Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
A mediados de mayo de 2024, Atlético Nacional confirmó la llegada de Sebastián Arango Botero como presidente del equipo y a su lado a Gustavo Fermani como nuevo director deportivo. Desde ese momento, la institución comenzó un proceso restructuración tanto administrativa como deportivamente, acompañado de toda una tanda de grandes fichajes.En ese primer mercado de fichajes bajo su mando llegaron futbolistas como David Ospina, Jorman Campuzano, William Tesillo, Edwin Cardona, Alfredo Morelos, Marino Hinestroza, Kevin Viveros, entre otros, que le dieron un salto de calidad al rendimiento del equipo en pocos meses, tanto así que el equipo conquistó en menos de un año la Liga, Copa y SuperLiga BetPlay.Pero en una entrevista dada en ESPN, el entonces técnico del equipo, Pablo Repetto (ahora en Santa Fe), aseguró que él estuvo al frente de esas decisiones y que fue el artífice de la conformación del equipo, algo que también ha repetido en otras oportunidades mencionando que él eligió los nombres y desde el primer momento le dieron una lista a los directivos de los que debían llegar al proyecto.Sin embargo, en una reciente conversación con Los Del Sur -barra brava del equipo verdolaga-, el presidente se refirió a aquel mercado de fichajes del 2024 y mencionó que todo fueron decisiones administrativas, pese que “otros se atribuyen esas decisiones”, interpretado como una pulla al técnico uruguayo y sus declaraciones en reiteradas ocasiones sobre el tema.“Era entender lo que significa Nacional. Detrás de nosotros hay gente en verdad preocupada y todos vamos para el mismo lado. Para mí entrar a la sede es un privilegio que no es normal (…) Empezó con ese mercado de fichajes en 2024. De escoger los jugadores correctos que hagan que el hincha se sienta representando, afortunadamente al apoyo de las personas que hacen parte de Atlético Nacional. Logramos que llegara David, Edwin y que fue éxito, que lo atribuyen otros reiterativamente, que lo hicimos desde cero, no desde del ego, sino de decir que así lo planeamos y pensando en los hinchas que para mí eran necesarios”, puntualizó el presidente del cuadro verdolaga.
La persistente crisis política en Perú parecía haber dado un respiro al país andino justo antes de sus elecciones, pero los nuevos escándalos que han rodeado a José Jerí, quien ha ejercido de presidente interino hasta su destitución este martes, han terminado cobrándole el cargo y abocando al país a un nuevo vacío de poder.Jerí asumió la banda presidencial hace apenas cuatro meses, al ser el presidente del Congreso en el momento que la expresidenta Dina Boluarte fue destituida por el Legislativo, y centró su gestión en la lucha contra la delincuencia y el crimen, lo que le valió una buena aceptación por parte de los peruanos durante los primeros meses en el cargo.Ahora, el político conservador, censurado por el Congreso, se convierte en protagonista del octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016.Las investigacionesLa popularidad de Jerí, abogado de 39 años, se torció cuando salieron a la luz una serie de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos. El más polémico fue un encuentro al que acudió encapuchado a un restaurante propiedad de uno de estos empresarios, lo que motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía por patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.Además, ha sido muy sonado en la prensa local que al menos cinco mujeres jóvenes consiguieron contratos con el Estado después de reunirse con Jerí en Palacio de Gobierno, una de ellas tras pasar ahí toda la noche de Halloween y salir de la sede presidencial a la mañana siguiente.La votación de censuraEstas revelaciones motivaron la presentación de una serie de mociones de censura contra Jerí, que lograron suficientes firmas como para tramitarse pese que el Congreso se encuentra en receso hasta marzo.Este martes, las mociones fueron aprobadas con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Al tratarse de un congresista que ejercía interinamente la Presidencia del país, su salida pudo darse con la mitad más uno de los votos del Parlamento.Al ser censurado como presidente del Congreso, Jerí quedó automáticamente invalidado para seguir ejerciendo la Presidencia.Elecciones a la vistaEsta situación se da a menos de dos meses de las elecciones generales convocadas para el domingo 12 de abril, donde varios partidos, que desde el Congreso apoyaron a llegada de Jerí al sillón presidencial, no quisieron verse contagiados en las urnas de la impopularidad en la que ha caído el exmandatario en las últimas semanas.La única fuerza que mantuvo abiertamente su apoyo a Jerí fue el fujimorismo, que apostó por mantenerlo hasta la investidura presidencial del gobernante que saliera elegido en las urnas, con el argumento de darle estabilidad al país.Octavo presidenteOllanta Humala (2011-2016) fue el último presidente en completar un mandato. Desde entonces, en casi una década han pasado siete presidentes por el Palacio de Gobierno de Lima.El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país andino, que será el octavo desde 2016.No hay ningún candidato claro para ocupar esta fugaz presidencia, puesto que la mayoría de parlamentarios concurrirán a las elecciones del Senado y la Cámara de Diputados. Además, la baja popularidad, las investigaciones y los cuestionamientos rodean a muchos de los elegibles, cosa que limita todavía más encontrar un perfil de consenso.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 17 de febrero de 2026:Juan David Cabal salió expulsado con la Juventus ante Galatasaray en la Liga de Campeones de la Uefa.Nueva polémica de Jhon Jader Durán en Rusia tras golpear a un rival en un partido amistoso.Osvaldo Hernández, periodista del periódico La Patria de Manizales, aseguró que Once Caldas busca que se oficialice una circular para autorizar a los árbitros a sacar por dos minutos a los jugadores que simulen faltas.Kylian Viviescas habló con el Gol Caracol sobre varios anécdotas que tiene con el Pecoso Castro.
