Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
La detención se logró en medio de la operación 'Pandora', en la que participaron la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo de la Guardia Civil de España y Europol. Según las autoridades, 'Medio Labio' no era un jefe armado, sino el hombre que manejaba las finanzas de la organización.Lo consideran una ficha clave porque coordinaba el envío de dinero entre organizaciones criminales en Colombia y mafias en Europa como la mafia italiana ’Ndrangheta’, incluida una estructura conocida como 'La Calabresa', la Mocro Maffia de Países Bajos y también carteles mexicanos.“Hemos sacado de circulación a quien manejaba la caja mayor del Clan del Golfo y que tenía enlaces transnacionales con las estructuras criminales de mayor envergadura pero que mayor daño le causan al mundo, aseguró el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director Investigación Criminal e Interpol.Las investigaciones indican que habría participado en el envío de grandes cargamentos de droga hacia Europa y que, solo en seis meses, habría movido cerca de 147.000 millones de pesos usando el sistema informal conocido como ‘hawala’, un método que permite transferir dinero sin pasar por el sistema bancario tradicional.La Fiscalía también señaló que su patrimonio creció de forma injustificada en más de 1.163 millones de pesos.La fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo Rojas, señaló que estos delincuentes materializaron parte del dinero que movilizaba 'medio labio' a través de otras personas y de algunas empresas adquirían bienes en donde invertían ese dinero. “Otra parte se logra identificar en estos 137.000 millones de los mensajes encriptados, donde aparecen otras terceras personas que son como los beneficiarios de este dinero.” aseguró la fiscal Trujillo.Alias 'Medio Labio' es primo hermano de alias 'Don Mario', uno de los fundadores del Clan del Golfo. Según las autoridades, comenzó su trayectoria criminal manejando dinero para antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con el tiempo se convirtió en el estratega financiero del Clan del Golfo.Tras su captura, fue presentado ante un juez, quien legalizó el procedimiento y la Fiscalía le imputó cargos por: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, concierto para delinquir.Según el comunicado oficial y las autoridades, el procesado no aceptó los cargos y era investigado en España e Italia por presuntos nexos con redes del narcotráfico europeo.Con esta operación, Colombia refuerza la cooperación internacional para atacar no solo a los cabecillas armados, sino también a quienes manejan el dinero detrás de las estructuras criminales.
La marca automotriz surcoreana KGM, antes conocida como SsangYong, anunció una alianza estratégica con Inter Bogotá, el nuevo club profesional de la capital. El equipo forma parte del grupo propietario que también controla al Wrexham A.F.C., institución vinculada a Ryan Reynolds.El acuerdo oficializa a KGM como patrocinador del club bogotano en una etapa de transformación tanto para la marca como para la institución deportiva.Según lo informado por ambas organizaciones, el objetivo es conectar procesos de renovación y crecimiento, con un enfoque centrado en Bogotá como escenario estratégico.Inter Bogotá nació como un proyecto que busca posicionarse como un club conectado con la ciudad, su cultura y nuevas generaciones. Por su parte, KGM atraviesa una nueva etapa global que redefine su posicionamiento y proyección en el mercado colombiano.Paulo Moreira, country manager de KGM en Colombia, señaló que este tipo de alianzas permite fortalecer el posicionamiento de la marca y acercarse a nuevas audiencias mediante experiencias compartidas con el club.¿En qué contexto se da el anuncio?El acuerdo se produce en un momento de recuperación del fútbol profesional colombiano. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades, los clubes registraron ingresos operacionales cercanos a los 729.000 millones de pesos en 2024, reflejando mayor estabilidad financiera en la industria.Nicolás Maya, presidente de Inter Bogotá, indicó que la alianza responde a la visión de construir un proyecto en evolución permanente, vinculado con marcas que también representan transformación y proyección de futuro.¿Qué planes tiene KGM en Colombia para 2026?En paralelo al acuerdo deportivo, KGM proyecta para 2026 un crecimiento superior al 300 % frente al año anterior. La estrategia contempla consolidar su presencia en Bogotá y ampliar su portafolio con nuevos modelos.Dentro de esa expansión se prevé la llegada de opciones híbridas y eléctricas, como parte de la oferta que la marca planea fortalecer en el mercado colombiano.Como parte de la alianza, Inter Bogotá y KGM desarrollarán experiencias orientadas a conectar el fútbol con la ciudad, bajo un concepto que busca integrar deporte, territorio y dinámicas urbanas.
