La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
Un ciudadano chino perdió la vida tras ser impactado por un rayo mientras recorría una planta cementera de capital chino, ubicada en Magunje, en la provincia de Mashonalandia Occidental, al oeste de Zimbabue. El proyecto ha generado rechazo entre sectores de la comunidad local.El activista ambiental y defensor de derechos humanos Farai Maguwu dio a conocer el hecho a través de su cuenta en X, donde señaló que el incidente ocurrió este lunes, poco después de una visita oficial a la planta WIH-ZIM realizada por la ministra de Asuntos Provinciales y Devolución de Mashonalandia Occidental, Marian Chombo, en compañía del inversionista.“Después de la ‘visita solidaria’ de Marian Chombo a la fábrica de cemento china en Magunje, un ‘inversionista’ chino fue alcanzado por un rayo. El cielo estaba despejado, pero tras la visita apareció una pequeña nube sobre la zona y entonces cayó el rayo”, escribió Maguwu.El activista, fundador del Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales (CNRG), afirmó que el hombre fue alcanzado por la descarga eléctrica pese a que no se observaban tormentas en el momento del suceso. La situación generó especulaciones sobre posibles explicaciones sobrenaturales, una creencia arraigada en algunas áreas rurales del país.No obstante, el hecho se produjo en medio de una temporada de lluvias intensas en Zimbabue, con reportes de tormentas eléctricas en varias regiones del territorio nacional.Tras el impacto, el ciudadano chino fue trasladado inicialmente al hospital de Magunje y posteriormente remitido al centro médico de Karoi, donde finalmente falleció, según informaron medios locales.La planta WIH-ZIM contempla una inversión cercana a los 700 millones de dólares y tiene como objetivo producir alrededor de 1,8 millones de toneladas de cemento al año, además de 1,2 millones de toneladas de clínker, insumo esencial para la fabricación de cemento y hormigón.El complejo ya cuenta con una planta de hormigón premezclado y equipos para la producción de ladrillos. Sin embargo, habitantes de Magunje han manifestado su oposición al proyecto, al considerar que la infraestructura se encuentra demasiado próxima a una represa comunitaria.Maguwu sostuvo además que “los dirigentes políticos insisten en que el proyecto avanzará pese a la resistencia de las comunidades locales”.El activista es reconocido en Zimbabue por su trabajo en la documentación de violaciones a los derechos humanos y la defensa de una gestión transparente de los recursos naturales. A lo largo de su trayectoria, ha investigado abusos en industrias extractivas, especialmente en los yacimientos de diamantes de Marange, y ha denunciado casos de violencia, torturas y trabajo forzado contra comunidades afectadas.
La polémica celebración de las corralejas en Caucasia no solo dejó personas heridas en las jornada de las vaquillas, que es una previa al evento principal, sino que ya la Alcaldía confirmó que durante el primer día oficial de las corralejas atendieron a seis personas que resultaron heridas de diferentes maneras.El reporte de el Cuerpo Oficial de Bomberos de Caucasia deja en evidencia que los lesionados son Elber Betín, un hombre de 32 años que resultó con luxación de hombro; Leider Hernández de 29 años y quien fue corneado por un toro en la región lumbar; y Nicolás Escobar de 33 años que tuvo una herida abierta en cuero cabelludo.Sin embargo, la preocupación radica en que dentro de los primeros lesionados hay tres menores de edad, entre ellos, Manuela Jaramillo de 15 años quién sufrió un síncope por calor; Aldair Guzmán de 17 años con una herida abierta en su ojo derecho; y Juan Milona de 14 años quien sufrió la amputación de la falange de un dedo de la mano izquierda.Estos heridos se suman a las 19 personas que ya habían sido atendidas por médicos en el municipio de Caucasia y que resultaron heridos en la jornada previa de vaquillas. No obstante, se debe aclarar la mayoría de dichos afectados se dieron en medio de una riña provocada, al parecer, por la ingesta de licor.A la espera del reporte oficial del segundo día de corralejas, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Caucasia advirtió que durante las visitas que le hicieron al lugar pudieron comprobar falencias en seguridad como clavos expuestos al exterior, tablas en mal estado, sistemas eléctricos en condiciones regulares u otros elementos que pondrían en riesgo la seguridad de los asistentes al evento.
