Empresarios y ciudadanos de Cimitarra, Vélez, La Paz y Barbosa, en Santander, se unieron a la campaña solidaria “50 mil Razones para Ayudar a Córdoba” y aportaron alimentos para las familias afectadas por las inundaciones en ese departamento.Desde Barbosa hubo respaldo logístico y convocatoria ciudadana; en Cimitarra, empresarios del sector esmeraldero apoyaron la recolección; mientras que en Vélez y La Paz también se sumaron donaciones de víveres. A estos aportes se sumó la entrega de tres toneladas de arroz por parte del molino Improarroz, además de otra tonelada adquirida con recursos propios de la organización promotora.De 14 toneladas de alimentos e implementos recolectados 10 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas hasta Montería, Córdoba.La caravana partió el 23 de febrero desde Bogotá en tres camiones y varias camionetas cargadas con alimentos no perecederos, papa, arroz, cebolla y concentrado para perros y gatos. Tras recorrer varios municipios del centro del país, llegó al estadio 18 de junio, centro de acopio dispuesto por la Oficina de Gestión Social para atender a los damnificados.“Logramos entregar 10 toneladas y tenemos cuatro más listas en Bogotá para una segunda fase”, explicó Jorge Lozano, director de la fundación Lozano del Campo, quien destacó que la ayuda es el resultado de la unión de empresarios y campesinos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander.Los alimentos son transformados en raciones de comida caliente que se distribuyen en 18 alojamientos temporales donde permanecen miles de personas afectadas. Parte de los productos también se convierten en mercados que son enviados a zonas rurales donde familias continúan aisladas por la emergencia.La donación incluyó además una tonelada de concentrado para animales, entregada a la Asociación Amor Animal, entidad que atiende a más de 770 perros y 330 gatos rescatados.“La campaña continuará con una segunda etapa que contempla un concierto solidario en Bogotá, donde artistas como Adriana Bottina y Jimmy Gutiérrez, entre otros, donarán sus presentaciones para recaudar fondos destinados a la compra de herramientas y equipos que permitan a las comunidades iniciar la recuperación de sus viviendas y fincas”, dijo lozano.La fundación mantiene activo su centro de acopio en Bogotá y continúa gestionando apoyos para ampliar la ayuda a las más de 250 mil personas afectadas por las inundaciones en Córdoba.
Una estructura criminal estaría utilizando menores de edad como “moscas”, una modalidad delictiva en la que los niños son instrumentalizados para alertar sobre la presencia de la fuerza pública y facilitar el transporte de estupefacientes. El caso fue descubierto por la Policía en el departamento de Norte de Santander.Los hechos se registraron en el kilómetro 48 de la vía Sardinata – Cúcuta, sector Los Bananos, jurisdicción del municipio de El Zulia, donde uniformados adelantaban controles viales. Allí fueron capturados en flagrancia dos adultos y puestos a salvo dos niños que se encontraban involucrados en el transporte ilegal de drogas.De acuerdo con las investigaciones preliminares, los menores eran utilizados por la red para advertir sobre retenes y movimientos de las autoridades, exponiéndolos a graves riesgos y vulnerando sus derechos fundamentales. Esta práctica les permitía a los responsables movilizar cargamentos ilícitos con mayor margen de maniobra.Durante la inspección a un vehículo tipo campero, en el que se movilizaban junto a una motocicleta, los uniformados hallaron 36 recipientes plásticos ocultos en las puertas y amarrados al chasis. En su interior había una sustancia rocosa color beige con características similares a la base de coca, con un peso aproximado de 38 kilogramos. Los vehículos fueron inmovilizados y también se incautaron dos teléfonos celulares.El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía, rechazó de manera contundente esta modalidad criminal. “Rechazamos y repudiamos el uso de niños, niñas y adolescentes como ‘moscas’ para alertar sobre la presencia de las autoridades. Esta práctica no solo constituye un delito, sino una grave vulneración de sus derechos”, afirmó el oficial, quien agregó que se fortalecerán los controles en los corredores viales del país.Los menores fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los dos adultos capturados deberán responder ante la Fiscalía de Cúcuta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a niños y adolescentes a la línea 123.
