Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La Administración Trump advirtió este miércoles al Gobierno cubano que debe abordar "drásticos cambios muy pronto" y que están pendientes de que decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país."Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que "obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio".Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. "No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera", apuntó Leavitt.Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero.El presidente de Estados Unidos creó un mecanismo de aranceles adicionales sobre importaciones desde países que suministren petróleo crudo o productos refinados, buscando cortar el flujo de energía hacia la isla, que tampoco cuenta ahora con el apoyo del petróleo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en enero.El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada que muchos auguran un colapso del sistema. En este contexto, la página web Axios aseguró ayer, citando tres fuentes oficiales anónimas, que Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, saltándose los canales oficiales con el Gobierno cubano.El objetivo podría ser impulsar una transición inspirada en el "modelo Delcy Rodríguez" de Venezuela.
El caso de Hans Segura, un hombre de 40 años con hemofilia leve, vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de pacientes que enfrentan obstáculos para acceder a tratamientos oportunos. Su situación se conoce en medio del debate por la atención a personas con esta enfermedad, tras la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, cuyo caso generó cuestionamientos sobre la entrega de medicamentos.Hans, afiliado a la EPS Salud Total, estuvo hospitalizado durante 15 días en el Hospital San José por complicaciones asociadas a un hematoma y a la diabetes que también padece. Según relató su hermana, Estefanía Segura, durante ese tiempo no recibió el factor de coagulación indicado para la hemofilia. Asegura que fue dado de alta sin tratamiento para esta condición y con dificultades adicionales en su estado de salud.La madre de Hans, Ruth Segura, explicó que tiene tres hijos con hemofilia y que, a lo largo de los años, ha enfrentado demoras en la atención en los servicios de urgencias. Señala que, aunque la hemofilia puede implicar sangrados internos, en ocasiones los pacientes no son atendidos con prioridad cuando no presentan hemorragias visibles. También afirma que en algunos casos han esperado entre 24 y 72 horas para la aplicación del factor por falta de disponibilidad.La situación también impacta a la siguiente generación. El nieto de Ruth Segura, de ocho años e hijo de Estefanía Segura, tiene hemofilia leve y ha requerido hospitalización por episodios de sangrado tras golpes. En una de esas emergencias, según su madre, permaneció dos días internado sin recibir el medicamento debido a que no estaba disponible y a que requería autorización del programa especializado.Estefanía indicó que, tras presentar quejas por la atención recibida, su hijo fue retirado del grupo de manejo de hemofilia y posteriormente reasignado a otros programas, lo que generó demoras en la continuidad del tratamiento. Relató que en otra ocasión, ante un sangrado interno de cadera, el menor permaneció todo un día en urgencias sin recibir el factor porque no aparecía registrado en el sistema.De acuerdo con el testimonio de la familia, los cambios de programas, la falta de disponibilidad del medicamento en algunas instituciones y las demoras en urgencias han generado incertidumbre frente a la atención. Señalan que, aunque existen equipos especializados, la coordinación entre hospitales, programas y EPS presenta fallas que afectan la oportunidad del tratamiento.
Hace menos de un mes la Universidad de Medellín había alertado sobre los riesgos latentes que existían para que el proceso de Julián Bedoya por un título universitario fraudulento prescribiera, ahora es el Tribunal Superior de Bogotá el que ha lanzado la misma advertencia.Según la información que se ha conocido desde la capital de Colombia, la defensa del excongresista del Partido Liberal estaría realizando una estrategia para poder dilatar el proceso y que este preescriba el próximo 2 de julio. La advertencia se hizo recientemente luego de negar un recurso de nulidad que había interpuesto el abogado de Bedoya.Aunque la defensa del exsenador ha indicado supuestos vicios porque, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación no ha sido clara con su formulación de acusación, el Tribunal Superior de Bogotá aseguró que este tipo de asuntos no pueden ser causales de nulidad pues ello correspondía a la etapa de juicio.Es por estos motivos que el proceso está en riesgo de terminar sin que se emita un fallo porque la defensa de Julián Bedoya estaría buscando que la Fiscalía General de la Nación ajuste la imputación, en un hecho que aseguran que es dilatorio para que se prolongue y este pueda preescribir en menos de seis meses.El panorama ha hecho que el Tribunal Superior de Bogotá le pidiera al juez que dirige el proceso adoptar las medidas necesarias para que el excongresista responda por, presuntamente, haber aprovechado su posición y ventajas administrativas para completar los requisitos académicos en un tiempo corto.Julián Bedoya, quien también fue candidato a la Gobernación de Antioquia, ha negado en distintas ocasiones las irregularidades y ha sostenido que su título se obtuvo conforme a lo permitido por la autonomía universitaria, calificando algunas de las acciones judiciales en su contra como una “persecución política”.
