Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
Al menos trece personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes cuando un autobús colisionó con un camión cisterna en una autopista a las afueras de la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, informó la policía."En el accidente han muerto trece personas y otras nueve han resultado heridas", confirmó a EFE un oficial de policía de Karachi, Raza Khan.El policía aclaró que el camión cisterna se dirigía a Karachi cuando chocó con el autobús que iba hacia Sanghar y venía por el carril contrario.El ministro del Interior de la provincia de Sindh, Zia-ul-Hasan Lanjar, expresó en un comunicado su "profundo pesar y dolor" por el incidente y dio el pésame a las familias de las víctimas."He ordenado que se proporcione a los heridos las mejores y más inmediatas instalaciones médicas posibles, y he instruido a las autoridades pertinentes para que agilicen aún más las actividades de auxilio", añadió en la declaración.El comunicado señalaba que un fuerte contingente de la policía local se encontraba en el lugar de los hechos y que la situación estaba bajo control.El ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, también expresó su pesar y ordenó una investigación para determinar la causa del accidente. En un comunicado, prometió que se tomarán medidas contra los responsables y ordenó la aplicación estricta de las leyes de tráfico para la protección de los ciudadanos.Los accidentes de tráfico mortales ocurren con frecuencia en Pakistán y entre las principales causas figuran el exceso de velocidad, los adelantamientos peligrosos y el incumplimiento de las normas de tráfico.
La Armada de Colombia mantiene un operativo humanitario en el Caribe colombiano para atender a más de 11.000 familias afectadas por la emergencia climática, luego de los desbordamientos de los ríos Sinú y Atrato. Las poblaciones más afectadas fueron de los departamentos de Córdoba y Antioquia.Las acciones se han desarrollado a través de la Fuerza Naval del Caribe y las unidades de la Brigada de Infantería de Marina No.1, para apoyar a las comunidades afectadas en Montería y en los municipios de Lorica, y Cereté, en Córdoba, así como en Vigía del Fuerte, Murindó y Turbo, en el departamento de Antioquia.En Córdoba, unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 14 y del Gaula de Sucre han reforzado los muros de contención construidos a la orilla de un río con más de 4.000 sacos de tierra para reducir el impacto de las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del río Sinú. Además, con botes, camiones y vehículos tácticos, se logró evacuar personas y transportar cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria hacia los sectores más afectados.De manera articulada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Córdoba y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Cartagena, también se adelantaron evacuaciones preventivas que permitieron trasladar a 10 familias y poner a salvo a 15 mascotas. En las zonas de emergencia permanecen cerca de 150 infantes de marina, apoyando directamente a la comunidad y coordinando acciones desde el Puesto de Mando Unificado.Por su parte, en Antioquia, la Armada ha transportado más de 30 toneladas de ayudas humanitarias que fueron distribuidas en Murindó, Vigía del Fuerte y comunidades rurales del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Según la Institución Naval, las operaciones continuarán mientras persistan las afectaciones, con el objetivo de garantizar atención oportuna y acompañamiento a las familias que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia climática.
Un caso de presunto maltrato infantil tiene consternada a la comunidad en Estados Unidos. Una mujer identificada como Jen Beam aceptó esta semana ante un tribunal su responsabilidad en la muerte de su hijo de 10 años, Braxton Smith, en medio de un proceso judicial que ha generado indignación y amplio debate en redes sociales.Durante la audiencia, la mujer se declaró culpable y, según medios locales, rompió en llanto al reconocer los hechos. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el menor habría sido sometido a castigos reiterados y condiciones de vida inadecuadas. Cuando fue trasladado a un centro asistencial, presentaba un delicado estado de salud, con signos evidentes de desnutrición y múltiples lesiones.Los reportes médicos forenses establecieron que la causa del fallecimiento fueron traumas craneales y hemorragias internas. El caso tomó mayor relevancia luego de conocerse que el niño recibía educación en casa, situación que, según los investigadores, pudo dificultar que terceros detectaran a tiempo posibles señales de alerta sobre su estado físico.“Nadie más allá de la madre, el padre y la abuela conocía el alcance del abuso. Su hijo tenía tanta hambre que comía de la basura y la solución fue sujetarlo”, indcaron los investigadores del caso.En el marco del proceso judicial, la Fiscalía solicitó una condena de hasta 25 años de prisión contra Beam, tras un acuerdo de culpabilidad que modificó algunos de los cargos iniciales. Sin embargo, el proceso no termina allí: el padre del menor y su abuela también enfrentan cargos y deberán comparecer ante la justicia en procedimientos independientes.Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes mientras se define la sentencia. Por su parte, las comunidad exige que caiga todo el peso de la ley sobre la mujer y que se adopten medidas que frenen este tipo de casos de violencia contra los menores.
