Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce preliminarmente es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez n el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.Miranda mencionó a la cuñada de Jaramillo, María Clara Berrocal, quien, según la denuncia, ha firmado cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de 390 millones de pesos.La congresista también señaló a dos sobrinos del ministro, uno de los cuales firmó un contrato con el Ministerio de Ciencias por 72 millones de pesos en 2024.“También está Camilo Jaramillo Berrocal, que ha firmado más de 12 contratos con entidades como la empresa ferroviaria regional, que en total suma más de 1.400 millones de pesos. Hay un dato aún más delicado porque en 2023 esta persona fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y además fue imputada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht”, dijo Miranda.La congresista también afirmó que el hijastro del ministro fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) durante el gobierno Petro, con contratos por 97 millones de pesos, y que el hermano del ministro también habría recibido contratos de la Contraloría General de la República por 38 millones de pesos.“El hijo, Alejandro Jaramillo Gómez, desde agosto de 2024 es el director de ProColombia en el Reino Unido. Ese cargo le representa ingresos que superan los 40 millones de pesos mensuales”, agregó Miranda.Por otro lado, señaló que la esposa del ministro es la superintendente delegada para las prestadoras de servicios de salud.“La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un entramado familiar beneficiado con recursos públicos? Más de 3.000 millones de pesos mientras el país enfrenta una crisis en el sistema de salud y los colombianos esperan atención”, concluyó Miranda.
Desde Cartagena, el procurador Gregorio Eljach rechazó las recientes declaraciones y publicaciones en las que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la legalidad y transparencia de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales programadas para este 8 de marzo.Para Eljach, no hay respeto ni derecho a cuestionar, además, a las entidades de control que acompañan el proceso."Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea y porque fue el que me postuló aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento", aseveró Eljach.El jefe del Ministerio Público contó que este miércoles tendrá una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para evaluar las tareas alrededor de la jornada electoral."Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no digan, está bien, decimos que está bien", detalló.Más temprano, Eljach dijo que hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia sobre presuntas irregularidades o fraude, como lo ha mencionado Petro en varias ocasiones.Por su parte, Penagos, la semana pasada, también había pedido respeto por el trabajo de las entidades que, insistió, son independientes."Y nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera", afirmó el funcionario.
Luego de que, en su momento, la Fiscalía General de la Nación radicara un escrito de acuasación en contra de Katherine Martínez, alias ‘Gabriela’, por el caso del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, este lunes, 23 de febrero, una jueza de Bogotá dio la sentencia de 21 años de prisiónLa decisión se da luego de que la jueza avalara el preacuerdo entre la mujer y la Fiscalía.De acuerdo con las pruebas, ‘Gabriela’ hizo parte de la organización ante y durante el atentado que sufrió el precandidato presidencial, incluso, fue una de las personas que le entregó el arma homicida al joven que disparó el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito contra Miguel Uribe.“De acuerdo con este plan, el 7 de junio de 2025, día de los hechos, Katherine Andrea Martínez Martínez se desplaza a la localidad de Suba y recoge el arma de fuego. En la tarde del día 7, se desplaza al Parque El Golfito en un vehículo contratado a través de plataforma, llevando consigo el arma de fuego tipo pistola marca Glock, que fue modificada en sus características de fabricación u origen para aumentar su letalidad, arma con la que se cometería el homicidio”, indicó la jueza.Se reunió con el menor el día del atentado en donde ella misma le entregó el arma y, a su vez, era parte de la operación de huida del homicida, la cual fracasó en el lugar de los hechos.Los investigadores de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá establecieron que, desde enero de 2025, la acusada habría ingresado a una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes y a la comisión de homicidios selectivos en distintas zonas de la capital. Fue capturada el 14 de junio de 2025 en Florencia, Caquetá, de donde fue trasladada hasta la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.
Las autoridades en Antioquia no bajan la guardia ante la amenaza de los ataques con drones y por ello, tras un par de meses del anuncio de la Gobernación de adquirir equipos especiales para la neutralización de amenazas aéreas no tripuladas, ya se conoció la fecha de entrega al Ejército Nacional.Según reveló el secretario de Seguridad, Luis Martínez, si bien es el Ejército el que debe determinar en qué zonas del departamento se emplearán, a su juicio para iniciar las prioridades son las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Norte, donde ya se han presentado algunos hechos, con el fin de incrementar las capacidades operativas de detección, mitigación y en el departamento."Aproximadamente, en la última semana de marzo estamos recibiendo los antidrones que ya adquirimos para dotar al ejército. Nosotros le hacemos entrega de esos elementos al Ejército, y ellos lo tendrán que distribuir en los sitios donde ellos consideren lo requiere más. Pero yo me atrevería a decir que eso tiene que ir al Nordeste, al Norte y al Bajo Cauca", señaló Martínez.Cabe recordar que la fuerza pública ya viene adoptando una serie de medidas con el fin de contrarrestar estas amenazas ya conocidas en otras zonas del país. Desde la Policía Antioquia indicaron que las experiencias en la lucha contra este tipo de dispositivos en zonas como Cauca y El Catatumbo han brindado mayores herramientas para prevenir atentados.Por ahora, las autoridades han venido implementando acciones como el aumento en la recolección de información, la instalación de inhibidores de señal para evitar el rango de maniobra de los drones, a la par que reconocen que los grupos armados están adquiriéndolos equipados especialmente para estas acciones terroristas.Otra de las estrategias que se está implementando consiste en el seguimiento a la trazabilidad de la comercialización de estos elementos. Si bien su compra o venta no tiene ninguna restricción legal, avanzan en la investigación de la cadena de importación de aquellos que han quedado en poder de la fuerza pública para así poder identificar de manera precisa cómo están llegando hasta estas estructuras al margen de la ley.Según el Ejército Nacional, entre abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el Ejército ha contabilizado 393 ataques con drones.