Las cámaras de la transmisión oficial del partido entre el Real Madrid y el Benfica, por los playoffs de la Champions League, mostraría el momento exacto en el que se habría presentado un presunto acto de racismo contra Vinicius Júnior. Las imágenes corresponden al segundo tiempo del compromiso disputado en el estadio Da Luz, luego del gol del brasileño al minuto 50.Tras anotar, Vinicius celebró bailando junto al banderín del tiro de esquina, un gesto que fue interpretado por algunos sectores de la hinchada local como provocador. El árbitro decidió amonestarlo con tarjeta amarilla por su conducta. Sin embargo, lo más delicado ocurrió instantes después, cuando el jugador merengue se dirigía hacia su campo para la reanudación del juego.En la transmisión oficial se observa cómo, al pasar frente al argentino Gianluca Prestianni, Vinicius reacciona de inmediato y corre hacia el árbitro central. En las imágenes se aprecia que el brasileño repite la palabra “mono”, mientras señala al juez lo que habría escuchado. Acto seguido, el árbitro cruzó los brazos sobre el pecho, el gesto aprobado por la Fifa como protocolo de denuncia ante actos de racismo.La repetición también muestra a Prestianni con la camiseta cubriéndole la boca en el momento en que Vinicius pasa frente a él. La situación desató un cruce entre varios jugadores de ambos equipos, generó silbidos desde la tribuna y llevó incluso al delantero brasileño a sentarse por algunos minutos en el banquillo de suplentes. Pese a la denuncia, el árbitro no mostró tarjeta al futbolista argentino.VIDEO: denuncia racismo ViniciusTras varios minutos de tensión, el partido se reanudó. Ahora se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Uefa, así como de Real Madrid y Benfica, para esclarecer lo ocurrido y determinar si habrá alguna investigación o sanción adicional. En lo deportivo, el conjunto español se llevó la victoria 0-1 y todo se definirá en el Santiago Bernabeú.
La Nueva EPS explicó que la demora en la aplicación de un medicamento al menor Kevin Arley Acosta se originó tras una solicitud de portabilidad presentada por la madre en noviembre de 2025 para trasladar temporalmente su afiliación desde Pitalito hacia Charalá por un periodo de cuatro meses. Según el comunicado, tras la petición a mediados de noviembre, la entidad activó la ruta administrativa y asistencial para garantizar la continuidad del tratamiento en la red del departamento de Santander.De acuerdo con la EPS, en el marco de ese proceso se gestionó la articulación con el prestador Integral Solutions, que programó una cita para finales de enero de 2026 en Bucaramanga con el fin de mantener la aplicación de la profilaxis sin interrupciones. La entidad señaló que el tratamiento no fue suspendido y que se activaron oportunamente los mecanismos de traslado de prestador para asegurar la continuidad terapéutica conforme al principio de portabilidad del aseguramiento en salud.Sin embargo, la EPS indicó que en la última semana de enero la madre del menor acudió a una oficina en Pitalito para solicitar la terminación de la portabilidad, pese a que el agendamiento en Santander ya estaba realizado. Ese mismo día, según el registro de la entidad, la usuaria regresó a su municipio de residencia en el departamento de Huila. Para la EPS, este cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual del medicamento.Tras la notificación formal de la cancelación de la portabilidad, la entidad informó que reactivó de inmediato la gestión en Huila, incluida la activación de cohorte y la articulación con la red prestadora en Pitalito, con el objetivo de restablecer la continuidad del tratamiento en esa ciudad. Según el comunicado, estas acciones buscaron asegurar nuevamente la prestación del servicio dentro de la red local.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
La Policía Nacional rechazó en las últimas horas la muerte de su patrullero Iván Fernando Ramírez Olarte, oriundo del departamento Arauca y quien fue blanco de varios disparos justo cuando adelantaba labores de registro e identificación de personas en uno de los barrios de Fundación, Magdalena.Los hechos se registraron en la noche de este sábado 20 de septiembre y fue precisamente su compañero la persona que logró neutralizar el ataque capturando a uno de los agresores, del que aún no se sabe la identidad, aunque Blu Radio conoció que ya había sido detenido en julio del presente año por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.“En este reprochable hecho, uno de nuestros héroes de la patria perdió la vida mientras era trasladado a un centro asistencial. Su compañero de patrulla, en un acto de valentía y reacción inmediata, logró neutralizar a uno de los agresores. El otro sujeto emprendió la huida”, afirma el Departamento de Policía del Magdalena en un comunicado.