La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La más reciente Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) 2025, elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló una disminución en los niveles de hurto y una mejora en la percepción de seguridad en la capital del país. Los resultados fueron socializados este martes por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó avances en 14 de las 20 localidades evaluadas, especialmente en el sur y occidente de la ciudad.De acuerdo con la encuesta —considerada la medición técnica más amplia del país en materia de seguridad urbana—, el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó pasó de 69,4 % en 2024 a 66 % en 2025. Asimismo, la proporción de ciudadanos que fueron víctimas de al menos un delito se redujo de 15,3 % a 14,9 %.Uno de los datos más relevantes está relacionado con la percepción en los barrios. El porcentaje de personas que consideran que su sector es seguro pasó del 31 % al 43 %, lo que representa un incremento cercano al 35 % en el número de ciudadanos que expresan sentirse tranquilos en su entorno. Para la administración distrital, este resultado responde a estrategias como las Zonas Seguras y el trabajo articulado con las Juntas de Acción Comunal y los frentes locales de seguridad.En el sistema de TransMilenio también se evidenció una mejora. El porcentaje de usuarios que considera que el servicio no es seguro disminuyó de 70,6 % en 2024 a 62,7 % en 2025.La encuesta igualmente mostró una reducción en la extorsión, que pasó de 7,3 % en 2024 a 4,6 % en 2025, tras dos años consecutivos de incrementos. Para el alcalde, estos indicadores deben complementarse con el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, una herramienta clave para conocer la dimensión real del delito.No obstante, el mandatario advirtió que persisten desafíos estructurales. Señaló que 59 de cada 100 homicidas capturados en flagrancia recuperan la libertad, al igual que 95 de cada 100 detenidos por otros delitos, lo que —según afirmó— obliga a abrir una discusión nacional sobre la eficacia del sistema penal y la necesidad de garantizar sanciones efectivas.“Evidentemente, tenemos todavía un número alto de ciudadanos que manifiestan percepción de inseguridad. Yo creo que esa es la mayor importancia de esta reforma constitucional, es decir, eso es significativo, pero sigue siendo insuficiente también. En la mayoría de los delitos sigue habiendo muchos casos. Si yo les menciono que pasamos, tal vez, de 130.000 o 129.000 a 123.000, pues es una baja de 7.000 o menos, pero sigue habiendo 123.000. Y eso seguramente explica esa percepción, que, aunque bajó, sigue siendo alta”.Aunque reconoció que los avances son graduales, Galán reiteró que el objetivo es consolidar la tendencia positiva y profundizar las acciones territoriales para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 17 de febrero de 2026:Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló de la reunión de concertación del salario mínimo con empresarios y sindicatosAlexis Mina, consejero de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, se refirió de las manifestaciones de ayer en Bogotá.César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles de las manifestaciones de ayer en la capital.El doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, se refirió sobre el caso de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió esperando un medicamento.Katherine Pico, madre de Kevin Acosta, habló del caso de su hijo de siete años, quien murió esperando un medicamento.Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de Perú, dio detalles de las acusaciones contra el presidente interino José Jerí de contrataciones irregulares de personal en el Ejecutivo.Trino Hoyos, concejal de Montería, habló de las protestas de damnificados contra el Concejo.José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió de por qué se disparó el precio de la carne y la propuesta del presidente Gustavo Petro de suspender la exportación.Escuche el programa completo aquí:
Un caso en Sibaté, Cundinamarca, ha generado temor en la comunidad por la gravedad de los hechos, convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores registrados recientemente en el municipio. Lo que inició como una discusión por el pago incompleto de un trabajo de carpintería terminó en homicidio y posterior desmembramiento.La víctima, un carpintero de 31 años y propietario del negocio, sostuvo una confrontación con su empleado, Carlos Eduardo Caro Herrera, por la elaboración de unas puertas. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, la pelea escaló en cuestión de minutos: pasó de reclamos verbales a agresiones físicas con un objeto contundente y luego con un arma cortopunzante.Fiscalía revela detalles de asesinato en SibatéDe acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre de 2025 en el mismo taller donde ambos trabajaban. Allí, Caro habría atacado a su jefe en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte.“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Eduardo Caro Herrera por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre de 31 años, perpetrado en Sibaté (Cundinamarca)”, informó la entidad.El caso no terminó únicamente en homicidio. La investigación señala que, utilizando herramientas del establecimiento, el agresor desmembró el cuerpo de su jefe y lo guardó en bolsas plásticas con el propósito de ocultar evidencias.Partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en SoachaTras la captura del señalado responsable, la Fiscalía detalló que partes del cuerpo fueron trasladadas hasta la vereda Alto del Cabra, en el vecino municipio de Soacha, donde fueron abandonadas envueltas en una cobija y dentro de una bolsa. El hallazgo se produjo el 18 de diciembre, un día después del asesinato.Durante el proceso judicial se conoció que, tras cometer el crimen, Caro habría hurtado:Una motocicleta de la víctima.Dinero en efectivo.Un celular y otras pertenencias.Los elementos fueron vendidos posteriormente en Bogotá, según la investigación.Las pruebas recolectadas en el taller y los hallazgos forenses resultaron determinantes para esclarecer el caso. El procesado aceptó los cargos, entre ellos homicidio agravado y hurto calificado.El hecho ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino también por la frialdad evidenciada en el intento de ocultarlo. Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que las pruebas permitieron sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el responsable.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Después de la retención de casi 1.500 funcionarios en el CAN, el Distrito aclaró por qué no pudo intervenir para recuperar el orden público en esta zona. Como lo había anticipado el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, no se solicitó una intervención por parte del Gobierno nacional, a quien estaban dirigidas las propuestas y quien es propietario de los edificios afectados.Ante esto, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, concluyó que “por la postura del Gobierno de mantener el diálogo, se cerró la posibilidad de intervenir”.“En los edificios públicos donde ayer ocurrieron esos hechos no era nuestra responsabilidad. Y la postura del Gobierno nacional de mantener una actitud de diálogo o un canal abierto nos cerró la posibilidad de restituir el orden. Cuando el Gobierno nacional abre esos espacios, la única manera de actuar con los mecanismos de restitución del orden es por pedido expreso y público de las autoridades responsables de esas instituciones, de esos edificios”, concluyó el secretario de Seguridad, César Restrepo.Por otro lado, desde el Distrito rechazaron lo sucedido en las afueras de los edificios del DANE, MinEnergía, Invías y MinEducación, y enviaron un mensaje al Gobierno para que sea garante de la seguridad de las personas que no están inmersas en las manifestaciones.Para las manifestaciones convocadas para el próximo jueves 19 de febrero, el Distrito ya tiene listo el esquema de cuidado y protección para la ciudad, que incluye el despliegue de gestores de convivencia con el fin de evitar alteraciones del orden público.
Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este miércoles, 10 de diciembre, dejó a varias personas heridas en la carrera 27 con avenida González Valencia, en Bucaramanga. Las autoridades investigan si el conductor de una camioneta involucrada en los hechos manejaba en estado de embriaguez.Según testigos, el incidente comenzó a la altura de la calle 48, donde el conductor arrolló inicialmente a dos motociclistas. En medio del caos, otro motociclista inició la persecución del vehículo para intentar detenerlo. Sin embargo, durante su huida, el conductor embistió nuevamente a una vendedora ambulante en la intersección de la carrera 27 con calle 48, quien permanece en delicado estado de salud.Testigos aseguraron que dentro del vehículo fueron encontradas varias botellas de licor, lo que reforzaría la hipótesis de que el responsable conducía bajo los efectos del alcohol.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la verificación del estado de embriaguez del conductor.