El Gobierno de Nicaragua restableció este viernes el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos a los de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas, en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump por la migración irregular.La nueva disposición suscrita por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel, y por el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas, establece que los ciudadanos de 128 países requerirán de visa consultada, categoría C, para entrar a Nicaragua.La lista de países, además de Cuba, Venezuela y Haití, incluye a Corea del Norte, Iraq y Libia, así como China, Irán y Siria, aunque para esos tres últimos países solo para portadores de pasaportes ordinarios.El Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tomó esa decisión en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump por la migración irregular que llega esa nación.Estados Unidos había tildado de "preocupante" la política de puertas abiertas que aplicaba el Gobierno de Nicaragua para facilitar la migración de forma irregular hacia el país norteamericano a través de Managua, donde aterrizaban vuelos chárter procedentes de países de África, Asia y Europa.El anterior Gobierno de Joe Biden había estado alertando sobre migrantes cubanos, haitianos y de países africanos que usaban los vuelos chárter hacia Nicaragua para, desde allí, emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos.En los últimos cuatro años, el Gobierno nicaragüense ha establecido acuerdos de libre visados con Cuba y con países africanos.La disposición ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a comunicar a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes en Managua sobre esa medida.La disposición también establece que se mantienen exentos del libre visado los ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos y especiales, con los cuales Nicaragua ha firmado acuerdos bilaterales.Países a los que Nicaragua les exigirá visa en 2026Según la disposición número 002-2026, los ciudadanos de las siguientes nacionalidades deberán tramitar visa consultada, categoría migratoria “C”, para ingresar a Nicaragua:AfganistánAndorraAntigua y BarbudaArmeniaAzerbaiyánBahamasBangladeshBarbadosBenínBosnia y HerzegovinaBotsuanaBurkina FasoBurundiButánCabo VerdeCamboyaCamerúnChadChina (solo portadores de pasaportes ordinarios)Colombia (respetando la reciprocidad parcial del libre visado para los nicaragüenses nacidos en el Caribe nicaragüense y de los colombianos nacidos en los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)ComorasCongoRepública Democrática del CongoRepública Popular Democrática de CoreaCosta de MarfilCroaciaCubaDjiboutiEgiptoEmiratos Árabes Unidos (solo para portadores de pasaportes ordinarios)EritreaEslovaquiaEsloveniaEstoniaEsuatiniEtiopíaFijiGabónGambiaGeorgiaGhanaGranadaGuineaGuinea BissauGuinea EcuatorialGuyanaHaitíIndia (solo portadores de pasaportes ordinarios)Indonesia (solo portadores de pasaportes ordinarios)IrakIrán (solo portadores de pasaportes ordinarios)IslandiaIslas MarshallIslas MauricioJamaicaKeniaKirguistánKiribatiLaosLesothoLíbanoLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaMacedoniaMadagascarMalawiMaldivasMaliMarruecosMéxico (solo portadores de pasaportes ordinarios)MicronesiaMónacoMongoliaMontenegroMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNÍgerNigeriaNueva ZelandaPakistánPalaosPapúa Nueva GuineaPerú (solo portadores de pasaportes ordinarios)RuandaRepública Árabe Saharaui DemocráticaRepública CentroafricanaSamoaSan Cristóbal y NievesSan MarinoSan Vicente y las GranadinasSanta LucíaSanto Tomé y PríncipeSenegalSerbia (solo portadores de pasaportes ordinarios)SeychellesSierra LeonaSiria (solo portadores de pasaportes ordinarios)Sri LankaSudánSurinamTailandiaTanzaniaTayikistánTimor OrientalTogoTongaTrinidad y TobagoTúnezTurkmenistánTuvaluUcraniaUgandaUzbekistánVanuatuVenezuela (solo portadores de pasaportes ordinarios)Vietnam (solo portadores de pasaportes ordinarios)YemenZambiaZimbabue
