Después de varios meses de incertidumbre por los derrumbes registrados en la Unidad Funcional 8 (UF8) de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que alcanzó un acuerdo con la interventoría y la concesionaria Ruta del Cacao para ejecutar la solución definitiva en el punto crítico ubicado entre el PR 100+590 y el PR 100+890.El tramo, afectado por un deslizamiento ocurrido el 1 de octubre de 2023 en el desmonte 7.2, ha sido uno de los principales obstáculos para cerrar completamente esta unidad del proyecto 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY).El presidente de la ANI, Óscar Torres, explicó que el acuerdo fue posible tras la realización de más de 15 mesas de trabajo entre las partes, así como una auditoría adelantada por las vicepresidencias Jurídica, Ejecutiva y de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, junto con la interventoría.El acuerdo establece la hoja de ruta para iniciar las actividades de preconstrucción, que incluyen estudios y diseños, y posteriormente avanzar hacia la construcción de la obra que estabilizará el talud y permitirá superar de manera definitiva la emergencia.Dentro de los compromisos pactados también se fijó un nuevo período especial en el marco del Evento Eximente de Responsabilidad otorgado por el panel de Amigable Componedor, lo que dará margen para culminar la Unidad Funcional 8 y formalizar su entrega.El deslizamiento ocurrido en octubre de 2023 comprometió aproximadamente 400 metros de vía en el sector PR 42, unidad funcional 8, lo que desde entonces ha impedido la puesta en funcionamiento de 4 kilómetros de doble calzada construida entre el intercambiador de Portugal y el cruce en Lisboa.Actualmente, el corredor vial registra un avance del 98,15%. Sin embargo, la imposibilidad de concluir este punto específico había impedido declarar la terminación total de la obra.
Más de 20 emergencias por lluvias fueron atendidas en las últimas horas en el distrito, principalmente en las comunas Siete y Tres, así como en el corregimiento El Centro, tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada de este domingo.De acuerdo con el reporte oficial, la Alcaldía activó de inmediato el protocolo de respuesta junto a organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con el fin de verificar afectaciones y brindar apoyo a las familias damnificadas.El director encargado de Gestión del Riesgo, Eduardo Ramírez, confirmó que más de 23 familias resultaron afectadas por las intensas precipitaciones, que ocasionaron daños en viviendas y enseres.“Así mismo, la Dirección de Gestión del Riesgo realizó verificaciones en territorio y, de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura, avanzamos en poda de árboles y acciones preventivas”, explicó el funcionario tras la llegada de las primeras ayudas humanitarias.Ramírez detalló que el equipo técnico adelantó el proceso de caracterización de las familias impactadas para agilizar la entrega de asistencia. “Llegan las ayudas para más de 23 familias caracterizadas que lastimosamente vieron afectadas sus viviendas y sus enseres, con ocasión a unas lluvias muy fuertes durante la madrugada de este domingo. Estamos trabajando en campo con los demás organismos de socorro”, señaló.El funcionario advirtió que, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias continuarán durante la semana, por lo que se mantiene la alerta y el monitoreo permanente en distintos puntos del casco urbano y la zona rural.“Queremos que hoy mismo esas familias sientan que esas ayudas las van a proteger, porque, por supuesto, continuaremos en fase de lluvia durante toda la semana”, agregó.Desde la administración distrital informaron que, a través del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, se mantienen activos los equipos de respuesta y el grupo de arborización de la Secretaría de Infraestructura, que adelanta labores de poda y tala preventiva en sectores donde se ha identificado riesgo inminente.
