Lo que debía ser una celebración de esperanza y unión familiar se transformó en dolor para decenas de hogares en el departamento. A pesar de los esfuerzos institucionales y las campañas de prevención, Santander cerró las festividades de año nuevo con un balance preocupante: 16 personas resultaron lesionadas con pólvora entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.Con estos nuevos reportes, el departamento alcanzó un total acumulado de 53 casos durante la temporada decembrina, superando los 51 registros de la anualidad anterior. Este incremento del 3.9% rompe la tendencia de reducción que las autoridades locales esperaban consolidar.Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), el comportamiento de la accidentalidad muestra que el 31 de diciembre se presentaron dos casos de personas quemadas con pólvora y el primer día del año 2026 se registraron 14 más.El informe técnico revela consecuencias físicas irreversibles para los afectados. Del total de 53 lesionados en la temporada, el 35% sufrió quemaduras de Grado 2. Sin embargo, las cifras de daños específicos son aún más alarmantes: 62% presentaron laceraciones, 9% sufrieron daños oculares y 6% terminaron en amputaciones, marcando de por vida a los ciudadanos involucrados.Dos datos generan especial alarma entre los expertos en salud pública. Primero, la persistencia de 18 menores de edad lesionados, una cifra idéntica a la del año pasado que demuestra que el mensaje de protección hacia la infancia no está calando lo suficiente.Segundo, el reporte destaca que 14 adultos resultaron quemados bajo la influencia del alcohol, confirmando que la mezcla de bebidas embriagantes y pirotecnia sigue siendo la principal causa de imprudencias.Afortunadamente, Santander registra cero fallecidos hasta la fecha, un dato positivo en medio de este panorama.La situación en Santander es un reflejo de lo que ocurre en el resto del país. En Colombia, el corte al 1 de enero arroja un saldo de 1.419 lesionados, lo que representa un incremento nacional del 10.4% respecto al periodo anterior.
Pese a la solicitud radicada ante la Procuraduría General de la Nación donde se abrió la investigación disciplinaria y adopción de medidas preventivas al alcalde de Barbosa, Marco Cortés, por el evento taurino que no contaba con todos los requerimientos legales, el líder del municipio hizo caso omiso a la circular del ente de control.En video quedó registrado cómo el alcalde, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez, insulta y agrede a la comunidad, lanzando objetos, ante los reclamos que le realizaban por el maltrato animal que estaban sufriendo los toros.El evento que terminó en riña, fue denunciado por el diputado Danovis Lozano, “eso es algo de verdad de las peores cosas que hemos visto aquí y los pobres toros, los pobres toros maltratados. Ayer, pues intentamos a toda costa evitar que asesinaran a estos pobres animales que el único delito que cometieron fue haber nacido”.La polémica logró que los animales que se encontraban en la feria, no fueran sacrificados. Danovis Lozazon, afirmó que días anteriores Marco Cortés había hecho comentarios despectivos por las redes institucionales de la alcaldía a quienes rechazaban la “Temporada taurina”.“Un alcalde borracho, un alcalde que insultaba, que hacía señas, gestos con los dedos de forma obscena, eso da para una investigación en Procuraduría y también con las escenas que grabamos del maltrato a los animales también la ley tiene que entrar en acción”, indicó Lozano.El Representante a la Cámara junto con el congresista Cristian Avendaño, el concejal Camilo Machado y Carlos Parra y mi persona están elaborando un informe completo, para radicar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por maltrato animal, con evidencias de videos."También ante la Procuraduría vamos a extender esta denuncia que habíamos hecho porque las evidencias están. La gente nos contó que no tenían una póliza para poder realizar este evento", señaló el diputado Lozano.