Un vendaval afectó a dos municipios de Santander en las últimas horas, mientras que en otras zonas del departamento se reportaron lluvias, tormentas eléctricas y crecientes súbitas, según el más reciente balance de las autoridades de gestión del riesgo del departamento. Se registraron precipitaciones en la provincia de Vélez, especialmente en los municipios de Jesús María, La Belleza, Sucre y Florián, donde las lluvias generaron alertas preventivas.Asimismo, se presentaron tormentas eléctricas en Mogotes y Guaca, mientras que se reportó una creciente súbita de la quebrada Perchíquez, situación que es monitoreada por los organismos de socorro para prevenir afectaciones mayores.De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, Santander amanece con cielos mayormente cubiertos y tendencia a tiempo seco durante el día; sin embargo, persiste la probabilidad de lluvias aisladas en zonas de montaña debido a la saturación de suelos.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atenta a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en sectores de ladera y alta pendiente, y a reportar cualquier emergencia a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro.La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Los organismos de atención continúan en monitoreo permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas en Santander.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Asamblea Triestamentaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, declaró paro hasta el próximo 20 de marzo, tras una jornada de deliberación en la que se reiteró el rechazo a la permanencia de Ismael Peña Reyes como rector de la institución.La decisión se produjo luego de conocerse el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó su designación. En el documento difundido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, la asamblea señaló que no reconoce la rectoría y anunció la suspensión de actividades académicas mientras se desarrollan espacios de discusión interna.La reunión se llevó a cabo en el Auditorio León de Greiff y contó con participación presencial y virtual. Según lo informado, durante más de seis horas estudiantes, docentes y trabajadores debatieron sobre la situación institucional y las implicaciones del fallo judicial.Entre las determinaciones adoptadas está la convocatoria de una mesa constituyente universitaria, que tendrá la tarea de recoger propuestas para modificar lineamientos relacionados con el gobierno y la vida universitaria. Estas propuestas deberán ser presentadas ante el Consejo Superior Universitario.La asamblea también planteó solicitudes de garantías para el desarrollo de la protesta y expresó preocupaciones frente a la situación de algunas dependencias académicas.
Italia puso en marcha una de las medidas más estrictas contra la conducción bajo efectos del alcohol. El vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Matteo Salvini, firmó el decreto hace unos meses que reglamenta el uso obligatorio del sistema conocido como “alcolock” para conductores reincidentes, que acaba de entrar en vigor.La norma desarrolla lo previsto en el nuevo código de circulación italiano, y establece que determinados infractores deberán instalar un dispositivo que impide encender el vehículo si detecta presencia de alcohol.¿Cómo funciona el sistema ‘alcolock’?El mecanismo incorpora un alcoholímetro conectado al sistema de arranque del carro. Antes de encender el motor, el conductor debe soplar en la boquilla del dispositivo. Si el resultado arroja cualquier nivel distinto a 0.8 g/l, el vehículo simplemente no arrancará.El objetivo es evitar que personas sancionadas por conducir con exceso de alcohol vuelvan a hacerlo mientras cumplen el periodo de restricción impuesto por la ley.El decreto también precisa las condiciones técnicas de instalación y las obligaciones tanto de fabricantes como de talleres autorizados.