“Queremos enviar un mensaje muy claro: no descansaremos hasta que este crimen no quede en la impunidad y todos los responsables sean llevados ante la justicia. A la familia de nuestro policía fallecido, les expresamos nuestras más sinceras condolencias. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y reafirmamos que su sacrificio no será en vano”, agregan.La segunda persona involucrada en la muerte de Ramírez Olarte logró darse a la huida, aunque las autoridades lo tienen plenamente identificado.La institución armada sostuvo que “mantiene su compromiso indeclinable con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del departamento del Magdalena y de todo el territorio nacional”.
Con el objetivo de promover una movilidad sostenible y disminuir los niveles de contaminación ambiental, la Alcaldía de Montería decretó una jornada del Día sin Carro, que tendrá lugar este lunes 22 de septiembre de 2025, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.En el Decreto 0315 del 8 de septiembre de 2025, firmado por el alcalde Hugo Kerguelén García, se establece la restricción para la circulación de vehículos automotores que usen combustibles fósiles, híbridos, motocicletas y otros tipos de motorizados contaminantes en la zona urbana de la ciudad durante ese horario.“Tendremos una movilidad distinta. Vamos a pensar en el planeta, en nuestra salud y en la Montería que queremos construir: más sostenible, activa y amable con el medio ambiente”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén.La medida contempla el cierre de importantes tramos viales para vehículos automotores como la Avenida Primera, entre calles 21 y 37 (de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.), la Carrera 7, entre la Avenida Circunvalar Sur y la calle 41 (de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.), y las Carreras 8 y 8A, entre la Circunvalar Sur y la calle 41 (de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.).Entre los vehículos que quedarán exentos de esta medida están los de transporte público colectivo e individual, ambulancias, organismos de emergencia y seguridad, transporte escolar autorizado, vehículos eléctricos, bicicletas asistidas, transporte de alimentos, valores y residuos biológicos, entre otros detallados en el decreto.Durante esta jornada, también se desarrollará una programación especial con actividades ambientales, deportivas y de salud, como siembra de árboles, jornadas de salud comunitaria, sesiones de aeróbicos y la habilitación de tramos viales para ciclistas y peatones, incentivando el uso de medios alternativos como la bicicleta.Por último, la secretaria de Tránsito, María Fernanda López, indicó que “la jornada estará acompañada de operativos de control por parte de las autoridades de tránsito y Policía Metropolitana, quienes aplicarán las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) que se adopten medidas urgentes frente a la situación crítica que afrontan los habitantes de La Mojana, ocasionada por inundaciones recurrentes que afectan a la región desde hace años, especialmente desde la ruptura del dique de Cara 'e Gato en 2021.En el Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres extraordinario, promovido por el ente de control, se socializaron los avances de las obras ejecutadas y se planteó la necesidad de avanzar hacia una solución integral y estructural, que permita dar una respuesta efectiva a las problemáticas históricas de pérdida de viviendas y cultivos, la falta de comunicación de las diferentes veredas, el desplazamiento de familias y la grave afectación de la economía local.Entre los acuerdos a los que se llegó en el Comité Extraordinario, el Ministerio del Interior asumirá la articulación entre las instituciones responsables de las obras, con el fin de implementar de manera efectiva y sostenible las estrategias y acciones que permitan atender integralmente a La Mojana.Dentro de las acciones adelantadas por la Delegada para Gestión y Gobernanza Territorial también se encuentra la realización de una mesa de trabajo con el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, que tuvo como propósito conocer la estrategia de articulación que esa dependencia implementará para lograr el diseño y ejecución de una solución integral para La Mojana.Como parte de los compromisos derivados de este espacio, en los próximos días se adelantará una visita a la región de La Mojana, en donde se escucharán de primera mano la voz de las comunidades afectadas.
