Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
Una situación inusual se vivió en el famoso Alto de la Virgen, en el municipio de Guarne, Antioquia. A un cura de la ciudad de Medellín no le permitieron celebrar una eucaristía por estar en un predio privado.El Alto de la Virgen en Guarne es un reconocido santuario mariano y lugar de peregrinación en el oriente antioqueño, famoso por las supuestas apariciones de la Virgen María a Federico Blandón en 1976. Hasta allí miles de fieles acuden, especialmente los primeros sábados de mes, para orar, buscar sanación y visitar el Santuario de María Santificadora.Durante las últimas horas se ha vuelto viral un video publicado en redes sociales donde se puede observar al sacerdote Julián David Maldonado, quien acompañado de varios feligreses acuden hasta uno de los puntos del Alto de la Virgen, para llevar a cabo una eucaristía de la iglesia Prelatura Apostólica Verbum Domini que él lidera.En el video también se puede ver cómo algunos agentes de la policía de infancia y adolescencia del municipio de Guarne y una monja de la Comunidad Misionera María Santificadora, encargadas de la custodia del predio, solicitan al sacerdote dejar el lugar. Ya que allí no se permiten celebraciones de otros cultos religiosos.Esto decía el sacerdote Julián David Maldonado:“No nos dejan celebrar la eucaristía, entonces, vamos a poner autoridades, porque yo tengo todos mis papeles en regla, es que yo no soy ningún sacerdote falso ni de ninguna parte, usted a mí no me va a decir que no puedo celebrar la misa. ¿Eso es lo que ustedes predican hermana? ¿Este es el rosario que ustedes rezan acá siempre?. por eso es que tanta gente se ha alejado de la iglesia”.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Policía de Guarne, el hecho se presentó porque el sacerdote se encontraba celebrando una eucaristía de carácter público en un predio privado, perteneciente a las religiosas, quienes se contactaron con los uniformados para que llegaran al lugar a atender su solicitud.En el departamento de Antioquia, incluyendo Guarne, la jurisdicción católica oficial corresponde a la Arquidiócesis de Medellín. Por lo tanto, se trataría de una comunidad religiosa independiente que utiliza terminología propia de la Iglesia Católica, pero que no hace parte de su estructura oficial.
La Contraloría General de la República volvió a lanzar una advertencia sobre la situación financiera de Nueva EPS y las consecuencias que esta crisis continúa generando en la atención de salud de millones de afiliados en todo el país. Desde 2024, el organismo ha realizado reiteradas observaciones sobre el manejo de los recursos de esta entidad, incluso después de que iniciara la intervención del Gobierno nacional.De acuerdo con el contralor delegado para el Sector Salud, Julián Niño, el seguimiento al caso ha permitido evidenciar fallas estructurales que dificultan conocer con precisión el impacto real que esta crisis está teniendo en el sistema de salud.“Y lo hemos reiterado, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, lo hemos comunicado. Es muy difícil hoy para un país saber cómo está su realidad financiera del sistema si no tenemos en la ecuación a la EPS que agrupa más del 20% de los colombianos”, señaló el funcionario.En la última auditoría practicada, la Contraloría determinó que los problemas financieros no solo afectan a los usuarios de Nueva EPS, sino también a las demás entidades que prestan servicios en su nombre. “La Contraloría ya había advertido que esos manejos estaban incluso asfixiando a las EPS que prestaban los servicios para los usuarios de Nueva EPS, entre los que estaban, por supuesto, los gestores farmacéuticos”, puntualizó el informe.Niño también reconoció que, aunque se dispone de información recopilada por distintas fuentes, aún no se cuenta con un diagnóstico concreto que permita determinar las causas principales del deterioro. “Tenemos esa información de varias fuentes, pero no tenemos, digamos, un diagnóstico real para que podamos definir como país si es solamente derivado del flujo de recursos, si es gestión, si es problemas de aprobaciones de medicamentos en Invima. O sea, ya el fenómeno, creemos nosotros desde la delegada, está instaurado multivariable”, advirtió.La Contraloría asegura que el deterioro financiero ha tenido efectos directos sobre la entrega oportuna de medicamentos y la atención médica en varias regiones del país. Según sus reportes, pese a la implementación de un plan de mejoramiento, “todavía no se registra recuperación en el manejo financiero de esa EPS y tampoco en la atención en salud”.No obstante, el delegado expresó que existen expectativas de recuperación tras las más recientes medidas adoptadas como parte de la intervención. “Estas nuevas medidas que tomó la intervención, que fueron compromisos que se derivaron no solamente del trabajo que se ha hecho con la Contraloría, sino del trabajo que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo, en pocas semanas podamos tener, al hacer las solicitudes, algunas mejoras en la oportunidad y en la entrega de medicamentos para la población de Nueva EPS”, expresó Niño.Mientras tanto, la entidad de control insiste en que “se sigue desconociendo el estado financiero de esa EPS”, un elemento clave para evaluar la verdadera magnitud de la crisis y definir los pasos a seguir en la recuperación del sistema de salud colombiano.
