Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
Las reacciones al aumento del salario mínimo para 2026 siguen sumándose desde distintos sectores, que advierten efectos sobre precios, empleo e informalidad. Camacol señaló que el ajuste salarial podría encarecer hasta en un 10 % el precio de la vivienda de interés prioritario (VIP), debido a que su valor está fijado en salarios mínimos y cualquier incremento se traslada de manera automática al precio final. A esto se suma el aumento en los costos de construcción, especialmente de la mano de obra, así como de insumos y servicios asociados, lo que reduciría la accesibilidad a este tipo de vivienda y dejaría por fuera hogares de menores ingresos, en particular aquellos con empleos informales o ingresos variables.Las alertas también llegaron desde el sector automotriz. Asopartes advirtió que el aumento del salario mínimo impactará los costos de los servicios de posventa, mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas, lo que podría traducirse en precios más altos para los usuarios. El gremio señaló además que este escenario podría incentivar la informalidad, especialmente en talleres mecánicos y pequeños servicios técnicos que no tendrían capacidad para asumir el mayor costo laboral, afectando el empleo formal y la sostenibilidad del sector.Por su parte, Fedetranscarga aseguró que la decisión elevará los costos de producción, impulsará la inflación, encarecerá el crédito y reducirá la competitividad nacional y exportadora, golpeando con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 80 % del tejido empresarial.En el transporte de carga, los salarios de los conductores ya representan el 17,5 % de la estructura de costos, mientras que el costo mensual de un trabajador administrativo que devenga salario mínimo pasará de $2.432.736 a $2.975.614, un incremento que el gremio considera insostenible. Además, alertaron que por cada punto porcentual de aumento del salario mínimo, el Estado debe desembolsar $400.000 millones, lo que implicaría cerca de $9,6 billones con este ajuste, una carga que va en contravía de los supuestos esfuerzos por reducir el déficit fiscal.
En una polémica decisión la juez Carmen Luisa Terán ordenó conceder libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, quien desde junio de 2024 permanece en prisión domiciliaria por enfermedad grave e incompatible con el régimen carcelario, según un dictamen de medicina legal.La juez sexta de ejecución de penas y medidas de Barranquilla indicó que Alfonso López, el pasado 16 de diciembre cumplió las 3/5 partes de la pena, tras haber sido condenado a 29 años por ordenar el asesinado del periodista Rafael Enrique Prins quien denunció actos de corrupción cuando él era alcalde de Magangué en el año 2005.Sumado a esto, la juez detalló que la Penitenciaría El Bosque calificó la conducta del condenado como “buena y ejemplar”, realizando redenciones de penas con trabajo y estudio.El lugar de arraigo del hijo de ‘La Gata’, seguirá siendo la misma mansión en la que actualmente cumple con detención domiciliaria, la cual está ubicada en la Calle 59 B con la carrera 86, norte de Barranquilla.Alfonso López fue obligado a pagar un poco más de 95 millones de pesos por los perjuicios ocasionados a la familia de la víctima, sin embargo, a la fecha no se conocen herederos del periodista asesinado por lo que el juzgado ordenó “realizar emplazamiento, de acuerdos a los términos señalados en el CGP, de los que se crean con derechos para recibir el pago de perjuicios morales, cancelados por el señor Jorge Luis ALfonso López e inicien las acciones legales pertinentes para el pago del mismo”.La jueza Carmen Terán fue la misma que le otorgó prisión domiciliaria por razones de salud al condenado empresario Carlos Mattos.
El exministro de Defensa y precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, radica una solicitud ante la Procuraduría para que se investigue a algunos ministros del gobierno Petro por presunta participación en política, al promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.“La promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”, señaló Pinzón. En el mismo sentido le pidió a la Procuraduría que investigue si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política, que se pronuncie sobre los límites de la actuación de los servidores públicos frente a reformas constitucionales en periodos preelectorales y que ejerza vigilancia para evitar el uso de recursos del Estado con fines políticos.“El artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos utilizar el cargo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña de carácter político y participar en las controversias políticas antes de la elección”, agregó Pinzón.
