Una fuerte explosión al interior de una fábrica de tanques y plásticos, ubicada en el barrio La Estación del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, provocó un gigantesco incendio estructural en las últimas horas, dejando a dos trabajadores lesionados en la tarde de este miércoles.Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Piloto de Jamundí para recibir atención médica, pero debido a la gravedad de las quemaduras, una de ellas fue remitida horas después a una clínica de mayor complejidad en la ciudad de Cali, tras presentar graves afectaciones causadas por el incendio.“El hecho ocurrió en la calle 9 con carrera 12, aquí en el municipio. La emergencia se presentó durante un proceso de producción en la empresa y, de acuerdo con el reporte preliminar, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas por el mismo personal de la fábrica en vehículos particulares hasta el hospital municipal. Al parecer, durante el proceso se presentó una falla en una de las máquinas, lo que originó la situación”, dijo el capitán Eduardo Sierra, comandante de los Bomberos Voluntarios de Jamundí.La emergencia fue atendida de manera oportuna por trabajadores de la fábrica, la comunidad y unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas, evitando mayores daños en la infraestructura y previniendo que otras personas resultaran lesionadas.“En esta empresa se fabrican tanques plásticos. Creemos que durante el proceso de producción, en el que se utilizan máquinas que trabajan con calor y presión, se pudo haber generado la explosión, dejando este lamentable saldo de dos personas lesionadas”, explicó Sierra.Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la explosión, mientras se evalúan las condiciones de seguridad industrial de la fábrica. Entre tanto, los trabajadores afectados continúan bajo observación médica
Tras conocerse en las redes sociales un video que evidencia los momentos de angustia de una mujer, quien llorando en el piso de la sede de la EPS Emssanar en Cali, implora que la entidad continúe los tratamientos para su hijo quien padece de una enfermedad huérfana, conocimos el testimonio de esta madre de familia.Recientemente Marlin Raba, entregó detalles de la situación a la que se deben de enfrentar ella y su hijo constantemente, hecho que poco a poco va deteriorando cada vez más las condiciones de salud de su hijo.“Llevaba meses con otras compañeras en la lucha, tocando muchas puertas y uno me decía una cosa, otro me decía otra y ya uno llega a ese punto de desespero. y esto se está volviendo de cada mes para poder lograr algo, porque si uno se queda callado se queda completamente desprotegido”, dijo Marlin.El llamado que está haciendo esta madre de familia a la EPS es a garantizar una continuidad en la atención a su hijo y no tener que acudir a situaciones mediáticas para ser escuchada.Al conocer el caso, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar confirmó que el equipo de Defensores del Paciente ya se puso en contacto con Marlin para ayudarla con sus exigencias, logrando así la garantía del servicio de cuidado en casa.“Fuimos específicamente a su casa, garantizamos que la EPS Emssanar pudiera prestarles el servicio adecuado de Home Care e hicimos un compromiso para que esta EPS garantice durante este mes la nutrición de su hijo, quien tiene una condición de discapacidad”, indicó el secretario.
Una mujer murió después de un procedimiento estético que le practicaron en una clínica de garaje de Cali. La víctima de este caso tenía 40 años, y fue identificada como Orfa Márquez, oriunda de Suárez, Cauca, quien actualmente era contratista de la alcaldía de ese municipio.Esta mujer había llegado el fin de semana a Cali hasta un establecimiento ubicado en el barrio Ciudad 2000 al sur de la capital vallecaucana, para someterse a un procedimiento estético, sitio que al parecer no contaba con las condiciones mínimas de seguridad. Tras sufrir una complicación murió durante el post operatorio."El caso está en conocimiento de la Fiscalía y estamos a la espera del dictamen forence correspondiente de Medicina Legal para dictaminar la causa final de muerte de esta paciente. Estamos realizando acciones de vigilancia y control al establecimiento donde se aplicó aparentemente un biopolímero, pues al parecer no cumple con las condiciones debidas de habilitación", dijo el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.Por su parte, el personero distrital Gerardo Mendoza, hizo un llamado a las autoridades a reforzar los controles de inspección y vigilancia a las diferentes instituciones donde se ofrecen servicios de cirugia estética, para evitar que la vida de más personas se pongan en riesgo."Este hecho evidencia los riesgos de acudir a los establecimientos que no cumplen con los estándares requeridos por la ley y refuerza la necesidad de controles y prevención de las autoridades de salud. La vida no puede ponerse en riesgo por falta de controles y la informalidad en la prestación de servicios médicos", dijo el personero Mendoza.