En algunas oportunidades ha ocurrido que las personas abren la llave y sale el agua amarilla, esto puede ocurrir por varias cosas como: el desprendimiento de sedimentos de hierro y magnesio acumulados en las tuberías que distribuyen el agua por cambios en la velocidad o presión del flujo, trabajos de mantenimiento o bajos niveles del agua.Lo anterior, lo válida el la Empresa de Acueducto y Alcantarillado al indicar que “el cambio de velocidad del agua en las tuberías generan el desprendimiento de partículas propias del tratamiento, lo que hace que el agua llegue con color, pero sin afectar la potabilidad de la misma”.Frente a esto, la compañía advirtió que dentro de poco llevará a cabo trabajos para la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento Tibitoc, por lo cual, podría ocurrir un cambio de color del agua en sectores del norte de Bogotá y dos municipios de Cundinamarca.¿Qué sectores resultarían afectados por el agua amarilla?Según el Acueducto, el "agua amarilla" podría presentarse en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía.Las labores de mantenimiento se desarrollarán durante un mes, entre este viernes 20 de febrero y el 20 de marzo.Para mitigar este fenómeno, la empresa manifestó que dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías. “Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad”.Recomendaciones para los usuariosDe igual forma, la compañía indicó una serie de recomendaciones a los usuarios, para que las ejecuten en sus casas de ser necesario:Si se presenta coloración del agua en la vivienda se debe informar a la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.Si el agua sale con coloración, hay que abrir la llave y dejarla salir hasta que se torne incolora.Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, se debe verificar la transparencia del agua para evitar manchas.Hacer el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.No alarmarse si hay operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes, se debe permitir la ejecución de la tarea.
Durante años, el antiguo Bronx de Bogotá fue sinónimo de horror. Sus calles, marcadas por la droga, la violencia y la muerte, escondían historias que parecían sacadas de una película de terror. Sin embargo, hoy, sobrevivientes que lograron escapar de ese infierno han comenzado a hablar. Entre sus relatos, uno destaca por su crudeza y misterio: la historia de Pepe, el supuesto cocodrilo que, según testigos, fue utilizado como instrumento de terror y muerte.Pedro Ruiz, de 38 años, vivió seis años consumido por el bazuco, el alcohol y el abandono en esas tres calles que funcionaban bajo reglas propias. Hoy, en proceso de rehabilitación, recuerda con claridad la rutina del horror. “Era normal ver niños de 9 o 10 años consumiendo pegante o bazuco. Nadie decía nada. Era parte del paisaje”, relató para 'Los Informantes'.Pero el consumo era apenas la superficie de una estructura criminal mucho más profunda. Los llamados 'sayayines', encargados de mantener el control interno, imponían castigos brutales a quienes consideraban “sapos”, ladrones o infiltrados. Uno de los testimonios más estremecedores describe la ejecución de un hombre acusado de ser informante.Sin embargo, ninguna historia genera tanto impacto como la de Pepe.La aterradora historia de Pepe, el cocodrilo del Bronx“Yo lo conocí pequeño. Era una lagartijita”, contó Pedro. Según su testimonio, el animal fue llevado al Bronx cuando aún era joven. Con el tiempo, creció hasta alcanzar más de dos metros. Entonces, sus dueños construyeron un estanque más grande, con espacio para que tomara el sol.“Sí existió. Yo doy fe de eso. Y sí le echaban gente”, afirmó con contundencia.El cocodrilo, aseguró, se convirtió en una herramienta de intimidación y castigo. Aunque algunos cuerpos eran sacados en bolsas o enterrados, otros, según estos relatos, terminaban en el estanque.A esta historia se suman los perros pitbull entrenados para atacar. Testigos aseguran que las víctimas eran encerradas en habitaciones con puertas de hierro, donde los animales las destrozaban vivas. “Ese era el castigo para el que robaba o no obedecía”, explica otro sobreviviente.Los hallazgos recientes de restos humanos han comenzado a dar sustento a lo que durante años fueron considerados simples rumores. Fragmentos óseos encontrados en bloques de cemento son analizados por Medicina Legal, mientras la Fiscalía busca determinar cuántas personas murieron realmente allí.Hoy, muchos de los sobrevivientes viven en centros de atención del Distrito. Reciben comida, atención psicológica y, por primera vez en años, una oportunidad de reconstruir sus vidas.Mientras avanzan las investigaciones, la figura de Pepe permanece envuelta entre el testimonio y la incredulidad. Para quienes sobrevivieron, no hay duda. El cocodrilo fue real. Y representa, quizá mejor que nada, el nivel de barbarie que reinó durante años en el corazón de Bogotá.
