Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Medellín realizará una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero, con más de 80 puntos habilitados en las 16 comunas y cinco corregimientos. La estrategia busca fortalecer la prevención de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos. La aplicación del biológico será gratuita y estará disponible para toda la población que no tenga la dosis.La Administración Distrital reiteró que la fiebre amarilla puede generar complicaciones graves si no se detecta y atiende a tiempo. Aunque en la ciudad no se registran casos históricos de la enfermedad, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa. La vacunación sigue siendo la principal medida para evitar riesgos, especialmente ante viajes a zonas endémicas.De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se aplicaron 121.490 dosis en Medellín, principalmente en personas entre los 15 y 39 años. Este balance evidencia la disponibilidad del biológico y la capacidad de respuesta de la red de servicios de salud. Sin embargo, el llamado es a verificar el carné de vacunación y completar el esquema si es necesario.¿Cómo es la vacuna contra la fiebre amarilla?La vacuna contra la fiebre amarilla es de dosis única y ofrece protección de por vida. No tiene costo y está incluida dentro del esquema nacional de inmunización. Las autoridades insisten en que la protección individual es clave para evitar la propagación del virus en el territorio.“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad prevenible que, sin embargo, continúa generando afectaciones graves en el país”, señaló Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Agregó que desde 2024 se han confirmado 169 casos y más de 70 fallecimientos en Colombia, aunque en Antioquia no se reportan contagios.La funcionaria precisó que muchos casos se concentran en departamentos como Tolima, lo que incrementa el riesgo para viajeros. Por ello, recomendó acudir a los puntos habilitados antes de desplazarse a zonas donde circula el virus. La programación y ubicación de los puestos puede consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Medellín.Síntomas de fiebre amarillaAdemás de la vacunación, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, náuseas o vómito. La atención temprana permite identificar posibles complicaciones y evitar desenlaces graves. También se insiste en no automedicarse.
Nequi se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por millones de colombianos y, desde su aparición, la manera en que los ciudadanos manejan su dinero ha dado un giro importante; por ello, una caída o suspensión del servicio golpea con fuerza.De hecho, Nequi, que tiene servicios independientes, trabaja de la mano con Bancolombia, por lo que existe una relación sólida y un trabajo conjunto; por lo tanto, una afectación en el servicio tiene alto impacto en el bolsillo de los colombianos.Vale recordar que en julio de 2025 Bancolombia cerró su plataforma de "Ahorro a la Mano", lo que llevó a que todos sus usuarios fueran trasladados a Nequi, afianzando la relación entre ambas entidades.Nequi y Bancolombia no funcionarán estas fechasRecientemente, los usuarios de Nequi han recibido una advertencia sobre la suspensión de algunos de sus servicios. En la plataforma se notificó que entre las 10:30 p.m. del sábado 21 y las 3:30 a.m. del domingo 22 de febrero, Bancolombia realizará mantenimientos, por lo que las transferencias entre cuentas de ambas entidades no podrán realizarse durante esa jornada.De hecho, tampoco se podrá pagar por medio de QR entre cuentas de Bancolombia ni recibir remesas. Sin embargo, pese a las molestias entre las dos entidades, Nequi señala que el resto de servicios funcionará con normalidad.Por su parte, Bancolombia reveló que en la Sucursal Virtual Personas se realizarán mantenimientos de rutina; PSE y Botón Bancolombia no funcionarán el martes 17 de febrero desde las 11:59 de la noche hasta el miércoles 18 de febrero a las 02:00 de la mañana, por lo que se recomienda hacer pagos por medio de tarjetas de crédito o débito, o retirar dinero directamente de cajeros; si debe realizar pagos por PSE y Botón Bancolombia, lo mejor es hacerlo antes o después de dicho horario.Bancolombia aclara qué pasará el sábado 21 de febreroTras la notificación de Nequi, Bancolombia también informó a sus usuarios por medio de sus plataformas digitales y señaló que tanto en la App Mi Bancolombia como en la Sucursal Virtual Personas se realizarán trabajos de mantenimiento entre el sábado 21 de febrero a las 10:30 p.m. y el domingo 22 de febrero a las 03:30 a.m.En esas cinco horas se podrán enviar transferencias entre cuentas Bancolombia inscritas hasta por $30 millones y a cuentas no inscritas hasta por $3 millones; asimismo, podrá pagar con tarjetas físicas o retirar dinero en cajeros.