¿Quiénes están obligados a instalarlo?La obligación aplica a conductores con sentencia firme por haber sido sorprendidos con una tasa superior a 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre.En esos casos, tras una suspensión del permiso de conducción que puede ir de seis meses a un año, el infractor deberá llevar el dispositivo instalado durante dos años.Cuando la tasa registrada supere los 1,5 g/l, la suspensión del permiso se extiende entre uno y dos años, y el uso obligatorio del ‘alcolock’ se amplía a tres años.Multas y sanciones por incumplimientoNo instalar el dispositivo cuando la ley lo exige implica multas que oscilan entre 158 y 638 euros, además de una nueva suspensión del permiso de conducción de uno a seis meses.Las sanciones se duplican si se detecta manipulación, alteración o ausencia del sistema. En caso de que el conductor reincida nuevamente bajo efectos del alcohol sin haber instalado el dispositivo, las penas aumentarán en un tercio.Intentar eludir el control solicitando a otra persona que sople en el alcoholímetro también puede derivar en sanciones tanto para el conductor como para quien colabore en la maniobra.Costos y requisitos técnicosUno de los puntos que ha generado debate es el precio del dispositivo, estimado en torno a 2.000 euros por vehículo, casi 9 millones de pesos en Colombia al cambio actual.El Ministerio de Transportes indicó que el ‘alcolock’ podrá instalarse en distintas categorías de vehículos destinados al transporte de personas y mercancías, siempre que cumpla con la normativa de la Unión Europea.Los fabricantes deberán proporcionar instrucciones detalladas de instalación, uso y mantenimiento. Por su parte, los instaladores autorizados tendrán que colocar un precinto especial que impida manipulaciones.En controles en carretera, el conductor deberá presentar la declaración de instalación y el certificado de calibración vigente, sin necesidad de modificar el documento único de circulación.Diversas organizaciones del sector han manifestado inquietudes frente a la implementación práctica de la medida.La Asociación Italiana de Peritos de Daños (AIPED) advirtió posibles controversias legales, señalando que la instalación y el retiro del dispositivo no están contemplados como operaciones técnicas sujetas a inspección por parte de las oficinas de motorización civil.A su vez, la Federación de Mecánicos de Autos (Federcarrozzieri) alertó sobre la compatibilidad con el parque automotor envejecido del país. Cerca del 22 % de los vehículos en circulación en Italia tiene más de 19 años, lo que podría dificultar técnicamente la incorporación del sistema en muchos modelos antiguos.
El nivel del río Cauca a su paso por Cali y Candelaria sigue aumentando debido a las fuertes lluvias registradas en el norte del departamento del Cauca. Por esta razón ya comienzan a reportarse las primeras afectaciones para las comunidades que vive a sus orillas.En Cali, son más de 30 viviendas afectadas debido a que el agua ha comenzado a ingresar, las autoridades de gestión del riesgo se trasladaron al lugar para iniciar la caracterización de las familias y definir la entrega de ayudas humanitarias."Donde pudimos verificar la creciente del río Cauca está en 9,75 metros, esto da para alerta naranja. Estamos haciendo una ronda de verificación en Playa Renaciente, Brizas del Cauca y Puerto Nuevo para poder hacer la verificación de daños, y así la entrega yo a humanitaria", aseguró el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela.La comunidad del sector de Playa renaciente asegura que además de los daños que el agua le genera a sus casas y a sus pertenencias, varias familias se quedan sin sustento, pues se dedican a sacar arena del río."No se puede trabajar, no pueden sacar la arena, no pueden transportar la guadua. Las casas se cuartean y muchas personas perdemos prácticamente todo. A la gente le toca que los que viven en primer piso, los del segundo les colaboren para subir las cosas para que así no les dañen", indicó Florencio Cuero, habitante de este sector.Del otro lado del río, en el municipio de Candelaria, las autoridades ya declararon alerta roja, debido a que ya se reportan algunos desbordamientos en la carretera. También iniciaron una serie de recomendaciones para 125 familias y 120 empresarios del sector de Juanchito.En cuanto a los demás ríos de Cali, según el sistema de alertas tempranas, hay dos que han declarado alerta amarilla: Meléndez y Cali. Por su parte, el río Pance sigue con niveles considerados normales.
