Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
Las fallas en la detección oportuna, los trámites administrativos y la falta de disponibilidad de algunos medicamentos están incidiendo en la atención de menores con cáncer en el país. Así lo expone el "Manifiesto por la vida y la dignidad de los niños y niñas con cáncer en Colombia", presentado por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI), junto con entidades médicas y del sector salud.El documento señala que en Colombia se registran cerca de 2.000 nuevos casos de cáncer infantil cada año y que 784 menores fallecen por esta causa. Aunque seis de cada diez niños y niñas logran sobrevivir, las organizaciones advierten que, dependiendo del tipo de cáncer, la probabilidad de curación puede aumentar si se garantiza diagnóstico temprano y continuidad en el tratamiento.El manifiesto expone que persisten demoras en el primer nivel de atención para sospechar la enfermedad, así como en la remisión a especialistas y en la realización de exámenes diagnósticos. También menciona fragmentación en la prestación de servicios, traslados entre ciudades y cambios de institución que generan interrupciones en las terapias.Uno de los puntos señalados es el acceso a medicamentos. El texto indica que existe un listado de 56 fármacos sin indicación aprobada por el Invima para uso en niños, de los cuales 24 están incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Según el documento, la falta de disponibilidad o las demoras en la entrega pueden afectar la continuidad de los tratamientos.El manifiesto también hace referencia a diferencias territoriales en los indicadores de mortalidad, con mayores tasas en regiones como Amazonas y Orinoquía. Las organizaciones plantean que estas brechas están asociadas a barreras en el acceso y a condiciones del sistema de salud.En el apartado de compromisos, los firmantes anuncian que impulsarán la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con metas verificables y seguimiento público, en articulación con el Ministerio de Salud y el Invima, para revisar la situación de los medicamentos y proponer soluciones que permitan reducir las barreras identificadas.
A través de su cuenta de TikTok, un joven relató cuánto ganó por cantar en TransMilenio, una actividad que, aunque para muchos puede ser molesta, para ellos puede salir rentable, o así lo hizo saber este hombre en su video en donde la cifra que, incluso, hace una persona que gana el salario mínimo.En su video, el joven mostró que reunió principalmente monedas y unos cuantos billetes en tan solo cinco horas de trabajo y moviéndose entre articulados por toda la ciudad. A inicio se vio toda una montaña de dinero y que al contar dio la cifra de 135.000 pesos, es decir, más que un salario mínimo en donde el día se encuentra sobre los 58.353 pesos pese al aumento del 23 %.“Terminamos de contar, esto nos hicimos en billetes y en monedas. Cada monto está de 2.000 y las monedas de 50. Primero los billetes que fueron $57.000. Mientras que en las monedas fueron $78.000 pesos, en un total de $135.000 (…) Gracias por el apoyo y en los que en verdad valoran el arte”, fueron las palabras del chico al contar la impresionante cifra que consiguió por cantar en TransMilenio.En total, si al día siempre consigue la misma cifra de dinero, al mes estaría ganando aproximadamente 2.970.000 de pesos, es decir, más que el salario mínimo en Colombia y sin prestaciones de ley, con horarios mucho más cortos, cifras que han causado polémica en redes sociales de cuánto estaría ganando un vendedor en el transporte público.“Por eso no doy... por más triste que sea la historia, también tengo necesidades”; “Parcero, haga esto en silencio, suba al éxito en silencio, próspere en silencio”, “y yo por el mínimo 44 horas semanales”; “Que chimba que le vaya bien parcero, lo sigo desde hace mucho”, fueron algunos comentarios que se generaron a partir de este video, el cual generó todo un debate.