Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
La Gobernación de Antioquia invirtió cerca de 300.000 millones de pesos en vehículos y equipamiento para la Fuerza Pública en el 2025. En los próximos meses se harán más entregas de camionetas, drones, GPS y vehículos marítimos.Se cumple un año del recaudo de la polémica tasa de seguridad que implantó Andrés Julián Rendón en el departamento de Antioquia y por ello las autoridades han dado un parte de qué se ha hecho con los recursos que superan los 280.000 millones de pesos que fueron destinados a mejorar la operatividad, la tecnología y las condiciones de soldados y policías.Según el reporte de la Gobernación de Antioquia durante el 2025 se le entregó al Ejército Nacional, la Policía Nacional y a la Armada Nacional: 49 camionetas, 103 motocicletas, un camión, una lancha, 14 motores fuera de borda, 574 cascos balísticos y 706 chalecos antibalas. Además, dotaciones logísticas como morrales de campaña, botas de combate, hamacas, sobrecarpas y botiquines de primeros auxilios.Rendón fue enfático en asegurar que los recursos se han traducido en la adquisición de vehículos, equipos de protección, tecnología estratégica y adecuaciones de infraestructura, con el propósito de fortalecer la capacidad de reacción de la fuerza pública y mejorar la seguridad en las distintas subregiones.Por su parte, la Gobernación de Antioquia indicó que en materia de comunicaciones y control territorial, la inversión permitió la compra de radios Harris con accesorios especializados, así como la dotación de elementos para puestos de control, fundamentales para mejorar la coordinación operativa en zonas urbanas y rurales.Adicionalmente, la Gobernación anunció que en los próximos meses se entregarán camionetas blindadas, drones, sistemas antidrones, equipos GPS, camisetas balísticas y nuevas capacidades fluviales, con especial énfasis en regiones como el Magdalena Medio, Bajo Cauca y Urabá.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
Como cada año, de acuerdo con el porcentaje estipulado por el Gobierno nacional para el aumento del salario mínimo, el valor de la mesada pensional debe incrementarse a partir del primero de enero.En ese sentido, los pensionados deberían ver reflejado el aumento en el giro correspondiente a enero de 2026, según el valor de su pensión. Es importante tener en cuenta que el porcentaje de incremento varía dependiendo de si la persona recibía un salario mínimo o una mesada superior a los dos millones de pesos.¿Cómo quedó el salario mínimo para el 2026 en el país?De acuerdo con los decretos 1469 y 1470, que establecieron un incremento del salario mínimo del 23 %, las cifras quedaron en $1.750.905, más el auxilio de transporte, que corresponde a $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales.En este video de Blu Radio le contamos detalles del ajuste al salario mínimo¿Cuánto suben las pensiones con el ajuste del salario mínimo para el 2026?Con base en estas cifras y teniendo en cuenta que, según la ley, ningún colombiano puede recibir una pensión inferior a un salario mínimo, los valores de las mesadas quedaron de la siguiente manera:Las personas que recibían un salario mínimo en 2025 recibirán en 2026 el aumento proporcional al porcentaje del incremento, para un total aproximado de $1.750.905.Por su parte, quienes recibían más de un salario mínimo deberán calcular el aumento de su pensión teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC).¿Qué hacer si su pensión no sube en el 2026?Según lo indicado por Luna Chacón, abogada de la firma Erazo y Solarte Abogados, cuando una persona no recibe este incremento en su pensión durante el primer mes del año, existen algunas alternativas legales para reclamarlo.“El primer mecanismo de defensa con el que cuenta la persona pensionada es la presentación de un derecho de petición dirigido a la entidad privada prestadora del servicio, solicitando el reconocimiento y pago del reajuste pensional conforme al incremento del salario mínimo, así como el pago retroactivo de las diferencias dejadas de cancelar”, indicó.La abogada añadió que, si la entidad niega esta solicitud sin justificación alguna, “procede la interposición de una acción de tutela. Esta acción tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales resultan vulnerados por la falta de reajuste pensional”.
Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), habló en Mañanas Blu para analizar los efectos del aumento histórico del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.El mandatario confirmó un incremento del 23,7 %, que fijó el salario mínimo en 2.000.000 de pesos, cifra que incluye el auxilio de transporte. Inicialmente se informó que el salario base sería de 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio; sin embargo, el Ministerio de Trabajo ajustó posteriormente las cifras y aclaró que para 2026 el salario mínimo será de 1.750.905 pesos, con un auxilio de 249.095 pesos, para completar el monto anunciado.Para Camacol, el impacto de esta decisión será significativo. Herrera aseguró que el aumento “debe analizarse desde varios ángulos, por la gran magnitud de efectos adversos que puede generar sobre la economía”, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.Según explicó, el primer efecto será inflacionario. “Este incremento se va a trasladar a los precios por el aumento de los costos laborales”, señaló, recordando que la construcción encadena a 34 subsectores económicos, lo que podría generar presiones sobre insumos como ladrillo, cerámica y otros materiales.Herrera también advirtió sobre las finanzas públicas y territoriales. “Los programas de subsidio de ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, con presupuestos ya definidos, ahora van a rendir para menos familias”, dijo, al tiempo que cuestionó si el Gobierno evaluó el impacto sobre los programas sociales atados al salario mínimo.Otro de los puntos críticos es el empleo. El presidente de Camacol recordó que el Banco de la República ha documentado que incrementos reales elevados del salario mínimo pueden traducirse en pérdida de puestos de trabajo. “El 95 % de las empresas en Colombia son pymes y no todas resisten aumentos tan grandes en sus costos”, afirmó, agregando que en la construcción el 91 % de las empresas también son pequeñas y medianas.El impacto, según Camacol, se sentirá con especial fuerza en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Herrera reveló que en lo corrido del año más de 25.000 familias han desistido de comprar vivienda VIS, una cifra que podría aumentar. “El precio de la vivienda está indexado al salario mínimo y eso genera una presión adicional sobre los hogares”, explicó.Además, alertó que durante el último año se han cancelado más de 30.000 unidades de vivienda en todo el país, lo que compromete la oferta futura. Camacol estima que la mano de obra representa cerca del 25 % del costo directo de una vivienda y que, con los reajustes salariales, el costo de producir vivienda podría aumentar entre un 10 y un 15 %, un nivel que calificó como “altísimo”.Finalmente, Herrera aseguró que el gremio evalúa alternativas para mitigar el impacto. “Nuestra prioridad es buscar salidas para no afectar a las familias que ya iniciaron su proceso de compra y evitar que los desistimientos sigan creciendo”, concluyó.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.
Mediante el Decreto 0244, la alcaldesa encargada de Girón, Dayana Milena Tavera Ruiz, suspendió la medida del pico y placa en el municipio, luego de una mesa de trabajo con las demás autoridades del Área Metropolitana.“Se busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas y visitantes que llegan a conocer todo nuestro centro histórico y las diferentes dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto al tema turístico”, afirmó José Reinoso, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.A partir del 18 de enero de 2026 volverá a regir el pico y placa en el municipio. La medida estará sujeta a las directrices establecidas desde Bucaramanga.La decisión de levantar la restricción durante estas fechas de fin de año se mantiene en el anillo vial, en el tramo que comprende el retorno del Hotel San Juan y donde están ubicadas las instalaciones de Tránsito de Girón.“Hemos logrado mitigar el tema de la sinistralidad mientras se ha implementado. El trabajo realizado durante todo el año nos ha garantizado que el control vial se mantenga estable”, expresó José Reinoso.Se espera que todas las personas que han arribado y las que llegarán al municipio para planes turísticos y gastronómicos tengan la libertad de vivir la experiencia en el pueblo patrimonio de Colombia, sin congestión vehicular.En los primeros días de enero de 2026 se establecerá una mesa de trabajo para determinar las condiciones del pico y placa en el Área Metropolitana.
Sin resultados positivos avanzan las labores de búsqueda de Brahian Alexis Molina Segura, un joven de 21 años que desapareció el pasado 27 de diciembre en aguas del río Carare, en zona rural del municipio de Cimitarra, Santander.El joven, residente en Bucaramanga, había llegado días antes al sector para pasar la temporada de Navidad y Año Nuevo junto a su familia. De acuerdo con los reportes entregados por la comunidad y sus familiares, la desaparición ocurrió hacia la 1:00 de la tarde, cuando Brahian Alexis intentaba cruzar el afluente en compañía de un primo. Aunque su familiar logró llegar a la otra orilla, el joven fue vencido por la fuerza de la corriente a pocos metros de culminar el cruce y terminó siendo arrastrado por el río.Ante la emergencia, organismos de socorro activaron un operativo de búsqueda que se mantiene hasta la fecha. Clemente Jaimes, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, explicó que fueron solicitados como apoyo especializado, especialmente con su grupo de buceo.“Nos pidieron el apoyo del grupo de buceo que tenemos en el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca. Salieron cinco unidades bomberiles, trabajaron todo el día, regresaron para recargar y hacer mantenimiento a los equipos, pero ha sido imposible la localización del cuerpo del joven”, señaló.Jaimes indicó que las labores se desarrollaron de manera articulada con lancheros y habitantes del sector, quienes conocen el comportamiento del río. Durante la jornada se inspeccionaron entre uno y dos kilómetros aguas abajo, sin obtener resultados.Por su parte, el cabo Andrey Rojas, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cimitarra, confirmó que la búsqueda se retomó con varios equipos de rescate, aunque sin resultados hasta el momento.“El grupo de búsqueda, conformado por los bomberos de Floridablanca y Cimitarra, con el apoyo activo de pescadores de la comunidad que conocen muy bien el río y las zonas más peligrosas, no obtuvo luz verde; es decir, no se encontró al joven”, explicó.Las autoridades informaron que las labores de búsqueda se mantienen activas, aunque los equipos deben realizar pausas operativas para el descanso del personal y el mantenimiento del equipo especializado, con el fin de garantizar condiciones seguras para continuar el rastreo.Mientras tanto, familiares y comunidad mantienen la esperanza de encontrar a Brahian Alexis, al tiempo que hacen un llamado a la precaución al momento de ingresar a ríos y quebradas, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el caudal suele aumentar.