La Policía Nacional del Magdalena Medio logró la captura de tres presuntos integrantes “Los de La M”, señalados de participar en al menos siete homicidios ocurridos este año en Barrancabermeja.Los detenidos fueron identificados como Jefferson Andrés Alfonso Amaya, alias ‘Andrés’ o ‘W’; Alexander Rocha Pedroso, alias ‘Muerto Vivo’; y Susana María Libia Blanco Díaz, alias ‘La Crespa’ o ‘Churca’. De acuerdo con las autoridades, estas personas serían responsables de los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.Las capturas se efectuaron mediante diligencias de registro y allanamiento, tras un proceso investigativo adelantado por la Sijin, en articulación con inteligencia policial y el grupo GOES. Según el informe, los tres capturados eran dinamizadores de homicidios, tráfico de armas y microtráfico en la comuna 3 de Barrancabermeja, uno de los sectores más afectados por la disputa territorial entre organizaciones criminales.Alias ‘Andrés’ o ‘W’ sería hombre de confianza de alias ‘Brayan Cardona’, principal cabecilla del GDCO ‘Los de La M’, mientras que ‘Muerto Vivo’ habría fungido como su principal ejecutor de acciones sicariales contra estructuras rivales. Por su parte, ‘La Crespa’ o ‘Churca’ presuntamente coordinaba el ocultamiento de armas, la distribución de estupefacientes y el cobro de extorsiones a comerciantes y prestamistas informales (gota a gota).Gracias a esta operación, la Policía reportó el esclarecimiento de siete homicidios cometidos entre enero y abril de 2025, todos bajo la modalidad de sicariato:Rafael Antonio Rodríguez Miranda, 19 de enero; Ricardo Antonio Salgado Lara, 24 de febrero; Andrés Ricardo Flórez Basto, 30 de marzo; Jeferson Ospina Arenas, 6 de abril; Jhon Alexander Vergara Flórez, 5 de abril; William Steven Villadiego Acuña, 13 de abril; una víctima menor de edad, 24 de abril.Además, los tres capturados estarían vinculados a una tentativa de homicidio registrada el 3 de marzo, en la que resultó gravemente herido Johan Daniel Sánchez Vergara.El comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio destacó que con este operativo se logra afectar de manera significativa la estructura de ‘Los de La M’, prevenir nuevas acciones criminales y mejorar la percepción de seguridad en la comuna 3 del puerto petrolero.“Este resultado es producto del trabajo articulado entre nuestras unidades de investigación e inteligencia. Seguiremos firmes en el propósito de devolver la tranquilidad a los habitantes de Barrancabermeja”, indicó la institución en un comunicado.
La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja adelanta la entrega de ayudas humanitarias a 90 familias que resultaron afectadas por los deslizamientos de tierra y las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en varias comunas del Distrito.Las emergencias, dejaron viviendas averiadas y algunas en riesgo de colapso, especialmente en los barrios más vulnerables de la comuna uno. Una de las situaciones más graves se registró en el barrio Nueve de Agosto, donde Luz Dary Herrera, de 48 años, quedó atrapada bajo un alud de tierra que cayó sobre su vivienda en la madrugada del domingo 12 de octubre.Gracias a una intensa operación de rescate liderada por Bomberos, la mujer fue evacuada con vida tras varias horas de maniobras en medio del derrumbe y la lluvia. Herrera sufrió fractura de cadera y laceraciones internas, por lo que permaneció hospitalizada durante dos días en la Clínica Magdalena, de donde fue dada de alta este lunes.Su hermana, Janet Herrera Henao, relató el difícil momento que vivió su familia.“Estábamos durmiendo cuando la lluvia fuerte nos tumbó parte de la vivienda, como a las 12 de la noche. La otra parte quedó agrietada. Teníamos un niño de dos años, otro de 16, y mi hermana de 48 años, que ahora está en cirugía. Está golpeada, con fractura en la cadera y laceraciones internas”.La directora de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja, Doralba Parada, visitó a la mujer en la clínica y confirmó que la Alcaldía inició una campaña solidaria para apoyar su recuperación y la de las demás familias damnificadas.“Estamos desde la Alcaldía Distrital y la Dirección de Gestión del Riesgo trabajando de la mano con las comunidades. Para nosotros lo primero es la vida y la seguridad de los ciudadanos barranqueños. Hemos iniciado una campaña de solidaridad para ayudar a Luz Dary Herrera, quien afortunadamente está fuera de peligro y recibió 45 días de incapacidad. Requerimos elementos de aseo, pañales talla L, comida, frazadas y todo aquello que las personas de buen corazón puedan donar”, expresó Parada.Las donaciones se están recibiendo en la Dirección de Gestión del Riesgo, ubicada en el segundo piso del edificio Súper Estrellas, o a través de la línea telefónica 324 380 8821.El Distrito hizo un llamado a la comunidad a mantenerse alerta ante las lluvias y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo, mientras continúa el monitoreo de zonas inestables y la entrega de ayudas a los hogares afectados.
