Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
Sigue la violencia en Antioquia. Tres personas fueron masacradas en una vía rural que conduce al casco urbano del municipio de Titiribí, en el suroeste del departamento.Según pudo establecer Blu Radio, por una llamada de alerta de la comunidad las autoridades fueron alertadas de tres personas que fueron asesinadas, que tenían impactos de bala y se encontraban al lado de un carro en una vía destapada de Titiribí.Los hechos ocurrieron exactamente en la Vereda Zabaleta, donde, según información que hasta el momento reciben las autoridades, los tres hombres habrían sido sacados de una finca y masacrados en la vía.La Policía Antioquia, con apoyo del Ejército Nacional, se trasladan al sitio para adelantar las pesquisas del caso e identificar a los tres muertos.En esta zona hace presencia el Clan del Golfo y un grupo criminal local conocido como La Miel.
Según datos oficiales, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, cifra que representa el 64 % del total histórico de ese tipo de compensaciones en el país, consolidando a la actual administración como la que más ha avanzado en este rubro desde la promulgación de la legislación. La entidad ha resaltado que esta cifra no solo es numérica sino simbólica, pues además de cumplir con sentencias judiciales y otorgar medidas de reparación, contribuye a terminar la larga espera de miles de personas por justicia y reparación integral.Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestran que más del 19 % de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a pueblos y comunidades étnicas, incluidos afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y población Rrom o gitana, quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y pérdida de bienes. El reporte coincide con los esfuerzos por parte de la entidad de agilizar y ampliar la cobertura de indemnizaciones, ya que en periodos recientes se han destinado recursos significativos para la atención de víctimas de diferentes grupos poblacionales, con ajustes que buscan acelerar la entrega de medidas y mejorar la gestión de casos. A pesar de los desafíos que persisten en términos de desplazamiento forzado, violencia y desigualdad social.Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, también ha promovido iniciativas para dignificar y visibilizar a estas poblaciones. En el departamento de Santander se realizó recientemente la Conmemoración de la Afrosantandereanidad, un encuentro cultural que busca reconocer la existencia y el sufrimiento de víctimas étnicas en la región, así como reforzar el compromiso institucional con sus derechos y reparación. "Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.", afirmó la entidad durante la entrega de estas cifras en Colombia.
Un delicado caso que involucra a menores de edad se registró en el conjunto residencial Vida Nueva, en el municipio de Soacha, luego de que un adolescente fuera sorprendido en un presunto acto de abuso contra un niño en zonas comunes del lugar.De acuerdo con el reporte oficial, hacia las 3:44 de la tarde del 18 de febrero, uniformados que realizaban labores de patrullaje recibieron una alerta a través del dispositivo institucional, en la que se informaba sobre la existencia de un video que evidenciaría tocamientos indebidos a un menor dentro del conjunto.Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con el guarda de seguridad, quien indicó que el hecho habría ocurrido detrás de unos arbustos en áreas comunes del conjunto. El video, grabado por una vecina desde un apartamento, muestra a un joven con camiseta verde ocultándose entre la vegetación, donde también se encontraba un niño de aproximadamente cinco añosDe acuerdo con el informe, el adolescente se baja el pantalón y, presuntamente, hace tocamientos al menor de edad. En las imágenes se escucha a la mujer que graba gritarle para que se detenga.Tras recibir la denuncia, los uniformados lograron la aprehensión del señalado. Luego de verificar su identidad, establecieron que se trataba de un adolescente de 16 años, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el joven ya contaría con una medida de aseguramiento vigente. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes.
