Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
Ante las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que advierten que cerca de 88.000 jóvenes dejarían de ingresar a las universidades en la próxima década, expertos le piden a los candidatos a la Presidencia de la República poner este tema en el centro del debate. La alerta se da en medio de un cambio demográfico, pues en 2024 nacieron 445.011 niños en Colombia, la cifra más baja en al menos una década y 32,7 % inferior a la registrada en 2015.De acuerdo con el Dane, la disminución de la tasa de natalidad se reflejará con mayor fuerza entre 2035 y 2045, lo que convierte a la educación superior en uno de los principales retos de política pública para los próximos gobiernos, principalmente porque se calcula que serán aproximadamente medio millón de jóvenes menos ingresando a las universidades en ese momento. Para Hernando Zuleta, PhD en Economía de la Universitat Pompeu Fabra y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, esta reducción sostenida de la población joven impacta directamente la demanda de educación posmedia, es decir, la educación técnica, tecnológica y universitaria.Zuleta afirmó que la disminución de la población estudiantil obligará a revisar la estructura de la oferta académica y su pertinencia frente a las necesidades reales del mercado laboral. Teniendo en cuenta lo anterior, afirma que el debate ya no puede centrarse únicamente en aumentar matrículas, sino en garantizar programas con enfoques más acordes con las transformaciones productivas.El académico señaló que la transición demográfica también abre una oportunidad para mejorar el uso de los recursos públicos. “Probablemente se abre una posibilidad de invertir más y mejor en educación, porque en la medida en que tenemos menos niños, podemos dedicar más presupuesto por individuo”, dijo. En ese contexto, considera clave avanzar hacia coberturas en preescolar y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia del gasto en educación media y posmedia.Por otro lado, de los ajustes más urgentes, según Zuleta, es reorganizar la oferta institucional. “Hay una cantidad de instituciones que tienen cada vez menor demanda. Necesitamos una política de fusiones. No tiene sentido tener tres o cuatro colegios operando al 30 %, cuando podemos tener un solo colegio de gran calidad operando a plena capacidad”, explicó.En ese sentido, la academia cuestiona la pertinencia de seguir ampliando la construcción de universidades y colegios cuando ya existe capacidad instalada suficiente. Finalmente, se planteó la posibilidad de tejer alianzas entre el sector público y privado.
Al menos trece personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes cuando un autobús colisionó con un camión cisterna en una autopista a las afueras de la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, informó la policía."En el accidente han muerto trece personas y otras nueve han resultado heridas", confirmó a EFE un oficial de policía de Karachi, Raza Khan.El policía aclaró que el camión cisterna se dirigía a Karachi cuando chocó con el autobús que iba hacia Sanghar y venía por el carril contrario.El ministro del Interior de la provincia de Sindh, Zia-ul-Hasan Lanjar, expresó en un comunicado su "profundo pesar y dolor" por el incidente y dio el pésame a las familias de las víctimas."He ordenado que se proporcione a los heridos las mejores y más inmediatas instalaciones médicas posibles, y he instruido a las autoridades pertinentes para que agilicen aún más las actividades de auxilio", añadió en la declaración.El comunicado señalaba que un fuerte contingente de la policía local se encontraba en el lugar de los hechos y que la situación estaba bajo control.El ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, también expresó su pesar y ordenó una investigación para determinar la causa del accidente. En un comunicado, prometió que se tomarán medidas contra los responsables y ordenó la aplicación estricta de las leyes de tráfico para la protección de los ciudadanos.Los accidentes de tráfico mortales ocurren con frecuencia en Pakistán y entre las principales causas figuran el exceso de velocidad, los adelantamientos peligrosos y el incumplimiento de las normas de tráfico.
La aerolínea Avianca realizó una operación especial para transportar más de 20 toneladas de ayuda humanitaria al departamento de Córdoba, como respuesta a la emergencia provocada por las inundaciones. En el vuelo se transportaron alimentos secos, productos enlatados, refrigerios, ropa, zapatos y cobijas.Según informó la compañía, esta operación marcó un hito para la región, ya que es la primera vez que un avión de este tamaño aterriza en el Aeropuerto Los Garzones, en Montería, como parte de una misión humanitaria. La operación fue posible gracias a la coordinación con autoridades, como el Ejército Nacional, y con organizaciones sociales, como el Banco de Alimentos de Bogotá.Además, la empresa aseguró que hace dos días también fueron transportadas y entregadas 2.8 toneladas de ayuda para animales afectados por la emergencia. Esto incluye concentrado, medicamentos y alimento húmedo para perros y gatos, en alianza con empresas de mensajería y fundaciones de protección animal.El presidente de la compañía, Gabriel Oliva, señaló que la aerolínea seguirá acompañando al país cuando más lo necesita. Por eso, como parte del apoyo a las comunidades afectadas, este sábado viajaron 12 médicos para una jornada de atención en salud dirigida a los damnificados.
