“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
Carlos Alcaraz sigue marcando el ritmo en el circuito. El número uno del mundo clasificó a la final del ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar al ruso Andrey Rublev, 14º del ranking y vigente campeón del certamen, por 7-6 (7/3) y 6-4.Carlos Alcaraz por la final: El español, de 22 años, necesitó 2 horas y 2 minutos para resolver un partido exigente. En el primer set cedió en dos ocasiones su servicio y la definición se trasladó al ‘tie-break’, donde se impuso 7/3. En la segunda manga pasó de estar 3-0 arriba a ver el marcador igualado 3-3. Con 5-3 a favor dispuso de tres puntos de partido con su saque, pero no pudo concretarlos. En el último juego también dejó escapar otras dos oportunidades antes de cerrar el encuentro en la sexta opción.Con esta victoria, Alcaraz alcanzó su duodécima final en los últimos 13 torneos disputados y la número 34 de su carrera. En Doha sumó once partidos y once triunfos, dentro de una racha que se extiende desde el Abierto de Australia, donde se convirtió en el hombre más joven en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam. El murciano disputará por primera vez la final en las pistas duras de Catar y buscará ampliar su dominio reciente en el circuito. Su consistencia lo mantiene como referente del calendario en este inicio de temporada.El próximo rival será el francés Arthur FilsEn la final enfrentará al francés Arthur Fils, 40º del mundo, quien derrotó al checo Jakub Mensík, 16º del ranking y sexto cabeza de serie, por 6-4 y 7-6 (7/4). Mensík venía de eliminar en cuartos de final al número dos del mundo, Jannik Sinner.Desde que Rublev ganó el título en Madrid en mayo de 2024, ningún jugador distinto a Alcaraz o Sinner ha conquistado un torneo ATP en el que ambos hayan participado.
La tarde de los bogotanos fue interrumpida por una enorme columna de humo, pues un incendio que ocurrió en un edificio requirió la atención del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.Información preliminar indica que la conflagración tuvo lugar en una edificación situada en la carrera 30 a la altura de la calle 71 (Barrios Unidos) de al menos ocho pisos.Tras el llamado de emergencia, unidades de bomberos acudieron al lugar para extinguir las llamas.Según informaron las autoridades, en el sitio opera un restaurante, Mi Gran Parrilla Boyacense, y la conflagración se habría originado en los ductos de ventilación, lo que obligó al Cuerpo de Bomberos a realizar un ataque directo y a implementar ventilación mecánica para controlar la emergencia.Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Debido al incidente, el tránsito vehicular también resultó afectado. La Secretaría de Movilidad, informó sobre un cierre vial en la localidad de Barrios Unidos por el incendio estructural, por lo cual hay paso restringido en la zona. Unidades de ambulancia y grupo guía, hacen presencia en el lugar.Videos del incendio en restaurante de BogotáEn videos en redes sociales quedó registrado el momento en que el humo comenzó a salir de la parte superior del famoso restaurante, para luego invadir gran parte del cielo bogotano.
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sintrabienestar) emitió un llamado de alerta por la situación que, según la organización, atraviesa la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En un comunicado, el sindicato señaló que existen dificultades que estarían impactando la prestación de los servicios de prevención y protección dirigidos a niños, niñas, adolescentes y familias en la capital del país.Entre los principales señalamientos se encuentran la falta de insumos básicos y equipos para el funcionamiento de las sedes, como impresoras, equipos de cómputo, papel y tóner, así como el deterioro de las condiciones locativas en oficinas propias y en arriendo. También solicitaron intervenciones de mantenimiento y el cumplimiento de traslados pendientes en centros zonales como Bosa y Fontibón.El sindicato cuestionó además la declaración de días hábiles durante fines de semana en algunas dependencias, lo que afirman ha generado sobrecarga laboral en varias áreas. Según el comunicado, esta situación obedece a fallas en la planeación administrativa y a la ausencia de planes de contingencia desde la Dirección General.En relación con la operación directa de programas como Centros de Desarrollo Infantil y Educación Inicial en el Hogar, indicó que trabajadores de los niveles regional y zonal han asumido procesos adicionales, incluidos procedimientos de selección que no harían parte de sus funciones. Asimismo, advirtieron limitaciones de espacio para reuniones con familias usuarias y el uso de áreas de archivo como puestos de trabajo improvisados.El sindicato también expresó preocupación por la modalidad de contratación del personal vinculado a la operación directa, señaló que algunos trabajadores pasaron de contratos laborales con asociaciones a contratos de prestación de servicios. De acuerdo con el comunicado, los honorarios de algunos contratistas no compensan de manera suficiente los aportes al sistema de seguridad social.Finalmente, solicitó a la administración regional y nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2025 y pidieron al Gobierno nacional la asignación de recursos adicionales para infraestructura, insumos y talento humano. Hasta el momento, el ICBF indicó que se encuentra preparando una respuesta oficial frente a las denuncias presentadas por la organización sindical.