La Secretaría de Salud de Santander confirmó que la cifra de personas lesionadas por el uso indebido de pólvora durante esta temporada aumentó a 18. Del total de casos, siete corresponden a menores de edad y once a adultos.El secretario de Salud departamental, Edwin Prada Ramírez, informó que los eventos se han concentrado principalmente en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga, Mogotes y El Socorro, donde las autoridades mantienen activas las labores de vigilancia, control y campañas pedagógicas para intentar disminuir la manipulación de artefactos pirotécnicos.Las autoridades manifestaron especial preocupación por el estado de salud de los siete menores lesionados. Además de las quemaduras, han presentado amputaciones de dedos y daños oculares, lo que evidencia la gravedad de los accidentes registrados en los primeros días de la temporada decembrina.La Secretaría de Salud reiteró el llamado a padres, cuidadores y a toda la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y buscar alternativas seguras de celebración. Asimismo, las autoridades anunciaron que reforzarán las acciones de prevención en los municipios con mayor incidencia para evitar que esta cifra continúe en aumento.
La Secretaría de Salud de Santander confirmó que la cifra de personas lesionadas por el uso de pólvora en el departamento aumentó a 12 casos, de los cuales cuatro corresponden a menores de edad y ocho a adultos.De acuerdo con el balance entregado por el secretario de Salud, Edwin Prada Ramírez, los casos se han concentrado principalmente en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga, Mogotes y El Socorro, donde las autoridades mantienen activas las labores de vigilancia y prevención.“En el periodo de intensificación por las festividades de fin de año ya se han reportado doce casos de personas lesionadas con pólvora, y lo más preocupante es que cuatro de ellos son niños”, advirtió el funcionario, al señalar que varios de los afectados han sufrido lesiones de consideración.Entre los lesionados se registran casos de amputación de dedos de la mano, quemaduras de primer y segundo grado y una laceración en la córnea, lo que ha requerido atención médica especializada. Según la Secretaría de Salud, algunos pacientes han necesitado manejo hospitalario debido a la gravedad de las heridas.Uno de los casos más sonados ocurrió en Piedecuesta, donde un niño de 13 años sufrió una delicada lesión ocular mientras manipulaba pólvora tipo mini volador. El estallido le causó una exposición directa en su ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial del municipio.Prada Ramírez reiteró el llamado a la comunidad para evitar el uso de pólvora durante las celebraciones de Navidad, fin de año y el Puente de Reyes. “Estas lesiones no solo afectan a quien manipula la pólvora, también pueden causar daños a terceros y dejar secuelas de por vida”, afirmó.Las autoridades de salud insistieron especialmente en la corresponsabilidad de los padres de familia y recordaron que la manipulación de pólvora por parte de menores está prohibida. El objetivo, señalaron, es evitar que la cifra de quemados siga en aumento durante la temporada decembrina.
Luego del fuerte sismo registrado en la madrugada de este miércoles, con epicentro en el municipio de Los Santos, los organismos de socorro de Santander sostuvieron una reunión de coordinación para evaluar posibles emergencias y definir acciones preventivas en el departamento.De acuerdo con el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.8 y tuvo una profundidad aproximada de 150 kilómetros, lo que hizo que fuera sentido en varios municipios del área metropolitana de Bucaramanga y en localidades cercanas al epicentro.Durante el encuentro participaron representantes de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional y autoridades departamentales, quienes realizaron un balance preliminar tras las verificaciones efectuadas en Los Santos y en municipios vecinos como Cepitá, Piedecuesta y Zapatoca.Según el informe presentado en la reunión, no se reportan afectaciones en infraestructura, viviendas, vías ni pérdidas humanas. Sin embargo, las autoridades señalaron que se mantiene el monitoreo permanente ante la posibilidad de réplicas y se reforzó el llamado a la comunidad para adoptar medidas de prevención.“Seguimos enviando un mensaje de precaución a todos los ciudadanos, para que tengan presentes todas y cada una de las recomendaciones emitidas por las entidades operativas y los organismos de socorro que conforman el sistema de gestión del riesgo”, expresó Eduard Jesús Sánchez Ariza, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.Las autoridades confirmaron que los planes de contingencia continúan activos y reiteraron la importancia de reportar cualquier novedad a las líneas de emergencia, mientras se mantiene la vigilancia en zonas consideradas de mayor riesgo sísmico en Santander.
