La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta para participar en las sesiones de actualización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PATR).Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.“La misión de la comunidad tenía como propósito participar en un escenario institucional clave para la planeación territorial y la construcción de paz. Sin embargo, durante la retención, la delegación fue objeto de intimidaciones con armas de fuego, revisión de sus celulares y señalamientos estigmatizantes que los vincularon falsamente con actores armados que operan en la zona, generando temor y afectando el ejercicio de su derecho a la participación”, asegura la Defensoría en un comunicado.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.La Defensoría señaló que este tipo de acciones vulnera la integridad de los líderes indígenas y constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario, recordando que el principio de distinción obliga a todos los grupos armados ilegales a no involucrar a la población civil en el conflicto.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
El Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia, gracias a su formato único que combina números y signos del zodiaco. Esta modalidad ofrece más alternativas de acierto frente a otros sorteos tradicionales, lo que ha impulsado su popularidad entre miles de apostadores en todo el país.Número ganador del Super Astro Sol hoy, jueves 19 de febrero de 2026El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 19 de febrero de 2026 es el 1203 - Sagitario ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 1203Dos últimas cifras: 03Tres últimas cifras: 203Signo zodiacal: SagitarioCómo se juega el Super Astro SolEl Super Astro Sol es fácil de jugar y está disponible en múltiples puntos de venta autorizados. Para participar, los apostadores deben seguir estos pasos:Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.Como alternativa, escoger la opción “Todos los signos”, que cubre el número con cualquier signo zodiacal.Definir el valor de la apuesta.Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un solo tiquete.Esta dinámica amplía las posibilidades de ganar y permite mayor flexibilidad al jugador.Cuánto cuesta jugar Super Astro SolEste juego está diseñado para adaptarse a diferentes presupuestos:Apuesta mínima: $500 pesosApuesta máxima: $10.000 pesos por jugadaEs fundamental realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados, lo que garantiza seguridad y legalidad en el proceso.Cómo reclamar un premio del Super Astro SolQuienes resulten ganadores deben presentar ciertos documentos para reclamar el dinero:Documentos básicos:Tiquete original sin daños ni alteracionesDocumento de identidad original y copiaRequisitos según el valor del premio:Menos de 48 UVT: solo documentos básicosEntre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFTMás de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria reciente. El pago se realiza por transferencia bancariaGracias a su formato innovador, facilidad para jugar y claridad en el proceso de pago, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las opciones favoritas del chance en Colombia.
El CHIP de un predio en Bogotá puede consultarse gratis con solo la dirección del inmueble a través de la plataforma oficial Mapas Bogotá. La herramienta, administrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, permite obtener el código único de identificación predial desde cualquier dispositivo con acceso a internet.La ciudadanía ya no necesita desplazarse ni realizar trámites presenciales para conocer el CHIP Predial. Basta con ingresar a la página web de Mapas Bogotá y seguir un proceso sencillo que toma pocos minutos.¿Cómo consultar el CHIP en Mapas Bogotá?La consulta se realiza en tres pasos:Ingresar al portal oficial Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co/).Digitar la dirección completa de la vivienda en el campo de búsqueda.Seleccionar la opción correcta en el listado de resultados. En la ventana emergente aparecerá la información adicional del predio, incluidos los números de CHIP asociados al lote.La aplicación es el resultado del trabajo articulado entre entidades distritales y es administrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, coordinadora de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital (IDECA).¿Cuál es la otra opción para obtener el CHIP?Otra alternativa es ingresar a Catastro en Línea (https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/cel/#/home) y ubicar la opción “Obtén el CHIP de un predio”.El sistema permite redirigirse a Mapas Bogotá o seleccionar la opción “CEL”. Allí se abrirá una nueva ventana donde el ciudadano debe ingresar la dirección completa. En caso de ser apartamento, es necesario incluir torre y número del inmueble para obtener el código.¿Qué es el CHIP y para qué sirve?El CHIP es el Código Homologado de Identificación Predial asignado por Catastro a cada inmueble del Distrito. Este número único permite identificar, registrar y consultar información catastral de manera precisa, facilitando trámites tributarios, notariales y administrativos relacionados con la propiedad.Además, el CHIP es indispensable para descargar y pagar el impuesto predial en Bogotá, ya que permite ubicar el recibo oficial del inmueble en las plataformas distritales correspondientes.