En la tarde de este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa de Riesgo Electoral 2026 para la ciudad de Bogotá. Según el informe, 315 de los 901 puestos de votación habilitados en la capital, equivalentes al 34 %, presentan algún nivel de riesgo para los próximos comicios al Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas del próximo 8 de marzo. De estos, 36 puestos se encuentran en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio.Las alertas frente al panorama electoral se ven frente a los llamados "comportamientos atípicos", que incluyen una baja participación histórica, altos índices de votos nulos y tarjetones no marcados. Estas irregularidades no se distribuyen de forma equitativa por la ciudad, sino que se concentran principalmente en el sur, suroccidente y sectores del centro de Bogotá.Uno de los casos más críticos es en la localidad de Sumapaz, ya que el 100 % de sus puestos de votación se encuentran bajo algún tipo de riesgo. Otras zonas con alertas significativas son Ciudad Bolívar, donde 15 de sus puestos están en riesgo extremo, y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puntos de votación presentan atipicidades. Localidades como Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero también superan el 50 % de sus puestos con alertas.A los riesgos técnicos y de participación se suma un factor determinante: el riesgo de violencia en Bogotá. El informe destaca hechos de enorme gravedad, como el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, lo que evidencia la fragilidad de las garantías para el ejercicio político en la capital.“La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país”, se puede leer en el informe.Esta vulnerabilidad se acentúa por la complejidad de la contienda: Bogotá es el escenario más disputado del país, con una superposición de campañas nacionales y locales. Para 2026, el 96 % aspirantes a la Cámara de Bogota (238 candidatos) nunca han ocupado dicho cargo. Esta falta de experiencia política y la fragilidad de esquemas de seguridad hace que los nuevos candidatos sean especialmente vulnerables ante el contexto de violencia.“En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la fuerza pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo”, agrega.El informe concluye advirtiendo que, pese a que Bogotá posee una institucionalidad sólida, el derecho al voto no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios, lo que plantea el desafío de no normalizar una "democracia desigual" en el principal centro electoral del país.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un cilindro metálico y una bandera con letras alusivas al ELN aparecieron a un costado de la vía nacional que comunica a San Gil con Bucaramanga, situación que generó el cierre preventivo del corredor vial mientras las autoridades adelantan labores de verificación.El hecho se presenta a la altura del kilómetro 7, en el sector de ingreso al Zamorano, antes del ramal que conduce al municipio de Curití, donde Policía y Ejército Nacional hacen presencia para descartar la existencia de explosivos.En el lugar se adelanta un operativo conjunto, con el acompañamiento de un canino antiexplosivos, con el fin de inspeccionar el objeto abandonado y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de las comunidades cercanas.Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía San Gil – Bucaramanga, mientras se desarrolla el procedimiento técnico por parte de personal especializado en manejo de artefactos explosivos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no acercarse al sector, acatar las indicaciones de los organismos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras se restablece la movilidad en este importante corredor vial del departamento de Santander.
Después de la acción terrorista contra el peaje La Lizama, cerca de Barrancabermeja, el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y comandante de la Región 5 de la Policía, informó que, de manera preliminar, se atribuye la responsabilidad del atentado a integrantes del frente ‘Édgar Amílcar Grimaldos Barón’ del ELN, estructura armada ilegal con injerencia en el Magdalena Medio.El alto oficial expresó que desde hace mucho tiempo Santander no registraba un atentado de esta magnitud, razón por la cual se activó la máxima alerta en Santander, el Magdalena Medio y el área metropolitana de Bucaramanga.En el caso de la capital santandereana, el brigadier general William Quintero Salazar confirmó que, como respuesta a esta situación, se desplegaron ocho unidades del grupo de operaciones especiales (Goes) en sectores considerados críticos del área metropolitana, especialmente en el municipio de Piedecuesta, donde meses atrás aparecieron banderas alusivas al ELN.Asimismo, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, anunció la instalación de puestos de control en las entradas y salidas de Bucaramanga para blindar la ciudad y prevenir nuevas acciones violentas.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que hace una semana fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN, quienes habrían llegado desde Cúcuta para realizar algunas investigaciones, aunque no confirmó de qué tipo.Las autoridades confirmaron que están trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación para que, en caso de tener alguna información precisa, hacer allanamientos en forma inmediata con el fin de poder capturar o evitar alguna acción criminal en el área metropolitana.
