La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali, convocado por la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder y la cúpula de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones contundentes tras los recientes hallazgos de partes humanas en la PETAR Paso del Comercio, hechos que han generado temor entre la ciudadanía.Durante la reunión, la gobernadora señaló que estos actos violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y el departamento."Se han presentado algunas acciones que se han desembocado en unos desmembramientos, esto no solo sucede en nuestro departamento también es Bogotá, producto de los enfrentamientos entre bandas, el 76% son por acciones entre bandas criminales los homicidios y es por el microtrafico", dijo la gobernadora. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la ejecución de varias megatomas en diferentes comunas de Cali, con el fin de capturar a personas presuntamente involucradas en homicidios y actos terroristas ya que en las últimas semanas se logró frustrar dos posibles ataques terroristas cuyos responsables, según las investigaciones preliminares, podrían provenir del norte del Cauca.Las autoridades informaron, además, que se reforzará el pie de fuerza en el norte del Valle del Cauca, donde también se han registrado hallazgos de partes humanada producto de estos conflictos entre organizaciones criminales.
Un giro inesperado e insólito ha dado el caso de un bebé de nueve meses de nacido que a mediados de diciembre falleció en el barrio Juan XXIII de la Comuna 13 en Medellín, aparentemente tras sufrir un golpe al caerse de la cama.Sin embargo, a la investigación de lo ocurrido estaba vinculado su padre, un hombre de 24 años de edad, pues en el momento el niño estaba a su cuidado y según las valoraciones médicas registraba lesiones que denotaban algún grado de violencia contra su humanidad.Tras varias semanas de investigación y recopilación de información en campo, con testigos e incluso el mismo vinculado al caso, en las últimas horas fue capturado por parte de la policía tras dictámenes de Medicina Legal que indican que efectivamente la víctima sufrió un impacto en su cabeza tras ser lanzado con fuerza contra el piso.Sin embargo, uno de las circunstancias que ha generado mayor conmoción es que el procedimiento policial, según pudo conocer extraoficialmente Blu Radio, se produjo en las últimas horas en el cementerio Jardines Montesacro, al sur de Medellín, justo cuando el padre visitaba la tumba del niño para conmemorar lo que hubiera sido su primer año de vida.Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores detalles sobre la captura de este hombre tan pronto finalicen las diligencias judiciales que lidera la Fiscalía General. "Lo que necesitamos es que se haga justicia. Esta persona ha sido capturada. Pero es muy importante también otros casos que vamos a mostrar frente que tienen que ver con seguridad y buenos golpes, que hemos dado a todos estos criminales", confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.En el caso, tras las primeras revisiones en la Unidad Intermedia de San Javier, el bebé fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe por la complejidad de sus lesiones, pero a pesar de los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El próximo 23 de febrero a las 2:30 de la tarde se realizará la audiencia pública de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por su participación en el 'tarimazo' que se realizó en Medellín y que contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios líderes de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá.La congresista deberá responder ante el Consejo de Estado por su participación en la tarima dispuesta en el Centro Administrativo La Alpujarra, además, de determinar si la gestión que hizo ante el Inpec para autorizar la salida de varios internos de la cárcel de Itagüí fue una falta grave.Hay que precisar los hechos ocurrieron en 21 de junio de 2025 cuando con el mandatario nacional se le vio acompañado de jefes históricos de bandas delincuenciales como José Muñoz, alias 'Douglas'; Juan Mesa, alias 'Tom'; Freyner Ramírez, alias 'Carlos Pesebre'; o Jorge Vallejo, alias 'Vallejo', entre otros hombres del crimen organizado en el Valle de Aburrá.Es por este motivo que si bien el Consejo de Estado ya había solicitado algunas pruebas adicionales, también tendrá en cuenta las que ha aportado Zuleta como, por ejemplo, los comunicados oficiales del Espacio de Paz Urbana y otros documentos remitidos por la delegación del Gobierno nacional.Dentro de la audiencia pública del próximo lunes, la senadora del Pacto Histórico también se podrá defender sobre las acusaciones de presuntamente hacer extralimitado sus funciones e, incluso, señalamientos de presunto tráfico de influencias para poder realizar el traslado de delincuentes hasta el 'tarimazo'.
