Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La Administración Trump advirtió este miércoles al Gobierno cubano que debe abordar "drásticos cambios muy pronto" y que están pendientes de que decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país."Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que "obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio".Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. "No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera", apuntó Leavitt.Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero.El presidente de Estados Unidos creó un mecanismo de aranceles adicionales sobre importaciones desde países que suministren petróleo crudo o productos refinados, buscando cortar el flujo de energía hacia la isla, que tampoco cuenta ahora con el apoyo del petróleo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en enero.El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada que muchos auguran un colapso del sistema. En este contexto, la página web Axios aseguró ayer, citando tres fuentes oficiales anónimas, que Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, saltándose los canales oficiales con el Gobierno cubano.El objetivo podría ser impulsar una transición inspirada en el "modelo Delcy Rodríguez" de Venezuela.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 18 de febrero de 2026:Alejandra Barrios, directora de la MOE, habló de las advertencias sobre un aumento en la gravedad de los riesgos electorales en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.Vivianne Barguil, directora Fundación a la Rueda Rueda, se refirió de la recaudación de elementos para ayudar a los damnificados.Jerónimo Hernández, estudiante de periodismo de la EAFIT, dio detalles de lo que hablaron los candidatos en el debate y la opinión de los estudiantes.Jhonsson Torres, Miembro de Asintrainagro y la CUT, habló de las protestas de trabajadores del sector cañero y palmero, quienes reclaman medidas por un sobreabastecimiento que tiene el sector de Etanol.Escuche el programa completo aquí:
El caso de Hans Segura, un hombre de 40 años con hemofilia leve, vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de pacientes que enfrentan obstáculos para acceder a tratamientos oportunos. Su situación se conoce en medio del debate por la atención a personas con esta enfermedad, tras la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, cuyo caso generó cuestionamientos sobre la entrega de medicamentos.Hans, afiliado a la EPS Salud Total, estuvo hospitalizado durante 15 días en el Hospital San José por complicaciones asociadas a un hematoma y a la diabetes que también padece. Según relató su hermana, Estefanía Segura, durante ese tiempo no recibió el factor de coagulación indicado para la hemofilia. Asegura que fue dado de alta sin tratamiento para esta condición y con dificultades adicionales en su estado de salud.La madre de Hans, Ruth Segura, explicó que tiene tres hijos con hemofilia y que, a lo largo de los años, ha enfrentado demoras en la atención en los servicios de urgencias. Señala que, aunque la hemofilia puede implicar sangrados internos, en ocasiones los pacientes no son atendidos con prioridad cuando no presentan hemorragias visibles. También afirma que en algunos casos han esperado entre 24 y 72 horas para la aplicación del factor por falta de disponibilidad.La situación también impacta a la siguiente generación. El nieto de Ruth Segura, de ocho años e hijo de Estefanía Segura, tiene hemofilia leve y ha requerido hospitalización por episodios de sangrado tras golpes. En una de esas emergencias, según su madre, permaneció dos días internado sin recibir el medicamento debido a que no estaba disponible y a que requería autorización del programa especializado.Estefanía indicó que, tras presentar quejas por la atención recibida, su hijo fue retirado del grupo de manejo de hemofilia y posteriormente reasignado a otros programas, lo que generó demoras en la continuidad del tratamiento. Relató que en otra ocasión, ante un sangrado interno de cadera, el menor permaneció todo un día en urgencias sin recibir el factor porque no aparecía registrado en el sistema.De acuerdo con el testimonio de la familia, los cambios de programas, la falta de disponibilidad del medicamento en algunas instituciones y las demoras en urgencias han generado incertidumbre frente a la atención. Señalan que, aunque existen equipos especializados, la coordinación entre hospitales, programas y EPS presenta fallas que afectan la oportunidad del tratamiento.