Organismos de seguridad le confirmaron a Blu Radio que en la vereda Las Conchas, del municipio de Anorí, murió Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, más conocido con los alias de ‘Manuelito’ o ‘Guaricho’, uno de los principales cabecillas, al lado de alias ‘Chejo’, del frente 36 de las disidencias de las alias ‘Calarcá’ y cuyo escondite está en límites entre este municipio y Amalfi en el Nordeste de Antioquia.Sobre la muerte de ‘Guaricho’, Blu Radio pudo conocer que se manejan dos hipótesis. Una indica que habría muerto en medio de combates con miembros del Clan del Golfo, con quienes mantienen una disputan por el control del territorio y rentas criminales en la zona.La segunda, y que cobra mayor fuerza por parte de inteligencia, estaría relacionada con la explosión de artefactos explosivos que manipulaba y que son utilizados por el mismo grupo armado para atentar contra la fuerza pública y la población civil.Le puede interesar: Disidencias de alias ‘Calarcá’ declaró objetivo militar al alcalde de Briceño, AntioquiaEsta situación se evidenció en agosto del año pasado en la vereda Los Toros de Amalfi, cuando fue atacado un helicóptero de la Policía Nacional produciendo la muerte de 13 uniformados que adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos y por el que el gobierno de los Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 5 millones de dólares para dar con sus responsables entre los que estaba 'Guaricho'.En el organigrama identificado por la inteligencia militar, ‘Guaricho’ figuraba como tercer cabecilla en la estructura y subordinado a ‘Chejo’ , principal cabecilla en la región. Por eso, entidades nacionales ofrecían una recompensa de hasta 500 millones de pesos, $200.000.000 por parte de la Gobernación de Antioquia y $300.000.000 del Ministerio de Defensa.‘Guaricho’ también ha sido vinculado con otras actividades como el control territorial mediante violencia contra pobladores de zonas rurales, acciones de hostigamiento y enfrentamientos con la fuerza pública.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
“Bienvenido a la libertad”, fue el mensaje que envió la Corporación Autónoma Regional del Atlántico en sus plataformas digitales acerca de la reciente aparición del director de Codechocó, Arnold Rincón, quien había sido secuestrado el pasado 26 de abril entre los municipios de Istmina y Quibdó, a mano de hombres armados.El director de la C.R.A, Jesús León, declaró que esto representa “la esperanza para todos los que trabajamos por un ambiente sano“.“Nos encontramos muy contentos, realmente felices de saber que después de 63 días de secuestro volvió a la libertad nuestro compañero, nuestro amigo Arnold Rincón, quien es el director general de la Corporación Codechocó. Se reencontró con su familia, con sus amigos más cercanos y de manera inmediata empezaron a hacerle todos los chequeos de salud”, dijo inicialmente.“Desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico damos gracias a Dios y nos unimos a la celebración por la liberación de nuestro amigo y compañero Arnold Rincón, lo cual representa la esperanza y libertad para todos los que trabajamos por un ambiente sano”, agregó en sus redes sociales.Asimismo, afirmó que los directores de las corporaciones ambientales están a la espera de un reencuentro luego de terminar sus exámenes médicos, de los que sabe que llegó inflamado y deshidratado.“Estamos a la espera de poder conversar y reencontrarnos. Parece que llegó deshidratado, entendemos que está muy inflamado en sus articulaciones por largos trayectos en los que estuvo caminando”, apuntó a Blu Radio.Recordemos que fue el excanciller Luis Gilberto Murillo quien dio a conocer la noticia, confirmada además por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
