Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.Con este pronunciamiento, el nuevo arzobispo fijó una postura clara frente a la necesidad de fortalecer la ética pública y la participación responsable, en vísperas de su posesión como máxima autoridad de la Iglesia Católica en la capital santandereana.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Colombia comenzará a expedir el 1 de abril un nuevo modelo de pasaporte con modificaciones tanto en su diseño como en sus características técnicas y en la forma en que será producido. El documento mantendrá su condición de pasaporte biométrico con chip incorporado y conservará en la carátula el escudo de la República junto con el símbolo internacional de pasaporte electrónico.El nuevo modelo tendrá tres versiones. El pasaporte ordinario será de color rojo y contará con 32 páginas; el diplomático será negro y tendrá 48 páginas; y el oficial será azul, también con 32 páginas. La diferenciación por color y número de páginas se mantiene como criterio para distinguir los distintos tipos de documento.En materia de seguridad, las nuevas libretas incorporan varios elementos técnicos destinados a la verificación y autenticidad. Incluyen impresión offset con microtextos y fondos irisados con degradados complejos. También cuentan con tinta metálica que cambia según el ángulo de la luz, una imagen secundaria o “foto fantasma” del titular y un dispositivo difractado que incorpora el escudo nacional. Además, integran elementos que solo pueden observarse bajo luz ultravioleta, como figuras y gráficos fluorescentes, numeración perforada con formas geométricas y una marca de agua que representa el escudo.Las páginas interiores, destinadas a visas, incluyen ilustraciones de fauna, flora y elementos culturales colombianos: aves, café, instrumentos musicales y otros símbolos.El proceso de producción se desarrollará en cuatro fases. En primer lugar, las libretas serán fabricadas por la Casa de la Moneda de Portugal. Posteriormente, serán trasladadas a Colombia, ingresando por el aeropuerto El Dorado. Luego, mediante un contrato que fue firmado por 13.000 millones de pesos entre la imprenta y la empresa 472, serán llevadas a la sede de la entidad colombiana, donde cada libreta será cosida y personalizada con los datos biográficos y biométricos del ciudadano, además del grabado correspondiente. Finalmente, los pasaportes serán distribuidos a los puntos de entrega en el país y en el exterior.El acuerdo establece que, en un plazo de diez años, la Imprenta Nacional deberá asumir completamente la elaboración de los pasaportes en Colombia, con transferencia de tecnología y conocimiento por parte de Portugal.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
Tras el exitoso lanzamiento de la campaña institucional #MejorConversemos que invita a los colombianos a "bajar el tono" y encontrar puntos en común en medio de las diferencias, Caracol Televisión, la Fundación Conversa Colombia, con el apoyo de PNUD y BDO Colombia, anuncian la realización del foro “Para la polarización, la conversación”.Este encuentro, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero de 2026, surge como una respuesta a la necesidad de dialogar sobre los temas que nos dividen. El foro busca demostrar que, al conversar, descubrimos que tenemos más cosas en común de lo que pensamos para construir un mejor país.El evento será transmitido a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y en DITU.Una agenda para el diálogo constructivoEl evento abrirá con una conversación con cuatro de los colombianos que hicieron parte de la campaña #MejorConversemos para brindar su perspectiva sobre lo que nos polariza, para posteriormente abrir la agenda académica con empresarios, representantes de organismos multilaterales, líderes de opinión, entre otros.Conozca la agenda a continuación:“Mejor Conversemos”Moderador: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol09:05 a.m. – 9:55 a.m. PANEL 1: “¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano”•Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado•William Ospina, escritor y periodista•Raquel Bernal, rectora Universidad de los Andes•Iris Marín, defensora del puebloModerador: Henry Murrain, director ejecutivo de CulturalMente y profesor de la Universidad Nacional de Colombia9:55 a.m. – 10:50 a.m. PANEL 2: “Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales”•George Hodgson, embajador de Gran Bretaña en Colombia•Claudio Tomasi, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD•Martina Klumpp, embajadora de Alemania•Alejandro Ramelli, magistrado presidente de la JEPModera: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol10:50 a.m. – 11:40 a.m. PANEL 3: “Sector privado, legitimidad y motor de la economía”•Bruce Mac Master, presidente de la ANDI•Diego Fernando Quijano, CEO BDO Interaméricas•María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo AvalModerador: Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol11:40 a.m. - 12:30 p.m. PANEL 4: “Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?”•Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador•Damián Cardona, director de comunicación y experto en integridad informativa de Naciones Unidas ONU•Mauricio Jaramillo, director general de Impacto TIC•Catalina Botero, directora Cátedra Unesco Libertad de Expresión de la Universidad de Los AndesModerador: Hernando Paniagua, vicepresidente digital en Caracol TV
El Gobierno nacional expidió el decreto mediante el cual impone un arancel del 30 % a 23 partidas arancelarias (desagregadas en 73 subpartidas) de productos importados desde Ecuador y establece restricciones al ingreso terrestre de varias mercancías por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.La medida surge como respuesta a la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de poner un arancel igual a productos colombianos, argumentando falta de cooperación en las fronteras para la lucha contra bandas criminales.Según el decreto, la decisión ecuatoriana habría generado una “grave tensión internacional” y un desequilibrio en las condiciones de comercio bilateral. El Gobierno colombiano sostiene que el arancel impuesto por Quito podría provocar una caída de hasta el 97 % en las exportaciones hacia ese país, lo que representaría pérdidas cercanas a los 1.803 millones de dólares y un fuerte impacto en regiones como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar.El nuevo arancel colombiano aplica a productos como el arroz, plátano, banano bocadillo, cebolla, tomate, fríjol, papa, maracuyá, coco, aguacate Hass y productos pesqueros como camarón y trucha. En varios casos, el decreto no prohíbe totalmente la importación, pero limita su ingreso por vía terrestre, permitiéndolo únicamente por transporte marítimo o aéreo.