En medio de un operativo de control de movilidad realizado en el sector de Chipichape, en el norte de Cali, varios trabajadores de una obra de construcción que se adelanta en la zona se enfrentaron con agentes de tránsito, luego de que estos inmovilizaran varias motocicletas por mal estacionamiento."Empiezan a increpar a los agentes desde la parte alta de la obra y les lanzan varios objetos, en ese momento salen varias personas de ese lugar, bajan las motos , tuvo que intervenir la policía, la moto de los agentes si fueron tiradas al piso, una moto presenta unos daños y la grúa le dañaron vidrios", dijo Duvier Ossa, coordinador del Centro de Gestión de Movilidad.Actualmente, en el sitio se adelanta una reunión entre agentes de tránsito, trabajadores y representantes de la obra, con el fin de superar el conflicto. Por ahora, se está a la espera del reporte oficial por parte de las autoridades de movilidad para confirmar si hay agentes de movilidad heridos ."Están los representantes de la obra y están hablando con los señores de la grúa y con nuestros agentes para tratar que los ánimos estén calmados, es una situación de intolerancia ya que hubo agresiones verbales", expresó Ossa.
Un sinsabor para las víctimas y las organizaciones que las representa jurídicamente sigue quedando en medio de la audiencia del Subcaso Antioquia del caso 03 ante la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya segunda parte se está llevando a cabo en Medellín tras tres días de la diligencia en el municipio de Granada, Oriente de Antioquia.En la última jornada se conoció el testimonio de Marino Ospina Durán, quien contó que, a los cuatro días de haber sido expedida su cédula, se presentó al batallón Voltígeros en Urabá. Dijo que su hermano Luis Armando también prestó servicio militar y se convirtió en soldado profesional, pero este último fue retenido en el Parque San Antonio de Medellín y asesinado detrás del Batallón Pedro Nel Ospina en Bello. “Si no lo hubieran matado, estaríamos reunidos en esta época de Navidad, en Turbo”, dijo."La palabra mayor es muy grande pa' ese señor, ¿a dónde está ese señor? ¿A dónde está el señor que me venga y me diga que el fue el que autorizó a Heriberto a que recogiera a mi hermano en el parque de San Antonio? Se están tapando, ustedes están se están liberando, a mí me importa el carajo que ustedes, lo que ustedes, lo que hagan con ustedes, pero vuelvo y le digo, yo lo que quiero saber es qué pasó con mi hermano, por qué lo mataron detrás del Pedro Nel Ospina", exigió la víctima.Por su parte, la Fundación Forjando Futuros reiteró la necesidad de un esclarecimiento pleno, detallado y verificable por parte de los comparecientes, y advirtió que la verdad entregada hasta ahora sigue siendo fragmentaria, especialmente, frente a los hechos de tortura.Para la organización, las explicaciones de los comparecientes evitan explicar quiénes actuaron, dieron las órdenes y cómo operaron las estructuras que hicieron posibles estos crímenes. Así lo dijo durante su intervención Jahson Andrey Taborda Casas, coordinador jurídico de esta entidad, que representa a varias víctimas."Se le ha huido a la obligación de entregar verdad, y a reto grande que todavía tiene la jurisdicción para entregarle satisfacción a las víctimas. Esta preocupación no surge de un hecho aislado, sino de una constante que se ha venido reiterando en distintos aportes de los comparecientes, quienes tienden a asumir su responsabilidad exclusivamente desde la omisión, desde el no hacer, del de no conocí, del de era un inexperto, del desde me obligaron", argumentó Taborda.Durante la diligencia intervino la víctima Suraime Marcela Rueda, esposa de José Isaías Moreno, asesinado el 26 de marzo de 2006 junto a su amigo Mauricio Parra Correa, crímenes atribuidos a exintegrantes del Batallón de Ingenieros N.º 4 ‘Pedro Nel Ospina’.Rueda exigió a los comparecientes una verdad plena y sincera, reclamando que las víctimas no sigan siendo tratadas como cifras sin humanidad, y pidió además el esclarecimiento de otros hechos como torturas. Al referirse a Iván Mauricio Ochoa y William Darley García, cuestionó sus justificaciones y señaló que actuaron buscando reconocimiento y ascensos, a costa de la vida de sus seres queridos.Tras esta intervención, la magistrada relatora del caso, Catalina Díaz, se refirió a lo que se ha identificado en el modus operandi de las unidades militares para esa época."Yo creo que hoy la sociedad colombiana no puede negar que, así como su esposo, en Antioquia por lo menos 1.600 personas fueron asesinadas ligada a una política de la Cuarta Brigada del Ejército. Estamos investigando si esa política venía de más arriba", destacó.Finalmente, el abogado de Forjando Futuros cuestionó que los comparecientes tiendan a asumir su responsabilidad únicamente desde la omisión, negando la existencia de órdenes o decisiones, pese a reconocer que los hechos ocurrieron.Se espera que en las primeras horas de este miércoles el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, junto con la magistrada Díaz den detalles de cómo avanza esta diligencia contra máximos responsables de la Cuarta Brigada en la capital antioqueña.