La red pública hospitalaria de Santander comenzó a recibir recursos adeudados por la atención en salud a población migrante, luego de varios años en los que no se habían auditado ni girado completamente estos dineros por parte del Ministerio de Salud.Así lo confirmó el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, quien explicó que al inicio de la actual administración encontraron rezagos significativos en la revisión de cuentas correspondientes a vigencias anteriores.“Durante las vigencias 2022 y 2023 no habían auditado las cuentas de migrantes correspondientes a parte de 2021 y todo el 2024. Además, no teníamos presupuesto en 2024 para hacer esas auditorías”, indicó el funcionario.Según Prada, fue solo hasta 2025, gracias a recursos asignados por la Gobernación de Santander, que se pudo adelantar el proceso de auditoría de estas cuentas, lo que permitió gestionar los pagos ante el Ministerio de Salud.Como resultado, al cierre del año anterior el departamento recibió $94.000 millones, a los que se suman otros $17.000 millones girados recientemente, para un total de $111.000 millones destinados a la red pública hospitalaria.Estos recursos, explicó el secretario, llegaron en un momento clave para las instituciones de salud del departamento, que han asumido la mayor carga en la atención de población migrante.Una de las entidades beneficiadas con estos giros fue el Hospital Universitario de Santander, que recibió cerca de $66.000 millones correspondientes a deudas acumuladas por la atención a migrantes.De acuerdo con el secretario, este desembolso permitió aliviar la situación financiera del hospital y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a esta población.Prada recordó que, en muchos casos, las instituciones privadas no atienden a población migrante, por lo que la red pública ha asumido esta responsabilidad.El secretario de Salud aseguró que el departamento continuará con el proceso de auditoría de cuentas para gestionar ante el Ministerio de Salud el pago de los recursos que aún están pendientes. "Seguiremos auditando estos recursos para que el Ministerio nos ayude con los pagos a la red pública que todavía le deben”, puntualizó.
Un incendio registrado en horas de la noche del pasado domingo en el Portal de Girón dejó como saldo la destrucción de 14 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea, según confirmaron las autoridades.La emergencia se presentó al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón, y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la infraestructura.De acuerdo con los reportes preliminares, los vehículos afectados correspondían a buses que se encontraban fuera de operación. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el portal.Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las respectivas inspecciones técnicas para determinar el origen de la conflagración y establecer posibles responsabilidades.A través de una comunicado, Metrolínea mostró su solidaridad frente a los hechos con al empresa Metro 5 Plus, dueña de los buses que hacen parte de un proceso de liquidación.Desde la administración de Metrolínea se indicó que se mantiene coordinación con los entes de control y se entregará información oficial una vez avancen las investigaciones.El hecho genera preocupación frente al estado actual del sistema de transporte masivo en el área metropolitana, mientras se evalúan los impactos operativos y financieros derivados de la pérdida de los vehículos.
Cuatro adolescentes que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias de las Farc fueron recuperados por tropas del Ejército en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.La operación se desarrolló en el sector de Puente Valencia, en el marco de las acciones sostenidas que adelantan las Fuerzas Militares en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca contra estructuras armadas ilegales.Los menores, con edades entre los 14 y 17 años, hacían parte del frente Jaime Martínez y se acercaron a unidades del Batallón de Infantería Liviana N.° 8 de la Tercera Brigada, donde manifestaron su intención de abandonar la estructura.Según el reporte militar, los jóvenes habrían sido reclutados de manera forzada en zonas urbanas del suroccidente del país y, posteriormente, trasladados al sector del Naya. Allí, indicaron, permanecieron más de un año y medio bajo presiones constantes, amenazas y condiciones precarias, con restricciones en su alimentación y movilidad.Las autoridades señalaron que la estructura Jaime Martínez opera bajo el mando de alias ‘Marlon’, señalado cabecilla del Bloque Jacobo Arenas y uno de los principales responsables del reclutamiento de menores en esta región.Tras la recuperación, el Ejército activó los protocolos de protección establecidos por la ley. Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.Durante el procedimiento también fue incautada un arma larga marcada con las iniciales de la estructura, un proveedor y 28 cartuchos de distintos calibres.En los últimos diez días, la Tercera División del Ejército ha reportado la recuperación y sometimiento de once integrantes de las disidencias, así como la incautación de 20 armas largas, 4 armas cortas, 2.000 cartuchos y material explosivo que, según las autoridades, pretendía ser empleado contra la población civil y la Fuerza Pública.