Tras el atentado registrado contra el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, la Alcaldía Distrital expidió el Decreto 726 de 2025, mediante el cual se adoptan medidas transitorias, preventivas y excepcionales para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia en el distrito.Las disposiciones fueron adoptadas desde este lunes 15 hasta el miércoles 17 de diciembre, periodo durante el cual las autoridades reforzarán los controles en distintos puntos de la ciudad, tanto en la zona urbana como rural.Entre las principales medidas se encuentra la prohibición de circulación de vehículos de carga, así como el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos, en el horario comprendido entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. Esta restricción no aplica para vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, red de salud, Registraduría Nacional ni transporte de residuos hospitalarios o biológicos.El decreto también establece la suspensión general del porte de armas desde las 6:00 p.m. del lunes 15 hasta las 6:00 a.m. del miércoles 17 de diciembre, sin perjuicio de autorizaciones especiales que puedan expedir las autoridades militares competentes, según las condiciones de orden público.Adicionalmente, se decretó la restricción temporal y preventiva de manifestaciones y movilizaciones públicas, medida que regirá en el mismo horario de la suspensión del porte de armas. La administración distrital aclaró que esta disposición no constituye una prohibición permanente del derecho a la protesta, sino una acción excepcional ante una amenaza grave e inminente.En materia de protección a menores de edad, se implementó una restricción de movilidad para niños, niñas y adolescentes entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., durante los días de vigencia del decreto. La medida no aplica para menores que se encuentren acompañados por sus padres o familiares responsables. En caso de incumplimiento, la Policía de Infancia y Adolescencia trasladará a los menores a la Comisaría de Familia, y de ser necesario, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).El decreto contempla sanciones e inmovilización de vehículos para quienes incumplan las restricciones, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Infancia y Adolescencia.Finalmente, la Alcaldía de Barrancabermeja informó que la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Inspección de Tránsito, las Comisarías de Familia y el ICBF realizarán operativos conjuntos para garantizar el cumplimiento de las medidas y preservar la seguridad de la ciudadanía mientras avanzan las investigaciones por el atentado.
El incremento de las lluvias en Santander ha generado una alerta entre el personal médico por el aumento de casos de dengue, con mayor afectación en niños y jóvenes menores de 18 años. El pediatra infectólogo José Antonio Vargas, de la Fundación Cardiovascular de Colombia, explicó que Bucaramanga y el departamento de Santander son zonas de alta circulación del virus. Por ello, cualquier cuadro febril acompañado de dolor de cabeza, dolor en los huesos o malestar general debe ser evaluado por un profesional de la salud para descartar dengue.“El dengue en la mayoría de los casos no es grave, pero hay signos de alarma como dolor abdominal, náuseas o vómito persistente que obligan a consultar de inmediato a urgencias. No es recomendable automedicarse”, señaló el especialista.Vargas aclaró que el concepto de “dengue hemorrágico” suele ser malinterpretado, ya que el dengue grave no siempre presenta sangrado. “En algunos casos lo que se presenta es una baja de la presión arterial y compromiso de órganos, lo que dificulta que las personas identifiquen la gravedad de la enfermedad”, explicó.El médico advirtió que, durante la temporada de vacaciones, los niños tienden a mantenerse activos, lo que puede ocultar los síntomas iniciales, sin embargo, cuando un menor deja de realizar sus actividades habituales, es una señal de alerta. El reposo recomendado puede extenderse entre dos y tres semanas, debido a la afectación muscular que deja la enfermedad.Entre las principales medidas de prevención, los expertos recomiendan evitar recipientes con agua estancada, usar toldillos, aplicar repelente, vestir ropa de manga larga y extremar cuidados en viajes a zonas rurales, fincas, ríos o balnearios.En caso de presentar diagnóstico positivo, la hidratación constante es fundamental y cualquier dolor abdominal debe ser evaluado de inmediato, ya que el dengue puede comprometer órganos como el hígado, pulmones, corazón o incluso el cerebro.De acuerdo con el panorama regional, Santander registra 10.018 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 32 de 2025, ubicándose entre las entidades territoriales con mayor número de casos en el país.Las autoridades de salud reiteran el llamado a la prevención y a la consulta oportuna para evitar complicaciones asociadas a esta enfermedad.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.