Un árbitro de fútbol amateur, que adquirió notoriedad tras pedir matrimonio a su novio antes de un partido de la liga de Alemania, es acusado de haber simulado una agresión homófoba contra él mismo, indicaron este jueves las autoridades.Pascal Kaiser, de 27 años, fue ampliamente aplaudido por los espectadores del estadio del Colonia cuando a finales de enero pidió matrimonio a su novio, rodilla en tierra, previo a un juego de la Bundesliga.Su pareja le respondió afirmativamente frente a las cámaras de la cadena de televisión a cargo de transmitir en vivo el juego entre el Colonia y el Wolfsburgo.Unos días más tarde, el colegiado relató que fue víctima de insultos y de amenazas en redes sociales y de una agresión homófoba, después, en su domicilio.Entonces compartió una foto con el ojo morado.Contactada por la AFP, la policía local confirmó que el árbitro denunció los hechos.Pero la prensa alemana no tardó en dar cabida a las sospechas de las autoridades sobre una posible simulación de la agresión.Preguntada por la AFP, la fiscalía de Colonia confirmó que un hombre era objeto de una investigación en la ciudad por "sospechas de simulación de infracciones penales"."Sobre esta base, se llevó a cabo un registro del domicilio del acusado, durante el cual se incautaron pruebas", señaló.Pascal Kaiser no ha respondido de momento públicamente a esas acusaciones.Según el periódico Tagesspiegel, Kaiser también está siendo investigado por robo en su antiguo lugar de trabajo, un bar de Colonia, una imputación que niega.Árbitro en categorías no profesionales del fútbol alemán, Pascal Kaiser anunció públicamente su orientación sexual en 2022.
Trump habló con reporteros a bordo del Air Force One en un viaje hacia el estado de Georgia: “Dio información clasificada; se supone que él (Obama) no deba hacer eso”, dijo .En una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, Obama aceptó una ronda de preguntas rápidas, en la que fue cuestionado sobre si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asintió, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto"."Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU.", añadió el exgobernante (2009-2017).Sin dar detalles, Trump aseguró que Obama "dio información clasificada. Cometió un grave error". El actual mandatario estadounidense subrayó que él no sabe si los extraterrestres son reales o no.Las declaraciones se dan después de que Obama aclarara en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan vasto, que es probable que haya vida ahí fuera".La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.
Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud aseguró que la desfinanciación progresiva y el desacato institucional están poniendo en riesgo la vida de los pacientes en Colombia. A través de un comunicado fechado el 19 de febrero de 2026, los exfuncionarios afirmaron que la muerte del niño Kevin Acosta Pico debe analizarse en el contexto de un deterioro estructural que, según indican, viene siendo advertido desde 2023.En el documento expresan su solidaridad con la familia del menor y señalan que su caso “no es un hecho aislado”, sino el reflejo visible de una crisis que afecta a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y huérfanas, quienes enfrentan interrupciones en tratamientos, desabastecimiento de medicamentos y mayores barreras de acceso.Los exministros sostienen que desde finales de 2023 alertaron que la reforma al sistema de salud propuesta por el Gobierno incumplía mínimos constitucionales, debilitaba el aseguramiento individual y no contaba con fuentes sostenibles de financiación. En particular, advierten que la insuficiencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha generado una crisis operativa en EPS, IPS y proveedores, reflejada en aumento de tutelas, quejas, cierre de servicios y acumulación de deudas, especialmente en entidades intervenidas.Asimismo, indican que durante 2025 insistieron en que persistían fallas estructurales en la metodología actuarial para fijar la UPC y que el incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional profundizó la incertidumbre financiera del sistema. Señalan que cuando la insuficiencia de recursos se traduce en la interrupción de tratamientos, el deterioro financiero se convierte en un riesgo vital.En el comunicado proponen corregir de inmediato la desfinanciación estructural mediante un cálculo técnico y transparente de la UPC, cumplir las decisiones judiciales, sanear pasivos acumulados y convocar una mesa amplia de concertación nacional con carácter técnico. También reiteran la necesidad de preservar el aseguramiento individual como eje de la gestión del riesgo en salud.Finalmente, hacen un llamado al Gobierno Nacional para reconocer la magnitud de la crisis, adoptar correctivos técnicos y reconstruir la sostenibilidad del sistema. Según concluyen, aún es posible corregir el rumbo si se actúa con rigor, responsabilidad y enfoque en la protección efectiva del derecho a la salud.