El reciente caso de un incidente de desacato que terminó en el ‘carcelazo’ por dos días para el agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS, por incumplimientos en procedimientos a una paciente cardíaca en un hospital de Envigado, no se trata de un hecho aislado.La crisis del sistema de salud, traducida en realidades como las demoras en la práctica de procedimientos, la atención de enfermedades y la entrega de medicamentos, ha trasladado el escenario de los consultorios médicos a los juzgados.Buscando el cumplimiento de un derecho fundamental como la salud, las tutelas se han convertido casi en el único y último mecanismo que encuentran los usuarios para obtener alguna respuesta por parte de las autoridades o las EPS, en medio de largas filas o extensas llamadas sin ninguna solución.Datos de Medellín Cómo Vamos indican que en la capital antioqueña, durante 2025, se interpusieron 24.541 tutelas relacionadas con temas de salud. Si bien fueron unas 400 menos que en 2024, tener un promedio de 67 por día resulta preocupante, no solo para el sistema de justicia por la carga que debe tramitar, sino por la misma vida de los pacientes.Aun con un incidente de desacato a favor, Mónica Isabel Uribe, hija de una mujer de 92 años que requiere el cambio de su marcapasos, indicó en Blu Radio que Nueva EPS sigue sin cumplir."No han llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe, que ahí es donde debe llegar la remisión. Para mi mamá no ha llegado nada; no se han pronunciado en ningún momento. No hemos tenido ninguna llamada de ellos", añadió.Con las cifras registradas el año anterior en tutelas interpuestas, Medellín se convierte en la ciudad del país con la mayor tasa de este tipo de mecanismos legales, llegando casi a las 10 por cada mil habitantes, mientras que en otras ciudades como Cali, Cartagena o Barranquilla son 5, 4 y 3 acciones, respectivamente, por la misma proporción de habitantes.
Domenico, el niño italiano de dos años y medio que mantuvo a toda Italia pendiente de su estado tras recibir un corazón quemado en diciembre por presuntas fallas graves en el transporte del órgano, falleció este sábado, según confirmó el hospital donde permanecía internado.“Acabo de recibir la llamada de la madre. Se acabó”. Con estas palabras, el abogado de la familia informó a los periodistas que aguardaban en el hospital Monaldi sobre el fallecimiento del pequeño Domenico.El Hospital Monaldi emitió un comunicado para anunciar la muerte del menor, que mantuvo en vilo a toda Italia: “Con profundo pesar, el Hospital Colli informa que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el paciente, trasplantado el 23 de diciembre de 2025, falleció tras un deterioro repentino e irreversible de su estado clínico. La Dirección Estratégica, junto con todo el personal sanitario y no sanitario, expresa su más sentido pésame y lo extiende a la familia en este momento de dolor”.La madre del niño, Patrizia Mercolino, afirmó que “lo que pasó a Domenico no debe olvidarse” y, según su abogado, evalúa crear una fundación en nombre de su hijo para apoyar a víctimas de negligencia médica y a niños que no pueden acceder a trasplantes.Tras una evaluación médica exhaustiva y el análisis de los últimos exámenes por un equipo de especialistas de hospitales italianos especializados en trasplantes pediátricos, se concluyó que las condiciones del menor no eran compatibles con una nueva intervención quirúrgica, aunque este martes se había notificado la posible disponibilidad de un órgano compatible.Por ello, la familia decidió activar el protocolo de tratamiento paliativo porque “ya no había esperanza”.El niño permanecía desde hacía días en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que sustituye de forma temporal las funciones del corazón y los pulmones.Según las primeras investigaciones sobre el trasplante del corazón dañado en el Hospital Monaldi de Nápoles, el órgano que viajó desde Bolzano, en el norte, se deterioró por el uso de hielo seco durante su traslado en un contenedor médico de plástico.Del caso se ocupan tanto las fiscalías de Bolzano como de Nápoles, pues se presume que el hielo seco fue un factor determinante en el traslado de un corazón dañado al quirófano del Hospital Monaldi el 23 de diciembre, y aun así fue implantado posteriormente pese a presentar afectaciones.La madre del niño, Patrizia Mercolino, luchó hasta el final por conseguir un corazón para su hijo, y junto a ella se movilizó la ciudad de Nola, donde vive con su esposo y sus otros dos hijos, cuyos habitantes organizaron marchas para expresar su respaldo.