Un nuevo hecho de violencia de género sacudió al municipio de Soacha, vecino de Bogotá, durante la madrugada del domingo 14 de diciembre. En un conjunto residencial del sector de Ciudad Verde, la Policía encontró sin vida a una joven de 20 años dentro del baño del apartamento que compartía con su pareja. El señalado agresor es un joven de 19 años, quien fue capturado en flagrancia en el lugar de los hechos.El caso es investigado como feminicidio y volvió a encender las alertas sobre la violencia contra las mujeres, así como la necesidad de fortalecer las rutas de prevención, atención temprana y acompañamiento institucional en contextos de violencia intrafamiliar, especialmente entre parejas jóvenes.La Policía encontró a la mujer en el baño del apartamentoDe acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, la central de radio recibió una alerta hacia las 12:40 de la madrugada por una presunta riña al interior de un conjunto residencial. Uniformados adscritos a la Estación de Policía León XIII se desplazaron de inmediato al lugar para verificar la situación.Al llegar al apartamento, los agentes fueron recibidos por un joven de 19 años, quien reconoció haber herido a su pareja. Tras ingresar a la vivienda, los policías encontraron en el baño el cuerpo de una mujer sin signos vitales, lo que confirmó la gravedad del caso y activó de inmediato los protocolos judiciales.Vecinos del sector relataron que minutos antes se escucharon gritos provenientes del inmueble, seguidos de un silencio que generó preocupación entre quienes residen en el conjunto. La rápida llegada de las autoridades permitió esclarecer lo ocurrido y asegurar al presunto responsable, evitando una posible fuga.Joven confesó el crimen y fue capturado en flagranciaEl presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el crimen y recopilar el material probatorio necesario para el proceso judicial.Según lo manifestado por el joven, la víctima habría sido asfixiada y posteriormente atacada con un arma blanca. Esta versión hace parte de los elementos que están siendo evaluados por los investigadores. El capturado deberá responder por el delito de feminicidio mientras avanza su proceso de judicialización.La joven asesinada fue identificada como Angie Paola Quintero Benavides. De acuerdo con información conocida por las autoridades, participaba activamente en espacios relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres. Su muerte ha generado indignación en la comunidad y reavivó el llamado de las instituciones y organizaciones sociales a denunciar cualquier señal de violencia y a acudir oportunamente a las rutas de atención disponibles.Este nuevo caso se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a las autoridades y refuerzan la urgencia de trabajar en prevención, educación y acompañamiento para evitar que la violencia intrafamiliar siga cobrando vidas.
