Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El próximo 23 de febrero a las 2:30 de la tarde se realizará la audiencia pública de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por su participación en el 'tarimazo' que se realizó en Medellín y que contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios líderes de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá.La congresista deberá responder ante el Consejo de Estado por su participación en la tarima dispuesta en el Centro Administrativo La Alpujarra, además, de determinar si la gestión que hizo ante el Inpec para autorizar la salida de varios internos de la cárcel de Itagüí fue una falta grave.Hay que precisar los hechos ocurrieron en 21 de junio de 2025 cuando con el mandatario nacional se le vio acompañado de jefes históricos de bandas delincuenciales como José Muñoz, alias 'Douglas'; Juan Mesa, alias 'Tom'; Freyner Ramírez, alias 'Carlos Pesebre'; o Jorge Vallejo, alias 'Vallejo', entre otros hombres del crimen organizado en el Valle de Aburrá.Es por este motivo que si bien el Consejo de Estado ya había solicitado algunas pruebas adicionales, también tendrá en cuenta las que ha aportado Zuleta como, por ejemplo, los comunicados oficiales del Espacio de Paz Urbana y otros documentos remitidos por la delegación del Gobierno nacional.Dentro de la audiencia pública del próximo lunes, la senadora del Pacto Histórico también se podrá defender sobre las acusaciones de presuntamente hacer extralimitado sus funciones e, incluso, señalamientos de presunto tráfico de influencias para poder realizar el traslado de delincuentes hasta el 'tarimazo'.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La más reciente Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) 2025, elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló una disminución en los niveles de hurto y una mejora en la percepción de seguridad en la capital del país. Los resultados fueron socializados este martes por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó avances en 14 de las 20 localidades evaluadas, especialmente en el sur y occidente de la ciudad.De acuerdo con la encuesta —considerada la medición técnica más amplia del país en materia de seguridad urbana—, el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó pasó de 69,4 % en 2024 a 66 % en 2025. Asimismo, la proporción de ciudadanos que fueron víctimas de al menos un delito se redujo de 15,3 % a 14,9 %.Uno de los datos más relevantes está relacionado con la percepción en los barrios. El porcentaje de personas que consideran que su sector es seguro pasó del 31 % al 43 %, lo que representa un incremento cercano al 35 % en el número de ciudadanos que expresan sentirse tranquilos en su entorno. Para la administración distrital, este resultado responde a estrategias como las Zonas Seguras y el trabajo articulado con las Juntas de Acción Comunal y los frentes locales de seguridad.En el sistema de TransMilenio también se evidenció una mejora. El porcentaje de usuarios que considera que el servicio no es seguro disminuyó de 70,6 % en 2024 a 62,7 % en 2025.La encuesta igualmente mostró una reducción en la extorsión, que pasó de 7,3 % en 2024 a 4,6 % en 2025, tras dos años consecutivos de incrementos. Para el alcalde, estos indicadores deben complementarse con el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, una herramienta clave para conocer la dimensión real del delito.No obstante, el mandatario advirtió que persisten desafíos estructurales. Señaló que 59 de cada 100 homicidas capturados en flagrancia recuperan la libertad, al igual que 95 de cada 100 detenidos por otros delitos, lo que —según afirmó— obliga a abrir una discusión nacional sobre la eficacia del sistema penal y la necesidad de garantizar sanciones efectivas.“Evidentemente, tenemos todavía un número alto de ciudadanos que manifiestan percepción de inseguridad. Yo creo que esa es la mayor importancia de esta reforma constitucional, es decir, eso es significativo, pero sigue siendo insuficiente también. En la mayoría de los delitos sigue habiendo muchos casos. Si yo les menciono que pasamos, tal vez, de 130.000 o 129.000 a 123.000, pues es una baja de 7.000 o menos, pero sigue habiendo 123.000. Y eso seguramente explica esa percepción, que, aunque bajó, sigue siendo alta”.Aunque reconoció que los avances son graduales, Galán reiteró que el objetivo es consolidar la tendencia positiva y profundizar las acciones territoriales para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 17 de febrero de 2026:Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló de la reunión de concertación del salario mínimo con empresarios y sindicatosAlexis Mina, consejero de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, se refirió de las manifestaciones de ayer en Bogotá.César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles de las manifestaciones de ayer en la capital.El doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, se refirió sobre el caso de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió esperando un medicamento.Katherine Pico, madre de Kevin Acosta, habló del caso de su hijo de siete años, quien murió esperando un medicamento.Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de Perú, dio detalles de las acusaciones contra el presidente interino José Jerí de contrataciones irregulares de personal en el Ejecutivo.Trino Hoyos, concejal de Montería, habló de las protestas de damnificados contra el Concejo.José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió de por qué se disparó el precio de la carne y la propuesta del presidente Gustavo Petro de suspender la exportación.Escuche el programa completo aquí:
Un caso en Sibaté, Cundinamarca, ha generado temor en la comunidad por la gravedad de los hechos, convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores registrados recientemente en el municipio. Lo que inició como una discusión por el pago incompleto de un trabajo de carpintería terminó en homicidio y posterior desmembramiento.La víctima, un carpintero de 31 años y propietario del negocio, sostuvo una confrontación con su empleado, Carlos Eduardo Caro Herrera, por la elaboración de unas puertas. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, la pelea escaló en cuestión de minutos: pasó de reclamos verbales a agresiones físicas con un objeto contundente y luego con un arma cortopunzante.Fiscalía revela detalles de asesinato en SibatéDe acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre de 2025 en el mismo taller donde ambos trabajaban. Allí, Caro habría atacado a su jefe en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte.“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Eduardo Caro Herrera por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre de 31 años, perpetrado en Sibaté (Cundinamarca)”, informó la entidad.El caso no terminó únicamente en homicidio. La investigación señala que, utilizando herramientas del establecimiento, el agresor desmembró el cuerpo de su jefe y lo guardó en bolsas plásticas con el propósito de ocultar evidencias.Partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en SoachaTras la captura del señalado responsable, la Fiscalía detalló que partes del cuerpo fueron trasladadas hasta la vereda Alto del Cabra, en el vecino municipio de Soacha, donde fueron abandonadas envueltas en una cobija y dentro de una bolsa. El hallazgo se produjo el 18 de diciembre, un día después del asesinato.Durante el proceso judicial se conoció que, tras cometer el crimen, Caro habría hurtado:Una motocicleta de la víctima.Dinero en efectivo.Un celular y otras pertenencias.Los elementos fueron vendidos posteriormente en Bogotá, según la investigación.Las pruebas recolectadas en el taller y los hallazgos forenses resultaron determinantes para esclarecer el caso. El procesado aceptó los cargos, entre ellos homicidio agravado y hurto calificado.El hecho ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino también por la frialdad evidenciada en el intento de ocultarlo. Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que las pruebas permitieron sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el responsable.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
Los barrios Granada y 14 de Julio de Montería aún no se reponen de las afectaciones que provocó el paso de un vendaval la madrugada del pasado domingo, cuando las intensas ráfagas de viento y un fuerte aguacero dejaron sin techo y bajo el agua a decenas de casas y establecimientos de comercio.Dada la gravedad de la emergencia, el alcalde Hugo Kerguelén se trasladó al barrio Granada, junto con el equipo técnico y operativo de la Oficina de Gestión Integral del Río - Atención del Riesgo de Desastres, para hacer presencia en el territorio y liderar la evaluación de daños y necesidades de las familias afectadas.Allí Luis Ordosgoitia, coordinador de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención de Desastres, informó que avanzan en la caracterización de los hogares damnificados con el propósito de brindar el acompañamiento necesario, entregar ayudas humanitarias y garantizar soluciones temporales a las familias más afectadas."Los fuertes vientos de vendaval derivaron en el destecho de numerosas viviendas. Estamos levantando la caracterización para poderles otorgar apoyos a estas familias que han perdido todo o que han sido damnificadas en algún sentido en su vivienda, para poder resarcir un poco estas condiciones", expresó Ordosgoitia.Entre los afectados también está la clínica de la Fundación Amigos de la Salud, donde el agua traspasó la cubierta y provocó serias inundaciones en los pasillos y consultorios.Ordosgoitia aseguró que seguirán haciendo un barrido completo de los sectores más impactados, no solo evaluando daños estructurales, sino también los riesgos adicionales que aún persistan.“Hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para atender esta situación. También estamos evaluando árboles, postes o estructuras que pudieran representar peligro adicional por las ráfagas de viento”, afirmó Ordosgoitia.
