Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 20 de febrero de 2026:El exjugador y técnico argentino Rubén Capria se refirió al presente del colombiano Juan Fernando Quintero y analizó su rendimiento.Debate por el rumor de que Falcao García pueda jugar el Mundial con Colombia si cumple ciertos requisitos.Radamel Falcao García sufrió una leve lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, pero alcanzaría a llegar al duelo frente a Atlético Nacional.Este fin de semana arranca la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor.Junior puso en la mira a Grêmio y Botafogo por retrasos en los pagos de José Enamorado y Jordan Barrera, respectivamente.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
La violencia volvió a golpear al distrito de Buenaventura. En la noche del jueves 19 de febrero, un ataque sicarial en vía pública del barrio El Bosque, comuna 6, dejó tres personas baleadas, dos de ellas fallecidas en el lugar y una más trasladada a un centro asistencial.Entre las víctimas mortales se encuentra Rubén Fernando Sinisterra, de 27 años, reconocido por su talento en el fútbol sala. El joven había integrado la Selección Buenaventura y posteriormente la Selección Valle, consolidándose como una de las figuras deportivas más prometedoras del puerto. Sinisterra deja una esposa y un hijo menor de edad, hecho que ha generado aún mayor conmoción entre familiares, amigos y la comunidad deportiva.El director del Inder Buenaventura, Ferney Asprilla, lamentó profundamente lo ocurrido y recordó el liderazgo y la proyección deportiva del joven: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de este joven, Rubén Fernando. Militó con nosotros en diferentes torneos del distrito, donde en varias oportunidades logramos títulos gracias a su gran talento. Era un líder dentro y fuera de la cancha, un futbolista de esos que uno se pregunta cómo no llegan al profesionalismo. Un muchacho tranquilo, que solo quería proyectarse y hacer deporte”.Por su parte, Camilo Martinez, líder social del Puerto, advirtió que este crimen refleja que la violencia sigue afectando a la juventud del distrito.“Hoy le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno departamental para que se vea ese apoyo real a nuestro distrito. Necesitamos que se sigan implementando programas de inversión social que sí dan resultados, porque aunque en los últimos días ha habido momentos de calma, la violencia sigue presente”, aseveró Martínez.Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.
Cinco hombres resultaron heridos este jueves a eso de las 10:00 de la mañana, luego de ser atacados a bala por dos hombres que, según la Policía Metropolitana de Barranquilla, abrieron fuego contra una casa en la que se expenden sustancias alucinógenas.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en la vivienda se encontraban otras personas armadas que reaccionaron realizando varios disparos.En el inmueble, ubicado en el barrio Siete de abril, en el suroccidente de la capital del Atlántico, resultaron heridos Fabio Enrique Aguilar, Raúl Enrique Rebolledo Díaz, Juan Carlos Martínez y Jaime Ortega Palma.Fuentes policiales informaron que en medio de la balacera un ciudadano que iba caminando por el sector y que nada tenía que ver con los hechos, fue alcanzado por una de las balas quedando herido en una mano. Se trata de Manuel Cecilio González, quien alcanzó a correr cuando escuchó las detonaciones.Todos los baleados fueron trasladados a un centro hospitalario, donde es evaluada su condición médica.