Bucaramanga enfrenta una alerta silenciosa: una de cada cinco personas evaluadas presenta riesgo de sufrir un infarto, una arritmia, un accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardiovascular en los próximos diez años.Así lo revelan los resultados preliminares del estudio EVIDE, una investigación que adelanta la Universidad Manuela Beltrán (UMB), seccional Bucaramanga, para dimensionar el impacto real de estas patologías en la ciudad y orientar acciones que permitan reducir la mortalidad asociada.La enfermedad cardiovascular continúa siendo la segunda causa de muerte en Bucaramanga. Solo en 2023, la tasa ajustada alcanzó 120,9 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.Ante este panorama, el equipo liderado por la docente investigadora Yohana Cabrera, del Programa de Enfermería, desarrolla un análisis detallado de los estilos de vida y factores que podrían desencadenar complicaciones cardiacas en la próxima década.El estudio contempla la evaluación de 422 adultos representativos por sexo y edad, seleccionados a partir de datos del DANE. La recolección de información se divide en dos frentes: la mitad de los participantes son valorados en parques y zonas concurridas, y el resto en las sedes de la Red Primaria de Salud de Bucaramanga.Desde septiembre, 181 personas han sido examinadas y los hallazgos generan preocupación: el 20% presenta riesgo cardiovascular moderado, alto o extremadamente alto.Cómo se calcula el riesgoCada voluntario pasa por dos fases. La primera inicia con un cuestionario de hábitos de vida y datos sociodemográficos. Luego, el equipo realiza mediciones de composición corporal, masa visceral, masa muscular, edad corporal, presión arterial, perímetro abdominal, peso y talla.Con estos parámetros se calcula la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, utilizando la Tabla de Riesgo Cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud (2019).Quienes presentan riesgo alto o extremo son remitidos de inmediato a personal médico para tamizaje. Los voluntarios con riesgo bajo o moderado reciben recomendaciones y orientación preventiva.Educación y seguimientoEn la segunda fase, la UMB elaborará una cartilla digital de estilo de vida saludable basada en evidencia científica. Además, las personas con riesgo elevado tendrán acompañamiento más personalizado para impulsar cambios sostenidos en sus hábitos.El objetivo es completar las 422 valoraciones antes de abril de 2026 y presentar los resultados finales a mitad del mismo año.Convocatoria abiertaLa Universidad Manuela Beltrán mantiene abierta la participación ciudadana. Los requisitos son: ser mayor de 18 años, vivir en Bucaramanga y no tener diagnóstico previo de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular. Se excluyen mujeres embarazadas y personas con dispositivos implantados como marcapasos.Quienes deseen más información o agendar una valoración pueden escribir al correo yohana.cabrera@docentes.umb.edu.co o acercarse directamente a la sede de la UMB en Bucaramanga.
La Policía de Santander capturó a dos hombres implicados en el hurto de $25 millones y un vehículo a un ciudadano que había sido citado en zona rural de Moniquirá, Boyacá, para concretar la supuesta venta de un carro ofrecido por redes sociales.El hecho ocurrió cuando la víctima, un joven de 32 años, llegó al punto acordado y fue abordada por cinco hombres que lo intimidaron, le quitaron el dinero en efectivo y escaparon en el vehículo que supuestamente planeaban comprar.Tras el hurto, la víctima logró llegar a la estación de Policía de Moniquirá, donde inmediatamente se activó un “Plan Candado” en coordinación con las unidades policiales del departamento de Santander. Gracias a este despliegue, el vehículo hurtado fue ubicado en jurisdicción de Barbosa, donde fueron capturados dos hombres que se movilizaban en él.Según explicó el coronel Gustavo Henao Sáenz, subcomandante de la Policía de Santander, el operativo permitió no solo la captura de los presuntos responsables, sino también la recuperación de parte del dinero.“Logramos la captura de dos personas en jurisdicción de Barbosa, así como la recuperación de $5.799.000 y la inmovilización del vehículo. Esto se dio gracias a la reacción inmediata tras la denuncia presentada en Moniquirá”, informó el oficial.Los dos capturados fueron reconocidos por la víctima como parte del grupo que cometió el hurto. Tanto ellos como los elementos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó el trabajo articulado entre los departamentos de Boyacá y Santander.“La información oportuna y el despliegue coordinado nos permitieron cerrarles el paso a los delincuentes. En Santander no hay refugio para los criminales”, aseguró.La Policía Nacional informó que continúa la investigación para identificar y capturar a los otros tres hombres involucrados en el caso.
