos médicos, seguimientos clínicos o procesos de atención continuada”.
Las pruebas que permiten inferir su presunta responsabilidad en el doble crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, la gravedad de los delitos cometidos, el peligro que podría representar para la comunidad y el riesgo de fuga o no comparecencia en el proceso son las razones por las que el juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Crisanto Rhenals Correa, ordenó enviar a la Penitenciaría El Bosque, de Barranquilla, al joven Juan David Taboada, de 19 años.El juez consideró que, en este caso, no era posible contemplar ninguna otra medida preventiva que le permitiera seguir libre a alias ‘Tata’, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos narrados, tanto por uno de los confesos asesinos como por un testigo, los cuales apuntan a que este joven habría sido quien degolló a la mayor de las hermanas y ayudó a sepultar ambos cuerpos para mantenerlos ocultos."Es por la gravedad del delito, la modalidad. Además, era una menor, era su novia o por lo menos estaba saliendo con ella, e hizo que saliera de su casa a divertirse", argumentó el juez."Además de la frialdad con que la mata el amigo, también él (Tata) colaboró en esta situación y no tuvo ninguna reacción. Al contrario, lo que hizo fue colaborar de manera activa", agregó el togado.A pesar de que la defensa de ‘Tata’ pidió rechazar el testimonio de uno de los principales testigos del caso, el juez le dio validez al considerar que sí es posible que una persona con problemas judiciales pueda dirigirse a la Policía y testificar en un caso, tal como lo hizo dicho testigo, quien decidió contactar a un investigador que en el pasado lo había capturado y contarle todo lo sucedido con las adolescentes.Un ejemplo de su validez, según dijo el juez, es que hay delincuentes que se convierten en informantes. “No podemos descartar este testimonio, ya será en la etapa de juicio que se determine si su declaración es o no verdadera”, insistió el juez.Vale recordar que, según las investigaciones, las hermanas de 14 y 17 años fueron asesinadas el 18 de febrero, es decir, horas después de salir de su casa en el barrio La Sierrita, en Barranquilla, para asistir a una fiesta en Malambo con alias ‘Tata’ y Fabián, con quienes ellas mantenían una relación sentimental.En ese encuentro, las hermanas fueron señaladas de traidoras y de supuestamente pretender entregar al joven Fabián a Los Costeños para que esta banda delincuencial lo matara. Bajo esta idea, ambas adolescentes fueron asesinadas y, no conforme con esto, los homicidas llamaron a la mamá de las víctimas para extorsionarla, pidiéndole entre 5 y 50 millones de pesos a cambio de devolverlas con vida, siendo que ambas ya habían sido enterradas en un patio de Malambo.Así, la medida, que acaba de ser impuesta por un juez de control de garantías, fue aceptada por la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público, pero apelada por la defensa.