El inicio de año en Barbosa, Santander, se vio empañado por un escándalo. Lo que debía ser una jornada de festividades se transformó en un escenario de confrontación, presuntas agresiones y una crisis institucional que hoy tiene al alcalde Marco Alirio Cortés en el ojo del huracán.Pese a la advertencia preventiva emitida por la Procuraduría General de la Nación el pasado 29 de diciembre, la administración municipal siguió adelante con la corrida de toros programada para el 1 de enero. La jornada estuvo marcada por un clima de hostilidad contra activistas, animalistas y figuras políticas, entre ellos el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano; el concejal de Bucaramanga Camilo Machado y el exconcejal Carlos Parra, quienes se congregaron para protestar pacíficamente contra el evento.La polémica escaló tras la difusión de material audiovisual en redes sociales. En los videos, se observa al alcalde Cortés en un aparente estado de alicoramiento, haciendo ‘pistola’ con la mano en varias oportunidades. En otra de las grabaciones, se escucha a uno de los manifestantes pidiéndole al alcalde que salga y éste le responde “maric*n”.Según los denunciantes, la actitud del mandatario no solo fue impropia de su cargo, sino que actuó como un catalizador que exacerbó las agresiones por parte de algunos asistentes a la corrida hacia quienes realizaban el plantón, incluso, en uno de los videos se ve cómo le lanzan latas y botellas al representante Avendaño y por poco lo golpean en la cabeza.Sin importar la protesta, el alcalde Marco Alirio Cortés ingresó al escenario con una actitud burlesca y la corrida se hizo. El diputado Danovis Lozano publicó un video en el que se observa una violenta pelea entre los asistentes. Además, denunció que el alcalde de Barbosa permitió la entrada de niños a la corrida de toros y dijo que llevará esas pruebas a la Procuraduría. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que el alcalde de Barbosa sea judicializado por este acto tan miserable que cometió el día de hoy”, expresó Lozano.Como bien se ha señalado en debates previos sobre la administración pública, una cosa es la elección popular de los gobernantes y otra, muy distinta, es el ejercicio estricto de sus funciones y competencias. En este caso, la senadora Andrea Padilla y colectivos ciudadanos sostienen que Cortés habría desbordado sus facultades al “patrocinar espectáculos bárbaros” que, según la Ley 2385 de 2024 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, serían ilegales en Barbosa al no ser un municipio con tradición taurina ininterrumpida.A este panorama se suma el malestar de 370 comerciantes de la plaza de mercado, quienes denuncian que fueron desplazados por orden directa del alcalde para dar lugar a una exposición equina, afectando su sustento económico.Mientras el municipio permanece dividido entre quienes defienden la reactivación turística y quienes rechazan el maltrato animal, la justicia deberá determinar si el decreto emitido por el alcalde tiene validez legal o si, por el contrario, Barbosa se convirtió en el escenario de un desafío abierto a las autoridades de control.
En la noche de Año Nuevo, en el municipio de Floridablanca, se presentó un incendio de grandes proporciones en un taller mecánico ubicado en el barrio Prados del Sur, que generó importantes daños materiales.El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del jueves 31 de diciembre, tras la alerta de vecinos del sector, quienes informaron a los organismos de socorro sobre una densa columna de humo y llamas que rápidamente se extendieron por el establecimiento.Según el reporte oficial, el taller de latonería y pintura quedó completamente destruido por la acción de las llamas. Al interior del lugar se encontraban varios vehículos que también resultaron calcinados, así como cilindros de CO₂ y gas propano, lo que incrementó el riesgo durante las labores de control.Entre tanto, se evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro, que dejó daños en la infraestructura y en los bienes que se encontraban en el lugar. El origen de la conflagración es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que adelantan las inspecciones técnicas para determinar qué provocó el incendio.A pesar de la intensidad de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, gracias a la oportuna evacuación del área y a la rápida respuesta de los organismos de socorro.