El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud se encuentran estudiando un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años en Bogotá, con antecedentes de viaje internacional. Las autoridades confirmaron que, por ahora, el caso no está confirmado y el paciente permanece estable.El Instituto Nacional de Salud precisó que la confirmación de un caso de sarampión no depende de un único resultado, sino del cumplimiento de criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. La entidad explicó, además, que, una vez se detecta el virus, se realiza una caracterización genética para establecer el genotipo y determinar si corresponde a un virus vacunal —que es menos grave y no transmisible— o a un virus salvaje, que sí causa la enfermedad y se transmite por vía respiratoria.El llamado de las entidades a la ciudadanía es completar el esquema de vacunación, pues es la mejor forma de prevenir el virus, y acudir a atención médica si se presenta fiebre y brote en la piel. El Ministerio de Salud insiste en que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola, están disponibles en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país.Adicionalmente, la vacuna está indicada para niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta personas de 59 años. Las autoridades insisten en intensificar el cuidado en las personas vinculadas al sector turístico, hotelero y de transporte aéreo, terrestre y marítimo. Además, hacen un llamado a los viajeros con destino a países con casos confirmados, como México, Canadá y Estados Unidos.Las entidades reiteraron que el país no tiene circulación endémica del virus y mantiene su certificación internacional de eliminación sostenida, aunque advirtieron que existe riesgo de importación de casos debido a la situación epidemiológica en la región y a nivel global.
Una densa columna de humo sorprendió a decenas de conductores y comerciantes en la tarde del viernes 20 de febrero, en un hecho ocurrido en la carrera 30 con calle 71. Las imágenes, grabadas por varios ciudadanos, mostraban una nube gris que salía de uno de los edificios más visibles del sector: el restaurante “Gran Parrilla Boyacense”.La escena generó preocupación en la comunidad, pues se trata de una zona tradicionalmente concurrida y reconocida por ser epicentro de la venta de muebles en la capital. Además, el tráfico se vio afectado mientras los organismos de socorro llegaban al lugar para atender la emergencia.Incendio en la carrera 30 con 71 no dejó lesionadosEl Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió el llamado hacia las 4:50 de la tarde y se desplazó desde la Estación Ferias. Las autoridades informaron que el incendio estructural se presentó en una edificación de ocho niveles.Minutos después, los bomberos confirmaron que el origen del incendio estuvo en los ductos del restaurante, específicamente en el sistema de extracción de la cocina, por lo que fue necesario realizar las siguientes labores:Ataque directo al foco del incendio.Ventilación mecánica para evacuar el humo.Uso de máquina escalera para control desde la parte superior.Apoyo de carrotanque y unidades adicionales.Casi dos horas más tarde, la emergencia fue controlada en su totalidad sin dejar personas heridas.¿Por qué se incendió la Gran Parrilla Boyacense?En un comunicado, el restaurante informó que el incendio se originó por una falla en el sistema de ductos de la cocina. La rápida activación de los protocolos internos y la intervención de los bomberos fueron claves para evitar una tragedia mayor.Las imágenes posteriores evidenciaron utensilios y superficies cubiertos de hollín, aunque la estructura general del edificio no presenta daños de gran magnitud. Pese al reporte preliminar, el grupo de investigación de incendios establecerá con precisión las causas técnicas del incidente.Asimismo, la Gran Parrilla Boyacense anunció que revisará sus instalaciones antes de retomar operaciones, con el fin de garantizar que su funcionamiento continúe bajo estándares de seguridad.
Cerca de un 30 % de los 125 municipios que conforman Antioquia registra alertas electorales, lo que evidencia condiciones críticas para el desarrollo del proceso democrático en estas zonas, según el índice compuesto presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón en la Federación Nacional de Departamentos.De acuerdo con el informe, 11 municipios (8,8 %) se encuentran en nivel extraordinario, considerado el más alto, mientras que otros 25 municipios (20 %) fueron ubicados en nivel relevante. En conjunto, estas dos categorías suman 36 municipios con mayor vulnerabilidad electoral en el departamento, mientras que 60 municipios están en nivel potencial de riesgo (un 48%) y los otros 32 en nivel moderado (23.2 %).El índice también señala que el mayor nivel de riesgo se concentra en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde se identifican condiciones asociadas a la presencia de grupos ilegales, factor que sin duda podría afectar el normal desarrollo de las elecciones. "Contamos infortunadamente con uno de cada cuatro municipios que componen nuestro territorio o en riesgo extraordinario o en riesgo relevante. Cuando uno superpone ese mapa del riesgo electoral con la presencia de actores criminales, Clan del Golfo, ELN, disidencias, con la presencia de cultivos ilícitos de minería ilegal, encuentra una plena coincidencia", dijo Rendón.En Antioquia, el potencial electoral alcanza los 5.423.432 votantes, distribuidos en 1.282 puestos de votación y 16.142 mesas, de las cuales 705 están en zonas urbanas, 540 en áreas rurales, 31 en centros carcelarios y seis corresponden a puestos de censo.Vale la pena mencionar que la clasificación forma parte del análisis de riesgo electoral que se realiza en Colombia para identificar territorios que requieren especial atención institucional durante el desarrollo de los procesos electorales.
