El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció la condena en primera instancia contra el exgobernador del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, por irregularidades en la contratación de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba en Istmina, un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.La Corte concluyó que el exfuncionario incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras comprobar que tramitó y celebró negocios jurídicos sin observar condiciones esenciales de la contratación estatal.Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación, al no poder comprobarse que se hubiera apropiado indebidamente de recursos públicos.¿Cuáles son los contratos que tuvo en cuenta la Corte?Este proceso judicial se centró en dos contratos suscritos en 2013: uno de interventoría y otro para la construcción de la primera etapa de la sede universitaria en el municipio de Istmina.Según el fallo, el contrato de interventoría fue celebrado mediante un acuerdo interadministrativo con la universidad sin que su objeto misional justificara esa modalidad de contratación directa.La Corte concluyó que la institución educativa no contaba con la capacidad técnica, administrativa ni logística para ejecutar la interventoría de dicha edificación, lo que llevó a que posteriormente subcontratara esas funciones con un tercero, evidenciando fallas de planeación y transparencia.En cuanto al contrato de obra, el alto tribunal determinó que se adjudicó sin estudios previos completos sobre el terreno, los diseños y las condiciones técnicas del proyecto.Además, se firmó el acta de inicio sin contar con licencia de construcción y el predio presentaba conflictos de ocupación por terceros, lo que impidió la ejecución normal de las obras y generó múltiples suspensiones y modificaciones contractuales.En su decisión, la Corte estableció que existe certeza sobre la responsabilidad penal de Palacios Mena por celebrar contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por ello, anunció sentido condenatorio por ese delito en concurso homogéneo, mientras que dispuso su absolución por peculado.La sentencia completa será dada a conocer en una etapa posterior, en la que se fijará la pena correspondiente por la que deberá responder el exgobernador.
Cada día, millones de mujeres sostienen la economía del país desde distintos frentes, cultivan la tierra, lideran emprendimientos, trabajan en la economía popular, enseñan, cocinan, cosen, administran negocios y mantienen en marcha comunidades enteras.Muchas de ellas han aprendido su oficio con años de experiencia, en escenarios formales e informales, construyendo saberes que rara vez se reflejan en un diploma, pero que son fundamentales para la sociedad.Con este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió la convocatoria nacional Voces de Mujeres 2026, una iniciativa que busca reconocer y certificar la experiencia laboral femenina en todo el país.¿En qué consiste el programa del SENA?La estrategia ofrece 2.000 cupos y estará disponible hasta el 26 de febrero de 2026, dirigida especialmente a mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas, pescadoras y trabajadoras de distintos sectores productivos.La certificación permitirá validar conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la trayectoria laboral, sin importar si esta se desarrolló en contextos formales o informales.Las participantes podrán postularse en 20 normas de competencia laboral relacionadas con áreas como el sector agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, medio ambiente, tecnologías de la información, confección y servicios administrativos, entre otros.Según el SENA, el objetivo es fortalecer la empleabilidad de las mujeres, visibilizar sus saberes y aportar al cierre de brechas, reconociendo la experiencia como una forma legítima de formación.¿Cómo certificar la experiencia laboral?Las mujeres interesadas deben ingresar a la página oficial del SENA ubicar el banner de la Certificación “Voces de Mujeres 2026” en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria.Una vez inscritas, podrán iniciar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante el cual se validarán sus conocimientos y habilidades en el área escogida.Con esta convocatoria, el SENA busca que miles de mujeres transformen años de trabajo y experiencia en un reconocimiento formal que fortalezca su perfil ocupacional y amplíe sus oportunidades laborales en Colombia.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.