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Un video que circula en Barrancabermeja encendió las alertas entre los organismos de seguridad y de derechos humanos. En las imágenes aparecen varios hombres armados que, identificándose como presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lanzan amenazas directas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias de la ciudad.El grupo se presenta como parte del “Frente de Guerra Luis Alfonso Echavarría del Ejército Gaitanista de Colombia” y, leyendo un comunicado, declara como “objetivo militar” a un listado de personas y asociaciones.En el video, el supuesto vocero del grupo afirma que las amenazas obedecen a “irregularidades que vienen presentando algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, una justificación que de inmediato generó rechazo entre organizaciones de derechos humanos, así como en la administración del ‘Puerto Petrolero’.Ante la circulación del material, Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, confirmó que ya tiene conocimiento del video y que activó los protocolos de verificación junto con las autoridades policiales. “Se solicitó a la Policía adelantar las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y origen”, indicó Ramírez.Las autoridades señalaron que se está realizando un análisis detallado del contenido, la puesta en escena y la posible ubicación donde habría sido grabado, con el objetivo de determinar si corresponde a un grupo real con presencia en la región o si se trata de un montaje con fines intimidatorios.Mientras tanto, los líderes sociales han pedido garantías de seguridad y acompañamiento institucional, pues aseguran que este tipo de amenazas generan un ambiente de zozobra que afecta directamente su labor comunitaria.Como respuesta, el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja expresó: “Inmediatamente hemos hecho el acompañamiento a cada una de estas organizaciones y ciudadanos nombrados allí", indicó. Además, se ha dispuesto de un espacio, una reunión interinstitucional con cada uno de los involucrados, y en conjunto con nuestra Policía Nacional, el Ministerio Público y la Alcaldía Distrital estaremos trabajando de la mano, para que todas las personas que tengan algún tipo de riesgo puedan realmente tener la confianza en que las autoridades van a actuar para acompañarlos”.
La Corte Constitucional lanzó un severo llamado de atención y ordenó la adopción de medidas sanitarias inmediatas en los centros carcelarios y de detención transitoria de Santander y Antioquia, luego de confirmar brotes de tuberculosis que, según el alto tribunal, representan un riesgo inminente para la salud pública y una vulneración grave de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.En un comunicado, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario calificó como “inadmisible” que las autoridades continúen realizando traslados entre establecimientos sin verificar condiciones mínimas de salubridad ni realizar tamizajes clínicos previos.“Resulta inadmisible que, pese a la evidencia epidemiológica, las autoridades continúen trasladando personas sin garantizar las medidas sanitarias mínimas que cualquier ser humano merece”, advirtió la Corte.Por esta razón, las alcaldías de Medellín y Bucaramanga deberán coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) un paquete de acciones urgentes para “proteger la vida y la salud” de quienes permanecen en Centros de Detención Transitoria. Las medidas deben regirse por los lineamientos del Programa Nacional de Tuberculosis e incluir:Implementar tamizajes clínicos y bacteriológicos de ingreso priorizando a sintomáticos y personas en contacto estrecho.Establecer y hacer cumplir zonas y protocolos de aislamiento respiratorio inmediato para casos confirmados o sospechosos, con cohortización separada y medidas de ventilación adecuadas.Asegurar el suministro oportuno e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos bajo estrategia de tratamiento directamente observado.Practicar pruebas al personal de custodia, administrativo y de servicios que haya tenido exposición, garantizando su atención y, de ser necesario, reubicación temporal.Abstenerse de efectuar traslados inter-establecimientos sin tamizaje previo, certificación de no contagiosidad o, en su defecto, traslado sanitario con las medidas de aislamiento respiratorio pertinentes.Garantizar las remisiones hospitalarias urgentes, cuando el cuadro clínico lo exija y la continuidad del tratamiento al egreso.Adicionalmente, el Inpec y la Uspec deberán ejecutar un plan sanitario integral para contener, diagnosticar y tratar el brote de tuberculosis en los establecimientos nacionales ubicados en Antioquia y Santander, especialmente entre internos que han sido trasladados recientemente desde estaciones de Policía y URI.El alto tribunal también encomendó al Ministerio de Salud prestar asistencia técnica urgente a las entidades territoriales e, incluso, emitir nuevos lineamientos epidemiológicos si la situación lo requiere. Además, deberá consolidar la información nacional sobre casos confirmados y entregar un informe formal sobre las acciones adelantadas.