Seis personas murieron, entre ellos un menor de 4 años, y otras tres resultaron heridas al chocar la lancha en la que viajaban con un muelle en un río de Brasil, informaron este domingo fuentes oficiales.El accidente ocurrió cerca de la pasada medianoche en el río Grande, en la línea divisoria entre los estados de São Paulo y Minas Gerais, en el sureste de Brasil, señalaron fuentes del Cuerpo de Bomberos.La embarcación salió con 15 personas a bordo de un bar flotante y se dirigía a un rancho de la región en medio de la noche, cuando impactó de forma violenta con un muelle fluvial que al parecer no estaba iluminado, según testigos citados por medios locales.Tres mujeres, dos hombres y un menor de 4 años fallecieron tras el fuerte impacto. Todos los cuerpos fueron localizados rápidamente cerca del siniestro, según las autoridades brasileñas.Otros tres pasajeros fueron trasladados a hospitales de la zona con diversas heridas y el resto salió ileso. De acuerdo con los bomberos, el piloto de la lancha no tenía licencia para navegar.brasEn las labores de rescate se movilizaron fuerzas de los estados de São Paulo y Minas Gerais. Los peritos de la Policía intentan esclarecer si las víctimas fallecieron por la colisión o ahogadas en el cauce del río.
Usuarios de la Nueva EPS protestaron en la entrada de la sede ubicada en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, para exigir atención oportuna y la entrega de medicamentos. Los manifestantes no permitieron el acceso al edificio en señal de inconformidad por los continuos retrasos en la asignación de citas especializadas y tratamientos médicos.Entre los asistentes a la manifestación se encontraba Johana Ortiz, madre de Emiliano Sánchez Ortiz, un paciente en estado vegetativo que requiere cuidados permanentes y oxígeno las 24 horas. La mujer denunció la falta de suministro de insumos y medicamentos esenciales pese a haber agotado todos los canales legales.“Mi hijo está oxigenado 24/7. He seguido todos los canales regulares: veeduría, Defensoría del Pueblo, juzgados y cartas a la Nueva EPS. Tengo el sistema jurídico colapsado y, aun con tutelas y acciones, no dan respuesta”, afirmó Ortiz.La cuidadora aseguró que desde hace tres meses no recibe los pañales ni los anticonvulsivos que necesita su hijo.“¿Qué hace la Nueva EPS? Entregar nuevas autorizaciones al dispensario de medicamentos Ofimédica, pero esa empresa no tiene contrato. Nos mantienen en trámites pendientes por todos lados. Soy el cuidador primario, y una sola lata del alimento que él necesita cuesta $800.000 y dura un día”, agregó.Los usuarios piden a la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades competentes que intervengan ante lo que califican como un abandono institucional. Según los manifestantes, la situación se repite en otras sedes de la Nueva EPS en Santander, donde pacientes de alto costo aseguran que sus tratamientos se encuentran suspendidos por falta de entrega de medicamentos y demoras en los procesos administrativos.En Barrancabermeja más de 500.000 usuarios de la Nueva EPS amanecieron este miércoles sin acceso a servicios médicos en la Clínica La Magdalena, el principal centro asistencial del Magdalena Medio.La suspensión obedece a una millonaria deuda que, según las directivas del hospital, supera los 30.000 millones de pesos.La Clínica La Magdalena, ubicada en Barrancabermeja, atiende a pacientes del sur de Bolívar, sur del Cesar, Antioquia y otras zonas del país, convirtiéndose en un punto clave para la atención especializada en esta región.“Hoy enfrentamos una situación muy compleja. Nos vemos en la necesidad de suspender la atención a los usuarios de la Nueva EPS, debido a la falta de pagos oportunos por parte de esta entidad. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para no detener el servicio, incluso asumiendo con recursos propios las obligaciones pasadas. Pero hoy llegamos a un punto en el que la sostenibilidad está en riesgo”, afirmó Karen Sarmiento, gerente de la clínica.Ante la gravedad del panorama, la Secretaría de Salud de Santander anunció que está evaluando un plan de contingencia para garantizar la atención médica de los usuarios y evitar la suspensión de tratamientos en curso, especialmente aquellos que requieren atención de alta complejidad.