El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.La ley es una iniciativa de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedan aún 644 tras las rejas, según la ONG Foro Penal."Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República", señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.Esto es lo que se sabe: Unanimidad La ley se aprobó por unanimidad. El partido de Maduro tiene mayoría absoluta, frente a un puñado de opositores que consiguieron cambios.La sesión de hecho se atrasó dos horas y media en medio de negociaciones."Hoy ha sido, ayer y todos estos días, pero hoy muy especialmente un día de debate profundo", dijo el diputado Rodríguez al inicio.El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.Mantiene que la amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo, que "esté a derecho o se ponga a derecho", es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.El nuevo texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez."Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fines del otorgamiento de la amnistía", reza el texto.La propia Delcy Rodríguez ha llamado a una reforma profunda del sistema. ExclusionesEl artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Fue aprobado.El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.También excluye a "las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras".Venezuela fue bombardeada por Estados Unidos hace menos de dos meses.La líder opositora Machado por ejemplo ha sido señalada en distintas oportunidades de llamar a invasiones, lo mismo de otros dirigentes como Leopoldo López.Una fuente dijo a la AFP que una comisión especial creada en la ley estudiará esos casos de manera individual.Machado está en Estados Unidos, tras pasar más de un año en la clandestinidad en Venezuela. López lleva en el exilio en España desde 2020.Expertos independientes de Naciones Unidas subrayaron que la amnistía "debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional".Huelga de hambreDecenas de familiares acampan frente a las cárceles desde el primer anuncio de excarcelaciones, el 8 de enero. Muchos siguieron la sesión en silencio en sus teléfonos celulares, constató la AFP.Los 448 que salieron recibieron libertad condicional, un punto sobre el que activistas hacen hincapié: la amnistía debe conceder libertad plena.Una huelga de hambre que iniciaron el 14 de febrero un grupo de 10 mujeres, de las cuales quedaba una, finalizó con la aprobación de la ley.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Por un presunto incremento injustificado en su patrimonio entre 2022 y 2023, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al exjefe de la Policía aduanera del puerto de Barranquilla, el mayor (r) Royce Javier Díaz Munive, a quien se le asocia con ‘Papa Pitufo’, por presuntamente haber colaborado con el también llamado ‘Zar del contrabando’, para facilitar el ingreso de numerosos contenedores al país sin el debido registro.De acuerdo con información que conoció Blu Radio, Díaz fue retirado de la institución en 2024 tras denuncias internas en las que se le señalaba de pagar hasta $5 millones de pesos, a diferentes trabajadores de la Polfa y de la Dian, para que facilitaran el paso de contenedores en los que no solo había ropa y calzado, sino también piezas de oro y hasta migrantes irregulares.Lo anterior, sin que al respecto se hiciera el respectivo control. Incluso, señalaron en su momento los denunciantes que alcanzaban a pagar hasta $300 millones de pesos por altos volúmenes de carga en pago de sobornos a varias personas, con el fin de evitar no solo la revisión sino también el que no quedara la mercancía gravada con impuestos.De acuerdo con el ente de control, un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales estableció que el oficial no habría podido justificar más de 230 millones de pesos en 2022 y otros 40 millones en 2023.Según las pesquisas, el entonces jefe de la Polfa recibía instrucciones de ‘Papa Pitufo’ para exigir dinero a comerciantes durante el tiempo que estuvo al frente de la División de Control de la POLFA.
Hacia las 8:30 de la noche de este jueves, en la calle 98 con carrera 6 sur, del barrio 20 de Julio, dos sicarios en moto atacaron a tiros a un grupo de jóvenes que conversaba en una esquina.De acuerdo con testigos, el parrillero de la moto descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas, para luego huir del lugar.Uno de los jóvenes asesinados es Erik Enrique Yépez Benítez, de 20 años, quien prestaba servicio militar en el Ejército Nacional y se encontraba en la ciudad con un permiso de descanso por motivo de su cumpleaños. La otra víctima mortal es Juan David Solano Romero, de 22 años, quien vive en el municipio de Soledad. Ambos fueron trasladados al P.A.S.O. Santa María, donde finalmente fallecieron.En el mismo hecho resultó herido Juan Luis Yaguna Zambrano, un adolescente de 17 años, estudiante de undécimo grado. El menor fue impactado por un disparo en el glúteo y permanece bajo observación médica.Autoridades no descartan que este atentado tenga relación con enfrentamientos de pandillas conocidas como Los Chikis y Los San Carlos, las cuales operan en el sector.El caso se encuentra en manos de personal de la Sijín que adelanta la investigación.