La rápida reacción de las autoridades de Medellín permitió recuperar un carro robado y capturar al responsable tras una acción coordinada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, en medio de un operativo que contó con la ayuda de la comunidad al denunciar el delito.El responsable de este hecho fue acusado por el delito de falsedad marcaria, el vehículo recuperado había sido robado en el barrio Castilla, noroccidente de la capital antioqueña. La acción se dio mediante la articulación entre la Sala Situacional del 123 y labores de patrullaje en las calles.Las autoridades establecieron relación entre el hurto a un vehículo en ese sector de la ciudad, el pasado 30 de agosto, y el de otro este diciembre. A partir de estas alertas, se logró identificar la circulación de uno de los carros y orientar un despliegue operativo en la zona.De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, “se logró la captura de una persona por el delito de falsedad marcaria y la recuperación de un vehículo que había sido hurtado". Este resultado, agregó el funcionario, "fue posible gracias a ese trabajo desarrollado desde la sala situacional y todo el sistema de cámaras del 123”De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, una pista clave en el éxito de este caso fue la utilización de placas que habían sido hurtadas con anterioridad, y que mediante los visualizadores del 123 activaron un seguimiento técnico y en tiempo real, logrando la recuperación del vehículo en vía pública.En lo corrido del año 2025, en la ciudad de Medellín autoridades han recuperado 278 vehículos reportados como hurtados.
Con el aumento del 23 % en el salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que quedó en $1.750.905, más el auxilio de transporte fijado en $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales, también se incrementa el valor de la mesada de los pensionados que reciben un salario mínimo.Blu Radio se comunicó con la abogada Luna Chacón, de la firma Erazo y Solarte Abogados, quien explicó que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 establece que las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes —tanto de afiliados a Colpensiones como a regímenes privados como Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia— deben mantener su poder adquisitivo.¿Cuándo subirá la mesada para los pensionados en el 2026?Esto significa que dichas pensiones deben ajustarse anualmente el primero de enero, “conforme a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el Dane para el año inmediatamente anterior”.En este video de Blu Radio le explicamos las implicaciones del aumento del salario mínimo ¿Cuánta plata recibe por su pensión alguien que gane un salario mínimo en el 2026?No obstante, esta norma contempla una excepción. Cuando el beneficiario recibe una mesada equivalente a un salario mínimo legal vigente, el ajuste no se realiza con base en el IPC, sino de acuerdo con el incremento del salario mínimo establecido para ese año.En ese sentido, una persona que gane un salario mínimo y se pensione en 2026 recibirá una mesada de $1.750.905.La abogada recordó que recibir una pensión es un derecho indiscutible e irrenunciable en materia laboral y de seguridad social, cuyo fin es garantizar una vejez digna para los colombianos, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en la Sentencia C-227 de 2023. Por ello, el reajuste pensional hace parte esencial de este derecho.“Su desconocimiento afecta directamente el mínimo vital y la dignidad humana, especialmente tratándose de adultos mayores, quienes son sujetos de especial protección constitucional”, señaló.¿Qué debe hacer si no aumenta su pensión en el 2026?Por ende, si a una persona no le es reconocido el aumento en el valor de su mesada, “se configura un incumplimiento legal. Esta omisión desconoce lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y vulnera derechos fundamentales del pensionado, al impedir que su pensión mantenga su poder adquisitivo real”.Chacón explicó que, frente a esta situación, es fundamental conocer los mecanismos de defensa con los que cuentan los ciudadanos. Uno de ellos es “la presentación de un derecho de petición dirigido a la entidad privada prestadora del servicio, solicitando el reconocimiento y pago del reajuste pensional conforme al incremento del salario mínimo, así como el pago retroactivo de las diferencias dejadas de cancelar, si a ello hubiere lugar”.“Si la entidad privada niega injustificadamente la solicitud o guarda silencio y no responde dentro del término legal, procede la interposición de una acción de tutela”, explicó la abogada, como mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales del pensionado.