Un grave caso de inseguridad fue denunciado por el ciudadano Jhon Fernando Ramos, quien relató que su hermano, estudiante del Sena en Floridablanca, fue víctima de un violento ataque con arma blanca cuando se dirigía a clases en la madrugada del pasado lunes.El hecho ocurrió hacia las 5:30 a.m., a pocos metros de la sede educativa, en un sector que, según la comunidad, se ha convertido en un corredor crítico por la presencia de habitantes de calle y delincuentes.Ramos narró que su hermano caminaba hacia el centro de formación cuando fue abordado por un hombre que aparentaba ser habitante de calle y que le pidió una moneda. Ante la negativa, el agresor sacó una navaja y lo amenazó.“Mi hermano se asusta y en ese momento el hombre le tira una apuñalada. No logra herirlo de lleno en el primer intento, pero le rasguña el brazo. Mi hermano intenta zafarse y en ese momento le hace otro lance y lamentablemente le pega una apuñalada en el cuello”, contó.La herida no fue profunda gracias a que el impacto dio contra el botón de la camisa, lo que evitó una lesión mayor. Sin embargo, el joven tuvo que ser trasladado a un hospital, donde recibió puntos de sutura. Su familia ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía.El hecho ocurrió en un punto donde confluyen tres instituciones educativas: el Sena, la Universidad Santo Tomás y un colegio aledaño. Según Ramos, desde hace semanas los estudiantes y vecinos han alertado sobre la presencia constante de consumidores, habitantes de calle y presuntos delincuentes que merodean la zona.El denunciante señala como foco principal de inseguridad el abandonado edificio del sistema de transporte Metrolínea, conocido como el “elefante blanco del Papi Quiero Piña”, ubicado justo al frente de estas instituciones.“Desde hace un mes vienen saqueando todo lo que quedó ahí. Eso se volvió un foco de inseguridad gigantesco. El habitante de calle, el delincuente común, recicladores y extranjeros que vienen a delinquir atraviesan la autopista como Pedro por su casa, llegan a la zona del Sena, cogen la quebrada, cargan y descargan cosas”, explicó.Ramos asegura que no es el primer caso. Un vigilante de la Universidad Santo Tomás les informó que hace 15 días una estudiante también fue intimidada con un cuchillo y despojada de sus pertenencias.Aunque reconoce que la denuncia ante la Fiscalía podría no avanzar por falta de cámaras o material probatorio, insiste en que es necesario “dejar el precedente” y evitar que otro estudiante resulte gravemente herido.La comunidad pide patrullajes permanentes, intervención del edificio abandonado y acciones efectivas para recuperar la seguridad en este corredor educativo que, según ellos, está “totalmente vulnerable”.Por ahora, el joven atacado se recupera en casa, mientras su familia espera respuestas institucionales para prevenir nuevas agresiones.
La Clínica Foscal encendió las alarmas por la crítica situación financiera que enfrenta, debido a la millonaria deuda acumulada por la Nueva EPS, que asciende a $420.000 millones. A través de una circular enviada al interventor de la entidad, Luis Óscar Galves, la institución médica advirtió que, sin un flujo mínimo de recursos, no será posible garantizar la continuidad de los servicios para miles de usuarios en Santander y otros departamentos.El director de la Foscal, Jorge Ricardo León, explicó que la clínica está asumiendo la atención de usuarios de la Nueva EPS provenientes de departamentos donde los servicios están cerrados, como Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare, además de varias clínicas en Bogotá y Bucaramanga. Esto ha llevado a que la carga asistencial recaiga de manera desproporcionada sobre la institución.Actualmente, la Foscal atiende 600 pacientes hospitalizados de la Nueva EPS, además de entre 50 y 60 personas en urgencias y un promedio de 1.000 usuarios diarios en servicios ambulatorios. De sus 800 camas disponibles, el 80% está ocupado por afiliados de la Nueva EPS.León señaló que, pese a que la clínica factura alrededor de $70.000 millones mensuales, los giros enviados por la Nueva EPS han sido insuficientes: $11.000 millones en septiembre, $11.000 millones en octubre y $18.000 millones en noviembre, frente a una facturación acumulada de $130.000 millones en ese periodo.“Estamos llegando a unos niveles de deuda muy altos y necesitamos flujos de caja. Si facturamos $70.000 millones y nos giran $20.000 millones, no somos capaces de sostenernos. No hemos cerrado servicios, pero solo podremos continuar si llegan los recursos necesarios”, afirmó el director.León aseguró que la clínica no busca confrontar al Gobierno ni generar alarma social, pero insistió en la urgencia de que se garanticen giros mensuales de mínimo $60.000 a $70.000 millones para sostener la operación y mantener la atención de alta complejidad que hoy presta a usuarios de seis departamentos.La Foscal reiteró que seguirá siendo solidaria con el Gobierno en el proceso de reorganización de la Nueva EPS, pero advirtió que sin los recursos adecuados “no será posible mantener la atención” en las actuales condiciones de sobrecarga asistencial y cartera en mora.