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En el fútbol existen diversos métodos disciplinarios que dependen del técnico de turno y las directrices de la propia institución, que, en algunos casos, suelen ser más exigente que en otros. Como lo ha sido Hansi Flick desde su llegada al FC Barcelona y que ha impuesto reglas rigurosas para tener un equipo de alta calidad.Así lo ha hecho saber en una reciente entrevista con el programa ‘El Hormiguero’ Pedri, mediocampista del FC Barcelona, en donde contó que es casi imposible llegar tarde a reunirse con el equipo, en especial por la millonaria cifra que se ha impuesto de multa y si no se da el tiempo es mucho mejor no llegar.“No juegas y se ha cambiado un poco. Después de años ha hecho de capitán (Pedri), pero ahora que hay que soltar pasta. Es el día de partido, si llegas 20 minutos tarde mejor no llegar o di que estuviste malo, de verdad, sale mucho mejor. Si llegas 10, lo mismo (…) Mucho más que 3.000, más de 20.000. Por ahí va la cosa, unos 40.000, no diremos la cifra exacta. ¿Prefieres no llegar o pagarlos?”, contó el futbolista del FC Barcelona.Una cifra que sorprendió a más de uno, pues con 40.000 euros (más de 170 millones de pesos) muchas personas podrían adquirir bienes de alto valor que, en este caso, son entregados al club por el mal comportamiento y puntualmente por llegar tarde el día del partido, según los parámetros del técnico Flick.Por poner un ejemplo, en la marca Audi se consiguen vehículo Q2/21 en 126 millones de pesos, o referencias A3/A4 en $156 millones, es decir, que con lo que paga un futbolista del FC Barcelona, una persona podría tener un carro de alta gama o poner la cuota inicial de un apartamento en un buen sector en Bogotá.
El Nuevo Liberalismo oficializó el aval a Fabián Oviedo como su candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, tras un proceso interno de selección que contó con la participación de varios aspirantes. El anuncio fue hecho por el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien visitó la capital santandereana para acompañar el acto de proclamación.El comité territorial del partido presentó la ruta del aval el pasado 17 de octubre, recibiendo las solicitudes de los precandidatos Consuelo Ordóñez, Carlos Bueno, Jhean Carlos Alvernia y Fabián Oviedo, cada uno expuso su visión de ciudad, sus propuestas y su afinidad con los principios fundacionales del movimiento creado por Luis Carlos Galán Sarmiento, centrados en la ética, la transparencia y el servicio público.Tras las audiencias internas y la evaluación de las propuestas, el comité coordinador territorial del Nuevo Liberalismo determinó que Fabián Oviedo representaba la mejor opción para liderar el proyecto político del partido en Bucaramanga. La decisión fue oficializada por Juan Manuel Galán, director nacional del movimiento, durante su visita a la ciudad, donde destacó la importancia de fortalecer liderazgos regionales con trayectoria y compromiso ciudadano.“El Nuevo Liberalismo reafirma su compromiso con la renovación política, la transparencia y la construcción de ciudades más humanas. Bucaramanga necesita líderes que representen esos valores, y Fabián Oviedo encarna esa visión”, señaló Galán durante el acto de entrega del aval.Fabián Oviedo es arquitecto bumangués y cuenta con una amplia experiencia en la política local. Fue concejal de Bucaramanga en dos periodos, en representación de Cambio Radical, y en las elecciones locales de 2023 obtuvo 34.146 votos como candidato a la Alcaldía, quedando entre los primeros lugares en la contienda.El anuncio se da en medio de la reorganización política que vive la ciudad, tras la salida del exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez, apartado del cargo por decisión del Consejo de Estado, lo que ha reconfigurado los movimientos y las alianzas locales de cara a las próximas elecciones.