Hombres armados acabaron a tiros con la vida de Jorge Rojas en el municipio de Soledad (Atlántico), a escasos días de haberse viralizado en redes sociales la grabación de un video en el que el mismo joven samario, de 18 años, reconocía haber sido amenazado de muerte por robar motocicletas y tiendas de cadena en la capital del Magdalena.Rojas, conocido como alias ‘El Chirri’ y proveniente del barrio Pescaíto de Santa Marta, recibió dos disparos en la cabeza y uno más en el cuerpo que lo dejaron muerto en el mismo lugar de los hechos. Allí, testigos contaron a la Policía que el joven fue atacado por pistoleros que se movilizaban en un motocarro y, aunque estos lograron escapar, ya hay serias sospechas de quiénes podrían ser los responsables.De acuerdo con el mismo video que grabó Rojas, el grupo armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocido como ‘Los Pachencas’, le habían advertido que a punta de balas acabarían con él si seguía cometiendo robos.En la grabación, el joven menciona quiénes eran sus cómplices, a quién le vendía las motos robadas y al final, confirma su sentencia: “si hago caso omiso, me lleva el indumil”, dijo en el video."La Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada me perdonaron la vida por robarme cuatro motos: dos en la calle San Jorge y dos en Pescaíto, y hace tres días me robé otra en Pescaíto y se las vendí al señor Juan, de San Martín, que vive por el parquecito", se le escucha decir a Rojas. "Mis acompañantes eran Roniel y Fayo, de Taganga (...) y nuevamente me metí en el D1 y me robé unos productos. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra me los quitaron y los devolvieron (...) Y si hago caso omiso, me lleva el Indumil", agrega.Pero este no es el único video que ha encendido las alertas sobre las supuestas amenazas que están haciendo ‘Los Pachencas’ en el Magdalena. En otras grabaciones también se han observado a jóvenes que aseguran haber sido obligados a barrer y limpiar espacios públicos como castigo por haber provocado peleas, inclusive, les han colgado letreros que los exhiben como “peleoneros”.Al respecto, la Policía Metropolitana de Santa Marta aseguró que “este Comando ha dispuesto un equipo especial de Policía Judicial e Investigación Criminal, así como de Inteligencia para determinar con total claridad las circunstancias que enmarcan los hechos descritos”.Insistió a la comunidad que “cualquier información que se tenga sobre estos actores criminales puede ser suministrada a través de la línea contra el crimen 314 3587212, o la línea de emergencia 123”.