Todavía no han pasado muchas horas desde que el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alfonso Campo Martínez, fue protagonista de un aparatoso accidente de tránsito en la vía que conecta a Valledupar con el municipio de Pueblo Bello, Cesar, momentos en los que se movilizaba con su familia a bordo de una camioneta marca Toyota Fortuner blanca.El hecho fue confirmado por la Policía Metropolitana de Valledupar, declarando además que Campo Martínez perdió el control del vehículo de alta gama en una curva donde se suelen presentar repetidamente este tipo de incidentes.El magistrado estaba acompañado de su esposa y sus tres hijos, traslados inmediatamente hasta la clínica del Cesar por laceraciones y contusiones en diferentes partes del cuerpo, pero todas leves según lo dicho por un allegado a los medios de comunicación a las afueras del lugar.“Hasta el momento se encuentra muy bien de salud, su condición es estable y favorable junto a la de sus familiares. Están completamente fuera de peligro, todos”, mencionó.Todavía no está claro si la camioneta en la que estaba Alfonso Campo hace parte del esquema de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por lo que los hechos son materia de investigación para las autoridades.De ser ciertas dichas versiones difundidas, la misma entidad tendrá que entrar en una indagación mucho más profunda.Alfonso Campo Martínez es un abogado especialista en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y en Derecho Ambiental, quien alcanzó a ser personero de Valledupar y hasta director general de la Unidad Nacional de Protección entre el año 2020 y 2022.
Cinco días sin el servicio de agua acumula el municipio de Maicao, en La Guajira, debido a una protesta que se desarrolla en la planta de tratamiento de agua potable El Jordán, liderada por habitantes del corregimiento de Carraipía, quienes ahora mismo velan por el bloqueo en la vía de acceso y el cierre de las válvulas.“La empresa, junto con la Alcaldía municipal, ha liderado espacios de diálogo con la comunidad, realizando inspecciones con voceros del corregimiento y evaluado alternativas técnicas para restablecer la operación de la planta”, informó en un comunicado la empresa Aguas de la Península, encargada del suministro.“Aguas de la Península ha presentado soluciones viables, sin embargo, los bloqueos persisten, impidiendo avanzar en la reactivación del servicio”, agregó.El principal punto de discordia para estas personas está relacionado con su suministro de este servicio, el cual para ellos es proveniente de un pozo de agua salubre que fue reparado recientemente.Dicen que quieren recibir agua desde el río, por lo que en La Guajira ya hay un proyecto para hacerlo posible, pero no se puede iniciar de inmediato, debido a los estudios técnicos y consultas previas correspondientes a realizar tal como lo indica la ley.En consecuencia y como ya se mencionó, ha sido imposible llegar a un acuerdo en las mesas de diálogo lideradas por la Alcaldía municipal.La compañía Aguas de la Península lleva a cabo un plan de contingencia con la entrega de 200.000 litros de agua en carrotanques para varios subsectores definidos.“Se espera que las gestiones entre la Alcaldía y la comunidad permitan avanzar hacia un acuerdo que viabilice el restablecimiento del servicio”, sostuvieron.“Aguas de la Península hace un llamado a la comunidad para optimizar el uso del agua disponible y mantener medidas de ahorro, dada la situación crítica. La empresa reitera su disposición permanente para restablecer el servicio en cuanto las condiciones lo permitan”, finaliza la misiva.