En una operación conjunta de las autoridades colombianas y extranjeras, fue capturado en España alias 'Jhonsito', uno de los presuntos cabecillas del grupo delincuencial organizado Los Cérberus, dedicado a la extorsión de comerciantes y finqueros en el municipio de Landázuri, Santander.La detención se produjo tras la emisión de una circular azul de Interpol, que permitió su ubicación internacional. Alias 'Jhonsito' se encuentra actualmente bajo proceso migratorio para su traslado a Colombia, donde enfrentará cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir.De manera simultánea, en Colombia fueron capturados Jhonatan Ernesto Silva Garzón, alias 'Comandante Alfonso', y Wuilmer Caviedes Pastrana, alias 'Wilmer', en los municipios de Algeciras y Rivera, Huila. Ambos fueron enviados a prisión tras confirmarse su papel como líderes operativos del grupo.Según la investigación, que duró dos años y nueve meses, Los Cérberus se hacían pasar por integrantes de las disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, para intimidar a sus víctimas. Exigían cuotas de tres millones de pesos a cada comerciante o propietario rural, con lo cual lograban recaudar mensualmente cerca de 100 millones de pesos.Alias “Comandante Alfonso”, de 35 años, era el encargado de realizar las amenazas directas y recoger el dinero producto de las extorsiones, mientras que alias “Wilmer”, de 32 años, lideraba la inteligencia criminal y coordinaba reuniones con presidentes de juntas comunales para fijar las cuotas de pago.Los delincuentes llegaron a usar granadas de fragmentación para sembrar el miedo en la zona rural de Landázuri y luego extendieron su accionar hacia los establecimientos comerciales del casco urbano. Tras la presión policial, huyeron al Huila, donde se hicieron pasar por obreros de construcción para ocultarse.Durante el operativo se incautaron dos teléfonos celulares, considerados piezas clave en la investigación.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la labor del Gaula en la desarticulación de esta estructura criminal.“Esta operación resalta el compromiso de la Policía Nacional por desmantelar las redes criminales que perturban la tranquilidad y el desarrollo económico de las regiones, especialmente aquellas que se escudan en el nombre de grupos armados ilegales para sembrar el miedo”, afirmó.
Una tensa situación se vivió en límites entre los municipios de Socorro y Confines (Santander), luego de que cerca de 100 personas provenientes del Catatumbo, Norte de Santander, llegaran en dos buses con la intención, según los habitantes, de ocupar un predio rural en la zona conocida como Palmas de Socorro.Ante la presencia del grupo, la comunidad local se organizó y bloqueó el ingreso al terreno, armados con palos y piedras. En videos difundidos en redes sociales se escucha a los habitantes gritar “¡fuera, fuera!”, mientras las personas recién llegadas se replegaban hacia los vehículos.Según testigos, la intervención de la Policía fue limitada y la tensión se mantuvo por varias horas. Los residentes manifestaron temor ante la posibilidad de nuevas incursiones en el área, catalogada por ellos como propiedad privada.La ONG Derechos de los Pueblos, que acompañaba a las personas provenientes del Catatumbo, denunció en un comunicado lo que calificó como “hostigamiento e intervención arbitraria por parte de la Policía Nacional” contra defensores de derechos humanos y campesinos presentes en el lugar.“La Fuerza Pública y actores afines están instigando a los habitantes de Confines a confrontar a la comunidad que ejerce su derecho a la protesta”, indicó la organización, que además pidió a la Alcaldía de Confines, a la Gobernación de Santander y a la Comandancia de Policía Departamental garantizar el derecho a la protesta y retirar los uniformados sin plena identificación.El comunicado firmado por Leonardo Jaimes, abogado de Derechos de los Pueblos, exigió también investigaciones disciplinarias contra tres uniformados señalados de presunto hostigamiento y vulneración de derechos.Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz Mateus rechazó lo ocurrido y calificó como grave la llegada de personas externas a Santander para intentar ocupar terrenos.“Santander se respeta. Llegan dos buses desde Norte de Santander con personas que quieren invadir terrenos en Palmas de Socorro y Confines, la comunidad los sacó chonteados. Lo más preocupante, funcionarios del Ministerio del Interior llamando a decir que hay que respetar los derechos humanos. Si no ayudan con la seguridad, no pretendan dañar la tranquilidad de Santander. Los derechos humanos son para todos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si se presentaron capturas o heridos durante los enfrentamientos.La situación permanece bajo observación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos de derechos humanos, mientras los habitantes de la zona pidieron mayor presencia del Estado para evitar nuevos intentos de invasión.