La caída del cabello dejó de ser un tema menor. En Colombia, la alopecia afecta al 27 % de la población, es decir, a más de dos millones de personas, según cifras del DANE. El impacto no es solo estético: también toca la autoestima y la calidad de vida. En ese escenario, el país se ha convertido en un actor fuerte del turismo médico en América Latina, especialmente en tratamientos capilares.El mercado global de implantes proyecta mover 6.300 millones de dólares hacia 2032, y Colombia quiere una tajada importante. De hecho, ProColombia estima que el país podría atraer hasta 2,8 millones de turistas de salud en los próximos años. Con esa demanda en aumento, cuatro clínicas marcan la pauta en innovación y resultados.Las cuatro clínicas de implante capilar que más buscan los colombianosEl crecimiento del sector no es improvisado. Estas instituciones combinan tecnología, experiencia médica y modelos de atención diferenciados:Medicapilar: irrumpió en Bogotá en 2025 con una propuesta enfocada en accesibilidad. Implementa la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un método mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes. Ha atendido más de 500 pacientes con una tasa de éxito reportada del 100 %.Mediarte: con 12 años de trayectoria y 22 sedes en el país, es la única certificada en Colombia para implantes con fibras biocompatibles desarrolladas por Medicap. Ha realizado más de 20.000 procedimientos y ofrece garantía escrita sobre el crecimiento del cabello implantado.Hero Institute: apuesta por tecnología robótica de precisión quirúrgica. Sus sistemas automatizados permiten implantes milimétricos, reduciendo el margen de error y optimizando resultados estéticos.Dermaster Hair Medical: en Barranquilla, combina trasplante FUE y ARTAS con medicina regenerativa. Su enfoque integra terapias que fortalecen el folículo y mejoran la calidad del cabello existente.Implante capilar en Colombia: innovación, turismo médico y crecimiento del sectorEl sector de belleza y cuidado personal emplea a 2,3 millones de personas en el país y crece a un ritmo del 12,8 % interanual. Bogotá y Medellín lideran el turismo de salud, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en restauración capilar.Hoy el implante ya no es un lujo inalcanzable. La combinación de tecnología avanzada, personal médico especializado y modelos de financiación más flexibles está democratizando el acceso. Para quienes enfrentan la pérdida de cabello, el país ofrece cada vez más alternativas con estándares internacionales y resultados respaldados por ciencia.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Multimillonarias pérdidas reporta el comercio de Barranquilla por apagones como el ocurrido la noche del pasado martes, cuando una falla en el servicio eléctrico dejó a oscuras gran parte de la ciudad durante varias horas.Las más afectadas son las micro, pequeñas y medianas empresas, como restaurantes, hoteles y locales comerciales que ofrecen servicios de todo tipo, pero que no tienen capacidad de autogeneración de energía y por eso estas fallas las paralizan.Es así como la Cámara de Comercio de Barranquilla estimó, de manera preliminar, que el reciente apagón habría generado pérdidas por el orden de los $23.000 millones, por lo que desde la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida han solicitado a Air-e, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a XM y al Ministerio de Minas y Energía, “la información oficial sobre las causas del apagón y, más allá de ello, sobre los planes de contingencia que han activado o pueden activar para evitar que se repitan”.La empresa Air-e Intervenida explicó que el apagón en Barranquilla obedeció a una avería en un equipo del sistema eléctrico que es propiedad de un tercero y no de ellos; sin embargo, los gremios afirman que “en cualquier caso, ese apagón es una muestra de lo que podría sufrir la ciudadanía dada la iliquidez de Air-e y la demora de la Superservicios en conseguir los dineros para capitalizar y pagar las deudas que tiene con generadores, transmisores y otros proveedores de la cadena del sistema”.