Dos jóvenes francesas que estaban en el bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana en el que se declaró un incendio mortal esta Nochevieja han relatado cómo se produjo y propagó el fuego, cómo huyeron y el pánico que se generó entre los asistentes que intentaban huir."Todo el mundo gritaba", ha destacado este jueves una de estas dos jóvenes al contar al canal francés BFMTV lo que vivieron y que el origen de la tragedia fueron unas bengalas o artificios pirotécnicos que se confeccionaron en unas botellas de champán.Emma y Albane, que se encontraban celebrando el año nuevo en el bar 'La Constellation' observaron que el incendio prendió cuando alguna de esas bengalas se acercó al techo, que era de madera."En unas decenas de segundos", ha indicado una de ella, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local que constaba de dos plantas. Luego el fuego se extendió también a la planta baja en dos o tres minutos.Las dos jóvenes francesas salieron corriendo y gritando y, cuando echaron la vista atrás, observaron que había varias personas quemándose, de las alrededor de 200 que calculan que había en el bar en el momento de los hechos.Una de ellas se cayó en la escalera, empujada por un movimiento de los que querían evacuar el bar, y se hizo daño en la rodilla.Como la puerta era muy pequeña para dar salida a todos los que querían huir de las llamas, una de las personas que se encontraban allí rompió uno de los cristales.Según el relato de estas chicas, los bomberos y las policías llegaron "en unos minutos" después del inicio de la tragedia que, de acuerdo con su relato, les pareció accidental. No escucharon ninguna explosión.Las autoridades suizas han anunciado que el incendio causó "decenas de muertos" y "un centenar de personas heridas, muchas gravemente".El Ministerio francés de Exteriores ha señalado en un comunicado que tiene noticia de que hay al menos dos franceses entre los heridos, que han sido inmediatamente asistidos por los servicios sanitarios suizos, sin descartar otras víctimas.El presidente francés, Emmanuel Macron, ha manifestado en su cuenta de X una "profunda emoción" por el incendio y ha enviado al pueblo suizo y a las autoridades helvéticas, en nombre de Francia un mensaje de "plena solidaridad", así como el "apoyo fraterno".
Este jueves, 1 de enero de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:Desde este jueves 1 de enero de 2026 rige un nuevo aumento en los precios de los combustibles en Colombia.El papa León XIV afirmó que el mundo no se salva “afilando espadas”, sino mediante el perdón, el entendimiento y la acogida, durante la primera misa del año, en el marco de la 59ª Jornada Mundial de la Paz.Un incendio de gran magnitud en un concurrido bar de Crans-Montana, Suiza, dejó decenas de muertos y cerca de un centenar de heridos, muchos en estado crítico, confirmó la Policía Cantonal de Valais.Desde este 1 de enero también entra en vigor el incremento del salario mínimo, que con auxilio de transporte alcanza los dos millones de pesos.
Con preocupación reciben el 2026 las autoridades de salud en Antioquia y los 12 bancos de sangre de la Red Departamental por cuenta de la escasez de este fluido clave para la práctica de procedimientos médicos y la atención de urgencias en una época con alta accidentalidad.Según la Gobernación de Antioquia, la red reporta un desabastecimiento cercano al 90%, principalmente en los grupos sanguíneos O positivo y O negativo. Además, explicaron que cada banco requiere mensualmente entre 350 y 400 donantes de O positivo y 100 donantes de O negativo para cubrir la demanda, sin embargo, a final de año por asuntos como fiestas y vacaciones la cantidad de personas en diferentes jornadas disminuye visiblemente."Los invitamos a todos los antioqueños entre los dieciocho y los sesenta y cinco años que están en buen estado de salud a que donen vida, a que den oportunidad a las personas de que mejoren su salud y que puedan preservar su vida. Tenemos muy bajas existencias de algunos tipos de sangre", aseguró Adrián Castro, subsecretario de Protección Social de la Secretaría de Salud de Antioquia.Para donar, las personas pueden acercarse en Medellín a bancos de sangre como Hemocentro U. de A., Clínica León XIII, Cruz Roja Seccional Antioquia, Hospital San Vicente Fundación, Laboratorio Médico de Referencia en la Clínica El Rosario, Clínica Medellín Occidente, Hospital General de Medellín, Clínica Las Américas, Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Cardiovid.