En la madrugada de este martes se registró un grave siniestro vial en la Troncal del Magdalena Medio donde murieron tres personas y nueve más resultaron heridas. Los hechos ocurrieron en el kilometro 66, entre La Lizama y San Alberto, sector 20 de Julio, jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander. El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas y nueve más heridas, según el reporte oficial de las autoridades.El accidente involucró dos vehículos: un automóvil Chevrolet Aveo de placas KBN 544, que se movilizaba en sentido San Alberto – La Lizama, y un microbús Volkswagen Crafter 50 de placas STA 594, afiliado a la empresa COTAXI, que transitaba desde Barrancabermeja hacia El Banco, Magdalena.En el automóvil viajaban varias personas de una misma familia. El conductor, identificado como José Darisnel Hernández, falleció en el lugar de los hechos. En el mismo vehículo también se encontraba el menor Didier Agámez Hernández, de 11 años, quien perdió la vida en el sitio, y Saida Milena Castillo, quien murió en el hospital de San Alberto debido a la gravedad de sus heridas.Entre los heridos fueron identificados Miguel Ángel Marconi Rincón, quien sufrió fracturas en el radio y el maxilar inferior; el menor Miguel Alejandro Marconi Castillo, de 4 años; Luz Elena Castillo Osorio y la menor Heidy Carolina Castillo Osorio, de 13 años, quien se encuentra en pronóstico reservado. Todos ellos fueron trasladados al hospital de San Alberto para recibir atención médica.El microbús era conducido por Jaime Sánchez Contreras, de 43 años, natural de Bucaramanga y residente en Girón, quien resultó ileso. En este vehículo se transportaban varios pasajeros que resultaron lesionados, entre ellos Wilmer Matías Ospino Lacera, Deiber López Rocha, Lírida Rocha Chacón, Sumilse Álvarez Galván y Alcibiades Alvariño Zayas, quienes fueron remitidos al hospital de San Alberto.De acuerdo con la hipótesis preliminar de las autoridades de tránsito, la causa del siniestro habría sido la invasión del carril contrario por parte del vehículo particular.Las autoridades adelantan las labores de inspección y recolección de evidencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, mientras los organismos de emergencia continúan apoyando a las familias afectadas y brindando asistencia a los heridos.