El fabricante sueco Volvo anunció el retiro de más de 40.000 unidades de su superventas eléctrico EX30 debido a un posible riesgo de sobrecalentamiento en el paquete de baterías de alto voltaje. La información fue revelada inicialmente por Reuters y confirmada por la compañía.El llamado a revisión involucra específicamente 40.323 ejemplares de las versiones Single-Motor Extended Range y Twin-Motor Performance del Volvo EX30 equipados con determinadas celdas de batería.¿Cuál es el problema detectado?Según explicó la marca al ya citado medio, algunos módulos del sistema de alto voltaje podrían presentar un comportamiento que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento. Como medida preventiva, se reemplazarán los módulos afectados.Mientras se ejecuta la campaña, Volvo solicitó a los propietarios limitar la carga al 70 % de la capacidad total para reducir cualquier posibilidad de incendio. Además, desde diciembre la compañía ha recomendado en más de una docena de países —incluidos Estados Unidos, Australia y Brasil (aunque la marca no ha precisado si también Colombia)— estacionar los vehículos lejos de edificaciones.La empresa indicó que ya está contactando a los dueños de las unidades involucradas para informar los pasos a seguir.¿Cuánto le costará a Volvo este llamado a revisión?El EX30 es un modelo estratégico dentro del portafolio eléctrico de Volvo, diseñado para competir en el segmento de SUV compactas frente a fabricantes chinos de menor costo. La revisión podría representar un impacto económico relevante.Un análisis de Reuters estimó que la sustitución de los módulos podría alcanzar los 195 millones de dólares, sin contar gastos logísticos ni de mano de obra. La compañía calificó esos cálculos como especulativos y confirmó que mantiene conversaciones con el proveedor.Las baterías fueron fabricadas por Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co., una empresa conjunta respaldada por el grupo Geely, accionista mayoritario de Volvo. El fabricante señaló que el proveedor ya corrigió la situación y suministrará nuevas celdas.Tras conocerse la noticia, las acciones de Volvo registraron una caída cercana al 4 %.Volvo no es la única marcaLos incidentes relacionados con baterías han afectado anteriormente a otros fabricantes en el proceso de electrificación. En 2020, General Motors debió retirar aproximadamente 140.000 unidades del Chevrolet Bolt por riesgo de incendio asociado a baterías producidas por LG Electronics, lo que representó un costo cercano a 2.000 millones de dólares.En el caso de Volvo, la situación ocurre mientras la compañía avanza en un plan de ahorro por 1.900 millones de dólares y profundiza su integración con el grupo Geely.Además, el EX30 es un modelo clave dentro de la estrategia global de la firma sueca, a tal punto de convertirse en su best seller en muchos mercados. Sam Fiorani, vicepresidente de pronósticos globales de AutoForecast Solutions, afirmó que el fabricante debe resolver la situación de manera precisa debido a la importancia del vehículo en su portafolio.Andy Palmer, exdirectivo que participó en el lanzamiento del Nissan Leaf, señaló que la reputación de seguridad es un eje central en la identidad de Volvo, lo que reduce el margen para errores en este tipo de situaciones.Antes de que se hiciera público el retiro, algunos propietarios consultados por Reuters manifestaron su intención de devolver sus vehículos, argumentando preocupaciones relacionadas con seguridad y autonomía, debido a la limitación temporal de carga.
La Alcaldía de Bogotá aseguró que es cuestión de horas para que se materialicen las capturas de los responsables del ataque contra Diana Ospina, en un caso que ha generado indignación en la capital.En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que el operativo avanza con apoyo del Gaula y la Policía Metropolitana de Bogotá. Según detalló, el seguimiento a través de cámaras de seguridad y labores de inteligencia permitió establecer la ruta de escape de los implicados, quienes finalmente dejaron en libertad a la víctima en la vía hacia Choachí.El Distrito buscará que el caso sea tipificado como secuestro, con el objetivo de que los responsables enfrenten penas más severas y evitar que recuperen la libertad en el corto plazo. “No se trata de un simple robo. Aquí hubo privación de la libertad y una estructura organizada detrás”, subrayó el funcionario.Por su parte, el intendente Rafael Wilches, comandante del CAI Mirador, quien recibió a Diana al llegar a la estación, reveló detalles en Noticias Caracol. “Ella manifiesta que la habían abandonado sobre la vía”, dijo.“Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato, nos dirigimos al sitio a verificar qué encontrábamos. Era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar no encontramos alguna evidencia o elemento de la señora”, indicó.El hombre también dijo que en el momento no sabían quién era; simplemente era una mujer buscando ayuda, “y lo que hace es abrazarnos y decirnos que la ayudemos”.En medio de la investigación también surgieron cuestionamientos sobre el vehículo utilizado para cometer el crimen. Desde el gremio de taxistas tomaron distancia de los hechos. María Botero, gerente de Radio Taxi, explicó que tras verificar en las bases oficiales se evidenció que el automóvil no contaba con tarjeta de control vigente ni registro activo en el sistema distrital de monitoreo.La directiva advirtió que esta modalidad, conocida popularmente como “paseo millonario”, se apoya en vehículos que simulan prestar un servicio legal para generar confianza en las víctimas y evadir controles empresariales. Por su parte, la defensa de la víctima pidió celeridad en el proceso ante la Fiscalía General de la Nación. El abogado de Ospina reveló que durante las más de 40 horas que estuvo retenida, los delincuentes realizaron entre 10 y 13 transacciones bancarias, logrando retirar cerca de 50 millones de pesos.El jurista calificó el caso como un “secuestro extorsivo agravado” y solicitó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad para identificar a todos los integrantes de la red criminal y establecer si estarían vinculados a otros hechos similares ocurridos en la ciudad.Mientras tanto, Diana Ospina permanece bajo el cuidado de su familia y recibe acompañamiento tras el impacto emocional que dejó el cautiverio.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Dos tipos de alerta, amarilla y naranja, están activas en gran parte del mar Caribe colombiano, debido a las intensidades de los vientos que, a su vez, están incrementando la altura del oleaje en varios departamentos de la región.Según el Ideam, hay alerta naranja en el Caribe central, donde se ubican los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar, y en el Caribe occidental, donde se halla el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En esta zona marítima, los vientos alcanzan velocidades de hasta 46 km/h y las olas oscilan entre 2 y 3 metros de altura, por lo que las autoridades piden precaución a bañistas y embarcaciones.En el caso concreto del Atlántico hay que advertir que se ha levantado bandera roja en los 18 kilómetros de playa habilitados para bañistas en el municipio de Puerto Colombia, como medida de precaución para propios y visitantes, a quienes se les recuerda mantenerse alejado de la zona de espolones.“Con estas banderas indicamos las condiciones del mar, el peligro que se encuentra cerca de los espolones, pidiendo a la comunidad acatar las recomendaciones de los socorristas. El baño seguro está en la orilla. Los niños siempre tienen que estar bajo la supervisión de un adulto”, explicó Linda Goenaga, jefe del cuerpo de salvavidas de Puerto Colombia., al tiempo que recordó que el servicio de playa está habilitado solo de 7 de la mañana a 4 de la tarde.En el suroccidente del mar Caribe, hacia zonas como el departamento de Córdoba, también persiste una alerta naranja por tiempo lluvioso, pues allí se prevén lluvias de moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
En la puerta de la sede de Alta Complejidad de la ESE Universitaria del Atlántico se han apostado los trabajadores de la red pública hospitalaria, impidiendo este lunes el acceso al centro asistencial con una protesta en la que reclaman el pago de más de cinco salarios pendientes.Los manifestantes denuncian que a algunos trabajadores de la salud les adeudan sueldos desde el año pasado como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa la red, situación que también se evidencia en la falta de medicamentos para los pacientes y el cierre de servicios en varios hospitales públicos del Atlántico.Wilson Granadillo, auxiliar de enfermería, afirma que la propuesta que analizan las directivas de la ESE UNA sobre volver al modelo de salud anterior, de modo que cada hospital opere como empresa independiente, aumenta la incertidumbre del personal médico, pues desconocen qué va a pasar con los pagos pendientes.“El personal acá está en una crisis que ya nadie se la aguanta, es insostenible, y lamentablemente nadie nos da razón, nadie se pone la mano en el corazón para decir intervengan, cierren o liquiden esto, pero que le paguen a los trabajadores", dijo Granadillo.“El gobernador dice que piensan disolver la ESE UNA para que cada hospital tenga su gerente y tenga su administración, pero a los trabajadores no nos resuelven nada. Nos acercamos a la gerencia y nos dicen que tenemos que esperar recursos, pero tenemos un mes esperando y nada. Solo a mí, me deben desde febrero hasta la fecha y así están muchos de nuestros trabajadores acá”, agregó.El viernes pasado se giraron pagos para los médicos y especialistas de Sabanalarga que también se habían declarado en paro hace varias semanas; sin embargo, la situación no se ha resuelto para todos los empleados del departamento.A raíz de la protesta de este lunes, en horas de la mañana la gerente de la ESE UNA Rosmery Wedeking citó una reunión con varios de los trabajadores contratados por OPS, a quienes les está exponiendo el panorama financiero de la red para intentar conciliar con ellos, no sin antes advertirles que el bloqueo con el que están impidiendo el acceso a la sede de Alta Complejidad es ilegal.