El Gaula de la Policía y la Fiscalía hicieron extinción de dominio a nueve bienes que eran utilizados por la peligrosa banda criminal Tren de Aragua como centros de operación criminal, camuflados como establecimientos legales.En total fueron seis bienes inmuebles, dos sociedades comerciales y una matrícula mercantil, entre los que figuran un hotel y varios bares y clubes nocturnos ubicados en las localidades de Bosa y Kennedy. El avalúo comercial de estos activos supera los 8.100 millones de pesos.Según las investigaciones, estos establecimientos funcionaban bajo la fachada de sindicatos, una estrategia que le permitía a la organización criminal ocultar sus actividades ilícitas y dificultar los controles de las autoridades. En estos lugares se realizaba venta de drogas, venta de licor adulterado, explotación sexual, almacenamiento de armas de fuego, además de la planeación y ejecución de extorsiones contra comerciantes y ciudadanos.Las autoridades establecieron que los bienes fueron adquiridos con dinero producto de extorsiones, tráfico de drogas y otras rentas ilegales, con el objetivo de lavar activos y garantizar la expansión del Tren de Aragua en la capital del país, fortaleciendo su control territorial y su capacidad de intimidación.Entre los predios afectados se encuentra el Hotel Los Potrillos, inmueble que, de acuerdo con el material probatorio, habría sido utilizado en 2023 para retener y torturar víctimas de extorsión. Este bien está vinculado a alias ‘Mizon’, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’ y considerado enlace directo con la estructura transnacional del Tren de Aragua.En el mismo operativo fue capturado, mediante orden judicial, alias ‘Luis Maracucho’, identificado como cabecilla de zona en la localidad de Chapinero. Este hombre habría asumido el liderazgo tras la captura de alias ‘Jhonatican’ y sería el responsable de coordinar la distribución y venta de marihuana, base de coca y tusi en sectores como el Parque de Los Hippies y barrios aledaños.De acuerdo con la investigación, alias ‘Luis Maracucho’ utilizaba fachadas de domiciliarios en motocicleta para transportar y comercializar las sustancias alucinógenas. Además, estaría al frente de cobros extorsivos a establecimientos abiertos al público y es señalado de participar en el homicidio de dos personas, ocurridos en febrero y agosto de este año en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio.Al momento de su captura, el presunto cabecilla intentó evadir a las autoridades identificándose con documentos falsos. Es requerido por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir con fines extorsivos.
El Sorteo Extraordinario de Colombia, correspondiente al sorteo número 0011 del Convenio Quindío, se realizó el sábado 13 de diciembre de 2025, dejando como ganador del premio mayor un billete por $14.000 millones de pesos.De acuerdo con los resultados oficiales, el Premio Extramillonario fue para el número 2505, serie 193. Así mismo, el premio extramillonario invertido correspondió al número 5052, también con la serie 193.Incentivos adicionalesEn los lanzamientos de incentivos adicionales, se entregaron los siguientes premios:Bono carro: número 8862, serie 234Bono moto: número 8965, serie 238Premios secos principalesEl sorteo también dejó varios premios secos de alto valor:$800 millones: número 0783, serie 198$500 millones: número 4697, serie 171$250 millones: número 7595, serie 235$110 millones: número 5704, serie 222Premios secos adicionalesAdemás, se sortearon:10 premios secos de $20 millones cada uno, cuyos números y series fueron:3261-302, 6760-016, 3180-104, 9204-455, 2571-296, 3439-447, 5753-336, 7427-227, 2843-239 y 5357-153.14 premios secos de $10 millones cada uno, entre ellos los números:4229-423, 0788-278, 0268-246, 0353-135, 3007-286, 2934-204, 0635-420, 4770-202, 1375-356, 4604-477, 6642-137, 3197-434, 3331-383 y 7965-355.Próximo sorteoLa organización informó que el próximo Sorteo Extraordinario de Colombia, número 2246, se realizará el 30 de diciembre de 2025. Las autoridades recuerdan a los jugadores verificar sus billetes en los puntos oficiales y realizar el proceso de reclamación conforme a la normativa vigente.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 16 de diciembre:Nathalie Vélez, directora de LUMO MediaLab de Caracol Televisión, y Andrés Murcia, CEO de Pulzo, contaron detalles sobre la proyecto 'Checkeame esta'.El astrónomo Germán Puerta habló sobre la Estrella de Belén. A propósito, le preguntó a los oyentes: ¿Sabía que en la Biblia no se menciona a "los tres Reyes magos" sino a unos "sabios"?
Las autoridades investigan la muerte de María José Ardila, la joven de 23 años que falleció luego de participar en un reto con licor promovido por una discoteca de la ciudad de Cali. El hecho ha generado conmoción entre los habitantes y abrió un debate sobre la responsabilidad de los establecimientos nocturnos en este tipo de actividades.El abogado Camilo Rojas, quien representa a la familia de la víctima, informó que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación que se encuentra en etapa inicial. Según explicó, se presentó un derecho de petición al establecimiento involucrado para solicitar información sobre sus protocolos de emergencia y licencias de funcionamiento. “Una vez tengamos la información, analizaremos la documentación para definir las acciones legales que se emprenderán, queremos saber inicialmente, si este establecimiento contaba con un estudio previo del alcance y las consecuencias que genera para una persona consumir esta serie de tragos y alcohol de manera desmedida", señaló Rojas.La defensa también envió un requerimiento a la Secretaría de Salud de Cali para conocer los detalles de la inspección técnica que esa dependencia habría realizado previamente al local comercial.Desde la Secretaría de Salud confirmaron que se está realizando una revisión del cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y de los protocolos de atención de emergencias exigidos a los establecimientos de ocio nocturno en la ciudad.