El anuncio del salario mínimo para el año 2026 ha generado un fuerte debate en el país. Tras la confirmación del presidente Gustavo Petro de un incremento del 23,7 %, el salario quedó establecido en $1.750.900, una cifra que abrió la discusión sobre los impactos que tendrá este ajuste en el bolsillo de los trabajadores y en los costos que subirán el próximo año.En Bogotá, muchas de las dudas giran alrededor del transporte público. Para miles de trabajadores que dependen a diario de TransMilenio, el aumento del salario mínimo obliga a hacer cuentas frente al valor del pasaje y al papel que juega el auxilio de transporte, que en este escenario empieza a verse con algo más de alivio.Cuántos pasajes puede combrar con el auxilio de transporte en 2026Luego de que el Gobierno Nacional fijara el salario mínimo en $1.750.900, el auxilio de transporte también tuvo un ajuste. Para 2026, este subsidio quedó en $249.100, lo que lleva el ingreso total a $2.000.000 para quienes devengan hasta dos salarios mínimos.Este auxilio está dirigido a cubrir, al menos parcialmente, los gastos de movilización hacia el lugar de trabajo. En una ciudad como Bogotá, donde TransMilenio es el principal medio de transporte para millones de personas, este monto representa un respiro frente a los costos diarios de desplazamiento.Con el valor actual del pasaje, que es de $3.200, el cálculo es sencillo: con los $249.100 del auxilio se pueden adquirir cerca de 77 pasajes en la tarjeta TuLlave. Para quienes trabajan de lunes a sábado, esto equivale a unos 38 días y medio de trayectos sencillos, lo que permite cubrir el mes completo y dejar un pequeño margen adicional.¿Cuánto subiría el pasaje de TransMilenio en 2026?Por ahora, no se ha confirmado oficialmente cuánto costará el pasaje de TransMilenio en 2026. Sin embargo, desde la Alcaldía de Bogotá se ha mencionado que podría subir a $3.450. Según explicó la gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, este ajuste respondería a la necesidad de cubrir los gastos de operación del sistema.De concretarse ese aumento, el incremento sería del 7,8 %. Aun así, con el auxilio de transporte vigente para 2026, los trabajadores podrían comprar alrededor de 72 pasajes al mes, suficientes para cubrir 36 días de viajes de ida y regreso.Este escenario también vuelve a poner sobre la mesa el debate de los colados. En Bogotá, muchos usuarios justifican la evasión del pago del pasaje argumentando que el salario no alcanza para cubrir el transporte. Sin embargo, con el nuevo salario mínimo y el ajuste al auxilio, el discurso empieza a dividir opiniones, especialmente entre quienes consideran que ahora sí existirían las condiciones para pagar el pasaje completo.El nuevo salario mínimo y el auxilio de transporte comenzarán a regir desde el 1 de enero de 2026 y beneficiarán a cerca de 2,4 millones de trabajadores en todo el país, según cifras del DANE.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El gremio turístico de San Gil, junto a ambientalistas y defensores de derechos humanos, expresaron su preocupación por la solicitud de licencias mineras para dragado en el río Fonce, un pilar fundamental para la economía de la provincia de Guanentá.La controversia se centra en tres títulos mineros que, según los denunciantes, se encuentran actualmente en trámite para dragar hasta 200 hectáreas del río Fonce. El área de impacto se extendería a jurisdicciones como el Valle de San José y El Páramo, con la intención de extraer material de arrastre usando maquinaria pesada.Empresarios del turismo y veedores ciudadanos han manifestado su rechazo, asegurando que esta actividad de dragado representa una amenaza no solo para el turismo de aventura y ecológico de San Gil, sino también para toda la economía local que depende del río.Alba Luz Salazar, representante de empresas de canotaje en San Gil, expresó la preocupación del sector.“Realmente muy preocupados por esos permisos que están dando. Ya están en la tercera fase, en la socialización. Nos enteramos por información de terceros en el Valle de San José que el río Fonce no tiene una prohibición minera. Nosotros todos los días entrenamos hasta el Parque Gallineral y vemos con preocupación los daños del dragado que cambia el color y la densidad del agua y eso es notorio”, señaló Salazar.Salazar hizo un llamado urgente a las autoridades locales: “Hemos pedido que los mandatarios en el Valle de San José, el señor alcalde Luis, y el alcalde Mauricio en El Páramo, tengan una postura más fuerte en cuanto al tema de la minería”.Ante los reclamos, la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Gloria Milena Durán, aseguró que la entidad no tienen ningún trámite de licencia ambiental.