La Transversal del Carare, ubicada en el sur del departamento de Santander, cumplió un mes en emergencia tras el colapso de seis kilómetros de carretera. Una remoción en masa, que también afectó 600 hectáreas de predios campesinos, arrasó con ese importante eje vial de la región.Un mes después, la Gobernación de Santander declaró la calamidad pública en al menos 16 municipios para atender y solicitar recursos ante el Gobierno nacional.“Es una afectación que nosotros no podemos solucionar, son seis kilómetros de vías que afecta a muchas familias. Yo creo que el tramo requiere mucho dinero y tiempo en solucionarlos, hay es que habilitar las vías alternas. Por eso, inicialmente, se necesitan 50.000 millones de pesos”, indicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.El mandatario explicó que la declaratoria es el paso necesario para permitir que el Gobierno Nacional, a través del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destine recursos inmediatos para habilitar vías alternas, mientras se determina la solución definitiva.En las últimas horas se realizó un consejo de Gestión del Riesgo para analizar y revisar la situación actual por la emergencia en la Transversal del Carare.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza, confirmó que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo permite conocer las afectaciones en el departamento, identificar las entidades nacionales con las que se debe articular y buscar los recursos necesarios para tratar de mitigar los problemas.La Transversal del Carare es una vía estratégica para la conectividad entre Santander, Boyacá y el Magdalena Medio. Su bloqueo afecta la movilidad comercial y el abastecimiento de las comunidades rurales que dependen exclusivamente de este corredor.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.
Tres personas con discapacidad visual del área metropolitana de Bucaramanga denunciaron haber sido designadas como jurados de votación por la Registraduría Nacional del Estado Civil, situación que generó reacciones en redes sociales.Uno de los casos más visibles fue el de Juan David Pérez Quintero, integrante de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos, quien dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales. Con un tono jocoso, pero cuestionando la asignación, expresó:“Oiga imagínense que a Walter lo llamaron de jurado de votación, ¿cómo la ven? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?; pues imagínense que nos llegó la notificación de que debemos ser jurados de votación (…)”.La publicación rápidamente generó comentarios de apoyo y cuestionamientos sobre los filtros utilizados para la designación de los jurados.Tras conocerse el caso, la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado en el que explicó que, al momento del sorteo y designación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la condición del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación.“Una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”, señala el documento firmado por Ricardo Yezid Montoya Infante y Daniel David Barrios Mogollón, delegados departamentales del Registrador Nacional en Santander.Las otras dos personas ciegas que también denunciaron la designación como jurados de votación para la jornada electoral del 8 de marzo también fueron desvinculados por la Registraduría.
La Universidad Industrial de Santander celebra un hito histórico al ser reconocida con el premio Edificio del Año 2026 otorgado por ArchDaily en la categoría Educación, uno de los galardones más importantes de la arquitectura a nivel mundial.El reconocimiento destaca la calidad, innovación y proyección internacional de la infraestructura universitaria, consolidando a la UIS como referente en diseño arquitectónico al servicio de la formación académica y la transformación social.Desde la institución resaltaron que este logro es el resultado del trabajo colectivo. "Respira este momento. Siéntelo. Este triunfo también es tuyo. Cada voto, cada mensaje y cada gesto de apoyo construyó esta victoria”, señalaron directivas universitarias al agradecer a estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general.El premio no solo exalta una obra física, sino una visión de futuro donde la infraestructura se convierte en motor de conocimiento, inclusión y desarrollo regional. "Con este reconocimiento internacional, la Universidad Industrial de Santander demuestra que la arquitectura colombiana puede inspirar al mundo cuando se construye con identidad, propósito y participación", manifestó el rector Hernán Porras.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.