Hasta altas horas de la noche, cientos de hinchas celebraron la clasificación al Mundial 2026 a las afueras del hotel Dan Carlton, donde se concentra el combinado nacional en Barranquilla.Con bengalas de los colores amarillo, azul y rojo, banderas, pancartas, y cánticos, los hinchas esperaron el bus de la Selección Colombia para ovacionar y saludar a los futbolistas que hicieron parte de esta fecha histórica para el deporte colombiano. Al sonido de tambores y pitos, hasta niños se trasnocharon para ver a su equipo y agradecerles su trabajo para llegar a la clasificación a la Copa del mundo. Con la actuación magistral de anoche, la tricolor subió al quinto puesto en la tabla de clasificación y regresó a un Mundial después de su ausencia desde Qatar 2022.“¡Que viva Colombia y que viva la casa de la Selección! El Metro vibró con miles de voces que alentaron a la tricolor, todas unidas por un mismo sueño: ver a nuestra Selección clasificada. Y fue aquí, en Barranquilla, donde lo vivimos con el corazón a mil. Con 3 goles que encendieron la alegría de nuestra gente, ¡Colombia ya está en el Mundial 2026!”, publicó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.En total, el combinado patrio ha logrado clasificar al Mundial con la capital del Atlántico como su casa oficial en seis ocasiones distintas: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora al Mundial 2026, y para ello ha sido clave el entusiasmo, el empuje y el calor humano que reciben los jugadores en el ‘Coloso de la Ciudadela’.Vea en videos la celebración de los hinchas afuera del hotel de concentración:
Un juez de Barranquilla tiene plazo hasta el lunes para justificar por qué Digno Palomino, temido líder de ‘Los Pepes’, debe continuar en la cárcel, luego de haber ordenado una medida de aseguramiento sin justificar.Por esa actuación, jueza de segunda instancia Shiela Tatiana Ortega declaró la nulidad del fallo emitido por el Juzgado 102 Penal Municipal con función de control de garantías, que había ordenado la medida de aseguramiento contra Digno Palomino, sin exponer de manera clara las razones jurídicas y probatorias que lo señalaban como posible responsable de al menos 17 homicidios en la capital del Atlántico.Durante la diligencia, la jueza Shiela Ortega determinó que el juez de garantías William Saleme deberá emitir una nueva decisión en un plazo improrrogable de tres días, esta vez debidamente fundamentada, como lo exige la ley.“Se le imputó al procesado el liderazgo de un grupo de delincuencia organizada como autor mediato de 17 homicidios en 11 eventos, dijo el señor fiscal en razón a eso, pues a una teoría de aparatos organizados del poder. Sin embargo, no hubo referencia al cumplimiento de los requisitos de las figuras, la posición de mando del actor, los indicios que fueron sujetos vinculados a la organización”, precisó la juez Ortega.La togada dijo además que “esa fue la decisión del juez, que era un peligro para la comunidad, pero no dijo por qué. No hizo ningún tipo de juicio respecto a los presupuestos normativos para tal efecto. Es que los criterios precisamente no son arbitrarios del juez. Tienen que estar sustentados y además el legislador establece cuáles son esos presupuestos”, advirtió.No saldrá libre Vale decir que Digno Palomino se encuentra vinculado a otros procesos judiciales que no le permitirían salir en libertad de forma inmediata. Aún así, la policía se encuentra revisando la situación jurídica del cabecilla de ‘Los Pepes’, a fin de que este no regrese a las calles.Vale decir que Digno Palomino, al igual que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de los ‘Costeños’, ha estado buscando acogerse a la ley de Paz Total del Gobierno.Para ellos el pasado 7 de julio, estando recluido en la cárcel La Dorada (Caldas), envió una carta al presidente Gustavo Petro y a la senadora Isabel Zuleta en la que manifiesta que desea adherirse a la propuesta de diálogo urbano, lanzada por 'Pipe Tuluá', y ofrece actuar como intermediario o puente comunicativo entre el Estado y los jóvenes relacionados con estructuras criminales del Atlántico.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.
Atrapada dentro de su vivienda envuelta en llamas tras la explosión de un cilindro de gas que usaba para la preparación de los alimentos, quedó una mujer de 67 años que perdió la vida la tarde de este jueves en la isla de San Andrés. La víctima es Laura Santana, una mujer raizal que vivía en el sector de San Luis. El coronel James Evelio Totena Girón, comandante de la Policía del Archipiélago de San Andrés y Providencia, indicó que fueron alertados de la emergencia, pero pese a que hubo una reacción inmediata, los funcionarios no pudieron ingresar a la residencia a rescatarla.“Es posiblemente la explosión de un cilindro de gas en el interior de la casa, el cual utilizaban para sus labores domésticas lo que originó el incendio. Llegamos y la reacción fue inmediata. La comunidad se comunicó. Tratamos de acercarnos, pero fue imposible. Nuestros funcionarios no pudieron ingresar a la residencia y lamentablemente se presenta esta situación”, detalló el coronel Totena.Al momento de la conflagración la mujer se encontraba acompañada de una hija que alcanzó a salir a tiempo y resultó ilesa de la explosión, sin embargo, no pudo ayudar a su madre.En el sector, un ciudadano también intentó ingresar a la vivienda, pero las llamas ya la habían rodeado por completo, lo que imposibilitó que hiciera el rescate de su vecina.