“Nos permitimos aclarar que actualmente en la corporación no tenemos ningún trámite de licencia ambiental sobre el río Fonce. Los contratos de concesión se deben tramitar, inicialmente, ante la Agencia Nacional Minera. Por eso queremos dar un parte de tranquilidad a la comunidad de que no hay ninguna solicitud de licencia, razón por la cual no tenemos ningún trámite a la fecha”, expresó Durán.A pesar de la aclaración de la CAS sobre la ausencia de trámites ambientales en su sede, el gremio turístico insiste en la preocupación por la existencia de los títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional Minera y la posibilidad de que las licencias ambientales se soliciten en cualquier momento.Como respuesta a la amenaza de los títulos mineros y los trámites asociados, el gremio turístico, veedores y ambientalistas han convocado a la ciudadanía a una movilización pacífica para expresar su rechazo.La manifestación está programada para este jueves 2 de octubre a las 8:00 a.m. en el Malecón de San Gil, buscando que las autoridades nacionales y locales detengan cualquier tipo de actividad minera en el río Fonce.
Un grave caso de presunta negligencia médica fue denunciado por el gerente del hospital de El Carmen de Chucurí, Santander, quien alertó sobre la situación de un paciente afiliado a la Nueva EPS que, tras sufrir un accidente con una motosierra, aún no ha recibido la atención especializada que requiere con urgencia en Bucaramanga. Según explicó John Pimiento, gerente de la institución, el pasado sábado fue remitido el señor Segundo Miguel León Peña, de 45 años, con una lesión severa en el brazo derecho, la cual compromete gravemente su mano y requiere una intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, a pesar de estar hospitalizado en la Fundación Cardiovascular, hasta la fecha la EPS y la clínica no han llegado a un acuerdo para proceder con el tratamiento.“El señor tiene una gran probabilidad de perder la mano por falta de intervención. Hay un trámite administrativo el cual no ha permitido que se haga el procedimiento quirúrgico. Los únicos que tienen especialista en mano son el Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Universitario de Santander, este último está a su máxima capacidad", señaló en diálogo con un periodista de Blu Radio. Se conoció que el Hospital Internacional de Colombia no realiza el procedimiento al paciente Segundo Miguel León Peña, porque la Nueva EPS debe realizar el pago de la cirugía por anticipado, ya que los servicios están suspendidos a esa entidad por millonaria deuda con el centro médico.La denuncia evidencia nuevamente las fallas en la atención oportuna de pacientes por parte de la Nueva EPS, en Santander, situación que pone en riesgo la salud y la calidad de vida de los usuarios. En este caso, la demora en la autorización del procedimiento podría derivar en la pérdida total de la extremidad afectada tras un accidente con una motosierra. Familiares de Segundo Miguel León Peña hacen un llamado urgente a la Nueva EPS para que resuelva de inmediato los trámites administrativos y garantice el derecho fundamental a la salud del paciente que está a punto de perder su mano derecha.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través del Gaula de Santander, confirmó la captura en flagrancia de Brayan Cañas Archila, alias 'Keyner', de 24 años, señalado de extorsionar a comerciantes de la ciudad.El operativo se desarrolló en el momento en que el hombre recibía 30 millones de pesos, dinero exigido a un comerciante bajo amenazas.Según el reporte de las autoridades, alias “Keyner” había recuperado la libertad hace apenas dos meses y cuenta con antecedentes por secuestro, porte ilegal de armas y hurto calificado.Las investigaciones establecen que las extorsiones eran coordinadas en complicidad con alias “Mickey”, quien permanece recluido en la cárcel Modelo de Bucaramanga.Desde allí, se habrían dado las instrucciones y usado celulares entregados a las víctimas, los cuales posteriormente eran retirados para evitar el rastreo.De acuerdo con las indagaciones, alias “Keyner” intimidaba a comerciantes de una reconocida zona de la capital santandereana mediante disparos contra sus establecimientos, exigiendo sumas que oscilaban entre 30 y 100 millones de pesos. Su accionar afectaba la seguridad y tranquilidad del sector.En el procedimiento, la Policía incautó un celular utilizado para la actividad delictiva y el dinero recibido bajo exigencia. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.