Este lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo para 2026. Con este incremento, uno de los puntos más importantes para los colombianos es el ajuste en el valor de las pensiones.De acuerdo con lo estipulado en la ley, el valor de las pensiones debe aumentar conforme al incremento anual del salario mínimo, teniendo en cuenta que ningún pensionado puede recibir por su mesada menos de un salario mínimo legal vigente.¿Cuánta plata recibirá una persona que gane el salario mínimo en 2026?Según informó el mandatario y quedó estipulado en los decretos 1469 y 1470 de 2025, el salario mínimo aumentó un 23 %, lo que significa que un trabajador deberá recibir $1.750.905 a partir del 1 de enero. A esto se suma el aumento en el subsidio de transporte, que quedó en $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales.Según explicó a Blu Radio Diego Felipe Valdivieso Rueda, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, el valor de las pensiones debe ajustarse con el aumento del salario mínimo para 2026, tanto para los afiliados a Colpensiones como para quienes cotizan en fondos privados como Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia."Incluso pensiones que hoy día son ligeramente superiores al mínimo, pues ninguna pensión puede llegar a quedar por debajo del salario mínimo legal", indicó.En este video de Blu Radio le explicamos las implicaciones del aumento del salario mínimo en Colombia ¿Qué personas reciben aumento en su pensión en el 2026?Sobre quiénes recibirán este aumento, Valdivieso confirmó que: "En el caso de las pensiones de fondos privados, si están bajo la modalidad de renta vitalicia, también se ajustan con la inflación, garantizando no quedar por debajo del mínimo. Para el caso de la modalidad de retiro programado, dependen de los rendimientos de la cuenta".Además, fue claro en que los pensionados, sin importar su modalidad, recibirán el aumento correspondiente al ajuste del salario mínimo en su mesada. "Las pensiones de invalidez y sobrevivencia siguen la misma regla. Las que son del mínimo, se ajustan con el mínimo. Las superiores con inflación, garantizando que no quede el monto por debajo del salario mínimo legal", dijo.Esto significa que las personas que recibirán aumento en su pensión son:Quienes tengan pensión de vejez: personas que se pensionaron al cumplir la edad (57 años mujeres y 62 años hombres) y que hayan completado las semanas cotizadas.Quienes tengan pensión de invalidez: trabajadores que hayan perdido más del 50 % de su capacidad laboral por enfermedad o accidente.Personas que reciben pensión de sobrevivientes: quienes reciben la mesada de una persona fallecida.
En Isla Grande, en la zona insular de Cartagena, donde hoy funciona una de las granjas agrovoltaicas más grandes del país, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) escogió a la comunidad para presentar su balance de gestión 2025.De acuerdo con la entidad del Gobierno Nacional, con corte al 10 de diciembre de 2025, más de 17.500 usuarios de zonas apartadas del país han logrado acceder a servicios de energía mediante la implementación de proyectos que incluyen soluciones solares, sistemas híbridos y el mejoramiento de redes eléctricas.Las zonas más impactadas han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.Danny Ramírez, director del IPSE, señaló que estos resultados hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, y que se convierta en una herramienta de transformación social, oportunidad y desarrollo.“La Navidad es tiempo de familia y de esperanza. Para miles de colombianos, este año también llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, afirmó.Ramírez también destacó la implementación de la granja agrovoltaica de Isla Grande, la cual, según señaló, es un referente nacional de la política de transición energética y permitió que cientos de familias accedieran por primera vez al servicio de energía eléctrica.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eliseo Cacua Trillos y Juan José Durán Cepeda, dos hombres señalados de extorsionar en la provincia de Guanentá, quienes habían sido capturados en un puesto de control entre Charalá y Coromoro, en Santander, el pasado 19 de septiembre.La Fiscalía solicitó la medida luego de que los procesados fueran imputados por el delito de rebelión. Ninguno aceptó los cargos en su contra. El operativo que llevó a la detención de los señalados ocurrió en la vía que conecta Charalá y Coromoro. Tropas del Gaula Militar Chicamocha, el Gaula de la Policía y el Batallón de Artillería N.° 5 interceptaron a los dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y omitieron una señal de pare en el puesto de control.En el momento de la captura, las autoridades les encontraron material probatorio que los vinculaba a actividades ilegales. Entre lo incautado se hallaron, más de $10 millones de origen no justificado, boletas y citaciones extorsivas alusivas al ELN, una agenda con registros de cobros ilegales, celulares, una memoria USB y un computador.El comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Jairo Fuentes, indicó que los capturados serían responsables de exigir dinero a campesinos, ganaderos y comerciantes de municipios como Coromoro, Simacota, Ocamonte y Charalá.De hecho, las autoridades señalaron que los hombres también estarían implicados en extorsiones dirigidas al alcalde de Coromoro desde principios de año.Para el Ejército, este golpe representa una afectación directa a las finanzas del grupo armado organizado ELN y un paso clave para frenar la intimidación contra autoridades locales y la comunidad en el sector.