Los pacientes trasplantados en Colombia atraviesan dificultades para acceder a los medicamentos necesarios para evitar el rechazo de los órganos, según alertó el presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, el doctor Rubén Luna.De acuerdo con el vocero, la situación hace parte de un problema estructural que afecta a todo el sistema de salud. En el caso de los trasplantados, explicó, se trata de medicamentos inmunosupresores, indispensables para impedir que el organismo identifique el órgano recibido como extraño y lo ataque. Estos tratamientos deben tomarse de manera continua y sin interrupciones.“En este momento los pacientes no están pudiendo acceder a estos medicamentos. Eso pone en riesgo no solo la vida del injerto, es decir, del órgano trasplantado, sino también la vida del paciente”, señaló Luna. Indicó que cuando se suspende el tratamiento, pueden desencadenarse procesos inflamatorios que derivan en el rechazo del órgano y en complicaciones graves.El panorama también impacta las decisiones médicas sobre nuevos trasplantes. Según el especialista, resulta complejo llevar a un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis a un procedimiento de trasplante si no existe garantía de que podrá recibir los medicamentos posteriores. “Sería realizar un procedimiento exitoso quirúrgicamente, pero sin poder asegurar que el órgano funcione a largo plazo”, afirmó.En algunos casos, explicó, los pacientes permanecen hospitalizados durante semanas mientras esperan la entrega de los medicamentos por parte de su EPS. En otras situaciones reciben una parte del tratamiento, pero no la totalidad, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad en los meses siguientes.El presidente de la asociación estimó que en el país hay entre 12.000 y 14.000 personas trasplantadas que no pueden suspender su tratamiento “ni un solo día”. Señaló que cualquier transición o cambio en el sistema de salud debe contemplar mecanismos que aseguren la continuidad de los tratamientos, no solo para esta población, sino también para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hemofilia o cáncer.Sobre si la problemática se concentra en algunas EPS intervenidas por el Gobierno, Luna indicó que se trata de una situación generalizada, asociada a dificultades administrativas y financieras del sistema. “Los contratos y autorizaciones pueden existir, pero si no están respaldados por pagos, es como entregar un cheque sin fondos”, afirmó.En relación con casos graves o fallecimientos asociados a la falta de medicamentos, el dirigente señaló que las cifras cambian a diario y que en distintas clínicas se reciben pacientes con deterioro del órgano trasplantado tras la suspensión del tratamiento. Aunque no entregó un número consolidado, confirmó que hay personas hospitalizadas por periodos prolongados mientras esperan la dispensación.Desde la asociación hicieron un llamado al Gobierno, al Congreso, a los jueces y a la ciudadanía para que la salud sea abordada como una política de Estado. “Las decisiones administrativas deben estar respaldadas por conceptos técnicos y científicos, tanto en su diseño como en su implementación”, concluyó Luna.
En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
La Defensoría del Pueblo acompañó la liberación de 28 personas que estaban secuestradas por el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La entrega se realizó ante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Entre las personas liberadas se encuentran 17 hombres y 11 mujeres, de las cuales cinco son menores de edad. Durante la entrega participaron sus familias y dirigentes comunales de la zona. Según el reporte de la comisión, todos manifestaron encontrarse en buen estado de salud, salvo uno de ellos que presenta dolencias derivadas de una herida.La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados al respeto por la vida, los derechos de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, e insistió en la importancia de mantener abiertos los canales humanitarios para proteger a las comunidades afectadas por el conflicto armado.