Pocas horas después de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de remover inicialmente por un año de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, una buena noticia para la Alma Mater llegó en medio de la grave crisis financiera que afronta.Y es que el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció que para el inicio de 2026 ya el Ministerio de Hacienda desembolsó 70 mil millones de pesos que serán adicionales a las transferencias que por ley el Estado debe hacer a la base presupuestal de la institución.Se espera que este monto genere fluidez de caja para atender diferentes obligaciones en la Alma Mater, especialmente relacionadas con salarios y prestaciones que aún se adeudan de 2025."Quiero agradecerle al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por la voluntad, por lo expedito y lo ágil que fue para conseguir estos recursos que se inyectan para rescate financiero de la universidad. Empieza el rescate de la Universidad de Antioquia, 70 mil millones de pesos adicionales", destacó el ministro de Educación.La llegada de estos recursos se produce en medio de las tensiones que ha generado el nombramiento de un nuevo rector durante el proceso de vigilancia que adelanta el Ministerio de Educación.Varios sectores han catalogado la decisión de apartar a Arboleda como extralimitación de funciones por parte del ministro Rojas y una violación de la autonomía universitaria por lo que incluso preparan recursos jurídicos para evitar que quede en firme la decisión conocida el pasado 30 de diciembre.
A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigencia las nuevas tarifas de ingreso a todos los Parques Nacionales Naturales de Colombia, con un incremento del 3 % frente a los valores actuales. El ajuste hace parte de la actualización anual para garantizar la preservación de las áreas protegidas y el fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los visitantes.De acuerdo con la entidad, la actualización de tarifas responde a los costos asociados a la conservación ambiental, el mantenimiento de la infraestructura existente y la implementación de programas de gestión sostenible dentro de los parques.Las nuevas tarifas de ingreso oscilarán entre los $7.500 y los $77.500, dependiendo de la condición del visitante. Los valores varían si se trata de ciudadanos colombianos, extranjeros residentes o visitantes extranjeros no residentes en Colombia o que no pertenezcan a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).Entre los parques nacionales más visitados del país que tendrán ajustes en sus tarifas se encuentran Gorgona, Chingaza, Los Nevados y la Sierra de La Macarena. Para 2026, el ingreso al Parque Nacional Natural Puracé tendrá un valor de $16.500, al igual que el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali y el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. En el caso del Parque Nacional Natural El Cocuy, la tarifa será de $52.500, mientras que el acceso al Parque Nacional Natural Gorgona costará $32.000.Por su parte, el ingreso al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena tendrá un valor de $51.500, al Parque Nacional Natural Chingaza de $29.000 y al Parque Nacional Natural El Tuparro de $23.500. También se fijaron tarifas de $28.000 para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, $27.500 para el Parque Nacional Natural Amacayacu y $28.000 para el Parque Nacional Natural Utría y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.Además, algunas áreas protegidas mantendrán una tarifa única para todos los visitantes. En estos casos, los valores oscilarán entre los $6.000 y los $13.500. El ingreso al Área Natural Única Los Estoraques costará $6.500; al Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, $9.500; al Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, sector San Bernardo, $11.000; y al Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, $13.500.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en desarrollo de los planes de control del escuadrón antipólvora durante el mes de diciembre, impuso 10 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos en el área metropolitana.De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, se incautaron más de 300 kilogramos de pólvora, lo que representa un aumento de 30 kilogramos frente a lo incautado en el año 2024. Los controles se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida, especialmente la de niños, niñas y adolescentes.El coronel Diego Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana, hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar las festividades de manera responsable: “La Policía Nacional de los colombianos invita a continuar celebrando de manera responsable, especialmente de cara a la festividad de Reyes, adoptando comportamientos seguros, respetando las normas de tránsito, evitando el consumo excesivo de alcohol y denunciando oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y la tranquilidad ciudadana”, señaló.Por su parte, el Instituto Nacional de Salud reportó que durante diciembre de 2025 se presentaron ocho casos de menores lesionados por el uso de pólvora, lo que representa una disminución de cuatro casos frente al año 2024. Muchos de estos incidentes ocurrieron bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez, una situación que continúa generando preocupación entre las autoridades.La Policía reiteró que los controles continuarán en los primeros días del año, con especial énfasis en la celebración del Día de Reyes, e insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana para prevenir tragedias asociadas al uso indebido de pólvora.
Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.