En la vereda La Vega, sector norte de Bucaramanga, la Policía capturó a Josmar Andrés García, alias ‘Arenitas’ o ‘Andrés Búcaros’, quien tenía orden vigente por homicidio y concierto para delinquir, además de una circular azul de Interpol. García es señalado de pertenecer a la banda ‘Los Bucaros’.Durante el procedimiento también fue capturado Luis Felipe Carreño, también según las autoridades integrante de ‘Los Bucaros’. A los dos hombres les incautaron una pistola, siete cartuchos calibre 9 mm, dos celulares, una motocicleta y 4.107 gramos de marihuana, que estarían destinados al expendio en la zona. La motocicleta habría sido empleada para facilitar actividades delictivas.De acuerdo con el coronel Diego Pinzón, comandante encargado de la Policía Metropolitana, “alias ‘Arenitas’ sería el cabecilla principal de ‘Los Búcaros’ y se ocultaba en Bucaramanga mientras huía de las autoridades por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en Barrancabermeja. Las investigaciones señalan que el capturado tendría además vínculos con los grupos criminales Los del Sur y el Tren de Aragua, articulando acciones relacionadas con asesinatos y control de expendios de estupefacientes en la capital santandereana”, explicó el oficial.Los dos detenidos, junto con el arma, la droga y demás elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía para su proceso de judicialización.
La Electrificadora de Santander (ESSA) lanzó una advertencia urgente a las autoridades y a la comunidad por la construcción de vías alternas, que según la empresa, no están autorizadas en la vereda Zarandas, en Vélez, donde se encuentra la variante provisional de la línea de transmisión Barbosa–Cimitarra de 115.000 voltios.Según la entidad, estas intervenciones ponen en riesgo la integridad de las estructuras de emergencia que fueron instaladas tras la contingencia ocurrida el 30 de octubre de 2025, cuando un movimiento en masa en la vía Vélez–Landázuri afectó la línea de alta tensión y dejó sin servicio de energía a miles de usuarios de la región.“Para garantizar la continuidad del suministro, ESSA construyó una ruta provisional de dos kilómetros, puesta en operación el 8 de noviembre, que hoy abastece de energía a cerca de 30.000 clientes en Cimitarra, Landázuri, Puerto Araujo y Puerto Parra”, explicó la ESSA en un comunicado.Sin embargo, destaca que “en las últimas semanas se han detectado intervenciones no técnicas realizadas por algunos habitantes, como remoción de tierra, modificación de taludes, apertura de pasos vehiculares y alteración de drenajes en zonas cercanas a templetes y anclajes que sostienen las estructuras eléctricas”.ESSA señala que estas acciones podrían generar graves consecuencias en la vida de quienes realizan los trabajos, afectación del servicio y dificultades en caso de nuevas emergencias.Ante esta situación, la empresa solicitó el apoyo de las alcaldías, la Gobernación de Santander, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la UNGRD para implementar acciones conjuntas de control, ordenamiento del uso del suelo, acompañamiento técnico y socialización con las comunidades.ESSA hizo un llamado urgente a los habitantes para abstenerse de realizar obras o excavaciones en zonas de servidumbre eléctrica y acatar las recomendaciones de seguridad, con el fin de proteger tanto la infraestructura como la continuidad del servicio.