Las comunidades indígenas wayuu del municipio de Manaure, en La Guajira, finalmente contarán con acceso continuo y seguro al servicio de energía eléctrica. Esto, por una inversión de más de $52.000 millones por parte del Gobierno nacional, a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), se implementarán proyectos energéticos sostenibles que ampliarán la cobertura del servicio de energía en zonas rurales y dispersas del departamento.Con esta intervención, 1.334 usuarios pertenecientes a 59 comunidades indígenas wayuu accederán al servicio de energía eléctrica de manera continua las 24 horas del día, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su desarrollo comunitario. Los sistemas que implementa el IPSE corresponden a soluciones fotovoltaicas off-grid tipo microred y sistemas solares individuales fotovoltaicos, que permiten establecer un ecosistema energético compartido, resiliente y adaptado a las condiciones del territorio.Avance del proyecto en La GuajiraSegún el director del IPSE, Danny Fernando Ramírez, este esfuerzo marca un hito en la cobertura energética del municipio de Manaure, aportando de manera directa al cierre de brechas sociales y al desarrollo equitativo de la región. A la fecha, las soluciones solares fotovoltaicas para las viviendas presentan un avance del 20 %. Además, el 35 % de la mano de obra empleada es local, lo que garantiza el éxito del proyecto y dinamiza la economía en las comunidades beneficiadas.Con acceso a energía eléctrica continua y segura, estas comunidades podrán mejorar su calidad de vida, acceder a servicios básicos y oportunidades de educación y trabajo.
Santa Marta se prepara para uno de los fines de semana con mayor afluencia turística del año. Según datos del sector hotelero, más de 50.000 personas arribaron a la ciudad desde el pasado fin de semana, y se espera que este puente festivo supere esa cifra, con una ocupación hotelera superior al 70 %.Desde TUMAP, la Organización Gestora de Destino de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, aseguran que la ciudad ha articulado toda su oferta turística para brindar experiencias memorables a los visitantes.“Santa Marta está lista. Estamos viendo una ciudad dinámica, un destino consolidado y con una oferta turística de alta calidad. Este puente promete ser uno de los más importantes del año para todo el sector”, aseguró Junior Perdomo, gerente de TUMAP.El directivo también destacó el trabajo articulado entre empresarios, instituciones públicas y operadores turísticos para garantizar la mejor experiencia a quienes eligen la capital del Magdalena como su lugar de descanso.“Estamos trabajando unidos para que cada persona que llegue viva el turismo desde la cultura, el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza. El Magdalena tiene mucho por ofrecer y lo estamos mostrando con orgullo”, añadió Perdomo.Además del movimiento hotelero, las autoridades han implementado un plan especial de seguridad, con más de 800 policías desplegados en puntos estratégicos de la ciudad y al menos 350 soldados custodiando las vías del departamento para garantizar la movilidad y la protección de los viajeros.Santa Marta continúa posicionada como uno de los cinco destinos más visitados del país, y el gremio turístico asegura que esta temporada será clave para seguir fortaleciendo el desarrollo económico de la región.Desde TUMAP se extiende la invitación a propios y visitantes para disfrutar de manera segura y responsable de los atractivos del Magdalena, en lo que promete ser un puente lleno de música, cultura y paisajes inolvidables.
El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico (Uniatlántico), presidido por el gobernador Eduardo Verano, aprobó este miércoles la modificación de su Estatuto General, permitiendo así la reelección del rector por un período adicional.La decisión, que se tomó en una sesión extraordinaria, se dio en cumplimiento de un fallo de tutela y ha generado controversia por una nueva recusación contra los miembros del Consejo.A pesar de la recusación, la modificación fue aprobada con una votación de 5 a 3 y ahora el rector no solo será designado por un período de cuatro años, sino que también podrá ser reelegido una única vez, ya sea de forma inmediata o en un período posterior.La actuación dejaría el camino preparado para que el actual rector Danilo Hernández sea reelecto y la sola idea ya ha creado disgusto entre varios sectores, entre esos estudiantes que se oponen a su gestión. Así lo manifestó Juan Maza, líder estudiantil, quien cuestionó la modificación del estatuto mucho antes de la votación."La idea de convocar una votación del Consejo en plenas vacaciones, cuando ya los estudiantes no están en la universidad y muchos no están pendientes a las dinámicas universitarias, es desde nuestra perspectiva una estrategia tramposa, otra de las mañas para intentar reelegir al rector Daniel Hernández sin que nadie diga nada ni se dé cuenta, pero nosotros creemos que Danilo, por su mala gestión, no se puede o no se debería reelegir más", opinó.Hay que anotar que el Gobernador se abstuvo de votar, al igual que los delegados del Presidente de la República y del Ministro de Educación. Verano explicó que su abstención se debió a la nueva recusación presentada, lo que lo obligaba a seguir el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo.Durante la misma sesión, se presentó el balance financiero de la universidad para el año 2024, revelando una ejecución presupuestal de $597.967 millones y gastos por $488.956 millones. Estas cifras, según el informe, demuestran una situación financiera estable y una universidad saneada económicamente.