Kardyn Daniel Montilla Baquero es señalado de captar mujeres con falsas ofertas laborales para abusarlas sexualmente en Ciudad Bolívar, en Bogotá; uno de estos casos terminó en la muerte de una de las víctimas. Durante la audiencia de imputación, el hombre aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en ocho eventos delictivos, incluido el del homicidio.Según la investigación de la Fiscalía, el caso más grave corresponde al asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado el 8 de noviembre de 2024 en el sur de Bogotá. La víctima habría sido citada por el hoy procesado para concretar una supuesta oferta de trabajo como modelo.Sin embargo, al llegar al punto acordado, fue conducida a una zona boscosa donde, de acuerdo con la Fiscalía, fue abusada sexualmente, golpeada y asfixiada hasta causarle la muerte.Las pruebas recolectadas por las autoridades indican que Montilla Baquero también estaría implicado en el ataque a otras siete mujeres. Estos hechos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, igualmente en Ciudad Bolívar, y tendrían un patrón similar: las víctimas eran contactadas con falsas promesas de empleo y supuestas remuneraciones de hasta cuatro millones de pesos.De acuerdo con el ente acusador, en estos casos las mujeres habrían sido golpeadas, abusadas sexualmente, extorsionadas y posteriormente abandonadas en zonas despobladas. La investigación señala que el procesado se valía de engaños y de identidades falsas para ganarse la confianza de las víctimas y concretar los encuentros.Durante la audiencia, Montilla Baquero aceptó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.El hombre continuará privado de la libertad en una cárcel mientras avanza el proceso; está previsto que en marzo un juez penal de conocimiento dé a conocer el sentido del fallo. Además, en los próximos días la Fiscalía lo acusará formalmente por otros ocho eventos delictivos relacionados con delitos sexuales.
Las intensas lluvias de las últimas horas han ocasionado emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, especialmente en Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito.Juan Felipe Jiménez, director seccional de la Defensa Civil en el Valle, aseguró que equipos de los organismos de socorro adelantan las atenciones debido a inundaciones en vías y viviendas.“En este momento, la Defensa Civil Colombiana, a través de la Seccional Valle, se encuentra atendiendo varios incidentes a lo largo del departamento, producto de las intensas lluvias que se presentaron en el día de hoy. Desde la Defensa Civil ratificamos nuestro compromiso con el Valle del Cauca y el alistamiento total de nuestros voluntarios, de todas las juntas del departamento, para que estén pendientes de la comunidad y podamos brindar tranquilidad”, dijo Jiménez.Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado para que la comunidad esté atenta a los cambios que puedan presentar algunos afluentes, ya que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.“Nuestros voluntarios se encuentran atendiendo estos requerimientos de la mano del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. El Ideam nos ha notificado sobre la posibilidad de alertas importantes por lluvias fuertes a lo largo del día, e incluso para mañana se esperan condiciones similares”, señaló el funcionario.Las precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento han ocasionado la muerte de 11 personas, que en la mayoría de los casos habrían sido arrastradas por crecientes de ríos, además de afectar a miles de familias, especialmente en zonas rurales como Buenaventura.
La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.
La Alcaldía de Cali puso en funcionamiento una nueva Unidad Móvil de Atención en Salud que empezará a operar en la zona de ladera, con el objetivo de acercar servicios médicos a comunidades de difícil acceso.El vehículo fue adquirido a través de un proyecto financiado por la Secretaría de Salud Distrital, con una inversión cercana a los 490 millones de pesos, de los cuales la Red de Salud de Ladera aportó 70 millones.La unidad está dotada con consultorio médico y odontológico, equipos para consulta general, atención dental y jornadas de vacunación. Además, cuenta con planta eléctrica, carpa y una rampa para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.“Con la llegada de esta nueva unidad móvil se fortalece nuestra flota para realizar procedimientos de atención en cualquier punto del territorio, asegurando condiciones adecuadas, calidad en la prestación de los servicios y mayor cobertura para las comunidades que más lo necesitan”, aseguró Diana Carolina Velásquez, gerente de la ESE Ladera.Entre tanto, la IPS Cascajal, en la zona rural de Cali, amplió su capacidad de atención tras un proceso de remodelación. Las obras incluyeron mejoras en infraestructura, dotación médica y adecuaciones complementarias.Con estas intervenciones, las autoridades de salud buscan fortalecer los servicios para cerca de 2.600 habitantes de sectores rurales.