El monumento en honor al escritor Gabriel García Márquez, ubicado en el Parque Simón Bolívar del municipio de San Luis de Sincé, en Sucre, fue blanco de actos vandálicos en las últimas horas, luego de que un hombre en supuesto estado de alicoramiento le echara gasolina y le prendiera fuego.Pese a que la escena surgió repentinamente, uno de los presentes fue quien corrió con un balde de agua para apagar las llamas, mientras que la comunidad se abalanzó contra el responsable para cuestionar las razones de la acción.Desde la Alcaldía municipal se pronunciaron inmediatamente por lo sucedido, rechazando estos hechos, confirmando que el involucrado fue capturado por la Policía y asegurando que se activaron las medidas correspondientes para que no vuelva a suceder.“Rechazamos con total contundencia los actos vandálicos contra el monumento en honor a Gabriel García Márquez, símbolo patrimonial y cultural de nuestro municipio”, escribieron inicialmente.“Desde la Alcaldía de Sincé hacemos un llamado al respeto al sentido de pertenencia y al cuidado del espacio público”, agregaron.“En articulación con la Policía Municipal ya se logró la aprehensión del presunto responsable y se activaron las medidas correctivas correspondientes para prevenir futuras agresiones y garantizar la protección de nuestro patrimonio”, siguieron diciendo.De la misma forma, describieron el hecho como una falta de respeto a la historia, la identidad y el sentir de este municipio en el que García Márquez llegó a caminar cuando era pequeño. “Este hecho representa una grave falta de respeto a la historia, la identidad y el sentir de un pueblo que honra sus raíces y protege su legado”, finaliza el documento.
David Jose Gonzalez Navarro, alias 'Verruga'; Erick Junior Lascano Dita, alias 'Junior'; Joshua Jesid De la Hoz Barrera, alias 'El Menor' y Yesid Antonio Isidro Diaz, alias 'Inglaterra', son las cuatro personas que hoy se encuentran en el cartel de los criminales más buscados en el Atlántico, el cual fue dado a conocer en las últimas horas por las autoridades competentes.El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, declaró que todos tienen órdenes de captura por el delito de homicidio, mientras que de los tres primeros se sabe que harían parte de la banda “Los Costeños".“Estos delincuentes nos han afectado en los diferentes municipios. Ya tenemos las órdenes judiciales y los estamos buscando. Por eso, invitamos a toda la comunidad para que nos ayude con el fin de recibir información oportuna y ágil. Atentos a llamar a la línea de emergencia 123”, alcanzó a declarar a los medios de comunicación.David Jose Gonzalez Navarro es buscado por el delito de homicidio. Según la Policía, es señalado por su presunta participación en el homicidio de una persona en el municipio de Sabanagrande, Atlántico, en el mes de marzo del 2025. Es supuesto integrante de Los Costeños y se dedicaría a cometer sicariato y ejerce control en la venta de estupefacientes.Después está Erick Junior Lascano Dita, contra esta persona pesa una orden de captura por el delito de homicidio agravado, por los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2024, en el municipio de Sabanalarga.También es requerido Joshua Jesid De la Hoz Barrera, por el delito de homicidio en hechos sucedidos el 18 de marzo de 2025 en el municipio de Sabanagrande, Atlántico. Esta persona sería presunto integrante de Los Costeños, al parecer encargado de cometer sicariato y ejerce control en la venta de estupefacientes.Quizás el más conocido de los cuatro es alias Inglaterra, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el Atlántico y encargado de expandir los negocios de esta estructura en este territorio. Él llegó a ser capturado por las autoridades, pero resultó en libertad por la decisión de un juez.La Policía del Atlántico garantiza absoluta reserva para aquellos interesados en brindar información acerca del paradero de estas personas.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.