Inician acciones legales por parte de las familias de los estudiantes del Liceo Antioqueño, fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en el mes de diciembre en el municipio de Segovia, Antioquia. Son varios los procesos que aún están en trámite.Algunas de las familias de los 16 jóvenes fallecidos y los que resultaron gravemente heridos en el accidente de tránsito ocurrido el año pasado en el Nordeste antioqueño, cuando regresaban de su excursión de grados desde Coveñas a Medellín, emprendieron acciones legales en contra de las compañías implicadasSon varios los procesos interpuestos por las familias de los jóvenes fallecidos los que hoy están en trámite. Uno de ellos, es un proceso penal que se está adelantando ante la Fiscalía General de la Nación, por homicidio culposo y lesiones personales culposas que sufrieron los sobrevivientes.Otro proceso que lleva la firma de abogados contratados por estas familias es una reclamación ante la aseguradora por la cobertura de responsabilidad civil, por involucrar un contrato de transporte. Además, por daño psicológico en los sobrevivientes. Así lo explicó el abogado Andrés Steven Gómez Parra, gerente de Territorio Legal. “Un proceso penal en la Fiscalía que se está adelantando por homicidio culposo y lesiones personales culposas. Reclamación ante la aseguradora por la cobertura de responsabilidad civil contractual y tres procesos de responsabilidad civil”.Gómez Parra también confirmó, que existen otros dos procesos en los que se está trabajando, se trata de la reclamación a la empresa encargada de la logística de la excusión de grados, la cual contaba con un seguro en caso de muerte de los pasajeros y el cobro del seguro estudiantil.De momento, la firma de abogados que representa Andrés Steven Gómez está a cargo del proceso de 15 familias, entre entro los que se encuentran padres de familia de algunos fallecidos y heridos que dejó este fatídico accidente.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 17 de febrero de 2026:Diego Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), habló del caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.JJ Rendón, estratega político, analizó el futuro de Venezuela.María Paula Fonseca, subgerente de televisión de RTVC, dio detalles de la polémica con el contrato de SAVI, con el que contrataron el fotógrafo Mauricio Vélez y el maquillador Fadi Floréz.Jesús Cuasapud, representante legal AICO, comentó porqué le dieron el aval a Rubén Marino Borge.Escuche el programa completo aquí:
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 17 de febrero de 2026:La Registraduría descartó suspender, aplazar o cancelar las elecciones legislativas y las consultas en el departamento de Córdoba.La Contraloría adelanta una reunión clave para evaluar la atención a los damnificados en el departamento de Córdoba.La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, hizo un llamado a todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, a respetar la independencia de las decisiones judiciales.Capturan en Cúcuta a un presunto capo de la mafia brasileña, señalado de liderar una red de tráfico de cocaína y heroína.El joven Cristian Martín, de 16 años y estudiante universitario, fue hallado muerto en Gachancipá, Cundinamarca. Escuche el programa completo aquí:
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Hay alerta entre las poblaciones ribereñas de Barranquilla por el desprendimiento de una parte del enrocado del llamado Tajamar occidental, una estructura de roca que divide las aguas del río Magdalena con las del mar Caribe en la zona de desembocadura y que facilita la navegabilidad de barcos hasta el puerto de la ciudad. Se trata de un gran espolón de rocas que mide ocho kilómetros de largo, el cual va desde el barrio Las Flores hasta el sector conocido como Bocas de Ceniza, y que tiene como función canalizar o encauzar partes de la corriente del río hacia el mar, para ayudar mantener las condiciones de navegabilidad en el río, extendiéndose hasta el conocido punto de Bocas de Ceniza. Sin embargo, en los últimos días el agua se llevó una parte del mismo, dejando en el aire los trozos de madera que hacían parte del camino del antiguo tren que pasaba por la zona. La alerta fue entregada por pescadores y mototaxistas que trabajan en la zona, quienes notaron el socavón que se estaba presentando, pues el camino perdió anchura, volviendo peligroso el paso, incluso, para las motocicletas. "Transporto pescadores y familias que viven en Bocas de Ceniza. Miren cómo se está comiendo el tajamar, casi no hay acceso para el paso de las motos que son las que permiten movilizar gente", dijo Omar Angulo, líder de mototaxistas que hizo la denuncia. El llamado frente al posible colapso que podría darse también fue realizado por el sector