En un operativo del Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue capturado Habraam de Jesús Gómez, conocido con el alias de ‘Pelé’, señalado del delito de extorsión. La detención se produjo en el centro de la ciudad, cuando el hombre fue sorprendido recibiendo 10.000 dólares, equivalentes a cerca de 40 millones de pesos, de un comerciante estadounidense residente en Bucaramanga.Según informó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el operativo fue posible por la denuncia oportuna de la víctima y la rápida reacción de los uniformados.De acuerdo con la investigación, alias ‘Pelé’ intimidaba a su víctima haciéndose pasar por integrante del grupo delincuencial común organizado “La Oficina de Envigado”, con el fin de exigir dinero bajo amenazas de atentar contra su familia en Colombia. Además, el presunto extorsionista coaccionaba al ciudadano con la publicación de material de contenido íntimo para reforzar sus exigencias económicas.Durante el procedimiento, la Policía incautó un teléfono celular desde el cual se habrían coordinado las amenazas y comunicaciones extorsivas, y recuperó el dinero producto de la extorsión. Un juez en audiencia envió a Gómez a la cárcel por el delito de extorsión.En otro operativo en Bucaramanga también fueron capturados alias ‘Morena’ y ‘Pepon’ cuando cobraban por devolver una moto hurtada en la ciudad.De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención se dio luego de que la víctima denunciara que los presuntos delincuentes le $3 millones a cambio de devolverle una motocicleta que había sido hurtada días antes.Según la investigación, los capturados conocían a la víctima y utilizaban información privilegiada obtenida por su cercanía y vecindad para ejercer presión y hacer las exigencias ilegales. Ambos presentan antecedentes judiciales por hurto calificado y agravado, además de un registro por fuga de presos.
El abogado y exsecretario privado de la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, Cristian Portilla, anunció este miércoles su renuncia a la candidatura para las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 14 de diciembre en la capital santandereana.A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Portilla explicó que su decisión obedece a motivos personales y a un acto de responsabilidad y coherencia con sus principios.“Después de una profunda reflexión personal y familiar, y poniendo en primer lugar la responsabilidad, la coherencia y la honestidad que siempre he defendido, he tomado la decisión de retirar mi candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga para las próximas elecciones atípicas”, expresó el exfuncionario.Portilla señaló que los asuntos personales que lo llevaron a dar un paso al costado requieren de su tiempo y atención en este momento, y aseguró que el servicio público debe ejercerse con total entrega y compromiso.En su mensaje, también agradeció al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, a su familia, y a los ciudadanos y líderes que respaldaron su proyecto político.“Seguiré apoyando y acompañando este legado que inició Jaime Andrés, convencido de que su amor por la ciudad, demostrado en su compromiso y entrega total, trajo grandes resultados que hoy son reconocidos por la inmensa mayoría de los bumangueses”, añadió Portilla.Finalmente, hizo un llamado a la unidad y a continuar defendiendo los avances logrados en la ciudad durante la pasada administración.“Invito a todos los bumangueses a unirnos para defender a Bucaramanga. Que Dios los bendiga y acompañe siempre”, concluyó el comunicado.Con esta decisión, el panorama político en Bucaramanga de cara a las elecciones atípicas sufre un nuevo reacomodo, mientras los distintos sectores evalúan posibles alianzas y respaldos para definir el nombre que representará la continuidad del proyecto político de Beltrán.