La Arquidiócesis de Cali denunció recientemente un robo sacrílego ocurrido el pasado lunes 3 de noviembre en el Monasterio de la Santísima Trinidad, perteneciente a las Hermanas Carmelitas Descalzas de clausura, en la capital del Valle del Cauca. El complejo religioso también incluye la Iglesia del Santísimo Sacramento El Templete.De acuerdo con el comunicado oficial, los delincuentes sustrajeron el tabernáculo de la capilla e intentaron robarlo. Durante el hecho, forzaron la tapa del mismo, retiraron las hostias consagradas y las esparcieron por el suelo, un acto considerado una grave falta de respeto para la comunidad católica.Los hombres también se llevaron el copón y el viril, objetos litúrgicos donde se coloca la hostia para la adoración eucarística, además de otros elementos de la oficina del monasterio.“Ante esta profanación, no solo de lo más sagrado que tenemos los católicos, como es el Cuerpo del Señor Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar, hubo también intromisión en un lugar sagrado como es el monasterio de religiosas de clausura”, expresó la Arquidiócesis de Cali en el comunicado.Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante el incidente. La Arquidiócesis manifestó su solidaridad con la comunidad de las Hermanas Carmelitas Descalzas y pidió respeto por los espacios religiosos en medio del creciente clima de inseguridad que afecta la ciudad.
Fue inaugurada de manera oficial la nueva sede del búnker de la Fiscalía en Cali, Valle del Cauca, luego de dos años de haber iniciado su construcción en inmediaciones al Palacio de Justicia. Las modernas instalaciones del edificio están ubicadas entre las carreras 10 y 11, y entre las calles 12 y 13 del centro de la capital vallecaucana.El edificio cuenta con 14 pisos de altura, dos sótanos, espacios verdes, restaurantes, locales comerciales y salas de audiencia. Fue construido en un área de 48.760 m², que permitirá albergar a aproximadamente 1.500 funcionarios públicos en sus instalaciones.“Acá se integran espacios misionales y técnicos, aquí tenemos laboratorios forenses diseñados con la última tecnología, hay laboratorios de química, criminalística, balística, exhumación humana, morfología y la inauguración no solo representa una mejora en nuestra infraestructura, sino también en las capacidades de investigación criminal y judicial”, dijo Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación.En la zona aledaña al nuevo edificio se realizan diferentes intervenciones en materia de seguridad e infraestructura en las vías aledañas para facilitar su acceso, sumado a estrategias con los habitantes en condición de calle, como parte del plan de renovación urbana que adelantan las autoridades para recuperar el centro de Cali en Ciudad Paraíso.“Ese cambio hace que los habitantes del sector empiecen a ver que hay cambios en los niveles de seguridad, porque, recordemos, era una zona que estaba caracterizada por una altísima tasa de inseguridad, y ya con todo esto los vecinos empiezan a ver una nueva cara y allí hay todo un componente de la administración. En el caso del búnker de la Fiscalía, nosotros, al inicio de este periodo de gobierno, lo recibimos en un 12% y ya hoy lo entregamos al 100%”, expresó José Oriol Colorado, director de Planes Parciales de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Cali.En la nueva sede también estarán ubicadas las oficinas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), para atender de forma rápida e inmediata los casos penales que requieran acciones urgentes, cuando una persona es capturada en flagrancia o por denuncias de un delito. El costo de la construcción de la nueva sede de la Fiscalía en Cali fue cercano a los $476.000 millones de pesos.