portuario, quienes entienden que esta obra hidráulica es la que permite la navegabilidad y que, sin esta, habría millonarias afectaciones económicas. Al respecto, el director de Cormagdalena, Alvaro Redondo, aseguró que la entidad es consciente de esta situación, pues ya han sido testigos del deterioro progresivo de la estructura, tanto así que ya ha venido realizando “estudios y diseños de ordenamiento y encauzamiento del río", siendo que en la actualidad los diseños del tajamar occidental avanzan en un 90 %”.Esto significa que todavía no se implementarán obras, pues Cormagdalena espera los resultados de consultas a entidades competentes para definir y caracterizar los componentes sociales y ambientales, de modo que se pueda terminar este proceso previo y dar paso a intervenciones definitivas que fortalezcan la infraestructura y brinden mayor seguridad a la navegabilidad por el río Magdalena.Esta obra hidráulica, que empezó a construirse en 1924, no es la primera vez que es noticia por el deterioro en su infraestructura. Desde 2017 surgieron los primeros reportes de daños, por lo que desde entonces se ha insistido en la importancia de que se realicen mantenimientos para que se apliquen mejoras en este enrocado que también sirve como vía para turistas y habitantes de la zona, para evitar un colapso de la misma.
Lester Concepción Romero Mercado, quien estaba bajo el rol de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como agente especial interventor, es decir, representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena (Comfamiliar), son los dos exfuncionarios de esta entidad que tendrán que dar cuenta por la compra de un terreno en el municipio de Turbaco, Bolívar, donde, al parecer, nunca se ejecutó el proyecto que se pretendía desarrollar en el sitio.“Posibles irregularidades en la compra y manejo de un lote en el municipio de Turbaco, Bolívar, llevaron a la Procuraduría General de la Nación a abrir investigación disciplinaria en contra de Lester Concepción Romero Mercado, en calidad de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como agente especial interventor -representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena – Comfamiliar”, dice el comunicado publicado por la entidad.Según el Ministerio Público, el caso tiene que ver con la adquisición del predio Montecielo, en donde debía ejecutarse un proyecto que, al parecer, nunca arrancó, generando deterioro y un presunto detrimento patrimonial para la Caja de Compensación Familiar.Las quejas de mala administración contra los exdirectivos de Comfamiliar, quienes habrían dado un manejo no adecuado a la situación, fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría Regional de Bolívar, que, además de iniciar la investigación disciplinaria, pidió la práctica de pruebas documentales y técnicas, entre ellas la verificación del avalúo del inmueble por $5.600 millones de pesos, con el fin de establecer si la metodología utilizada en el cálculo del valor fue adecuada o generó un eventual detrimento al patrimonio de la corporación.
Atemorizados siguen los habitantes del municipio de Baranoa, Atlántico, donde las balas no dejan de sonar hiriendo esta vez a otra menor de edad que hoy recibe atención médica en la clínica Reina Catalina, lo que se une a una ola de violencia que ya suma cuatro homicidios, incluyendo el de la niña Ariana Sofía Lozada.Según las autoridades, tres jóvenes manipulaban un arma que se les terminó disparando por equivocación, impactando a la menor en la parte baja de la costilla derecha. Por estos hechos, fue incautada la pistola y capturado uno de los responsables.Sin embargo, la misma percepción de peligro motivó a un consejo de seguridad extraordinario en el que el alcalde Edison Palma confirmó el aumento de pie de fuerza y el incremento en la recompensa por el caso de la pequeña Ariana que ahora pasa de 20 a 40 millones de pesos.“La Policía Nacional también ha creado un grupo especializado denominado Unipol conformado por 15 expertos en temas investigativos dedicado a todos estos casos de homicidios que han ocurrido en nuestro municipio y principalmente el de Ariana Sofía Lozada. De igual forma, queremos anunciar que se van a tomar controles en las entradas y en las salidas de nuestro municipio”, aseguró a los medios de comunicación.Los miedos también pasan por un supuesto panfleto difundido por las redes sociales en el que la banda 'Los Costeños' le atribuye dicho homicidio al Clan del Golfo, estructura de la que dicen que ya saben que ingresó a este territorio y tomarán venganza a toda costa.Así las cosas, el alcalde Palma prometió incrementar los patrullajes con presencia del Ejército, el acompañamiento a los comerciantes y la instalación de más de 18 cámaras de seguridad por la Gobernación del Atlántico.