Fueron varias las personas que se reunieron en las últimas horas en la cancha múltiple Primavera de Baranoa, Atlántico, para con camisas blancas, velas y hasta flores rendir un homenaje hacia la pequeña deportista Arianna Lozada Ruiz, por quien pidieron justicia tras su muerte derivada de un ataque que no iba para ella.El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para aquellos que den información que permita encontrar a los responsables de este episodio.Desde la Gobernación hasta diferentes entes como el hospital municipal de Juan de Acosta, donde trabaja la madre de esta menor, lamentaron lo sucedido. “Los invitamos a encontrar consuelo en la unión y el apoyo mutuo. Rechazamos todo tipo de violencia y promovemos la empatía, el amor y la paz como pilares para superar la adversidad”, se escribió desde la Secretaría de Educación del Atlántico.De hecho, Melissa Oñoro, de la Colectiva Feminista de Baranoa, pidió medidas que garanticen la vida de la niñez.“Arianna perdió la vida de una manera totalmente injusta y como comunidad no podemos seguir normalizando que nuestras niñas, niños, sigan estando expuestos a la violencia. Nos duele como mujeres, nos duele como madres, como hermanas, como ciudadanos y este hecho no es aislado, es el reflejo de un municipio que lleva años enfrentando un aumento de la inseguridad y que necesita respuestas serias”, mencionó a Blu Radio.“Esta muerte es un límite que no podíamos cruzar como sociedad. Hay que actuar con celeridad en estas investigaciones y pedimos que se implementen acciones reales que puedan proteger la vida de la niñez, que devuelvan la confianza y la tranquilidad en la comunidad. Se trata de garantizar condiciones de vida digna. Abrazamos a la familia afectada en su dolor”, agregó.A la espera de saber las decisiones que se tomarán en el consejo de seguridad extraordinario convocado por el alcalde Edinson Palma, hasta el momento ya son varios los eventos de amor y amistad que se han cancelado debido a este caso que se suma a toda una ola de violencia en el municipio.Esto dijo al respecto el concejal y líder social, Wilmer Barandica: “El pueblo está triste, Baranoa está sufriendo un golpe de la delincuencia. Arianna era una buena niña, deportista, y su asesinato aumentó la preocupación por la ola de violencia que nos aborda. Hemos exigido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales mayor acción”.Arianna Lozada Ruiz era muy conocida en la población por sus habilidades tanto para la natación como para el voleibol, y cursaba sexto grado de bachillerato.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
En Barranquilla un turista francés, otro italiano y uno británico que habían llegado a disfrutar de las fiestas del Carnaval, resultaron heridos a bala luego de que delincuentes pasaran disparando contra un negocio en el que ellos se encontraban.El caso que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades, ocurrió hacia las 11 de la noche del domingo, en el barrio Montecristo, ubicado en la localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad.A esa hora, según el relato de testigos, delincuentes en un automóvil y una motocicleta, pasaron y realizaron varios disparos contra quienes estaban en la tienda y panadería Abastos la Rueda.En el sitio resultaron heridos los jóvenes turistas. Uno de ellos es un ciudadano italiano de 24 años identificado como Teo María Starostenko, quien recibió un disparo al lado derecho de la espalda.El otro herido es Motte Cyprien Loic, de 20 años, de nacionalidad francesa, herido de dos disparos, uno en el abdomen y otro en el glúteo izquierdo. La tercera víctima es un joven británico de 23 años identificado como Jacob Benjamín Sedgwick, a quién una bala lo rozó en el cuero cabelludo.Los tres extranjeros fueron llevados a la Clínica del Prado de Barranquilla y la General del Norte.El coronel Belkin Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. indicó que un grupo especial de la Policía está investigando, al tiempo que invitó a la comunidad a entregar cualquier información: "La Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que a través de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables o autores. Se invita a la comunidad en general a suministrar información a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 317 896 5523", expresó el oficial. Por el momento, las autoridades no se pronuncian sobre el posible móvil de este ataque a bala que dejó a los turistas heridos. En el lugar de los hechos los policía encontraron seis vainillas calibre 9 milímetros que son analizadas para encontrar el arma de la que fueron disparadas.