Dos policías muertos dejó un hostigamiento que se registró contra de la estación ubicada en el municipio de Río de Oro, al sur del Cesar, una población ubicada a escasos 5 minutos del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.Los uniformados de la Policía Nacional, víctimas de este hostigamiento, fueron identificados como José Daniel Pedraza y Henry Ospina Lasso. Ambos recibían atención médica en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, pero nada se pudo hacer para salvarle la vida.El ataque se reportó cuando los uniformados adelantaban un puesto de control cerca de una vía nacional. Cabe resaltar que, en la zona hay presencia de bandas, pero principalmente del ELN, que en los últimos meses ha atacado diversas estaciones de Policía y unidades militares.Hay que recordar que recientemente, también en el Cesar, dos artefactos explosivos improvisados fueron detectados por la Policía y el Batallón de Ingenieros de Explosivos en zona rural del municipio de Curumaní, sur del departamento.Este hallazgo, informaron las autoridades, se produjo en inmediaciones del corregimiento de Las Vegas, donde unidades antiexplosivos y un guía canino especializado logró ubicar este "material de alto riesgo para la población y la infraestructura de la región".El coronel William Morales Vargas, comandante de la Policía del Cesar, detalló que "los artefactos contenían aproximadamente 15 kilogramos de explosivos artesanales cada uno, y estaban diseñados con un sistema de ignición eléctrica y activación por línea de mando".
Mientras en Barranquilla expertos en el tema de energía aseguran que el apagón que se presentó este martes en la ciudad sería consecuencia de la crisis que enfrenta la empresa Air-e intervenida y al mantenimientos y actualización de los equipos, la compañía emitió un comunicado casi 24 horas después de lo ocurrido explicando que la falla técnica se presentó en un equipo del sistema eléctrico que es propiedad de un tercero y no de ellos.La compañía detalló que la contingencia se produjo al interior de la subestación Oasis, que está ubicada en el norte de la ciudad, donde ocurrió una falla “en un componente del sistema eléctrico de alta tensión de propiedad particular”.Afirma Air-e que la falla “provocó la activación de los esquemas automáticos de protección, ocasionando la desconexión preventiva en cadena, de las subestaciones Puerta de Oro, Las Flores, Riomar, Silencio, Centro y Oasis, afectando el suministro de energía en varios sectores de Barranquilla y del municipio de Puerto Colombia”.Para superar la emergencia Air-e informa que activaron de manera inmediata su Plan de Contingencia, con el despliegue de personal técnico y especialista y en coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y demás agentes del mercado eléctrico. Finalmente señalan que “el servicio fue restablecido de manera controlada, segura y antes de lo previsto”.
Mientras el Congreso de la República establece de forma definitiva el límite territorial entre el municipio de Puerto Colombia y Barranquilla, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública hizo un llamado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que emita un concepto ya sea transitorio o provisional sobre a quién corresponde el denominado corredor universitario, que es el espacio que se encuentra en la disputa jurídica.Este corredor comprende 1.400 hectáreas de terreno que fueron incorporadas por la Asamblea Departamental al municipio de Puerto Colombia. Sin embargo, esa decisión fue anulada por el Consejo de Estado mediante sentencia de segunda instancia, que confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico.El conflicto, que suma casi tres décadas, se ha agudizado en los últimos años con nuevos alegatos, por lo que, en vista del limbo jurídico y administrativo generado por la controversia, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo con el propósito de impulsar soluciones institucionales que contribuyan a resolver el litigio.Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades locales para que asuman con voluntad y responsabilidad los acercamientos necesarios que permita establecer con claridad cuál es el límite entre barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.