Este aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes en la vía Cali - Jamundí, a la altura del sector de El Castillo. Ahí una buseta escolar chocó contra dos carros particulares, cuando el conductor perdió el control del vehículo invadiendo el carril contrario.Este incidente no solo generó múltiples lesiones a los pasajeros de la buseta y los automóviles, sino una gran congestión vial en la zona, teniendo en cuenta que los tres vehículos quedaron obstaculizando ambas calzadas."El vehículo de tipo escolar va en el sentido Cali - Jamundí, estamos investigando por qué perdió el control y se pasa al separador central, ahí choca contra un primer vehículo particular y después impacta fuertemente a otro particular", explicó Duvier Ossa, coordinador del centro de monitoreo de la Secretaría de Movilidad.La mayoría de heridos son menores de edad los cuales estaban haciendo su recorrido para llegar al colegio, ya están en diferentes centros asistenciales del sur de la ciudad, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro."Seis menores lesionados de la buseta, el conductor y su asistente también están afectados. Del vehículo particular tenemos dos menores lesionados, dos hermanitos, y su mamá también está en revisión médica. Tenemos unos en la clínica Valle del Lili, otros en la clínica Santa Clara en el sur de Cali y los demás en la clínica Valle Salud Sur", añadió Ossa.Por más de cuatro horas, la movilidad entre Jamundí y Cali estuvo colapsada en ambos sentidos, debido a las demoras en el proceso de retirar los tres vehículos implicados de la vía.
En medio de una creciente ola de violencia en el norte del departamento del Cauca, cuatro personas fueron asesinadas en la madrugada de este lunes festivo en el municipio de Corinto. Entre las víctimas se encuentra una menor de 17 años. El hecho ocurrió en un establecimiento conocido como El Cantinazo, ubicado en la zona urbana de la población.Según las primeras informaciones, al lugar llegaron hombres fuertemente armados, quienes abrieron fuego contra las personas que departían en el sitio. Tres personas más resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales en Cali y Miranda.Las autoridades atribuyen esta masacre a integrantes de una estructura de las disidencias de las FARC comandada por alias ‘Iván Mordisco’, uno de los grupos que disputan el control territorial en la región.Disputa armada entre estructuras disidentesDe acuerdo con Leonardo González, director de Indepaz, Corinto es un corredor estratégico disputado por el frente Dagoberto Ramos, perteneciente al autodenominado Estado Mayor Central, y el frente 57 Jair Bermúdez. La confrontación entre estos grupos ha intensificado la violencia en el norte del Cauca, dejando a la población civil en medio de continuos enfrentamientos, amenazas, confinamientos y casos de reclutamiento forzado de menores.La situación en este territorio se ha descrito como crítica debido a los constantes ataques, homicidios selectivos y presiones armadas.Carro bomba en Suárez dejó dos muertos y al menos cuatro heridosEste violento episodio se suma al atentado con carro bomba registrado durante la madrugada en Suárez, también en el Cauca. La primera explosión ocurrió a pocos metros de la estación de Policía del municipio; una segunda detonación fue reportada apenas 20 minutos después.El saldo fue de dos civiles muertos y al menos cuatro personas gravemente heridas, entre ellas un uniformado que custodiaba la estación y una niña de seis años que se encontraba en una vivienda cercana. Asimismo, cerca de 30 locales comerciales y viviendas resultaron afectados.El ataque fue atribuido a la estructura Jaime Martínez, también vinculada a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco.Tras los hechos, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, llegó a Popayán para coordinar las operaciones en la zona. Desde allí anunció una recompensa por información que permita la captura de los responsables del atentado en Suárez.Cubides señaló que se manejan dos hipótesis sobre el hecho: el uso de un explosivo lanzado contra el lugar o la presencia de cilindros dentro de la habitación del hotel donde murieron las dos víctimas, lo que podría indicar que allí se preparaban artefactos explosivos.En un tercer hecho violento registrado durante el mismo fin de semana, en el municipio de Miranda, también en el norte del Cauca, las disidencias secuestraron a un reconocido empresario de la región. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su paradero.Alcalde de Suárez hace llamado urgente al GobiernoEl alcalde de Suárez, César Cerón, hizo un llamado desesperado al Gobierno Nacional y al departamento para que brinden acompañamiento permanente a la población. “No es justo que cada fin de semana tengamos ataques. La comunidad merece vivir tranquila. No nos dejen solos”, aseguró.