En medio de una ofensiva policial contra estructuras del crimen organizado en el asentamiento humano El Páramo, en Floridablanca, fue capturado Miguel David Núñez Machado, alias “Colin”, señalado como presunto jefe de sicarios de la organización criminal Tren de Aragua.El arresto del peligro delincuente venezolano se materializó tras labores investigativas con control territorial de las autoridades en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Según las autoridades, el capturado registra una orden de captura vigente en Venezuela por los delitos de homicidio y tráfico de armas, lo cual motivó su búsqueda internacional.Alias “Colin” habría coordinado la logística del sicariato y otras actividades delictivas para esa estructura transnacional del Tren de Aragua, lo que constituye un golpe significativo a la presencia y operación de este grupo en el área metropolitana de Bucaramanga.En la vivienda donde se refugiaba alias 'Colin', fue detenida otra persona con órdenes judiciales activas en su contra. La Policía halló varias dosis de estupefacientes y una motocicleta reportada como hurtada. El procedimiento fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente y coordinar los trámites internacionales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.La Policía Nacional anunció que continuará realizando operativos contra bandas criminales que afectan la tranquilidad en Bucaramanga y el área metropolitana.
La Alcaldía de Bucaramanga endureció las reglas contra quienes arrojen colchones, muebles, llantas, escombros y otros residuos voluminosos en calles, parques y zonas verdes de la ciudad. A través del Decreto 0029 de 2025, la administración municipal estableció nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes, y anunció sanciones económicas y hasta suspensión de actividades para quienes incumplan.El alcalde Cristian Fernando Portilla aseguró que la medida busca frenar la proliferación de puntos críticos de basuras que, según la Alcaldía, afectan la salud pública, deterioran el espacio público y generan riesgos ambientales.“En Bucaramanga no vamos a permitir que colchones, muebles, llantas o escombros sigan invadiendo el espacio público. Este decreto establece reglas claras, responsabilidades precisas y sanciones contundentes”, afirmó el mandatario.Desde ahora, hogares, comercios y establecimientos deberán separar estos elementos de la basura común, no mezclarlos con residuos orgánicos y evitar dejarlos en cestas públicas, contenedores pequeños, andenes, separadores viales, rondas hídricas o parques.El decreto también pone especial atención en talleres mecánicos, almacenes y otros establecimientos que produzcan residuos voluminosos. Estos deberán certificar que entregaron los desechos a un gestor autorizado y conservar actas o manifiestos de disposición final para presentarlos cuando la autoridad lo requiera.La Secretaría de Salud y Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento y podrá iniciar procesos administrativos si encuentra inconsistencias.El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están multas, procedimientos policivos inmediatos y, en casos de reincidencia, la suspensión temporal de actividades comerciales.El decreto ya está vigente y será acompañado por un protocolo municipal que orientará a la ciudadanía sobre cómo separar, disponer y solicitar la recolección adecuada de residuos voluminosos.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que volverá a implementar la restricción a la circulación de motocicletas entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la mañana, medida que fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander tras una demanda.El director de Tránsito, Jahir Manrique, confirmó que la nueva resolución está en construcción y que en menos de un mes será socializada nuevamente a la ciudadanía. A diferencia de la anterior, que operaba de lunes a domingo, la restricción ahora aplicará únicamente los fines de semana, desde el jueves hasta el domingo, incluidos los festivos, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.Según explicó el funcionario, la decisión se sustenta en los resultados obtenidos durante el tiempo en que estuvo vigente la medida.“Cerramos el año 2024 con cifras alarmantes en muertes, accidentes y lesionados. En 2025, cuando operó la restricción, logramos una reducción de 10 muertes frente al año anterior; así fuera una sola, es un logro grandísimo”, señaló.Manrique detalló que, además de las 10 muertes menos, la ciudad registró una disminución del 20 % en accidentes de tránsito y del 17 % en el número de lesionados durante 2025, en comparación con 2024. Indicó que la mayoría de los siniestros fatales se concentraban en la franja horaria de la medianoche a las 4:00 a.m., especialmente los fines de semana, cuando se incrementa la conducción bajo efectos del alcohol.El director aseguró que la entidad acató el fallo judicial y suspendió comparendos y operativos relacionados con la restricción, pero que ya trabajan con el equipo jurídico y técnico para expedir una nueva resolución ajustada a derecho.“La medida funciona y nuestra misión es proteger la vida de los bumangueses”, enfatizó. Añadió que la restricción busca evitar que personas que consumen licor utilicen la motocicleta en estado de alicoramiento y generar mayor orden en la ciudad.
La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.