Con el propósito de fortalecer la preparación y articulación frente a situaciones de emergencia, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que 250 empresas de diferentes sectores participarán este miércoles 22 de octubre a las 9:00 a. m. en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.La actividad, liderada por la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, busca que tanto el sector público como el privado conozcan y apliquen los protocolos de evacuación y respuesta ante amenazas como sismos, inundaciones súbitas e incendios forestales, entre otras.Previo al ejercicio, la Administración Municipal realizó una mesa de trabajo con representantes del sector empresarial, brigadistas y organismos de socorro, quienes recibieron orientación sobre los lineamientos que se implementarán durante el simulacro.“El objetivo es que el mayor número de sectores puedan participar activamente, comprendan el protocolo de actuación y cuenten con los insumos mínimos para responder adecuadamente ante una contingencia”, señaló Didier Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga.Rodríguez destacó la importancia del ejercicio en una ciudad que se encuentra cerca de la Mesa de los Santos, considerada el segundo nido sísmico más activo del mundo.“Bucaramanga no va a ser la excepción. Cerca de 250 empresas se han vinculado para conocer los protocolos mínimos que deben aplicarse en momentos de contingencia. Lo más importante es crear una cultura de prevención y saber cómo actuar: identificar las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y mantener la calma durante un movimiento telúrico”, precisó el funcionario.El coordinador también recordó algunas recomendaciones básicas durante un sismo como no usar ascensores, resguardarse bajo una mesa resistente si se está en un edificio, tener un botiquín y un pito a la mano, y evacuar hacia zonas a cielo abierto una vez termine el movimiento.La jornada, que se desarrollará simultáneamente en todo el país bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), busca consolidar una ciudadanía preparada ante cualquier eventualidad.La Alcaldía de Bucaramanga invitó a las empresas, entidades públicas, privadas y a la comunidad en general a sumarse al simulacro, recordando que la prevención y la preparación son las mejores herramientas para salvar vidas.
Cansados del deterioro de la carretera nacional que comunica a San Gil con el Socorro y Barbosa, campesinos, transportadores y habitantes del sur de Santander decidieron tomar la iniciativa y tapar por su cuenta los enormes huecos que representan un peligro constante para quienes transitan por este importante corredor vial que conecta a Santander con Boyacá y Cundinamarca.En sectores como El Luchadero y varios puntos de San Gil, los mismos conductores, con apoyo de la comunidad, adelantaron trabajos de reparación con materiales improvisados, intentando reducir el riesgo de accidentes.Según denunciaron, estas labores se realizan sin respaldo alguno del Instituto Nacional de Vías (Invías) ni del Ministerio de Transporte, entidades responsables del mantenimiento de la vía.Los manifestantes aseguran que, mientras los recursos recaudados en los peajes desaparecen sin que se vea una inversión real, la carretera continúa convertida en lo que llaman “una vía de la muerte”, por el alto número de siniestros que allí ocurren.También cuestionan la falta de gestión de los alcaldes de municipios como Oiba, Suaita, Socorro, Pinchote, San Gil, Curití y Aratoca, a quienes acusan de indiferencia ante la grave problemática de movilidad que afecta la región.La comunidad mantiene una protesta pacífica con las talanqueras levantadas y sin pago de peajes, en exigencia de que Invías y delegados del Gobierno Nacional lleguen al territorio para establecer un diálogo directo y cumplir los compromisos adquiridos en anteriores jornadas de paro.“El pueblo sigue demostrando que es más grande que sus dirigentes”, afirmaron los líderes comunales, quienes advirtieron que las acciones de protesta continuarán hasta que se inicien las obras de recuperación definitiva de la vía.