Un día después del atentado terrorista registrado en el barrio Mariano Ramos, en el cual murieron dos suboficiales de la Policía al ser atacados con explosivos, las autoridades avanzan con las investigaciones para ubicar a los responsables.Los primeros resultados se lograron en terreno, donde se encontraron cámaras trampa con las que estos terroristas habrían monitoreado el movimiento de la patrulla para activar los artefactos, y se está haciendo la verificación de videos de seguridad para lograr las plenas identidades de estos sujetos.Ante la incertidumbre que este hecho genera en la ciudadanía, debido al tema de seguridad de cara a la Feria de Cali, el alcalde Alejandro Eder confirmó la llegada de más hombres de la Policía para reforzar la vigilancia en toda la ciudad.“La feria va para adelante, nos va a llegar un refuerzo de 1.100 policías para la feria y ayer justamente llegaron los primeros 150 hombres. Aquí lo importante es entender que en Cali estamos conteniendo una situación muy compleja pues el suroccidente está convulsionado”, señaló Eder.El mandatario nuevamente hizo un llamado al Gobierno nacional para proteger a la ciudad del accionar de grupos armados ilegales en, indicando que actualmente Cali no necesita discusiones por posturas ideológicas, sino un trabajo en unidad.“El Gobierno nacional tiene que priorizar la seguridad de los colombianos en general, no es un tema político ni ideológico, se trata de sentido común”, finalizó Eder.
Durante cerca de diez horas, el municipio de Buenos Aires, Cauca, con más de 36.000 habitantes y ubicado a apenas 40 kilómetros de Jamundí, fue escenario de una toma armada que dejó el centro urbano prácticamente en ruinas. Así lo confirmó el alcalde Pablo César Peña, quien denunció que los refuerzos del Ejército y la Policía llegaron cinco horas y media después de iniciado el ataque, un retraso que hoy genera cuestionamientos y será analizado en un consejo de seguridad.“Esa situación terrible se extendió unas diez horas”, afirmó el mandatario local, al describir la intensidad del ataque perpetrado por las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco. La estación de Policía, la sede de la Alcaldía, la Casa de Justicia y al menos diez viviendas resultaron gravemente destruidas.Refuerzos tardíos y accesos bloqueadosUno de los puntos más críticos revelados por el alcalde tiene que ver con la tardanza en la llegada de apoyo militar y policial. Aunque los refuerzos sí arribaron al municipio, lo hicieron cuando ya habían pasado más de cinco horas de hostigamientos.“Sí, llegaron, pero cinco horas y media después”, subrayó Peña. Según explicó, la versión preliminar entregada por las autoridades señala que las condiciones meteorológicas impidieron el ingreso de aeronaves y que los accesos terrestres fueron cerrados con vehículos atravesados y artefactos explosivos sembrados en las vías.No obstante, el alcalde insistió en que espera explicaciones más detalladas: “Yo mismo tengo mucho interés en conocer qué pasó. Mañana esperamos que se pierdan todas las explicaciones en el consejo de seguridad”.Policías resistieron bajo fuego durante horasEn el momento de la toma, Buenos Aires contaba únicamente con 17 policías, quienes resistieron durante más de cinco horas un ataque constante. Ocho de ellos resultaron heridos, dos con lesiones de gravedad.“Resistieron de manera valerosa esas cinco horas y media de un fuego terrible, de un ataque artero y cobarde”, destacó el alcalde, quien también explicó que los otros nueve uniformados fueron evacuados posteriormente, muchos de ellos con afectaciones físicas y psicológicas producto del prolongado hostigamiento.La presencia del Ejército en la zona, según Peña, es itinerante, con tropas que se desplazan entre los municipios de Suárez y Buenos Aires, un trayecto que por tierra no supera la hora y media, lo que aumenta las dudas sobre la reacción tardía.Violaciones al Derecho Internacional HumanitarioUno de los hechos más graves denunciados durante la entrevista fue el uso de viviendas civiles como plataformas de ataque. De acuerdo con el alcalde, los grupos armados obligaron a las familias a salir de sus casas para utilizarlas como puntos desde donde dispararon contra la Policía.“Se utilizaron esas viviendas para el ataque. Fuego de artillería desde las casas de los civiles”, afirmó Peña, calificando estos actos como una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario.A esto se suma la presunta coacción al párroco del municipio, quien habría sido obligado a usar el megáfono de la iglesia para pedir a los policías que se entregaran. El alcalde confirmó que la voz que se escucha en los audios corresponde al sacerdote.Infraestructura destruida y falta de recursosEl saldo material de la toma es devastador. La Alcaldía quedó prácticamente destruida, al igual que otros edificios públicos. Al menos diez casas quedaron inhabitables, especialmente las ubicadas cerca de la estación de Policía.“Yo no tengo presupuesto para reconstruir ni siquiera el edificio de la alcaldía”, reconoció el mandatario, quien se trasladó a Bogotá para buscar apoyo de Fonsecón, el Ministerio de Vivienda y otras entidades del Gobierno Nacional.Actualmente, la administración municipal enfrenta incluso dificultades para operar: “No tengo edificio ni instalaciones en que despachar hoy día”, lamentó.Qué sigue para Buenos Aires, CaucaEl hospital local, aunque con afectaciones leves, continúa funcionando para urgencias, mientras se evalúan los daños. La iglesia y la institución educativa resultaron menos impactadas, pero el golpe a la infraestructura pública es profundo.Finalmente, el alcalde aseguró que nunca en la historia del municipio se había vivido una toma de esta magnitud. “Ni yo ni nadie recuerda algo así. Los mayores me ratificaron que nunca había ocurrido un hecho tan terrible como este”, concluyó.