El Ministerio de Vivienda publicó el borrador de decreto que modifica el Título 9 del Decreto 1077 de 2025 y redefine el tope máximo para la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). La iniciativa, conocida por este medio a través del documento oficial , busca reforzar la protección al comprador y ajustar las reglas de comercialización.¿Cuáles serán los nuevos topes para VIS y VIP?El artículo 2 del borrador establece que el precio máximo de la VIS será de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), mientras que la VIP no podrá superar los 90 SMLMV.Como excepción, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina la Vivienda de Interés Social Rural podrá alcanzar hasta 280 SMLMV, debido a sus condiciones territoriales, logísticas y sociales, según se lee en el texto.El decreto aclara que estos valores constituyen un criterio de clasificación y no equivalen automáticamente al precio final, que deberá obedecer a los costos reales de construcción.¿Qué cambia en la forma de fijar y anunciar el precio?Uno de los ejes centrales es la obligación de informar el valor total en pesos colombianos desde las etapas iniciales del negocio jurídico. El oferente deberá comunicar “de manera expresa, clara, verificable y en pesos colombianos” el precio al momento en que el comprador manifieste su intención de adquirir la vivienda.El documento advierte que el precio fijado será el único exigible durante la ejecución del contrato y no podrá superar el tope máximo vigente al momento de la adjudicación o adquisición.Además, se establece que la interpretación de las normas deberá ser favorable al consumidor, en línea con la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), y que la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control.El Gobierno sustenta la medida en la necesidad de evitar que la comercialización en salarios mínimos traslade al comprador el riesgo de los incrementos anuales del salario. También señala que aumentos significativos en el valor final elevan el endeudamiento y restringen el acceso efectivo a vivienda digna.
El proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa por la muerte de dos menores que consumieron frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, continúa su curso ante el Tribunal de Westminster, en el Reino Unido.El director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, afirmó que existen plenas garantías en el sistema penal colombiano para recibir a Guzmán y asegurar su seguridad una vez sea enviada al país.“El caso de Zulma, como otros, demuestra el trabajo de cooperación y confianza entre países. Producto de ese trabajo fue ubicada en Inglaterra. Es un mensaje claro de que ningún delincuente podrá estar tranquilo en ninguna parte del mundo sin responder por sus hechos”, señaló el oficial.El coronel explicó que las autoridades británicas solicitaron información detallada sobre las condiciones de reclusión en Colombia, especialmente en lo relacionado con la seguridad e integridad de la procesada. Según indicó, ya se respondió formalmente a esos requerimientos, garantizando que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cuenta con establecimientos adecuados para asegurar su privación de la libertad en condiciones óptimas.“Se les ha comunicado que existen las condiciones para garantizar la seguridad de esta persona cuando arribe al país. Estamos a la espera de que ellos resuelvan y continuar con la materialización de la extradición”, agregó.Sin embargo, el alto oficial evitó precisar públicamente a qué centro penitenciario sería trasladada Guzmán. “No podría mencionarlo en este momento porque estamos acondicionando el espacio y garantizando las condiciones para que pueda estar segura en Colombia”, puntualizó.El trámite enfrenta cuestionamientos por parte de la defensa de Guzmán ante la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, que puso sobre la mesa el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta norma prohíbe de manera tajante los tratos inhumanos o degradantes hacia las personas privadas de la libertad. Bajo este argumento, la defensa buscaría frenar la extradición alegando que las cárceles colombianas no garantizan plenamente la integridad de la procesada.La solicitud de extradición inicialmente se proyectaba para finales de 2026. Guzmán sería enviada a Colombia para enfrentar el proceso penal en su contra, mientras las autoridades reiteran a la Corona británica y a la defensa de Guzmán que el Estado cuenta con la capacidad institucional para asegurar tanto su comparecencia ante la justicia como el respeto de sus derechos fundamentales.