En un nuevo golpe contra la criminalidad en Bucaramanga, las autoridades capturaron a Hernán Jesús Germán Manzano, conocido con el alias de “Pepo”, señalado integrante del peligroso grupo criminal conocido como ‘AK47’.Según el reporte oficial, alias “Pepo” fue detenido en zona urbana de la capital santandereana por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Las investigaciones señalan que este hombre habría participado en ataques con armas de fuego contra fachadas de locales comerciales y viviendas, con el fin de presionar a comerciantes para el pago de extorsiones.“‘Pepo” también estaría involucrado en el asesinato de un comerciante ocurrido el pasado 17 de enero en el barrio Tres Balcones, kilómetro 3 vía Pamplona-Morrorico, un hecho que generó consternación entre los habitantes del sector”, dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Las autoridades confirmaron además que el capturado presenta antecedentes judiciales por el delito de extorsión y ya había sido detenido anteriormente por esa misma conducta, lo que evidencia su presunta participación reiterada en actividades criminales.El comandante de la Policía Metropolitana destacó que esta captura representa un avance en la lucha contra los grupos que afectan la seguridad en la ciudad.
En una contundente operación militar desarrollada en Cúcuta, Norte de Santander, el Ejército Nacional, a través de tropas de la Brigada 30, logró ubicar y desmantelar tres laboratorios para el procesamiento de cocaína pertenecientes a las estructuras del Frente Juan Fernando Porras Martínez y del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez, del ELN."Los complejos ilegales estaban dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína y pasta base de coca, y representaban una importante fuente de financiamiento para las actividades delictivas del grupo armado. En el lugar, los uniformados hallaron una gran cantidad de insumos químicos y materiales utilizados en la transformación de hoja de coca en alcaloides", señaló en un comunicado la Segunda División del Ejército. Durante el operativo se logró la incautación de 255 kilogramos de cocaína, 471 galones de insumos químicos líquidos, 255 kilogramos de insumos sólidos, 1.330 kilogramos de hoja de coca, 780 galones de ACPM y 220 galones de hoja en proceso de maceración.De acuerdo con información de inteligencia, los laboratorios destruidos estaban ubicados en zonas rurales estratégicas desde donde se distribuía el alcaloide hacia la frontera colombo-venezolana, alimentando las finanzas ilícitas del ELN y su red de narcotráfico internacional.El Ejército Nacional destacó que este resultado representa un golpe contundente a la capacidad económica y logística del ELN, debilitando su estructura de producción y transporte de droga. Además, reafirmó su compromiso con la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo de las comunidades nortesantandereanas, reiterando que continuará con las operaciones sostenidas contra el narcotráfico y los grupos armados que afectan la estabilidad de la región.Las autoridades informaron que los insumos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de los laboratorios y las rutas utilizadas por la organización criminal.El Catatumbo, es la segunda zona del país donde más se produce cultivos de hoja de coca.
La Fiscalía General de la Nación logró una condena de 21 años y 3 meses de prisión contra Jhonatan Andrey Sánchez Balaguera, alias 'Orejas', integrante del grupo delincuencial ‘Los de Porras’ o ‘La Familia de la P’, por su participación en el asesinato del líder comunal Giovanny Luna Cárdenas, ocurrido en Cúcuta, Norte de Santander.Los hechos se remontan al 10 de enero de 2024, cuando un sicario de la organización criminal ingresó a un restaurante en el barrio Antonia Santos y disparó en varias oportunidades contra Luna Cárdenas, quien se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal del sector. El ataque le causó la muerte en el lugar.Las investigaciones permitieron establecer que alias 'Orejas' tuvo un papel clave en la planeación y ejecución del homicidio, pues fue quien vigiló a la víctima, informó sobre sus movimientos y dio la orden al sicario para ejecutar el ataque. Además, fue el encargado de entregar las armas de fuego utilizadas por los integrantes de la estructura criminal en diferentes acciones delictivas.Entre los hechos atribuidos al condenado también se encuentra el asesinato de un hombre en vía pública de Cúcuta, ocurrido el 1 de febrero de 2024, crimen que habría sido ordenado por los cabecillas de la misma organización delincuencial. Alias 'Orejas' fue capturado e imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Posteriormente, aceptó los cargos en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez penal de conocimiento que dictó la sentencia condenatoria.La Fiscalía informó que el crimen del líder comunal estaría relacionado como una venganza tras las denuncias que realizaba continuamente contra la banda 'Los de Porras'. La Fiscalía anunció que continúa avanzando en las investigaciones para identificar y judicializar a los demás responsables del crimen del líder social.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.