En menos de dos semanas, la Policía Nacional recuperó la mayor parte del dinero robado durante un millonario hurto ocurrido el pasado 23 de noviembre en el peaje Aguas Negras, ubicado en jurisdicción de Puerto Parra, Santander. El caso, que inicialmente parecía un asalto ejecutado con sigilo, hoy apunta a un presunto plan articulado desde el interior de la propia operación del peaje.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el robo se registró hacia las 11:40 de la noche, cuando un hombre vestido de negro y cubierto con un pasamontaña ingresó de manera clandestina tras saltar la malla perimetral. La primera hipótesis indica que se trataría de un exempleado de mantenimiento del peaje, quien conocía las rutinas y puntos vulnerables de seguridad.El delincuente habría aprovechado que otra persona, al parecer también vinculada al peaje, dejó las instalaciones solas y con las luces apagadas, condición que habría facilitado su desplazamiento sin ser detectado. Según las indagaciones preliminares, el sujeto manipuló el sistema de videovigilancia, accedió a un área restringida y sustrajo $110 millones en efectivo, para luego huir por la parte posterior del punto de recaudo.Tras la denuncia del hurto, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Departamento de Policía del Magdalena Medio desplegaron un operativo relámpago que incluyó revisión de cámaras, entrevistas y rastreo en zona rural. Estas labores condujeron a la vereda Campo Capote, donde los investigadores hallaron 109 millones 500 mil pesos ocultos en un predio. El dinero corresponde casi en su totalidad a la cifra reportada como robada.Aunque el hallazgo representa un avance significativo, el caso aún no está resuelto. Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de que no se trató de un ladrón solitario, sino de un plan elaborado entre empleados o personas con acceso interno, quienes habrían coordinado la desactivación temporal de la seguridad para permitir el ingreso clandestino.Las diligencias continúan y se espera que en las próximas horas la Fiscalía avance en la identificación y judicialización de los presuntos responsables de este hurto que dejó al descubierto fallas de seguridad en esta estación de peaje del Magdalena Medio.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.
Mejoran las condiciones de salud del niño de 10 años y de sus padres, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por un rayo en zona rural de Guaca, Santander. Los tres continúan bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero, informó que la evolución de los pacientes ha sido “muy satisfactoria” desde su ingreso al centro asistencial.La madre del menor, de 34 años, fue quien presentó el cuadro más delicado. Según el reporte médico, sufrió quemaduras de consideración, contusiones y lesiones internas, lo que obligó a su manejo inicial en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, permanece en la unidad de quemados, donde continúa su recuperación con evolución favorable.El padre del niño, también de 34 años, presentó lesiones de menor severidad y se encuentra estable, bajo observación en el servicio de urgencias.Por su parte, el menor de 10 años sufrió quemaduras en la parte anterior del tórax y en uno de sus miembros superiores. Debido a la gravedad de las lesiones fue atendido en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas fue trasladado a la unidad de quemados, donde evoluciona satisfactoriamente.El total fueron seis los campesinos alcanzados por el rayo cuando intentaban resguardarse del fuerte aguacero acompañado de una tormenta eléctrica que caía en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del páramo de Santurbán, el pasado 13 de febrero. La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento.“Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.
En un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional, fue capturada una mujer señalada por el delito de proxenetismo con menor de edad en el municipio de Cerrito.El procedimiento fue adelantado por La Sijin e Inteligencia Policial, en articulación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Seccional de Málaga.La captura se hizo efectiva en zona rural de Cerrito, en límites con el corregimiento de Presidente, Norte de Santander, donde fue ubicada la mujer, quien era requerida por autoridad judicial competente.De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 1 de mayo de 2020. Según el proceso adelantado por las autoridades, la hoy capturada, quien sería madre de la víctima, presuntamente habría ofrecido servicios sexuales de su hija, que para ese entonces tenía 13 años de edad. Las labores investigativas permitieron recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la expedición de la orden judicial.En desarrollo del mismo caso, el pasado 27 de enero de 2026 fue capturado en Cerrito un hombre señalado como presunto responsable de cometer acceso carnal violento en contra de la menor.Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso a la mujer medida de aseguramiento en centro carcelario. El otro procesado también permanece privado de la libertad con medida de aseguramiento intramural.