La Armada de Colombia mantiene un operativo humanitario en el Caribe colombiano para atender a más de 11.000 familias afectadas por la emergencia climática, luego de los desbordamientos de los ríos Sinú y Atrato. Las poblaciones más afectadas fueron de los departamentos de Córdoba y Antioquia.Las acciones se han desarrollado a través de la Fuerza Naval del Caribe y las unidades de la Brigada de Infantería de Marina No.1, para apoyar a las comunidades afectadas en Montería y en los municipios de Lorica, y Cereté, en Córdoba, así como en Vigía del Fuerte, Murindó y Turbo, en el departamento de Antioquia.En Córdoba, unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 14 y del Gaula de Sucre han reforzado los muros de contención construidos a la orilla de un río con más de 4.000 sacos de tierra para reducir el impacto de las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del río Sinú. Además, con botes, camiones y vehículos tácticos, se logró evacuar personas y transportar cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria hacia los sectores más afectados.De manera articulada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Córdoba y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Cartagena, también se adelantaron evacuaciones preventivas que permitieron trasladar a 10 familias y poner a salvo a 15 mascotas. En las zonas de emergencia permanecen cerca de 150 infantes de marina, apoyando directamente a la comunidad y coordinando acciones desde el Puesto de Mando Unificado.Por su parte, en Antioquia, la Armada ha transportado más de 30 toneladas de ayudas humanitarias que fueron distribuidas en Murindó, Vigía del Fuerte y comunidades rurales del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Según la Institución Naval, las operaciones continuarán mientras persistan las afectaciones, con el objetivo de garantizar atención oportuna y acompañamiento a las familias que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia climática.
La esposa del secretario municipal señalado de quitarles la vida a sus dos hijos decidió pronunciarse públicamente por primera vez desde la tragedia. A través de una carta difundida en redes sociales, expresó su arrepentimiento por errores en su relación y lamentó profundamente la muerte de los menores, asegurando que nada justifica la violencia que destruyó su hogar.Los hechos ocurrieron en el municipio de Itumbiara, ubicado en el estado de Goiás, en Brasil, donde el funcionario Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno, es señalado de disparar contra sus hijos de 12 y 8 años dentro de su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero. De acuerdo con el reporte de las autoridades, tras atacar a los menores, el hombre se quitó la vida con la misma arma.Los niños fueron trasladados de urgencia a centros médicos cercanos. El mayor falleció poco después debido a la gravedad de las heridas, mientras que el menor murió horas más tarde, pese a los esfuerzos de los especialistas por salvarle la vida.Uno de los elementos que analizan los investigadores es un mensaje publicado por el funcionario en sus redes sociales horas antes del crimen. En ese texto, que posteriormente fue eliminado, el hombre hacía referencia a dificultades sentimentales y mencionaba una supuesta infidelidad. Ese contenido es considerado una pieza clave para entender el contexto emocional previo a los hechos.¿Qué dijo la esposa del secretario municipal?Tras lo ocurrido, su esposa, Sarah Tinoco Araújo, rompió el silencio con una carta abierta en la que expresó el profundo dolor que enfrenta tras perder a sus hijos. En su mensaje, reconoció que cometió errores en su matrimonio y afirmó que vivirá con las consecuencias de sus decisiones."Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre. Reconozco, ante todos, que cometí errores en mi matrimonio. Errores que dolieron, que causaron dolor y que nunca debieron haber sucedido. Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo sucedido.Pero también debo decir que nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto. Eran la luz de mis días, y ahora vivo en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento.Pido perdón a nuestras familias, amigos y a todos los que sufren con nosotros. Pido perdón especialmente a mis hijos, que ya no están aquí para escuchar mi voz y expresar cuánto los amaba.Estoy viviendo la peor pesadilla que una madre puede enfrentar. Que Dios tenga piedad de nosotros y reciba a mis hijos en el cielo".Entre tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.