Hay alerta entre las poblaciones ribereñas de Barranquilla por el desprendimiento de una parte del enrocado del llamado Tajamar occidental, una estructura de roca que divide las aguas del río Magdalena con las del mar Caribe en la zona de desembocadura y que facilita la navegabilidad de barcos hasta el puerto de la ciudad. Se trata de un gran espolón de rocas que mide ocho kilómetros de largo, el cual va desde el barrio Las Flores hasta el sector conocido como Bocas de Ceniza, y que tiene como función canalizar o encauzar partes de la corriente del río hacia el mar, para ayudar mantener las condiciones de navegabilidad en el río, extendiéndose hasta el conocido punto de Bocas de Ceniza. Sin embargo, en los últimos días el agua se llevó una parte del mismo, dejando en el aire los trozos de madera que hacían parte del camino del antiguo tren que pasaba por la zona. La alerta fue entregada por pescadores y mototaxistas que trabajan en la zona, quienes notaron el socavón que se estaba presentando, pues el camino perdió anchura, volviendo peligroso el paso, incluso, para las motocicletas. "Transporto pescadores y familias que viven en Bocas de Ceniza. Miren cómo se está comiendo el tajamar, casi no hay acceso para el paso de las motos que son las que permiten movilizar gente", dijo Omar Angulo, líder de mototaxistas que hizo la denuncia. El llamado frente al posible colapso que podría darse también fue realizado por el sector portuario, quienes entienden que esta obra hidráulica es la que permite la navegabilidad y que, sin esta, habría millonarias afectaciones económicas. Al respecto, el director de Cormagdalena, Alvaro Redondo, aseguró que la entidad es consciente de esta situación, pues ya han sido testigos del deterioro progresivo de la estructura, tanto así que ya ha venido realizando “estudios y diseños de ordenamiento y encauzamiento del río", siendo que en la actualidad los diseños del tajamar occidental avanzan en un 90 %”.Esto significa que todavía no se implementarán obras, pues Cormagdalena espera los resultados de consultas a entidades competentes para definir y caracterizar los componentes sociales y ambientales, de modo que se pueda terminar este proceso previo y dar paso a intervenciones definitivas que fortalezcan la infraestructura y brinden mayor seguridad a la navegabilidad por el río Magdalena.Esta obra hidráulica, que empezó a construirse en 1924, no es la primera vez que es noticia por el deterioro en su infraestructura. Desde 2017 surgieron los primeros reportes de daños, por lo que desde entonces se ha insistido en la importancia de que se realicen mantenimientos para que se apliquen mejoras en este enrocado que también sirve como vía para turistas y habitantes de la zona, para evitar un colapso de la misma.
Lester Concepción Romero Mercado, quien estaba bajo el rol de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como agente especial interventor, es decir, representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena (Comfamiliar), son los dos exfuncionarios de esta entidad que tendrán que dar cuenta por la compra de un terreno en el municipio de Turbaco, Bolívar, donde, al parecer, nunca se ejecutó el proyecto que se pretendía desarrollar en el sitio.“Posibles irregularidades en la compra y manejo de un lote en el municipio de Turbaco, Bolívar, llevaron a la Procuraduría General de la Nación a abrir investigación disciplinaria en contra de Lester Concepción Romero Mercado, en calidad de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como agente especial interventor -representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena – Comfamiliar”, dice el comunicado publicado por la entidad.Según el Ministerio Público, el caso tiene que ver con la adquisición del predio Montecielo, en donde debía ejecutarse un proyecto que, al parecer, nunca arrancó, generando deterioro y un presunto detrimento patrimonial para la Caja de Compensación Familiar.Las quejas de mala administración contra los exdirectivos de Comfamiliar, quienes habrían dado un manejo no adecuado a la situación, fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría Regional de Bolívar, que, además de iniciar la investigación disciplinaria, pidió la práctica de pruebas documentales y técnicas, entre ellas la verificación del avalúo del inmueble por $5.600 millones de pesos, con el fin de establecer si la metodología utilizada en el cálculo del valor fue adecuada o generó un eventual detrimento al patrimonio de la corporación.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
En Barranquilla un turista francés, otro italiano y uno británico que habían llegado a disfrutar de las fiestas del Carnaval, resultaron heridos a bala luego de que delincuentes pasaran disparando contra un negocio en el que ellos se encontraban.El caso que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades, ocurrió hacia las 11 de la noche del domingo, en el barrio Montecristo, ubicado en la localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad.A esa hora, según el relato de testigos, delincuentes en un automóvil y una motocicleta, pasaron y realizaron varios disparos contra quienes estaban en la tienda y panadería Abastos la Rueda.En el sitio resultaron heridos los jóvenes turistas. Uno de ellos es un ciudadano italiano de 24 años identificado como Teo María Starostenko, quien recibió un disparo al lado derecho de la espalda.El otro herido es Motte Cyprien Loic, de 20 años, de nacionalidad francesa, herido de dos disparos, uno en el abdomen y otro en el glúteo izquierdo. La tercera víctima es un joven británico de 23 años identificado como Jacob Benjamín Sedgwick, a quién una bala lo rozó en el cuero cabelludo.Los tres extranjeros fueron llevados a la Clínica del Prado de Barranquilla y la General del Norte.El coronel Belkin Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. indicó que un grupo especial de la Policía está investigando, al tiempo que invitó a la comunidad a entregar cualquier información: "La Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que a través de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables o autores. Se invita a la comunidad en general a suministrar información a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 317 896 5523", expresó el oficial. Por el momento, las autoridades no se pronuncian sobre el posible móvil de este ataque a bala que dejó a los turistas heridos. En el lugar de los hechos los policía encontraron seis vainillas calibre 9 milímetros que son analizadas para encontrar el arma de la que fueron disparadas.