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Tras la denuncia que realizó públicamente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por el vertimiento de residuos a la ciénaga de Mallorquín, la Corporación Regional Autónoma realizó varios operativos junto a la Fiscalía, la Policía Nacional, la Dimar y el Distrito, que concluyeron con sanciones para las empresas responsables de generar olores ofensivos y atentar contra el ecosistema.Una de las empresas sancionadas es Inversiones Ignacio Blanco S.A.S., a la cual le suspendieron sus actividades “por la indebida disposición de residuos sólidos ordinarios, de construcción y demoliciones” en el área de influencia de la ciénaga, por lo que el levantamiento de la medida quedó “condicionada a que en los próximos cinco días calendario presente evidencias de la limpieza de dichos residuos y su debida disposición con un gestor autorizado”.A su vez, la CRA legalizó la medida preventiva de suspensión de actividades que le fue impuesta en flagrancia a la sociedad Soluciones Ambientales del Caribe S.A. ESP, “por disposición inadecuada sobre el suelo, de lodos residuales con características oleosas”, toda vez que sorprendieron a un camión de esta empresa vertiendo una sustancia que, por las características del olor, serían “residuos provenientes de una actividad de sacrificio animal”.Para que le levanten la sanción, esta sociedad “deberá en los próximos cinco días calendario implementar las medidas que incluyen acciones de limpieza, disposición final adecuada del material removido y restauración del medio natural a su estado original”, informó la CRA.Frente a las empresas sancionadas, la Corporación enfatizó “en que el incumplimiento total o parcial de estas medidas preventivas será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, y harán parte del proceso sancionatorio ambiental que adelanta esta Autoridad ambiental”.A propósito de esta situación, la CRA viene realizando recorridos de inspección en los municipios del Atlántico para revisar cómo se está llevando a cabo la recolección y disposición final de residuos sólidos. En este proceso se han hallado puntos críticos de impacto ambiental, por lo que la Corporación requirió intervención inmediata de las autoridades.
En las oficinas corporativas de Air-e en Barranquilla están esperando que este jueves, en cualquier momento, llegue una comisión de la Fiscalía General para realizar una inspección de la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.Aunque no se sabe en qué momento llegarán los funcionarios, estos vienen con el objetivo de revisar los contratos y documentación, en el marco de una investigación que se adelanta por presuntos sobrecostos en la operación que impactarían en el presunto manejo irregular de cerca de $400 mil millones de pesos.La investigaciónPartió de una denuncia por presunto hurto de alta cuantía instaurada el pasado 25 de abril por el abogado Jaime Lombana, vinculado en el pasado como representante de Alberto Ríos Velilla, quien, como se recordará, era socio de la empresa antes de la intervención.Según el abogado, durante la administración de los agentes interventores Carlos Diago y Edwin Palma se habrían presentado irregularidades multimillonarias, asociadas a posibles solicitudes de coimas, manejos asociados a corrupción y que sobre el tema ya le habrían negado la entrega de información a la Contraloría.Por este hecho, la Fiscalía se encuentra en busca de elementos materiales probatorios que puedan corroborar si hubo o no actos de corrupción en el manejo de los recursos.Blu Radio conoció que esta sería la tercera visita que realizan funcionarios de la Fiscalía a las oficinas de Air-e en busca de información. La primera de ellas fue en el mes de abril y la segunda a inicios de este mes de junio.
Las autoridades propinaron un nuevo y contundente golpe al narcotráfico en Santa Marta, tras la incautación de 53 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto marítimo de la ciudad. La droga estaba oculta en sistemas de refrigeración de contenedores que tenían como destino final Amberes, Bélgica.En el operativo, liderado por unidades especializadas de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, fueron capturados en flagrancia tres hombres que presuntamente se encontraban contaminando los contenedores bajo la modalidad conocida como “tuleo”.De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento incautado tendría un valor superior a 1 millón 463 mil euros en el mercado internacional y se evitó la comercialización de más de 135.000 dosis de este alcaloide.Este resultado fue posible gracias a labores de control diferencial y vigilancia permanente en el patio de contenedores de la terminal portuaria, lo que permitió detectar la manipulación sospechosa en dos unidades refrigeradas listas para ser embarcadas.“El compromiso es claro: seguir atacando las estructuras del crimen organizado desde todos los frentes. Con este operativo seguimos debilitando las finanzas del narcotráfico y cerrando rutas clave utilizadas para el envío de droga a Europa”, afirmó el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional.La institución informó que, con este resultado, se eleva a 225 toneladas la cantidad de cocaína incautada en lo corrido del año en el país, como parte de una ofensiva integral contra las redes transnacionales de narcotráfico.Finalmente, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas a través de la Línea Antidrogas 167, disponible las 24 horas.