Según el reporte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Santander aseguró un lugar entre los tres mejores del país en las pruebas Saber Técnico y Tecnológico y obtuvo un resultado destacado en las Saber Pro 2025-I.El rendimiento más notable se dio en el nivel técnico y tecnológico. En las pruebas Saber TyT, Santander se ubicó en el Top 3 nacional.El departamento registró un promedio global superior a los 103 puntos, lo que representa una diferencia de casi 10 puntos respecto a la media nacional (94 puntos). Este resultado ubica a la región en el mismo nivel de desempeño que departamentos como Meta y Caquetá.Los futuros profesionales de Santander también figuraron entre los más preparados. En las pruebas Saber Pro, el promedio departamental alcanzó los 155 puntos.“Este puntaje posiciona a Santander como uno de los de mejor rendimiento del país, quedando a tan solo un punto de Risaralda (156 puntos) y en la persecución del líder, Cundinamarca (167 puntos)”, señaló la Gobernación de Santander en un comunicado.El éxito no es solo colectivo. El ICFES resaltó el caso de un estudiante del municipio de Socorro que obtuvo un puntaje perfecto (500/500) en el examen Saber 11 calendario B de 2025."Con estos avances, Santander se consolida como una región académicamente competitiva, capaz de formar profesionales con altas competencias en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés, contribuyendo al desarrollo del país", dijo la Gobernación de Santander.
Un grupo de pequeños futbolistas de la escuela Cacique Guanentá Charalá Ocamonte se ha convertido en sensación en redes sociales gracias a un video lleno de ternura que ya acumula más de 30 millones de reproducciones en TikTok.En las imágenes, cinco niños de apenas cinco y seis años aparecen reunidos en círculo, abrazados, planeando la estrategia para su partido. Uno de ellos, con gran carisma y liderazgo, da las instrucciones a sus compañeros: “Yo se la paso a él, tú se la pasas a él, luego se la pasas a él, me la pasas a mí, se la paso a él y tú haces el gol”. Tras la explicación, todos ponen sus manos en el centro y levantan el grito de unidad: “¡A ver, mano, equipo Chihuahua!”.El video, que fue grabado en marzo durante un entrenamiento, permaneció guardado por meses hasta que Julián Casas, entrenador de los niños, decidió publicarlo en redes.“Ese momento fue totalmente natural. Nosotros simplemente organizamos los equipos, les dijimos que pusieran un nombre y que pensaran su estrategia. Yo le pedí a mi pareja que grabara y lo subimos sin esperar la respuesta que tuvo”, explicó el formador.Casas aseguró que la viralidad lo sorprendió, pues de un día para otro el clip empezó a rodar por todo el mundo. Incluso, la Liga Mexicana de Fútbol reaccionó al video y varias figuras reconocidas lo han compartido en sus cuentas oficiales.La escuela de fútbol, que entrena a los niños en Charalá y Ocamonte los lunes, miércoles y viernes en la tarde, ahora recibe mensajes y propuestas de distintos lugares gracias a esta publicación que muestra no solo la pasión por el balompié, sino también el valor del trabajo en equipo desde la infancia.
El gremio turístico de San Gil, junto a ambientalistas y defensores de derechos humanos, expresaron su preocupación por la solicitud de licencias mineras para dragado en el río Fonce, un pilar fundamental para la economía de la provincia de Guanentá.La controversia se centra en tres títulos mineros que, según los denunciantes, se encuentran actualmente en trámite para dragar hasta 200 hectáreas del río Fonce. El área de impacto se extendería a jurisdicciones como el Valle de San José y El Páramo, con la intención de extraer material de arrastre usando maquinaria pesada.Empresarios del turismo y veedores ciudadanos han manifestado su rechazo, asegurando que esta actividad de dragado representa una amenaza no solo para el turismo de aventura y ecológico de San Gil, sino también para toda la economía local que depende del río.Alba Luz Salazar, representante de empresas de canotaje en San Gil, expresó la preocupación del sector.“Realmente muy preocupados por esos permisos que están dando. Ya están en la tercera fase, en la socialización. Nos enteramos por información de terceros en el Valle de San José que el río Fonce no tiene una prohibición minera. Nosotros todos los días entrenamos hasta el Parque Gallineral y vemos con preocupación los daños del dragado que cambia el color y la densidad del agua y eso es notorio”, señaló Salazar.Salazar hizo un llamado urgente a las autoridades locales: “Hemos pedido que los mandatarios en el Valle de San José, el señor alcalde Luis, y el alcalde Mauricio en El Páramo, tengan una postura más fuerte en cuanto al tema de la minería”.Ante los reclamos, la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Gloria Milena Durán, aseguró que la entidad no tienen ningún trámite de licencia ambiental.“Nos permitimos aclarar que actualmente en la corporación no tenemos ningún trámite de licencia ambiental sobre el río Fonce. Los contratos de concesión se deben tramitar, inicialmente, ante la Agencia Nacional Minera. Por eso queremos dar un parte de tranquilidad a la comunidad de que no hay ninguna solicitud de licencia, razón por la cual no tenemos ningún trámite a la fecha”, expresó Durán.A pesar de la aclaración de la CAS sobre la ausencia de trámites ambientales en su sede, el gremio turístico insiste en la preocupación por la existencia de los títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional Minera y la posibilidad de que las licencias ambientales se soliciten en cualquier momento.Como respuesta a la amenaza de los títulos mineros y los trámites asociados, el gremio turístico, veedores y ambientalistas han convocado a la ciudadanía a una movilización pacífica para expresar su rechazo.La manifestación está programada para este jueves 2 de octubre a las 8:00 a.m. en el Malecón de San Gil, buscando que las autoridades nacionales y locales detengan cualquier tipo de actividad minera en el río Fonce.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.