En un acto con marcado respaldo familiar, el exalcalde Campo Elías Ramírez Padilla formalizó este martes, 3 de diciembre, su inscripción como candidato a la Alcaldía de Girón para las elecciones atípicas que se celebrarán el 18 de enero de 2026. La diligencia quedó registrada ante la Registraduría Municipal, dando inicio al tramo decisivo de una campaña que él define como “la continuidad de un proyecto que ya empezó a transformar a Girón”.Ramírez Padilla llegó al lugar acompañado de su esposa y sus dos hijas. Tras la inscripción, el exmandatario reiteró que su objetivo principal será mantener la ruta trazada en el Plan de Desarrollo 2024–2027, documento que recoge, según dijo, las principales apuestas sociales, económicas y comunitarias del municipio.El ahora candidato insistió en que su proyecto político no parte de cero, sino de “cuatro años de trabajo serio, responsable y cercano a las comunidades”, y aseguró que su aspiración representa estabilidad y continuidad para la administración local.“Nuestro compromiso es cumplirle a la gente. Girón merece continuidad, estabilidad y resultados. Vamos a seguir trabajando por un municipio más ordenado, equitativo y con oportunidades para todos”, afirmó.En declaraciones adicionales entregadas tras su inscripción, Ramírez Padilla enfatizó que su propuesta se soporta en los compromisos adquiridos durante su gestión anterior.Le puede interesar: Consejo de Estado ratifica salida de Campo Elías Ramírez de la Alcaldía de Girón“Oficialmente me he inscrito y quedé inscrito como candidato a las elecciones atípicas este 18 de enero del año 2026. Para continuar con ese compromiso que hice con ustedes, un trabajo y un plan de trabajo para cuatro años. La responsabilidad la tengo clara, mis compromisos barrio a barrio claros en cada reunión”, señaló.Cabe recordar que Campo Elías Ramírez fue apartado del cargo por doble militancia. La Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de su elección para el periodo 2024–2027.La decisión quedó ejecutoriada el 22 de octubre de 2025, fecha desde la cual se debía cumplir la orden de nulidad.El proceso fue promovido por Mauricio Gómez Niño y Fabián Díaz Plata, quienes demandaron el acto de elección de Campo Elías Ramírez Padilla por presunta doble militancia política.A pesar del fallo del Tribunal Administrativo de Santander Ramírez Padilla realizó su inscripción oficial y se convierte en el segundo candidato para el máximo cargo municipal después del proceso realizado por William Mantilla.
El coronel en retiro Reynaldo Rojas, secretario del Interior de Bucaramanga, anunció una serie de medidas de seguridad que se implementarán para el crucial encuentro entre Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, correspondiente a la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II.Tras la sesión del Comité de Fútbol, Reynaldo Rojas detalló las disposiciones destinadas a garantizar una jornada segura y un ingreso ordenado al escenario deportivo.Según explicó el funcionario, se autorizó la apertura de fronteras para permitir que la barra del equipo visitante llegue al estadio. Los seguidores del Tolima deberán ubicarse exclusivamente en la tribuna norte-baja, bajo supervisión y con los elementos previamente autorizados.Respecto al control de acceso, se mantendrán las restricciones para menores de edad. No podrán ingresar a las tribunas sur ni norte; quienes asistan deberán ubicarse en las graderías oriental u occidental y, en el caso de niños menores de cinco años, deberán estar acompañados por un padre o adulto responsable.El comité también aprobó el uso de algunas luces y juegos pirotécnicos controlados. Entre tanto, la Policía Nacional implementará tres anillos de seguridad y requisas estricta para evitar el ingreso de elementos no permitidos y asegurar el orden durante la jornada.Las puertas del escenario abrirán a las 5:30 de la tarde, otorgando un margen de tres horas para el ingreso del público, puesto que el encuentro está programado para iniciar a las 8:30 de la noche. Rojas hizo un llamado a los aficionados para llegar temprano, con el fin de agilizar las filas generadas por los procedimientos de requisa.Finalizado el partido, estimado alrededor de las 10:30 de la noche, se dispondrá un operativo especial de acompañamiento policial para la salida de los asistentes y su traslado seguro hacia las zonas de transporte público.El secretario del Interior aseguró que todas estas medidas buscan garantizar que la afición disfrute del evento deportivo en condiciones de tranquilidad y convivencia, y reiteró la invitación a apoyar al equipo de la ‘Ciudad Bonita’ con una conducta respetuosa y responsable.