En solo dos días se cometieron seis ataques sicariales en la capital santandereana. En total, ya son 13 los casos registrados durante la última semana en Bucaramanga y su área metropolitana. Autoridades atribuyen los hechos a la disputa entre bandas dedicadas al microtráfico.Una mujer identificada como Vivian Polet Silva Giraldo resultó herida por una bala perdida en medio de un nuevo ataque sicarial registrado este sábado en inmediaciones del Parque de los Niños, en Bucaramanga.El hecho se suma a una preocupante ola de violencia que deja seis ataques sicariales durante el fin de semana en Bucaramanga. El secretario del Interior del municipio, Reynaldo Rojas, indicó que las autoridades analizan todo el material probatorio disponible para avanzar en las investigaciones.“Estamos revisando las cámaras de seguridad, que serán claves para esclarecer estos hechos. Se confirma que las bandas criminales buscan ejercer control del territorio, y es preocupante que incluso en zonas concurridas, como la carrera 27, la persona había acabado de salir del partido del Atlético Bucaramanga, cuando ocurrió el ataque”, afirmó el funcionario.La mujer caminaba por el sector cuando fue alcanzada por un disparo que le causó una herida en una pierna, mientras sicarios atacaban a Aldahir Correa Leal, conocido como “Pitota”, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha Nmax junto a su compañera sentimental, Luz Nelly Niño Cely.Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los atacantes se movilizaban en otra motocicleta. El parrillero, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones contra Correa Leal, quien sería el objetivo del atentado.Testigos afirmaron que se escucharon al menos diez detonaciones, pese a ser trasladado de urgencia a un centro médico, Correa falleció por la gravedad de las heridas. Rojas hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie y entregue cualquier información que permita ubicar a los responsables de estos hechos violentos.
Las autoridades confirmaron que la masacre de cuatro personas ocurrida en las últimas horas en el asentamiento humano Villa Esperanza, cerca al barrio La Cumbre, en el municipio de Floridablanca (Santander), fue ordenada desde la cárcel La Picota, en Bogotá.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que durante una redada en la capital del país fue hallado un teléfono celular con los chats que evidencian la coordinación del crimen.“Estos sujetos en Floridablanca generaban control en este asentamiento humano. Están ligados a un bandido conocido como Brayan, desde donde se emitió la orden. Ayer se hizo una redada en Bogotá y se encontró un celular con las pruebas”, indicó el general Quintero.El hecho, que dejó cuatro víctimas, generó pánico entre los habitantes del sector, quienes piden mayor presencia de las autoridades ante el aumento de los homicidios selectivos en el área metropolitana.El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del múltiple crimen.“No vamos a permitir que unos pocos dañen la tranquilidad de cientos de ciudadanos. Continuamos haciendo nuestra labor con el acompañamiento de la Policía y el Ejército”, manifestó el mandatario local.De acuerdo con las investigaciones, las recientes acciones violentas estarían relacionadas con una disputa entre bandas criminales por el control del microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga. Entre los grupos enfrentados se encuentran Los del Sur, Los de Pichi y Los de Chorizo, según revelaron fuentes policiales.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, en coordinación con la Gobernación de Santander y la Secretaría del Interior, informó que fueron trasladados los puestos de votación a las cabeceras municipales de 12 municipios del departamento debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias y derrumbes en las vías rurales.Los municipios con cambios son San José de Miranda, Vélez, La Belleza, Lebrija, Enciso, Hato, Simacota, El Carmen, San Gil, Guapotá, Jordán y Cepitá.La medida busca garantizar la seguridad de votantes y jurados durante la jornada electoral del 26 de octubre, así como facilitar el acceso ante los riesgos generados por el mal estado de las vías.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que la decisión se tomó “para proteger a las comunidades rurales y asegurar el normal desarrollo del proceso electoral, evitando desplazamientos en zonas con riesgo por deslizamientos”.Además, se realizó acompañamiento por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo y las administraciones municipales en las zonas afectadas, especialmente en la vereda Santa Cruz del municipio de San Andrés y en el sector de Vado Real, en Suaita, donde se reportan derrumbes.Hernández también informó que más de 3.080 hombres del Ejército y la Policía Nacional se encuentran desplegados, en el departamento, para garantizar la seguridad en las 1.087 mesas de votación dispuestas en la región.“Por ahora no se ha registrado ninguna novedad. Mantenemos monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado para que la jornada avance con tranquilidad”, señaló el funcionario.Los ajustes logísticos y de seguridad se realizaron de manera coordinada entre las autoridades electorales, la Gobernación de Santander y los municipios, con el fin de minimizar las afectaciones a los electores y garantizar el ejercicio democrático en todo el territorio.