La Alcaldía de Barrancabermeja confirmó la reapertura y continuidad de los servicios de la Unidad Clínica La Magdalena para los usuarios afiliados a la Nueva EPS, así como la atención para pacientes de Salud Total y Sanitas. La decisión representa un alivio para miles de familias del Magdalena Medio que, durante las últimas semanas, habían manifestado preocupación ante la crisis que enfrenta el sistema de salud en el país.Según informó Alcaldía, el restablecimiento de los servicios constituye un avance significativo para más de 124.000 afiliados de Nueva EPS en Barrancabermeja, entre ellos 62.345 del régimen subsidiado y la misma cifra del régimen contributivo, quienes dependen de la atención que ofrece este centro asistencial.“La Unidad Clínica La Magdalena ha anunciado la reapertura y continuidad de sus servicios (…) Esto constituye un avance significativo para las familias barranqueñas”, señaló la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado, en el que además destacó el esfuerzo de la institución, su talento humano y el respaldo del Holding Empresarial Cayena Azul.El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva, celebró el acuerdo logrado entre la Nueva EPS y la IPS.“Nos encontramos complacidos con el acuerdo (…) La Clínica La Magdalena es importante para nosotros por la integralidad de sus servicios, a donde pueden acceder todos los usuarios que pertenecen a diversas EPS, en este caso la Nueva EPS”, afirmó.El funcionario reiteró que en el municipio hay 62.345 usuarios de Nueva EPS en el régimen subsidiado y 62.345 en el contributivo, quienes se verán beneficiados con esta decisión.La Alcaldía aseguró que continuará acompañando a las instituciones públicas y privadas del sector salud mediante mesas técnicas, espacios de articulación y comités de seguimiento para garantizar la calidad y continuidad en la atención.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.
Mejoran las condiciones de salud del niño de 10 años y de sus padres, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por un rayo en zona rural de Guaca, Santander. Los tres continúan bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero, informó que la evolución de los pacientes ha sido “muy satisfactoria” desde su ingreso al centro asistencial.La madre del menor, de 34 años, fue quien presentó el cuadro más delicado. Según el reporte médico, sufrió quemaduras de consideración, contusiones y lesiones internas, lo que obligó a su manejo inicial en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, permanece en la unidad de quemados, donde continúa su recuperación con evolución favorable.El padre del niño, también de 34 años, presentó lesiones de menor severidad y se encuentra estable, bajo observación en el servicio de urgencias.Por su parte, el menor de 10 años sufrió quemaduras en la parte anterior del tórax y en uno de sus miembros superiores. Debido a la gravedad de las lesiones fue atendido en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas fue trasladado a la unidad de quemados, donde evoluciona satisfactoriamente.El total fueron seis los campesinos alcanzados por el rayo cuando intentaban resguardarse del fuerte aguacero acompañado de una tormenta eléctrica que caía en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del páramo de Santurbán, el pasado 13 de febrero. La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento.“Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.
En un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional, fue capturada una mujer señalada por el delito de proxenetismo con menor de edad en el municipio de Cerrito.El procedimiento fue adelantado por La Sijin e Inteligencia Policial, en articulación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Seccional de Málaga.La captura se hizo efectiva en zona rural de Cerrito, en límites con el corregimiento de Presidente, Norte de Santander, donde fue ubicada la mujer, quien era requerida por autoridad judicial competente.De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 1 de mayo de 2020. Según el proceso adelantado por las autoridades, la hoy capturada, quien sería madre de la víctima, presuntamente habría ofrecido servicios sexuales de su hija, que para ese entonces tenía 13 años de edad. Las labores investigativas permitieron recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la expedición de la orden judicial.En desarrollo del mismo caso, el pasado 27 de enero de 2026 fue capturado en Cerrito un hombre señalado como presunto responsable de cometer acceso carnal violento en contra de la menor.Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso a la mujer medida de aseguramiento en centro carcelario. El otro procesado también permanece privado de la libertad con medida de aseguramiento intramural.