La Red de Veedurías de Colombia alertó sobre presuntas irregularidades en la segunda fase de contratación del alumbrado público de Cali, liderada por la Unidad Estratégica de Negocios de Energía de Emcali.Aunque la empresa ha anunciado la renovación de más de 101.000 luminarias y la implementación de un sistema de telegestión antes del 31 de diciembre de 2027, la Red advierte que no se han publicado los estudios previos, los análisis de riesgo, los soportes financieros ni los criterios de evaluación que exige la ley para garantizar transparencia. Este vacío compromete la selección objetiva y podría abrir la puerta a irregularidades.El organismo recibió un reporte oficial que evidencia que una de las empresas interesadas atraviesa una crítica situación financiera, con pérdidas reiteradas, patrimonio negativo y desequilibrio económico. Permitir la participación de un proponente sin solvencia —señala la Red— vulneraría los principios de selección objetiva y podría generar responsabilidad disciplinaria y fiscal para los funcionarios encargados del proceso.De manera aún más preocupante, la Red advierte sobre denuncias de reuniones privadas entre funcionarios de Emcali y posibles empresas interesadas en la contratación, sin que existan actas o registros públicos de esos encuentros. Si dichas reuniones se realizaron al margen de los procedimientos institucionales, podrían constituir una violación a los principios de transparencia y moralidad administrativa, e incluso configurar el delito de interés indebido en la celebración de contratos, previsto en el artículo 409 del Código Penal.El presidente de la Red, Pablo Bustos, confirmó que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso y anunció que será ampliada con los nuevos hechos, incluyendo las denuncias sobre reuniones privadas y la posible participación de empresas financieramente inviables.Finalmente, la Red de Veedurías exigió a Emcali publicar de inmediato los estudios previos, el cronograma, las matrices de riesgo, las actas internas y los soportes de evaluación que respalden la estructuración de la segunda fase del proyecto.
Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y las cifras en Cali siguen siendo alarmantes. Según un informe del CIMU, entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2025, 7.767 mujeres han sido atendidas este año por distintos hechos de violencia.Así está la violencia contra la mujer en CaliEl 40 % de los agresores de mujeres estaría entre los 18 y 29 años y serían exparejas. De acuerdo con un informe elaborado por Cali Cómo Vamos, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) y la Fundación WWB Colombia, con datos inéditos sobre violencias basadas en género en Cali y en el país, cada 2 horas una mujer denunció violencia intrafamiliar en Cali en 2025, la cifra más alta en seis años."El antídoto más poderoso, aunque silencioso, es la autonomía económica. La violencia de género empieza con la dependencia y la precariedad. Se alimenta de una desigualdad estructural que le roba a las mujeres la capacidad de elegir. Desde la Fundación WWB Colombia creemos que la estrategia más inteligente para combatir la violencia es la que se enfoca en fortalecer las capacidades de las mujeres", dijo Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia.Según el informe, la autonomía económica es una de las herramientas más poderosas para prevenir las violencias, porque cuando una mujer puede decidir sobre sus ingresos, también puede decidir sobre su vida y su seguridad."En mujeres mayores de 60 años, el 63% de los agresores son sus propios hijos. Las mujeres entre 18 y 34 años enfrentan más violencia física y sexual. Las mayores registran más negligencia, abandono y violencia económica, en un 44%", señaló Gerardo Mendoza, personero de Cali.Y es que las mujeres no son violentadas únicamente en espacios físicos, sino que estas prácticas se refuerzan en los entornos digitales. Al menos el 53% de las mujeres que utilizan internet en sus trabajos, en actividades como atender reuniones virtuales, enviar correos electrónicos o responder chats, ha sufrido algún tipo de violencia de género a través de plataformas digitales.