El aumento del salario mínimo en Colombia en un 23,7 %, decretado por el Gobierno nacional, ha generado reacciones encontradas entre gremios empresariales y especialistas en economía, quienes coinciden en que, aunque representa un alivio para los trabajadores formales, también plantea riesgos para el empleo, la informalidad y la sostenibilidad de las empresas, especialmente las micro y pequeñas.Para Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, la principal preocupación radica en el impacto que esta decisión puede tener sobre el empleo formal. Señaló que cerca del 95 % de las empresas en Colombia son micro y pequeñas, lo que limita su capacidad para asumir un incremento de esta magnitud. En su concepto, el aumento podría incentivar la reducción de personal o el paso a la informalidad, afectando especialmente a los desempleados y trabajadores informales, quienes ya enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo formal.Desde el análisis académico, Isabel Cristina Rincón, doctora en Administración y Ciencias Económicas, indicó que el incremento ha suscitado un fuerte debate técnico al ubicarse muy por encima de la inflación y la productividad laboral. Aunque la medida busca mejorar los ingresos de los trabajadores más vulnerables y reducir brechas salariales, advirtió que entidades como Fedesarrollo y diferentes gremios han alertado sobre posibles presiones inflacionarias y efectos negativos en el mercado laboral.La experta recalcó la necesidad de un trabajo articulado entre empresarios, trabajadores y el Estado para evitar un retroceso en la formalización, en un país donde la informalidad supera el 50 %.Una visión más favorable fue expuesta por el economista Carlos Andrés Ortiz Navas, quien calificó el aumento como significativo y positivo para los trabajadores formales, al considerar que históricamente este tipo de incrementos se traduce en mayor consumo, circulación de dinero y bienestar general. Aunque reconoció el temor de algunos sectores empresariales por el impacto en sus costos, afirmó que la experiencia reciente en Colombia demuestra que los aumentos del salario mínimo no necesariamente han generado un incremento desmedido de la inflación ni una reducción significativa del empleo formal.Ortiz también se refirió a la realidad empresarial en Santander, donde predominan los micro y medianos empresarios, quienes enfrentan el reto de ajustar sus modelos de negocio para asumir el aumento salarial.
Un incendio registrado hacia la 1:00 a.m. de este martes 30 de diciembre, en el tercer piso del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga fue controlado de manera oportuna gracias a la activación de los protocolos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.De acuerdo con la información entregada por la institución, la situación obligó a una evacuación preventiva del personal, mientras organismos de socorro y unidades policiales atendían la emergencia. La rápida reacción permitió evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio.El teniente coronel Misael Quiroga Morales, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que la preparación del personal y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad fueron determinantes para controlar el incendio y garantizar la continuidad del servicio a la ciudadanía.En la atención del incidente participaron la Policía Nacional, las autoridades locales y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del municipio.De manera preliminar, las autoridades señalaron que un cortocircuito habría sido la causa del incendio, aunque actualmente se adelantan verificaciones técnicas y periciales para establecer con exactitud el origen del hecho y evaluar las condiciones estructurales del inmueble.
La Procuraduría General de la Nación abrió una acción preventiva para verificar si la Alcaldía de Barbosa, Santander, cuenta con los permisos y autorizaciones legales necesarios para la realización de una corrida de toros prevista para el próximo 1 de enero de 2025 en el coliseo de ferias del municipio, una decisión que ha generado amplio debate en la región.La actuación fue ordenada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, mediante el Oficio 1943, fechado el 29 de diciembre de 2025, en respuesta a una petición elevada el pasado 23 de diciembre por el concejal de Bucaramanga Camilo Andrés Machado Ardila y el diputado de Santander Wilson Danovis Lozano Jaimes, quienes solicitaron la vigilancia preventiva para establecer si la administración municipal cumple con los requisitos legales para autorizar el evento.De acuerdo con el documento oficial, el Ministerio Público verificará especialmente el cumplimiento de lo establecido en la Ley 2385 de 2024, normativa que regula los espectáculos taurinos en Colombia y fija condiciones estrictas para su realización, así como el alcance de las competencias de la Alcaldía de Barbosa para otorgar los permisos correspondientes.El proceso quedó registrado bajo los radicados E-2025-673502 e IUC-P-2025-4227802, y hace parte de las funciones de control preventivo que ejerce la Procuraduría para evitar posibles irregularidades administrativas que puedan comprometer el interés general.Tras conocerse la decisión del ente de control, el diputado Wilson Danovis Lozano Jaimes celebró la apertura de la acción preventiva y manifestó su rechazo a este tipo de espectáculos. “Es algo inhumano y miserable; en esa corrida de toros se va a asesinar a unos animales. Son espectáculos de la muerte que contribuyen al maltrato y al deterioro de la sociedad”.En este contexto, la decisión de la Procuraduría no implica, por ahora, la suspensión del evento, pero sí abre la puerta a una evaluación jurídica que podría derivar en nuevas determinaciones por parte de las autoridades competentes.