En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte continúan bajo estricta vigilancia médica dos de los tres turistas extranjeros atacados a tiros la noche del pasado domingo, cuando disfrutaban del ambiente de Carnaval en una esquina del barrio Montecristo de Barranquilla.Uno de los hospitalizados es el joven francés Motte Cyprien Loic, de 20 años, quien fue impactado en el pecho, el abdomen, brazos y piernas, inclusive, las balas le causaron algunas fracturas, por lo que debió ser sometido a una cirugía y está a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas. Sus padres viajaron de emergencia a Barranquilla y están acompañándolo en su proceso de recuperación.El otro herido que sigue en UCI es Teo María Starostenko, joven italiano de 24 años, quien fue baleado en la espalda y tuvo que ser sometido a una intervención en el tórax. Tras el procedimiento, permanece estable.Hipótesis de la comunidadEntretanto, en el barrio donde ocurrió el ataque aún persiste el medio. Testigos contaron a Blu Radio que esa noche, los pistoleros parecieron descargar sus armas, pues las balas resonaron una y otra vez como si fuera pirotecnia amenizando un baile de Carnaval.El atentado es materia de investigación por parte de la Policía, pero los habitantes de la zona apuntan a que este pudo ser un ataque de bandas extorsionistas en contra de la tienda donde se encontraban departiendo los turistas.La tienda no volvió abrir sus puertas desde aquel trágico hecho y, aunque los propietarios del negocio les han dicho a sus vecinos que no estaban siendo extorsionados, la gente no descarta esta hipótesis.
La entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS en Barranquilla se está demorando tanto que la desesperación de los pacientes por empezar sus tratamientos los está llevando hacia el mercado negro, un punto en el centro de esta ciudad en el que se revenden fármacos sin tratamiento previo, permisos, ni control de fechas de vencimiento u autenticidad.Allí, no solo hay medicinas que dejaron de ser usadas por otras personas, sino también de contrabando, pues en julio del año anterior fueron incautadas, precisamente en el centro de Barranquilla, más de 58.000 unidades de antibióticos, antivirales y analgésicos distribuidos por una red que se lucraba de alrededor de 520 millones de pesos.Una de las tantas madres que desde este año se vio obligada a comprar en este lugar, debido a que Nueva EPS no le entrega medicamentos a su hija desde octubre del 2025, dice que esta menor tiene una enfermedad huérfana llamada Síndrome de Rett, la cual genera degeneración, epilepsia, desnutrición, atrofia muscular y hasta parálisis cerebral, y de la que hace 20 meses tampoco le mandan soporte nutricional.“Uno siempre va con el miedo de comprar unas pastillas a las que le hayan falsificado una fecha y estén vencidas, nunca se me va. ¿Qué más podemos hacer? Una mamá cabeza de familia que no cuenta ni con un salario mínimo estable, no puede tener un trabajo firme por la situación de ella. No hay a quien acudir, ni hay alguna fundación que respalde a esos niños”, declaró esta mujer que prefirió no dar su identidad.Le puede interesar: Más de 63.000 medicamentos no entregados en Manizales: crisis de Nueva EPS se repite en todo el paísAlega esta mujer que para ella los recibos de la luz son más caros que el arriendo dado a que su hija es oxigeno dependiente y que el costo total de las medicinas junto con el plan nutricional supera los dos millones de pesos.No tiene con qué responder, tampoco logró graduarse de auxiliar de enfermería, así que le manda un mensaje al presidente Gustavo Petro para que ayude con la entrega de medicamentos a pacientes de enfermedades huérfanas.“Ya está bueno, deberían tomar decisiones, ¿hasta cuándo van a tener al pueblo así muriéndose? hay padres de familia pasando un dolor tan grande, no saben la agonía de no saber qué le estamos dando a nuestros hijos. Nada garantiza comprar algo que esté vencido o que no sea el medicamento que usted cree que es. ¿Hacia dónde va este país?”, dijo además.Esta es la única niña que padece este Síndrome en el Atlántico y, debido a los retrasos en su tratamiento, comenta su madre que, según los médicos, ya pasó a la última fase de vida.
Al gestor cultural Johan Parra se le cumplió el sueño de tomarse una foto con Shakira en el barrio por el que tanto trabaja para que se proyecte el talento de su gente. Él, quien es conocido por ser un líder del barrio Abajo, logró conocer a la artista mientras participaba en la logística del rodaje que esta realizó el pasado miércoles 19 de febrero. Aunque Parra cuenta que llegó hasta allí a trabajar, no perdió la esperanza de poder hacerse a la fotografía con una artista. "Estábamos en el trabajo. Dios nos regaló esta oportunidad de estar con ella. Feliz porque ahora todo el mundo hablando del barrio Abajo y viniendo a visitarnos", contó. Le puede interesar: Shakira y Beéle graban video en Barranquilla: incluirá temática de Carnaval con artistas localesA lo que se refiere Parra es al efecto que generó la visita de Shakira y Beéle, siendo que los turistas quieren llegar al 'Museo a cielo abierto' a conocer el mural en el que grabaron el video. "Yo vine al Carnaval y estaba disfrutando la ciudad. Hoy cuando me levanté y vi lo de Shakira, enseguida busqué para venir y conocer el sitio. Ahora me voy más contenta todavía para el aeropuerto", contó una caleña de visita en el sector.