Mediante el Decreto 0244, la alcaldesa encargada de Girón, Dayana Milena Tavera Ruiz, suspendió la medida del pico y placa en el municipio, luego de una mesa de trabajo con las demás autoridades del Área Metropolitana.“Se busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas y visitantes que llegan a conocer todo nuestro centro histórico y las diferentes dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto al tema turístico”, afirmó José Reinoso, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.A partir del 18 de enero de 2026 volverá a regir el pico y placa en el municipio. La medida estará sujeta a las directrices establecidas desde Bucaramanga.La decisión de levantar la restricción durante estas fechas de fin de año se mantiene en el anillo vial, en el tramo que comprende el retorno del Hotel San Juan y donde están ubicadas las instalaciones de Tránsito de Girón.“Hemos logrado mitigar el tema de la sinistralidad mientras se ha implementado. El trabajo realizado durante todo el año nos ha garantizado que el control vial se mantenga estable”, expresó José Reinoso.Se espera que todas las personas que han arribado y las que llegarán al municipio para planes turísticos y gastronómicos tengan la libertad de vivir la experiencia en el pueblo patrimonio de Colombia, sin congestión vehicular.En los primeros días de enero de 2026 se establecerá una mesa de trabajo para determinar las condiciones del pico y placa en el Área Metropolitana.
Sin resultados positivos avanzan las labores de búsqueda de Brahian Alexis Molina Segura, un joven de 21 años que desapareció el pasado 27 de diciembre en aguas del río Carare, en zona rural del municipio de Cimitarra, Santander.El joven, residente en Bucaramanga, había llegado días antes al sector para pasar la temporada de Navidad y Año Nuevo junto a su familia. De acuerdo con los reportes entregados por la comunidad y sus familiares, la desaparición ocurrió hacia la 1:00 de la tarde, cuando Brahian Alexis intentaba cruzar el afluente en compañía de un primo. Aunque su familiar logró llegar a la otra orilla, el joven fue vencido por la fuerza de la corriente a pocos metros de culminar el cruce y terminó siendo arrastrado por el río.Ante la emergencia, organismos de socorro activaron un operativo de búsqueda que se mantiene hasta la fecha. Clemente Jaimes, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, explicó que fueron solicitados como apoyo especializado, especialmente con su grupo de buceo.“Nos pidieron el apoyo del grupo de buceo que tenemos en el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca. Salieron cinco unidades bomberiles, trabajaron todo el día, regresaron para recargar y hacer mantenimiento a los equipos, pero ha sido imposible la localización del cuerpo del joven”, señaló.Jaimes indicó que las labores se desarrollaron de manera articulada con lancheros y habitantes del sector, quienes conocen el comportamiento del río. Durante la jornada se inspeccionaron entre uno y dos kilómetros aguas abajo, sin obtener resultados.Por su parte, el cabo Andrey Rojas, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cimitarra, confirmó que la búsqueda se retomó con varios equipos de rescate, aunque sin resultados hasta el momento.“El grupo de búsqueda, conformado por los bomberos de Floridablanca y Cimitarra, con el apoyo activo de pescadores de la comunidad que conocen muy bien el río y las zonas más peligrosas, no obtuvo luz verde; es decir, no se encontró al joven”, explicó.Las autoridades informaron que las labores de búsqueda se mantienen activas, aunque los equipos deben realizar pausas operativas para el descanso del personal y el mantenimiento del equipo especializado, con el fin de garantizar condiciones seguras para continuar el rastreo.Mientras tanto, familiares y comunidad mantienen la esperanza de encontrar a Brahian Alexis, al tiempo que hacen un llamado a la precaución al momento de ingresar a ríos y quebradas, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el caudal suele aumentar.