Tras la denuncia que realizó públicamente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por el vertimiento de residuos a la ciénaga de Mallorquín, la Corporación Regional Autónoma realizó varios operativos junto a la Fiscalía, la Policía Nacional, la Dimar y el Distrito, que concluyeron con sanciones para las empresas responsables de generar olores ofensivos y atentar contra el ecosistema.Una de las empresas sancionadas es Inversiones Ignacio Blanco S.A.S., a la cual le suspendieron sus actividades “por la indebida disposición de residuos sólidos ordinarios, de construcción y demoliciones” en el área de influencia de la ciénaga, por lo que el levantamiento de la medida quedó “condicionada a que en los próximos cinco días calendario presente evidencias de la limpieza de dichos residuos y su debida disposición con un gestor autorizado”.A su vez, la CRA legalizó la medida preventiva de suspensión de actividades que le fue impuesta en flagrancia a la sociedad Soluciones Ambientales del Caribe S.A. ESP, “por disposición inadecuada sobre el suelo, de lodos residuales con características oleosas”, toda vez que sorprendieron a un camión de esta empresa vertiendo una sustancia que, por las características del olor, serían “residuos provenientes de una actividad de sacrificio animal”.Para que le levanten la sanción, esta sociedad “deberá en los próximos cinco días calendario implementar las medidas que incluyen acciones de limpieza, disposición final adecuada del material removido y restauración del medio natural a su estado original”, informó la CRA.Frente a las empresas sancionadas, la Corporación enfatizó “en que el incumplimiento total o parcial de estas medidas preventivas será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, y harán parte del proceso sancionatorio ambiental que adelanta esta Autoridad ambiental”.A propósito de esta situación, la CRA viene realizando recorridos de inspección en los municipios del Atlántico para revisar cómo se está llevando a cabo la recolección y disposición final de residuos sólidos. En este proceso se han hallado puntos críticos de impacto ambiental, por lo que la Corporación requirió intervención inmediata de las autoridades.
En las oficinas corporativas de Air-e en Barranquilla están esperando que este jueves, en cualquier momento, llegue una comisión de la Fiscalía General para realizar una inspección de la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.Aunque no se sabe en qué momento llegarán los funcionarios, estos vienen con el objetivo de revisar los contratos y documentación, en el marco de una investigación que se adelanta por presuntos sobrecostos en la operación que impactarían en el presunto manejo irregular de cerca de $400 mil millones de pesos.La investigaciónPartió de una denuncia por presunto hurto de alta cuantía instaurada el pasado 25 de abril por el abogado Jaime Lombana, vinculado en el pasado como representante de Alberto Ríos Velilla, quien, como se recordará, era socio de la empresa antes de la intervención.Según el abogado, durante la administración de los agentes interventores Carlos Diago y Edwin Palma se habrían presentado irregularidades multimillonarias, asociadas a posibles solicitudes de coimas, manejos asociados a corrupción y que sobre el tema ya le habrían negado la entrega de información a la Contraloría.Por este hecho, la Fiscalía se encuentra en busca de elementos materiales probatorios que puedan corroborar si hubo o no actos de corrupción en el manejo de los recursos.Blu Radio conoció que esta sería la tercera visita que realizan funcionarios de la Fiscalía a las oficinas de Air-e en busca de información. La primera de ellas fue en el mes de abril y la segunda a inicios de este mes de junio.