Todo está listo para que inicie la construcción de la Universidad del Oriente en Cali, en un lote cerca del Hospital Isaías Duarte Cancino. Este anuncio, dado por la Alcaldía de la ciudad, permitirá que, de ahora en adelante, miles de jóvenes puedan acceder a la educación profesional.Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y quien desde el año 2022 ha sido uno de los abanderados del proyecto, manifestó que se espera que las obras inicien en menos de dos meses.“Ya está el acuerdo con las universidades. Lo que toca ahora es hacer un convenio entre el Ministerio y la Alcaldía para empezar a poner la primera piedra y empezar a construir. Yo espero que no tarde más de dos meses en que pongamos la primera piedra, para que empiecen a hacer las obras, que costarán entre 120.000 y 150.000 millones de pesos. Hemos pedido una construcción moderna, una construcción muy bonita, una construcción con el más alto detalle”, dijo Ocampo.Por otro lado, Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali, manifestó que, mientras se desarrollan las obras de infraestructura, la Universidad del Oriente arrancará con una oferta académica de 14 programas para el primer semestre de 2026, en una sede que estará ubicada en Nuevo Latir.“Dependiendo de lo que van a estudiar cada uno de los jóvenes, según la oferta con la que se cuenta, deben ir a las instituciones de educación superior y señalar que hacen parte de la matrícula. De la misma manera, con la Escuela Nacional del Deporte, Intenalco, Univalle, la Universidad Antonio José Camacho, entre otras con las que tenemos convenio, cuando se inicien los procesos de educación ya los harán dentro de Nuevo Latir”, explicó la secretaria.Por ahora, se ofertarán 460 cupos para estudiantes en programas técnicos y tecnológicos en sistemas, procesos administrativos, contabilidad y finanzas, deportes, salud, mercadeo, entre otras carreras que se ofertarán paras los jóvenes.
En Cali, crece la preocupación entre cientos de empresarios que aún no reciben el dinero que les adeuda Almacenes La 14, casi cinco años después de que la cadena entrara en liquidación. Más de setecientas empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, siguen esperando el pago de sus acreencias.Los afectados han presentado varias solicitudes ante la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada del proceso de liquidación, pero aseguran que los avances han sido lentos y que no hay información clara sobre cuándo se les hará efectivo el pago de las deudas."Lo que tenemos que salvar son las empresas de los acreedores , sobre todo los pequeños proveedores que tienen unas obligaciones que van desde 50 millones hasta 800 millones de pesos y que están sufriendo mucho porque no han podido recibir el pago de lo que legítimamente La 14 les debe", expresó Ramiro Valencia, director jurídico Legal Solvency.Según los acreedores, la demora se debe a que la venta de los bienes de La 14 no ha progresado como se esperaba. Aseguran que, aunque hay locales, bodegas y terrenos suficientes para cubrir las deudas, solo una parte de esos activos ha sido autorizada para venderse, mientras el resto continúa pendiente de aprobación por parte de la Superintendencia.Los proveedores afectados esperan que las autoridades den más tiempo para vender los locales y propiedades que todavía no se han podido comercializar, dicen que, si se logra ampliar ese plazo, podrían recuperar al menos una parte del dinero que han estado esperando durante varios años.
Hasta finales de octubre de este año, se han registrado más de 840 homicidios en Cali, una cifra alarmante que tiene preocupados tanto a los habitantes como a las autoridades locales, si la tendencia continúa, la capital del Valle podría superar los mil asesinatos antes de que termine el año.De acuerdo con los reportes de las autoridades, la mayoría de los crímenes están relacionados con enfrentamientos entre bandas delincuenciales , ajustes de cuentas, riñas y conflictos por el control de la venta de drogas en diferentes sectores de la ciudad.Lo más preocupante es que muchas de las víctimas son jóvenes menores de 30 años, lo que refleja el impacto social de la violencia en los barrios más vulnerables. Las comunas 14, 15 y 18 concentran la mayor cantidad de homicidios registrados durante el año, según las cifras del Observatorio de Seguridad de Cali."Se hace necesario hacer una inversión millonario en la seguridad de los caleños, modernizar el comando de la Policía, mas cámaras de seguridad, vehículos potentes para llegar a cualquier sitio de la ciudad, drones ", dijo el concejal Roberto Ortiz . Por su parte, el concejal Marlon Cubillos también se pronunció sobre la situación y pidió una mayor coordinación entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía para prevenir nuevos hechos de sangre y desmantelar las estructuras criminales que operan en la ciudad."Los puestos de control de la policía se deben de reforzar se debe de identificar quien llega y quien se va, permitiendo el control del micro trafico y el ingreso de armas a las ciudad", dijo Cubillos. En lo que va del año, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía han logrado desarticular más de 30 bandas multicrimen y capturar a más de 400 personas por homicidio.