Debido a la falta de atención en un centro hospitalario, una menor de edad es la más reciente víctima que deja la crisis financiera en clínicas y hospitales en el departamento. La niña de un año, quien fue mordida por un perro en Cali, no fue atendida de manera oportuna, lo que complicó su estado de salud.A esto se suma que cientos de usuarios actualmente no están siendo atendidos debido al cierre de servicios en varias clínicas durante los últimos días, situación que está provocando la muerte de pacientes en las salas de espera de los hospitales por la falta de atención."En el Valle del Cauca tengo los niños con hemofilia sangrando, tengo los papás con los niños de cáncer enloquecidos porque no hay quien les haga la quimioterapia a sus niños, tengo pacientes de cáncer perdiendo la oportunidad de recuperar su vida porque les interrumpieron las quimioterapias. En estos días murió una niña mordida por un perro después de haber pasado cinco clínicas y se muere por no atención. Tengo pacientes trasplantados perdiendo sus órganos después de haber recuperado la vida porque no se les entregan medicamentos, la situación ya es de contar muertos", dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento del Valle.Asimismo, señaló que la deuda actualmente de las EPS con la red de salud del departamento asciende a más de dos billones de pesos, lo que está imposibilitando la atención y la compra de medicamentos e insumos. Denunció, además, la funcionaria pública, que por esta razón está aumentando la suscripción a servicios de medicina prepagada."No hay dónde atender a los pacientes y los directores médicos de las clínicas ya no saben qué hacer con los pacientes que llegan en estado caótico por no haber recibido la atención que se requería de forma temprana. Esto es una situación de vida o muerte, y una cosa adicional, están creciendo las pólizas privadas, es decir, que está creándose una infraestructura privada a gasto de los colombianos. Eso para los que tienen recursos, y para los que no tienen, lo único que nos queda es morir", expresó Lesmes.La secretaria de Salud del Valle le hace un llamado al Gobierno nacional para que se busquen de manera urgente las alternativas para saldar las deudas, ya que en lo corrido del año, en el país, 1.501 pacientes con enfermedades huérfanas han muerto en los hospitales esperando medicamentos y atenciones médicas.
Un intento de hurto en Ipiales (Nariño) terminó de manera insólita luego de que los delincuentes sufrieran un accidente de tránsito mientras escapaban de la Policía. El hecho se registró en la tarde del viernes 21 de noviembre.De acuerdo con el reporte oficial, al menos seis sujetos que se movilizaban en tres motocicletas habrían asaltado a un ciudadano en el sector céntrico del municipio, logrando apoderarse de una fuerte suma de dinero. Tras la alerta de la víctima, varias unidades de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda de los responsables.En una de las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que los presuntos ladrones avanzaban a toda velocidad por la carrera séptima. Durante la huida, el conductor de una de las motocicletas habría omitido una señal de pare y terminó chocando contra un taxi. El impacto provocó que el bolso donde llevaban el dinero saliera disparado, dejando los billetes regados sobre la vía.El uniformado Brayan Escobar le contó lo sucedido a la víctima. “La comunidad, en vez de ayudarnos a detener a los ladrones, comenzó a recoger el dinero. Hay cámaras donde la unidad investigativa podrá verificar todo lo ocurrido”, señaló.Mientras los transeúntes recogían los billetes, los uniformados lograron capturar en el barrio San Fernando a uno de los señalados, quien habría intentado continuar con la fuga a pie tras el choque. Durante el procedimiento, los agentes recuperaron parte del dinero, una mochila y un arma de fuego tipo revólver calibre 9 mm con cartuchos sin percutir. La motocicleta involucrada también fue inmovilizada.La víctima del hurto llegó posteriormente al sitio y reconoció al detenido como uno de los responsables del asalto. El capturado quedó a disposición de la autoridad competente. Entre tanto, la Policía anunció que está revisando los videos de seguridad del sector para identificar a las personas que se llevaron los billetes esparcidos en el lugar del accidente.