Tras masacre de cuatro personas en las últimas horas en el asentamiento humano Villa Esperanza, cerca al barrio La cumbre, en el municipio de Floridablanca, Santander, las autoridades activaron un Consejo Extraordinario de Seguridad.El hecho causó pánico en los habitantes que exigen mayor presencia de las autoridades ante estos crímenes. El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, convocó de inmediato a las autoridades policiales y judiciales para evaluar la situación y coordinar acciones que permitan esclarecer el crimen.“No vamos a permitir que algunos pocos quieran dañar la tranquilidad de cientos de ciudadanos. Continuamos haciendo nuestra labor con el acompañamiento de la Policía y el Ejército”, afirmó el mandatario.Durante la sesión, se anunció la creación de un Grupo Especial de Inteligencia, integrado por la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible.Además, el alcalde ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a las personas que entreguen información clave que permita esclarecer el homicidio múltiple registrado en esta zona del municipio.Sánchez Carvajal también aseguró que la Administración Municipal reforzará los patrullajes y operativos de control en toda la ciudad, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Ejército Nacional.“Pese a este hecho, Floridablanca sigue siendo el municipio con el menor número de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga”, concluyó el alcalde.Las autoridades invitaron a la comunidad a reportar cualquier información relevante a través de las líneas de emergencia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia.
El Nuevo Liberalismo oficializó el aval a Fabián Oviedo como su candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, tras un proceso interno de selección que contó con la participación de varios aspirantes. El anuncio fue hecho por el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien visitó la capital santandereana para acompañar el acto de proclamación.El comité territorial del partido presentó la ruta del aval el pasado 17 de octubre, recibiendo las solicitudes de los precandidatos Consuelo Ordóñez, Carlos Bueno, Jhean Carlos Alvernia y Fabián Oviedo, cada uno expuso su visión de ciudad, sus propuestas y su afinidad con los principios fundacionales del movimiento creado por Luis Carlos Galán Sarmiento, centrados en la ética, la transparencia y el servicio público.Tras las audiencias internas y la evaluación de las propuestas, el comité coordinador territorial del Nuevo Liberalismo determinó que Fabián Oviedo representaba la mejor opción para liderar el proyecto político del partido en Bucaramanga. La decisión fue oficializada por Juan Manuel Galán, director nacional del movimiento, durante su visita a la ciudad, donde destacó la importancia de fortalecer liderazgos regionales con trayectoria y compromiso ciudadano.“El Nuevo Liberalismo reafirma su compromiso con la renovación política, la transparencia y la construcción de ciudades más humanas. Bucaramanga necesita líderes que representen esos valores, y Fabián Oviedo encarna esa visión”, señaló Galán durante el acto de entrega del aval.Fabián Oviedo es arquitecto bumangués y cuenta con una amplia experiencia en la política local. Fue concejal de Bucaramanga en dos periodos, en representación de Cambio Radical, y en las elecciones locales de 2023 obtuvo 34.146 votos como candidato a la Alcaldía, quedando entre los primeros lugares en la contienda.El anuncio se da en medio de la reorganización política que vive la ciudad, tras la salida del exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez, apartado del cargo por decisión del Consejo de Estado, lo que ha reconfigurado los movimientos y las alianzas locales de cara a las próximas elecciones.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
Las lluvias no dan tregua en Santander y durante la madrugada de este lunes se reportaron fuertes aguaceros en varios municipios del departamento, generando deslizamientos, afectaciones a viviendas y problemas de movilidad.El caso más crítico se registra en la carretera que comunica a Sucre con Jesús María, donde las autoridades confirmaron cierre total en el sector Dos Caminos por un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, entregó el balance preliminar: “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón, se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa".Se trata de un corredor rural históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que termina invadiendo la calzada. En varios tramos el paso se reduce a un solo carril, elevando el riesgo de accidentes y retrasos.Habitantes aseguran que cada aguacero empeora la situación. Además del peligro para quienes transitan, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por este corredor salen diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de los municipios de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora, lulo y otros cultivos que luego son comercializados en mercados regionales y enviados incluso a Bogotá.El transporte pesado y los vehículos tipo turbo que movilizan la producción enfrentan serias dificultades, especialmente en sectores conocidos como Dos Caminos, El Casino, Peñas Blancas y la conexión hacia La Belleza, donde el barro, las piedras y los hundimientos ralentizan el tránsito.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se mantienen condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en corredores rurales.En Barrancabermeja, los organismos de socorro atendieron más de 20 emergencias, principalmente en las comunas Siete y Tres y en el corregimiento El Centro. Tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada del domingo, al menos 23 familias resultaron damnificadas, con pérdidas en viviendas y enseres.