Buenos Aires, Cauca, se convirtió este martes en el blanco de un hostil ataque de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Durante varias horas, los ilegales lanzaron desde primera hora de la mañana tatucos y cilindros cargados de explosivos destruyendo la Casa de Justicia, la estación de Policía, la sede del Banco Agrario y decenas de viviendas.Incluso, el único hospital del municipio quedó fuera de servicio por cuenta de los daños causados por los explosivos y los ocho policías lesionados en la toma guerrillera fueron trasladados a clínicas de Cali.Desde allí, el director de la Policía, general William Rincón, contó que ante los ataques indiscriminados de las disidencias fue necesario el apoyo aéreo y terrestre por parte de las Fuerzas Militares, sin embargo, los combates se extendieron hasta la noche.“Los policías han mantenido contacto armado desde puntos diferentes con el fin de evitar cualquier afectación mayor a la población civil, defendiéndolos de todas las formas. En el ataque a la población de Buenos Aires, los delincuentes han abandonado al menos cinco cilindros y una volqueta cargada de munición y dinamita”, detalló Rincón.El general insistió en que mantendrán el despliegue para proteger tanto a los miembros de la fuerza pública como a la población civil teniendo en cuenta que persiste el riesgo de nuevos ataques.“Fortaleceremos nuestro servicio de Policía aquí en Buenos Aires y todas las estaciones del Cauca. Manejaremos unas acciones estratégicas con el fin de contrarrestar cualquier actuación criminal y estaremos permanentemente al cuidado de nuestras comunidades como lo demanda la ley y obviamente como lo demanda nuestro servicio de Policía”, puntualizó Rincón.
A ocho asciende el número de policías heridos tras los ataques que, por más de siete horas, se registraron contra la fuerza pública en Buenos Aires, Cauca, municipio ubicado en el norte de ese departamento. Debido a la gravedad de sus lesiones, todos fueron trasladados de urgencia a clínicas y hospitales de Cali, Valle del Cauca.Sobre la información relacionada con la presunta muerte de dos uniformados en medio de los ataques, el mismo gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó a través de su cuenta en la red social X que se trató de información apresurada, por lo que no se registraron fallecidos durante esta ofensiva de las disidencias contra la fuerza pública.“En el municipio de Buenos Aires, lamentablemente, después de la oleada de violencia que tuvimos el día de hoy, tuvimos como saldo ocho policías que ingresaron al hospital tras resultar heridos en la estación de Policía. Posteriormente, fueron trasladados de manera helicoportada y todos presentan lesiones de alta gravedad”, afirmó Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca.El ataque con cilindros cargados con explosivos causó graves afectaciones a la Alcaldía municipal, la Casa de Justicia y el Banco Agrario, desde donde los delincuentes hurtaron una suma millonaria de dinero.A esto se suma que el hospital local también presentó daños en su infraestructura, lo que obligó al cierre temporal de sus servicios.“Estas alteraciones provocaron afectaciones a la infraestructura del hospital del casco urbano, que resultó impactado por la onda explosiva. Ventanas, puertas, insumos y equipos biomédicos quedaron dañados, lo que impide la atención de los usuarios”, explicó la secretaria de Salud.La fuerza pública desplegó un amplio operativo con hombres y mujeres en la zona para realizar un recorrido por los sectores más afectados e iniciar el proceso de caracterización de las personas perjudicadas. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo al que se exponen las comunidades y exigió garantías a las autoridades departamentales y nacionales.