En el corregimiento La Playa, de Barranquilla, hay dolor y consternación por el asesinato del joven Leider José Hernández Salcedo, cuando caminaba por una calle del barrio Adelita de Char, donde un par de delincuentes lo abordaron y le dispararon en plena vía pública.Testigos del hecho contaron a las autoridades que el joven, de 18 años, habría sido baleado en medio de un atraco, al resistirse a entregar su celular.El crimen ocurrió cerca de un puesto de comidas rápidas que estaba lleno de clientes por donde transitaba una patrulla de la Policía que escuchó los disparos y se percató que una motocicleta huía a alta velocidad por lo que fueron tras ella.Alfonso Atencio, miembro de la junta de acción comunal de La Playa dijo que estos robos son cada vez más frecuentes: “Se vienen dando atracos constantemente. Los ladrones se metieron en la moto cerquita a un establecimiento de comida rápida. El muchacho pasaba y ahí es donde fue el forcejeo, pues le iban a robar el celular. Un muchacho supremamente sano, de casa”, dijo el líder comunal.Mientras la comunidad auxiliaba a la víctima, cuadras más adelante la Policía detuvo la moto sospechosa y capturó a los presuntos responsables.Entre los detenidos figura un adolescente, de 17 años, al que le hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada en este crimen. El otro capturado fue identificado como Gabriel Eduardo Jiménez, quien presenta una anotación por porte ilegal de armas y quien al parecer sería integrante de la organización criminal 'Los Costeños'.
Dos disparos en la cabeza le arrebataron la vida a la adolescente Luisa Fernanda Palencia Linero, de 17 años, cuando departía con unos amigos al interior de un apartamento, ubicado en un conjunto residencial del municipio de Soledad, donde intempestivamente las balas silenciaron la música y acabaron la reunión de estos jóvenes, que se había alargado hasta la madrugada del miércoles.El dueño del apartamento contó a la Policía que él estaba en el baño cuando escuchó los disparos. Aseguró que, al salir, encontró a la estudiante de bachillerato en el suelo y logró desarmar al hombre que le disparó, un presunto miembro de la banda 'Los Costeños', que huyó en compañía de otra mujer.Un ataque de celos se convierte en la principal hipótesis, por lo que este sería un feminicidio, pero tampoco se descartan nexos criminales como móvil del crimen. Lo cierto es que la violencia de género y la guerra entre bandas ya dejan 28 mujeres asesinadas este año en el Atlántico sin que haya acciones contundentes por parte de las autoridades, como lo advierte la diputada del Atlántico Alejandra Moreno."El asesinato de una mujer en el municipio de Soledad nuevamente enciende las alarmas, porque está demostrando que las acciones preventivas y de protección a la mujer siguen fallando", expresó Moreno."El llamado es aumentar la acción preventiva por parte de las autoridades, evitar la violencia institucional que termina revictimizando y perpetuando esa revictimización", agregó.Las alarmas por la violencia contra las mujeres también resuenan en el Magdalena, donde defensoras de derechos humanos advierten que la disputa paramilitar, sumada a la desprotección institucional, han aumentado en un 42 % los asesinatos de mujeres en este departamento, siendo que ya van 20 víctimas este año.
Disparada está la violencia en el área metropolitana de Barranquilla por los constantes ataques a bala, en su mayoría relacionados con retaliaciones entre las mismas bandas criminales que se enfrentan a sangre y fuego por el territorio.De acuerdo con las cifras de la Policía, este año van 361 personas asesinadas en diferentes circunstancias en esta ciudad y municipios aledaños, lo que muestra un incremento del 9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, solo este mes se han registrado 58 homicidios y esto, a su vez, representa un incremento del 71% en comparación con junio del 2024.Barranquilla encabeza la lista, tanto así que este mes ya acumula 38 asesinatos. Es tal la situación, que el alcalde Alejandro Char en medio de un evento público en el que realizó la entrega de unos vehículos a la Policía, que la institución actúe con más contundencia en el área metropolitana."Yo le pido que así como Barranquilla entrega gran parte de su presupuesto y el Atlántico entrega gran parte de su presupuesto, para que ustedes puedan hacer la tarea, también de la misma manera y le pedimos más resultados", expresó el alcalde. La situación también es delicada en Soledad, donde este año se han registrado 99 asesinatos, seguido del municipio de Malambo, donde se han registrado 25 homicidios que, no obstante, representan una leve disminución de este delito.El único municipio del área metropolitana que ha tenido una reducción en el número de casos es Malambo. Allí este mes solo una persona ha sido asesinada, mientras que el año anterior para este periodo ya iban 8.Los reportes de las autoridades recalcan que el mayor número de casos obedecen a actos de sicariato y están relacionados con los enfrentamientos de bandas delincuenciales que se disputan el control de las rentas de las actividades ilícitas.