El cumbiódromo de la vía 40 se transformó este lunes en una gigantesca pista de baile donde la alegría, la vistosidad y la majestuosidad de las comparsas de fantasía y tradición brillaron con luz propia. Desde las 11:30 de la mañana, miles de barranquilleros y visitantes fueron testigos de un despliegue sin precedentes bajo el concepto “Aquí suenan los picós en las comparsas”, una temática que celebró las sonoridades que han marcado el goce popular y la creatividad del Caribe.Un homenaje a la memoria sonoraEl desfile rindió un tributo especial a los picós, considerados grandes máquinas culturales que han enriquecido la fiesta a través de los años. A lo largo de cinco bloques temáticos, más de cien grupos folclóricos derrocharon creatividad en la vía 40, utilizando, tanto música propia como ritmos foráneos para acompañar sus elaboradas coreografías.La reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, quien encabezó el desfile, destacó la relevancia de este homenaje. Unión de culturas y memoria histórica Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación de tres tradicionales silleteros de la Feria de las Flores, quienes llegaron directamente desde Medellín para saludar al público barranquillero y demostrar los lazos culturales que unen al país.Asimismo, la Gran Parada de Comparsas dedicó un espacio solemne para honrar la memoria de Carlos Sojo, reconocido investigador y estudioso del Carnaval, cuyo legado continúa inspirando el desarrollo cultural de la fiesta.Con el cierre de este desfile, el Carnaval 2026 demostró una vez más que la calle sigue siendo el gran escenario de la fiesta. La jornada no solo fue una muestra de baile, sino un espacio de desarrollo cultural donde la identidad, la alegría y la vida de Barranquilla resonaron con más fuerza que nunca.
En el parque de la Catedral de Montería permanecen reunidos en un plantón decenas de damnificados que la madrugada de este lunes se levantaron en protesta para rechazar una decisión de la Comisión de Presupuesto del Concejo, que negó el proyecto de acuerdo en el que el alcalde pedía facultades para tomar decisiones rápidas y con menos trámites frente a la atención de la emergencia.Ondeando banderas, alzando pancartas y hasta entonando canciones frente a las instalaciones de la alcaldía y el Concejo, los afectados lanzan críticas contra los concejales que tomaron esta decisión.Los damnificados en Montería denuncian que, tras 10 días de inundaciones, hay decenas de ellos que aún no han recibido ayudas y por eso claman agilidad en la entrega de elementos de primera necesidad."Estamos aquí frente a la alcaldía, ya que los de la margen izquierda no hemos recibido apoyo, no hemos recibido ayudas, no hemos recibido atención médica, no hemos recibido asesorías, nada. Ya llevamos 10 días y el agua está negra, hedionda, por favor, ayúdennos", clamó un afectado.La lideresa Yalenis Mazón también afirma que la emergencia requiere una respuesta inmediata y no trabas administrativas que ralenticen los procesos. Advierte que si no se ejecuta un plan de acción con prontitud, se volcarán a las calles con otra protesta masiva."Nosotros necesitamos que ellos nos den una respuesta o nos digan cuál va a ser el plan de acción, y si no aparece nadie en el Concejo para hablar con nosotros, mañana vamos a hacer una gran marcha en la ciudad de Montería, donde vamos a convocar a toda la comunidad damnificada, a todos los líderes del departamento de Córdoba y las comunidades indígenas para que nos apoyen, porque nosotros merecemos ser escuchados y que se empiece rápidamente un plan de acción", dijo.Los afectados piden que se garantice la entrega de alimentos y medicinas, así como maquinaria amarilla para evacuar el agua que sigue represada en varios sectores.