Con una bandera gigante de Colombia y al grito de “No más promesas en el calendario, no más promesas queremos salarios”, médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca realizaron en la noche de este martes 4 de noviembre una nueva protesta frente a la sede nueva del centro asistencial.El motivo de la protesta fue, nuevamente, el retraso en el pago de sus salarios, esta vez correspondiente al mes de octubre. Los trabajadores de la salud aseguran que la situación se ha vuelto insostenible, pues, en menos de un mes, han salido a protestar en tres ocasiones reclamando lo mismo: el cumplimiento en el pago de sus sueldos.Mary Flórez, integrante del sindicato de trabajadores del hospital, señaló que la empresa Sortesalud, encargada de la operación del centro asistencial, ha incumplido los compromisos de pago adquiridos con el personal.“Por la violación a los derechos de los trabajadores de la salud. Sortesalud les hizo firmar la liquidación el 7 de octubre prometiendo su pronto pago y no ha cumplido, mintiendo todo el tiempo. Por eso nos vemos obligados a hacer este plantón por el respeto a un salario digno, oportuno y decente. No se le miente más a los trabajadores de la salud, porque vocación no debe ser explotación”, expresó Flórez.Los manifestantes reiteraron que seguirán realizando plantones pacíficos hasta que se les garantice el pago oportuno de sus sueldos y mejores condiciones laborales.El pasado 22 de octubre, cansados de trabajar sin recibir sus salarios, médicos, enfermeras y personal asistencial del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca también salieron a las calles del municipio para exigir el pago de los dineros que les adeudan. En esa oportunidad, igualmente, con una bandera gigante de Colombia y pancartas, los trabajadores realizaron un recorrido por las principales vías del centro de Floridablanca para llamar la atención del Gobierno Nacional y Departamental y denunciar la difícil situación económica que atraviesan debido al incumplimiento en los pagos.Mary Flórez, enfermera del hospital y representante del sindicato de trabajadores, explicó que la crisis se debe a que las EPS no están girando los recursos correspondientes a los servicios prestados por el hospital. “Tenemos 105 auxiliares de enfermería, 24 enfermeras profesionales, cuatro camilleros, cinco conductores y aproximadamente 270 trabajadores con sueldos humildes. Tenemos 41 médicos, personal entregado, médicos generales de excelente calidad, internistas y especialistas, todos sin salarios”, explicó Florez en su momento.Consideró injusto que estén trabajando y no reciban sus salarios “nosotros necesitamos que las EPS paguen lo que nosotros producimos: 2.700 millones de pesos en un mes, y las EPS no nos pagan ni 600 millones. El problema de la salud en Colombia es que las EPS se embolsillan la plata, no pagan a los hospitales y los hospitales no pagan a los trabajadores; esto es una cadena”, denunció Flórez.
El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que tres kilómetros de la Transversal del Carare, en la ruta 6208, quedaron completamente destruidos tras un gigantesco movimiento en masa que mantiene incomunicada la provincia de Vélez con el municipio de Landázuri.El director encargado del Invías, Jhon Jairo González, explicó que el terreno afectado presenta una saturación de agua y una falla geológica activa, lo que impide por ahora reconstruir la vía en el mismo trazado.“Perdimos tres kilómetros de vía debido a un proceso de remoción en masa gigante donde decenas de metros cúbicos se están moviendo. Es una masa que se está saturando porque en la zona encontramos muchísimas fuentes de agua”, señaló el funcionario.El funcionario indicó que el Invías ya tiene equipos técnicos en terreno desde la semana pasada, y que se están evaluando tres rutas alternas para habilitar el paso provisional de vehículos livianos y de pasajeros.“Ayer comenzamos con la inspección de la vía que va desde Vélez, Palo Blanco, El Polvorero, San Martín hasta Landázuri. Hoy se continúa con otro recorrido por Vélez, Palo Blanco, Verbeo y San Roque, también hacia Landázuri”, precisó.La entidad trabaja en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las alcaldías de Vélez y Bolívar para definir el nuevo trazado de la vía y recuperar la conectividad vial de la región.El director del Invías advirtió que la emergencia no solo afectó la banca de la carretera, sino que el terreno continúa inestable, por lo que no es viable reconstruir la vía en el mismo lugar.“Por el momento es difícil informar que vamos a hacer la misma vía por el mismo sitio, porque no tenemos las condiciones geológicas adecuadas. Tenemos que mirar por dónde podemos hacer un nuevo trazado”, explicó.Las primeras evaluaciones indican que las rutas alternas requieren mejoramiento de alcantarillas, conformación de banca y rehabilitación de cuatro puntos críticos, por lo que el Invías espera definir esta misma semana cuál será la alternativa más rápida para restablecer el paso entre los municipios afectados.“Lo importante ahora es poder dar transitabilidad y comunicar Vélez con Landázuri. Aspiro a que esta misma semana podamos comenzar los trabajos, porque el contratista está listo y a la espera de cuál de las alternativas vamos a escoger”, concluyó González.La emergencia mantiene aisladas a varias veredas de la provincia de Vélez y ha afectado el transporte de productos agrícolas y el desplazamiento de pasajeros hacia el sur de Santander y el Magdalena Medio.
Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.