En el kilómetro 22 de la vía que comunica a Molagavita con Málaga, en el departamento de Santander, la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, vivió un momento de angustia luego de que la camioneta en la que se desplazaba comenzara a emitir humo por todas partes y presentara fallas mecánicas.El incidente ocurrió en medio de un recorrido que la congresista realizaba por varios municipios de la provincia de García Rovira, una zona caracterizada por sus vías en mal estado y afectadas por las lluvias recientes, que han generado derrumbes, cierres temporales y tramos difíciles de transitar.Según relató la propia senadora, el terreno agreste y las condiciones climáticas habrían provocado el sobrecalentamiento del vehículo y la pérdida de frenos, lo que generó gran preocupación entre los ocupantes.“Fue un susto terrible cuando vimos que salía humo por todas partes. Nos bajamos rápidamente hacia una montaña mientras mi equipo utilizaba el extintor. Afortunadamente no pasó a mayores, pero nos quedamos sin frenos debido a la dificultad del terreno”, explicó la senadora Jaimes.Tras controlar la situación, el equipo de la congresista procedió a cambiar de vehículo para continuar con la agenda prevista en la región. Ninguna de las personas que la acompañaban resultó herida, y el hecho fue catalogado como un incidente menor, aunque dejó en evidencia las difíciles condiciones de la infraestructura vial en esta zona del oriente santandereano.A pesar del percance, Sandra Jaimes continuó su recorrido por el oriente de Santander, donde adelanta encuentros con líderes sociales, campesinos y autoridades locales para conocer de primera mano las problemáticas del territorio.
Una creciente indignación ha generado en Barrancabermeja el caso de un estudiante de 17 años, en condición de discapacidad, que fue expulsado de un plantel educativo del Puerto Petrolero y no podrá graduarse junto con sus compañeros.El joven, diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDH) y con una leve dificultad cognitiva, ha estudiado toda su vida en esa institución. Sin embargo, según la familia, el colegio no cumplió con la elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), documento obligatorio que garantiza la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad, conforme a la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017.“Aquí ha habido una serie de violaciones sistemáticas a sus derechos, primero por parte del colegio, que tenía la obligación legal de hacerle el PIAR. Es un joven que ha estado toda su vida en el Seminario San Pedro Claver, pero en los últimos años no se le brindó el acompañamiento adecuado”, afirmó el abogado Alberto Elías González Mebarak, representante legal de la familia.Pese a la acreditación médica y al conocimiento previo de la institución, el menor fue excluido físicamente del colegio el 23 de septiembre de 2025, sin procedimiento disciplinario válido, sin audiencia de descargos y sin que se le aplicaran los ajustes razonables exigidos por ley.Todo comenzó tras un incidente en el aula, cuando el joven fue sorprendido jugando con un recipiente de tiner que se encontraba en el salón. “El colegio nunca explicó qué hacía ese elemento allí. En lugar de acompañarlo, lo sancionaron y expulsaron sin el debido proceso ni atención a su condición”, aseguró el abogado.Los padres interpusieron una acción de tutela para exigir la protección de los derechos fundamentales del menor a la educación, a la inclusión y al debido proceso, pero el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barrancabermeja la negó el 6 de octubre de 2025, al considerar que existían recursos administrativos pendientes.La defensa calificó esa decisión como un error de ponderación constitucional, al privilegiar los formalismos procesales sobre el principio del interés superior del menor (artículo 44 de la Constitución Política), e insistió en que la exclusión del estudiante constituye un perjuicio irremediable que afecta su bienestar social, emocional y académico.La impugnación, actualmente en trámite ante el Juzgado Civil del Circuito de Barrancabermeja, sostiene que el colegio ya incumplió los términos legales para responder el recurso de reposición radicado el 22 de septiembre, lo que configura una negligencia administrativa y una vulneración continua de los derechos del menor.“Solicitamos respetuosamente que se revoque la decisión de primera instancia, se ordene la reincorporación inmediata y presencial del estudiante, y que la Secretaría de Educación asuma su deber de inspección y vigilancia conforme al artículo 11 de la Ley 1620 de 2013”, expresó González.Ante la denuncia, la Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja informó que el caso ha sido atendido desde mayo de 2025, con acompañamiento técnico, visitas al colegio y reuniones de conciliación para revisar la aplicación del manual de convivencia.En un comunicado, la entidad aseguró que no se evidencian actuaciones discriminatorias por la condición del estudiante y que el colegio mantiene la prestación del servicio educativo mediante acompañamiento académico y trabajos virtuales.También precisó que, según la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), las instituciones privadas tienen autonomía para adoptar decisiones disciplinarias contempladas en sus reglamentos internos, por lo que la exclusión del acto de graduación no constituye una vulneración del derecho a la educación, sino una sanción derivada del manual institucional.La familia del joven mantiene la esperanza de que la justicia falle a su favor y el estudiante pueda graduarse junto a sus compañeros en noviembre, como un gesto de reparación y reconocimiento a su esfuerzo.El caso ha despertado rechazo en la comunidad educativa y entre ciudadanos del Magdalena Medio, quienes consideran que la decisión del colegio contradice los principios de inclusión y equidad que deben regir el sistema educativo.
La empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, avanza en la ejecución de su Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) tras detectarse una pérdida de contención de producto en el Poliducto Galán–Chimitá, en la vereda San Silvestre, zona rural del municipio de Barrancabermeja, Santander.Según informó la compañía, el evento se registró el 21 de octubre de 2025 y desde entonces se han puesto en marcha acciones preventivas y correctivas para contener y mitigar los posibles impactos ambientales, con especial atención a la Ciénaga San Silvestre, una de las principales fuentes hídricas del Magdalena Medio y vital para el abastecimiento de agua y la pesca artesanal en la región.Entre las medidas adoptadas por Cenit se encuentra la instalación de barreras de contención mecánicas y oleofílicas, la activación de tres puntos de control alternativos y el despliegue de un equipo multidisciplinario que trabaja de manera permanente en la zona afectada. Además, la empresa realiza recorridos con comunidades de pescadores y líderes locales para informar sobre los avances de las labores y garantizar la seguridad en el área.De igual manera, la compañía coordina las acciones con las autoridades locales y regionales, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que ya llevó a cabo una inspección técnica en el punto del incidente para verificar las labores de contención y recuperación.En un comunicado, Cenit precisó que mantiene un monitoreo constante sobre el comportamiento del producto y la calidad del agua, y que los equipos técnicos permanecen en sitio realizando labores de limpieza, recolección y transporte controlado del material afectado. También se adelantan análisis ambientales para determinar el alcance del evento y las medidas de restauración requeridas.La compañía reiteró su compromiso con la protección del medioambiente y con el trabajo conjunto con las comunidades de Barrancabermeja, al tiempo que aseguró que continuará aplicando los protocolos del PEC hasta lograr el restablecimiento total de la normalidad en el área.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la provincia de Vélez, Santander, provocaron el desbordamiento de quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra en los municipios de Guepsa y Chipatá, donde las autoridades locales mantienen activos los comités de gestión del riesgo.En Guepsa, las quebradas Las Calderón y García se desbordaron en el sector La Aurora, afectando las veredas Sonesí y Comuneros. De acuerdo con el reporte del alcalde Hernando Fontecha, al menos 60 viviendas resultaron afectadas por inundaciones y varios puntos rurales presentan deslizamientos de tierra.El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) adelanta la evaluación de daños y coordina el envío de maquinaria amarilla para despejar las vías y atender las emergencias.Además, la vía Los Curos–Málaga presenta cierres totales en dos sectores, a la altura de la vereda San Luis de Málaga y en el corregimiento Pangote de San Andrés, debido a deslizamientos de gran magnitud. El Invías, a través del Consorcio Vías Colombia 066, envió maquinaria para las labores de remoción y recuperación del paso.En el municipio de Chipatá, también se reportaron fuertes lluvias, colapso del sistema de alcantarillado y fenómenos de remoción en masa en el casco urbano y las veredas El Hatillo, Las Vegas y Guepsa. Según el informe del CMGRD, liderado por Wilmer Mauricio Camacho, al menos cinco viviendas resultaron afectadas por inundaciones.Las autoridades locales mantienen la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), mientras se coordinan acciones con organismos de socorro para atender a las familias damnificadas y recuperar la movilidad en los tramos afectados.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.