El coronel en retiro Reynaldo Rojas, secretario del Interior de Bucaramanga, anunció una serie de medidas de seguridad que se implementarán para el crucial encuentro entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, correspondiente a la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II.Tras la sesión del Comité de Fútbol, Reynaldo Rojas detalló las disposiciones destinadas a garantizar una jornada segura y un ingreso ordenado al escenario deportivo.Según explicó el funcionario, se autorizó la apertura de fronteras para permitir que la barra del equipo visitante llegue al estadio. Los seguidores del Tolima deberán ubicarse exclusivamente en la tribuna norte baja, bajo supervisión y con los elementos previamente autorizados.Respecto al control de acceso, se mantendrán las restricciones para menores de edad. No podrán ingresar a las tribunas sur ni norte; quienes asistan deberán ubicarse en las graderías oriental u occidental y, en el caso de niños menores de cinco años, deberán estar acompañados por un padre o adulto responsable.El Comité también aprobó el uso de algunas luces y juegos pirotécnicos controlados. Entre tanto, la Policía Nacional implementará tres anillos de seguridad y requisas estrictas para evitar el ingreso de elementos no permitidos y asegurar el orden durante la jornada.Las puertas del escenario abrirán a las 5:30 de la tarde, otorgando un margen de tres horas para el ingreso del público, puesto que el encuentro está programado para iniciar a las 8:30 de la noche. Rojas hizo un llamado a los aficionados para llegar temprano, con el fin de agilizar las filas generadas por los procedimientos de requisa.Finalizado el partido, estimado alrededor de las 10:30 de la noche, se dispondrá un operativo especial de acompañamiento policial para la salida de los asistentes y su traslado seguro hacia las zonas de transporte público.El secretario del Interior aseguró que todas estas medidas buscan garantizar que la afición disfrute del evento deportivo en condiciones de tranquilidad y convivencia, y reiteró la invitación a apoyar al equipo de la ‘Ciudad Bonita’ con una conducta respetuosa y responsable.
Tras el violento atraco ocurrido recientemente en un centro comercial de Bucaramanga, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, volvió a cuestionar la negativa del Gobierno Nacional de aprobar el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CEGES), un proyecto que -asegura- habría permitido anticipar hechos como el ocurrido.“Nos hace falta el CEGES”, afirmó el mandatario, señalando que el asalto, ejecutado con alto nivel de planeación, evidencia la necesidad urgente de contar con tecnología avanzada capaz de detectar comportamientos anómalos, identificar patrones sospechosos y alertar sobre la presencia de personas con antecedentes que ingresan a la ciudad. Según Díaz, herramientas como el reconocimiento facial o los sistemas de análisis de datos habrían permitido advertir movimientos previos a la acción criminal. “Eso no se planea de la noche a la mañana”, subrayó.El Gobernador reiteró su molestia por el rechazo del proyecto por parte del Ministerio del Interior, pese a que -según afirmó- llevaba más de año y medio en estructuración y ya había alcanzado fase 3. Recordó que las alcaldías del área metropolitana y la Gobernación habían aportado recursos, pero que el Gobierno Nacional respondió que no había disponibilidad presupuestal. “Nos dijeron que no había plata y el 7 de noviembre sabemos que repartieron 460 mil millones de pesos. Eso nos deja un poco impotentes”, dijo.Díaz Mateus insistió en que la seguridad no es únicamente responsabilidad de los mandatarios regionales. “La seguridad es un problema del Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional debe articular con los gobernadores”, expresó, añadiendo que Santander sí estaba dispuesto a cofinanciar la iniciativa.Pese al revés, el Gobernador aseguró que no renunciará al propósito de sacar adelante el CEGES. Recordó que el departamento dispuso $5.000 millones como base inicial y pidió a la Alcaldía de Bucaramanga conservar los $7.000 a $9.000 millones que tenía destinados en un CEP para completar la contrapartida local. La meta, dijo, es gestionar más recursos para que el proyecto no dependa exclusivamente del Gobierno Nacional.“Vamos a seguir gestionando”, enfatizó, insistiendo en que tecnologías de vigilancia inteligente son indispensables para prevenir delitos organizados y desarticular estructuras criminales antes de que actúen.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.