El estancado megaproyecto del Canal del Dique sigue sembrando preocupación en el sur del Atlántico, donde los más de siete metros en el nivel del agua están cada vez más cerca de inundar a sus poblaciones aledañas, por lo que desde la Gobernación extendieron culpas al Gobierno nacional por la falta de celeridad en la obtención del licenciamiento ambiental.De hecho, su secretario de Interior José Antonio Luque, confirmó el inicio de trabajos de mitigación y declaró que “esta obra es la solución definitiva a una angustia que se repite cada año”.“Llevamos más de un año y medio esperando a que el Gobierno nacional reactive un contrato clave que hoy está suspendido por falta de licencia ambiental. Esa obra representa la solución definitiva de una emergencia que se repite año tras año y no podemos seguir esperando”, dijo en su declaración.Esas fueron las mismas palabras que escribió el gobernador Verano en su cuenta oficial de X referente al tema: “Compartimos la preocupación de las comunidades del sur del Atlántico por el aumento de los niveles del Canal del Dique”.Luque sostuvo que ya hay personal de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres para evitar emergencias y mencionó que la orden directa del gobernador Eduardo Verano fue disponer maquinaria amarilla para los actos urgentes y, lanchas con las que la Policía vigilará permanentemente el canal.La idea, agregó, es que los campesinos puedan recoger sus cosechas de forma segura mientras se implementan soluciones en los puntos más críticos.En los últimos días el sitio también fue visitado por la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, cuyos representantes realizaron una evaluación técnica que arrojará sus resultados esta semana.
Según la investigación, los capturados contactaban a ciudadanos extranjeros en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño), a quienes ofrecían transporte y alojamiento para trasladarlos en buses de turismo hasta Necoclí (Antioquia).Allí, los migrantes, procedentes de países como Chile, Perú y Ecuador, eran reunidos tras cruzar pasos ilegales cercanos al Puente Internacional de Rumichaca y movilizados clandestinamente por vía terrestre, según las pesquisas de la Fiscalía.El proceso reveló que algunas víctimas fueron agredidas, amenazadas con armas de fuego y despojadas de sus pasaportes cuando no podían pagar las sumas exigidas, que oscilaban entre 150 y 200 dólares, además de otras cuotas durante el trayecto.En diligencias realizadas en Ipiales y Medellín fueron capturados ocho presuntos integrantes de la organización, y durante los operativos se incautaron un arma de fuego, munición, dinero en efectivo y celulares.La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, cargos que no fueron aceptados.Hasta tanto avance el proceso, los presuntos responsables de traficar personas deberán permanecer recluidos en una cárcel.
Blu Radio conoció en primicia sobre la captura en las últimas horas de un hombre que, al parecer, venía desde hace tiempo extorsionando a una menor de 13 años de edad, supuestamente, con el fin de abusar sexualmente de ella y recibir constantemente fotos íntimas.De acuerdo con la información suministrada, la captura se efectuó a las afueras del centro comercial Gran Plaza del Sol, ubicado en el municipio de Soledad, más exactamente sobre la carrera 32 con calle 30 y donde tanto la víctima como el presunto responsable se citaron para verse pasadas las 5:00 de la tarde, de este sábado 28 de junio.Una vez identificado Julio Andrés Leguizamo Pico, tal como es el nombre del hoy procesado de 24 años, unidades de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía, lo interceptaron y lo trasladaron hasta la unidad de reacción inmediata de ese municipio para su posterior judicialización por la Fiscalía General de la Nación.Esta persona, según indicaron fuentes a este medio, al parecer amenazada a la menor con exponer contenido sexual suyo y hasta enviárselo a sus padres si se negaba a cumplir sus pretensiones.“Le voy a decir a tus papás de esas fotos”, solo fue una de sus, al parecer, tantas intimidaciones.Leguizamo Pico ahora deberá responder por los delitos de extorsión y pornografía con persona menor de 18 años.