El Caribe colombiano actualmente se encuentra bajo la influencia de la onda tropical #7, la cual estaría causando lluvias dispersas en algunos departamentos, donde el Ideam sostiene una una alerta naranja ante la posibilidad de que se presenten por las lluvias. Ante esta situación, desde la Defensa Civil en el Atlántico están trabajando con protocolos de prevención e información a las comunidades para que conozcan qué hacer en caso de fuertes vientos e intensas lluvias. En consecuencia, ha sido priorizada la atención en el archipiélago de San Andrés, donde la semana pasada fue realizado un simulacro de evacuación. "Tenemos unos observadores comunitarios y muy activos en San Andrés. Están capacitados para las brigadas forestales también. La semana anterior se hizo un simulacro con todas las instituciones de socorro, con bomberos, la Cruz Roja, la Unidad de Gestión del Riesgo", señaló el mayor Néstor Rodríguez, comandante de Defensa Civil para Atlántico y San Andrés. Para el caso de Barranquilla han sido realizadas actividades de perifoneo, con el objetivo de insistir a las comunidades sobre la importancia para que realicen podas de árboles y eviten tener elementos que puedan ser peligrosos en caso de fuertes vientos. "Que la gente prepare sus planes familiares en cada una de sus viviendas. No podemos salir corriendo y dejar abandonadas a nuestras mascotas. Cuando se presente alguna actividad ciclónica deben ser desconectados todos los dispositivos electrónicos", explicó el líder de Defensa Civil. Aseguró que el equipo de atención y rescate está preparado para lo que sería el paso de 13 a 19 huracanes durante esta temporada, por lo que han intensificado sus labores de educación y de amarres de árboles en zonas de riesgo. "Estamos preparados ante cualquier eventualidad", dijo.
Expectantes están en el Caribe por las implicaciones que traerá la decisión de la Creg de tumbar el régimen especial tarifario que, durante los últimos cinco años, obligó a los usuarios de la región a pagar hasta por el robo de energía que otros cometen.Este, según explica el personero de Barranquilla Miguel Ángel Alzate, se verá reflejado en las facturas a partir de agosto o septiembre, lo que implicará que la empresa dejará de percibir cerca de un billón de pesos por año, mientras que los usuarios tendrán un alivio hasta por 54 pesos por kilovatio hora consumido."Esta decisión genera un ahorro en la economía de los hogares, porque los usuarios de Air-e dejaríamos de pagar más de $282.000 millones anuales y los usuarios de Afinia, $114.000 millones. Además, se generan eficiencias que impactan a todo el país", indicó el personero Alzate.Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe celebran, por un lado, que, con esta resolución, “las empresas Air-e y Afinia ya no podrán seguir cobrando en las facturas de energía esos hurtos y fraudes, las inversiones futuras en forma anticipada, la sobretasa del 20% en el ítem de comercialización y la prima de riesgo de cartera, cuyos cobros solo ocurrían en la región Caribe”.Sin embargo, por otro lado, el gremio de usuarios reconoce que esta importante decisión no ahuyenta el riesgo de apagón, así lo expresó Norman Alarcón, presidente de la mencionada Liga."Vendrá una rebaja en las tarifas eléctricas, que esperamos que sea importante, pero no desaparece el fantasma de la crisis en la empresa Air-e, que no le ha pagado los $1.5 billones que les adeuda a los generadores de energía. Además, sigue el cobro de la opción tarifaria que ya pagaron los usuarios", manifestó Alarcón.Expertos del sector, como el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, también reconocen que esta decisión podría ser un arma de doble filo, pues así como representa un alivio para el bolsillo de los usuarios, podría poner en jaque a las empresas.Acosta espera que en las próximas facturas los usuarios perciban una reducción del 5%; sin embargo, no esconde su preocupación por lo que le espera a empresa como Air-e Intervenida, cuya situación consideró que no puede ser más crítica en este momento por la falta en el flujo de caja que aún no ha podido resolver el Gobierno."Esta medida, si bien beneficia a los usuarios, entra a agravar las dificultades financieras que tienen estas empresas para operar. Y la situación más crítica, en mi concepto, es la que está afrontando la empresa Air-e. O sea, hoy Air-e no tiene con qué pagar la energía que está comercializando", advirtió Acosta.