La Fiscalía General anunció que siete presuntos integrantes de la red conocida como ‘Los del Dorado’ fueron enviados a prisión preventiva, tras ser señalados de participar en toda la cadena de producción y envío de cocaína hacia mercados internacionales.El juez de control de garantías acogió la petición del ente acusador y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los hombres que fueron localizados en operativos realizados en Santa Marta y Barranquilla.Según la investigación, se encargaban de actividades que iban desde la compra de pasta base de coca en Nariño, hasta la producción del clorhidrato de cocaína en laboratorios clandestinos del Magdalena Medio y el transporte final al Caribe colombiano para su salida hacia Estados Unidos y Centroamérica.Los procesados fueron identificados como Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo; Orlay Sánchez Rojas, alias Negrito; Daniel Valencia Echeverry, alias Daniel; Robinson Andrés Galvis Gómez, alias Calero o Calen; Hicswober Polanía Sánchez, alias Ober o La Gata; Dubán Ferney Ceballos Henao, alias Paisa o Jetón; y José Adier Ortiz Eberrei, alias Jota.De acuerdo con la Fiscalía, Palacio Orjuela sería el presunto cabecilla de la organización, encargado de coordinar la cadena de producción y distribución. Sánchez Rojas y Valencia Echeverry estaban a cargo de la compra y transporte de la pasta base; Polanía Sánchez y Ortiz Eberrei, del traslado de los estupefacientes; mientras que Galvis Gómez y Ceballos Henao se ocupaban del procesamiento en laboratorios clandestinos ubicados en Puerto Triunfo, Antioquia.La captura de los siete hombres fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Dijín de la Policía Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.Esta banda criminal ocultaba la pasta base de coca en vehículos de carga y la transportaba hasta Puerto Triunfo, Antioquia, donde era transformada en clorhidrato de cocaína. Posteriormente, la droga era movilizada hasta la región Caribe, desde donde se coordinaba su salida hacia países de Centroamérica y Estados Unidos por rutas marítimas.La Fiscalía imputó a los capturados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; cohecho por dar u ofrecer; y concierto para delinquir agravado, pero ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
En Barranquilla un turista francés, otro italiano y uno británico que habían llegado a disfrutar de las fiestas del Carnaval, resultaron heridos a bala luego de que delincuentes pasaran disparando contra un negocio en el que ellos se encontraban.El caso que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades, ocurrió hacia las 11 de la noche del domingo, en el barrio Montecristo, ubicado en la localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad.A esa hora, según el relato de testigos, delincuentes en un automóvil y una motocicleta, pasaron y realizaron varios disparos contra quienes estaban en la tienda y panadería Abastos la Rueda.En el sitio resultaron heridos los jóvenes turistas. Uno de ellos es un ciudadano italiano de 24 años identificado como Teo María Starostenko, quien recibió un disparo al lado derecho de la espalda.El otro herido es Motte Cyprien Loic, de 20 años, de nacionalidad francesa, herido de dos disparos, uno en el abdomen y otro en el glúteo izquierdo. La tercera víctima es un joven británico de 23 años identificado como Jacob Benjamín Sedgwick, a quién una bala lo rozó en el cuero cabelludo.Los tres extranjeros fueron llevados a la Clínica del Prado de Barranquilla y la General del Norte.El coronel Belkin Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. indicó que un grupo especial de la Policía está investigando, al tiempo que invitó a la comunidad a entregar cualquier información: "La Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que a través de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables o autores. Se invita a la comunidad en general a suministrar información a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 317 896 5523", expresó el oficial. Por el momento, las autoridades no se pronuncian sobre el posible móvil de este ataque a bala que dejó a los turistas heridos. En el lugar de los hechos los policía encontraron seis vainillas calibre 9 milímetros que son analizadas para encontrar el arma de la que fueron disparadas.