El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, presentó una acción de tutela con el fin de evitar su salida del cargo, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificara la nulidad de su elección por incurrir en doble militancia.El mandatario busca que, mediante una medida cautelar, se suspenda de manera provisional la ejecución del fallo judicial mientras se resuelve de fondo su petición. La acción constitucional se sustenta en la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política.El Consejo de Estado había confirmado recientemente la decisión que anuló la elección de Campo Elías Ramírez, tras determinar que incurrió en doble militancia política, lo que lo inhabilitaba para aspirar a la Alcaldía en los comicios de 2023.De acuerdo con la sentencia, Campo Elías Ramírez, inscrito por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, apoyó durante su campaña a candidatos al concejo avalados por otros partidos de la coalición que respaldó su aspiración, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.El fallo concluye que, pese a la existencia de una coalición, el candidato debía guardar disciplina partidista y respaldar únicamente a los aspirantes de su colectividad.La Sala Quinta del Consejo de Estado consideró probados los elementos objetivo, subjetivo, modal y temporal de la conducta, al verificar videos y testimonios que muestran su apoyo explícito a concejales de otras agrupaciones políticas.El alcalde retando el fallo del Consejo de Estado informó que se volverá a presentar en las elecciones atípicas. Algunos expertos dicen que está inhabilitado. Los demandantes anunciaron que si Campo Elías Ramírez se inscribe como candidato será demandado inmediatamente. "Su hermano, Jhon Abiud, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en contratación pública durante su gestión en la Cámara de Representantes, nepotismo e influencia política en municipios como Girón y Oiba. Le tumbamos la trampa. La ley se respeta", escribió en redes sociales el congresista santandereano Fabián Díaz, uno de los demandantes del alcalde de Girón. La situación mantiene en expectativa a los habitantes de Girón, pues de prosperar la tutela, el alcalde podría continuar en el cargo hasta tanto no haya una decisión definitiva. De lo contrario, se abriría paso al proceso de encargo o nombramiento de un mandatario provisional mientras se convoca a nuevas elecciones.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.
Mediante el Decreto 0244, la alcaldesa encargada de Girón, Dayana Milena Tavera Ruiz, suspendió la medida del pico y placa en el municipio, luego de una mesa de trabajo con las demás autoridades del Área Metropolitana.“Se busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas y visitantes que llegan a conocer todo nuestro centro histórico y las diferentes dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto al tema turístico”, afirmó José Reinoso, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.A partir del 18 de enero de 2026 volverá a regir el pico y placa en el municipio. La medida estará sujeta a las directrices establecidas desde Bucaramanga.La decisión de levantar la restricción durante estas fechas de fin de año se mantiene en el anillo vial, en el tramo que comprende el retorno del Hotel San Juan y donde están ubicadas las instalaciones de Tránsito de Girón.“Hemos logrado mitigar el tema de la sinistralidad mientras se ha implementado. El trabajo realizado durante todo el año nos ha garantizado que el control vial se mantenga estable”, expresó José Reinoso.Se espera que todas las personas que han arribado y las que llegarán al municipio para planes turísticos y gastronómicos tengan la libertad de vivir la experiencia en el pueblo patrimonio de Colombia, sin congestión vehicular.En los primeros días de enero de 2026 se establecerá una mesa de trabajo para determinar las condiciones del pico y placa en el Área Metropolitana.