Autoridades investigan el presunto secuestro del patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez, adscrito a la Policía de Arauca, quien desde el pasado fin de semana se encuentra desaparecido cuando se dirigía hacia la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca.Un comunicado emitido por la institución en las últimas horas indica que el funcionario se encontraba de permiso al momento de los hechos. Fuentes consultadas por Blu Radio manifestaron que el uniformado habría sido retenido en contra de su voluntad en un sector de Belalcázar, Cauca.“En la verificación iniciada el 29 de octubre del presente año se pudo determinar que el funcionario se encontraba de permiso y en traje civil, además de que su última comunicación con la familia se registró desde el municipio de Hobo (Huila), y que tendría como destino final la ciudad de Popayán”, señala el comunicado.En el documento también se hace referencia a que un grupo armado, al parecer, estaría detrás del secuestro del patrullero, quien pretendía visitar a su esposa y a su hijo recién nacido en la capital del Cauca.“Hoy se conocieron algunas imágenes que darían cuenta del eventual secuestro del uniformado por parte del autodenominado Frente ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, de las disidencias de las Farc. La institución responsabiliza a dicho grupo criminal por la integridad y la vida del señor patrullero Jarold Luis Ricardo Martínez”, puntualiza el comunicado.Por esta razón, la Policía Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario para atender de manera integral a la familia del funcionario, además de solicitar al grupo armado que lo deje en libertad lo más pronto posible.
El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, volvió a generar polémica tras su reaparición en redes sociales, esta vez por una denuncia del concejal bogotano Daniel Briceño, quien lo cuestionó por recibir $145 millones en viáticos y menaje de traslado sin haber asumido el cargo de embajador de Colombia en Palestina.“¿Por qué recibió usted $145.003.576 en viáticos y menaje de ida, cuando en realidad se encuentra haciendo política en Cali y no ha viajado a ejercer su cargo de embajador en Palestina?”, escribió Briceño en la red social X. El concejal acompañó su denuncia con documentos que, según dijo, corresponden a la asignación de los recursos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.Ante la controversia, Ospina respondió que el dinero no ha sido utilizado y que permanece en una cuenta a la espera de su traslado a Medio Oriente: “Son recursos determinados por ley para que quien va de misión a una embajada se traslade con su familia y sus enseres. Son fondos de destinación específica, ubicados en una cuenta y que solo pueden ser usados para dicha tarea. Devolveremos los recursos a la Cancillería porque no me pude trasladar”, explicó el exmandatario, asegurando que no ha podido viajar debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia, lo que le ha impedido ingresar a Cisjordania, territorio palestino ocupado.“Yo no me he ido porque Israel y Colombia rompieron relaciones. Israel no me ha posibilitado ingresar a Cisjordania, y por tanto, no hemos podido montar la embajada”, afirmó. El exalcalde también confirmó que, desde su designación en mayo, no ha recibido salario por el ejercicio de dicho cargo. Añadió que, ante la actual crisis diplomática, su nombramiento como embajador podría caducar en los próximos meses.
Las intensas lluvias de las últimas horas han ocasionado emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, especialmente en Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito.Juan Felipe Jiménez, director seccional de la Defensa Civil en el Valle, aseguró que equipos de los organismos de socorro adelantan las atenciones debido a inundaciones en vías y viviendas.“En este momento, la Defensa Civil Colombiana, a través de la Seccional Valle, se encuentra atendiendo varios incidentes a lo largo del departamento, producto de las intensas lluvias que se presentaron en el día de hoy. Desde la Defensa Civil ratificamos nuestro compromiso con el Valle del Cauca y el alistamiento total de nuestros voluntarios, de todas las juntas del departamento, para que estén pendientes de la comunidad y podamos brindar tranquilidad”, dijo Jiménez.Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado para que la comunidad esté atenta a los cambios que puedan presentar algunos afluentes, ya que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.“Nuestros voluntarios se encuentran atendiendo estos requerimientos de la mano del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. El Ideam nos ha notificado sobre la posibilidad de alertas importantes por lluvias fuertes a lo largo del día, e incluso para mañana se esperan condiciones similares”, señaló el funcionario.Las precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento han ocasionado la muerte de 11 personas, que en la mayoría de los casos habrían sido arrastradas por crecientes de ríos, además de afectar a miles de familias, especialmente en zonas rurales como Buenaventura.
La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.