A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita” fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los "próximos diez días" si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán."Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días", afirmó durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por el propio Trump para resolver conflictos mundiales.Trump insistió también en que es necesario "llegar a un acuerdo significativo" sobre Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas"."Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están realizando un gran despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.El Ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.En este contexto de tensión internacional, Trump insistió en que "no podemos seguir amenazando la estabilidad de toda la región y debemos llegar a un acuerdo". El presidente alabó las gestiones que están realizando el enviado espacial de los Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner para alcanzar un acuerdo con Irán que evite cualquier intervención militar en el país."Se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Se están llevando a cabo buenas conversaciones", explicó Trump. Mientras tanto, dos representantes demócratas exigirán que sea el Congreso de Estados Unidos quien autorice cualquier intervención en Irán.
Una nueva modalidad de ocultamiento de elementos robados surge en Bogotá. Tras la llamada de emergencia de dos ciudadanos por el hurto de sus celulares, la Policía comenzó la persecución en el barrio Ramajal de San Cristóbal a un taxi que fue identificado con varios dispositivos ocultos en su interior, pero llama la atención que estaban forrados en papel aluminio para, aparentemente, evitar ser rastreados.En medio del proceso de verificación, dentro del taxi había cuatro celulares hurtados avaluados en 10 millones de pesos, ya que son de alta gama. De acuerdo con la explicación de las autoridades, al envolverlos en papel aluminio, posiblemente funcionaría como inhibidor de señal para evitar ser monitoreados con el GPS de otros teléfonos.Así las cosas, la Policía también confirmó que de los cinco capturados, tres ya tienen antecedentes por delitos de hurto agravado y falsedad marcaria. Entre tanto, los señalados delincuentes deberán enfrentar cargos por hurto y falsificación y ya están a disposición de la fiscalía para legalizar su captura.Por otro lado, en lo corrido del 2026, en San Cristóbal se han hecho 296 capturas por hurto de celulares y la recuperación de 20 móviles que han sido devueltos a sus propietarios.
Ryan Wedding, el exolímpico canadiense que se convirtió en uno de los principales narcotraficantes de Norteamérica, contrató a un grupo de sicarios colombianos vinculados con Pablo Escobar para asesinar a un informante del FBI, según revelaron este miércoles medios canadienses.La radiotelevisión pública canadiense, CBC, señaló que Wedding, de 44 años, contrató a la llamada Oficina, un grupo creado por Escobar y que tras su muerte pasó a ser controlado por el narcotraficante y paramilitar Diego Fernández Murillo, 'Don Berna', para asesinar a Jonathan Acevedo García.Acevedo García, un canadiense de origen colombiano, trabajó para Wedding, conocido como 'El jefe', organizando el transporte de cocaína en Norteamérica. Pero a partir de 2024, Acevedo se convirtió en informante del FBI y se ofreció a testificar contra sus jefes.Según documentos presentados por el FBI en los tribunales estadounidenses, y a los que tuvo acceso CBC, Wedding ofreció hasta cinco millones de dólares por el asesinato de Acevedo tras saber que estaba colaborando con las autoridades.El 31 de enero de 2025, poco antes del inicio del juicio contra la organización de Wedding, Acevedo fue asesinado a tiros en Medellín, mientras comía en un restaurante. Los documentos del FBI señalan que la Oficina vigiló a Acevedo, a su esposa y a otra mujer, identificada como J.R., y que las autoridades describen como "amante" del informante.Wedding, que en enero se entregó a las autoridades estadounidenses en México, también intentó piratear el móvil de Acevedo utilizando 'spyware' por el que pagó 18.500 dólares. Las autoridades estadounidenses han descrito a Wedding como uno de los narcotraficantes más importantes de Norteamérica y una "versión moderna" de Pablo Escobar o Joaquín 'el Chapo' Guzmán.Wedding, nació en Canadá en el seno de una familia de esquiadores y formó parte del equipo del país en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002 para competir en 'snowboard'. Tras fracasar en la competición olímpica, Wedding empezó a traficar con cannabis en Canadá y posteriormente saltó a la cocaína, para lo cual se asoció con el Cartel de Sinaloa
Un mensaje que parece inofensivo, un enlace que promete un descuento irresistible. Un archivo adjunto que llega con apariencia oficial. Así empiezan hoy muchos delitos informáticos en Colombia. En un entorno donde el trabajo, el estudio y hasta los trámites con el Estado dependen de internet, cuidar la información personal y empresarial se ha convertido en la primera línea de defensa frente a ciberdelincuentes que actúan con más discreción que nunca.Esa es una de las alertas de un estudio reciente que revela un cambio en la forma en que operan los atacantes en Colombia y Latinoamérica. Ya no se trata de virus escandalosos que bloquean de inmediato un computador. Ahora las amenazas buscan pasar desapercibidas, infiltrarse y permanecer el mayor tiempo posible dentro de los sistemas.Las principales técnicas que están usando los ciberdelincuentesEl informe Compromise Report 2026 de Lumu Technologies identifica cuatro herramientas clave que hoy son usadas por los ciberdelincuentes para cometer estafas hurtos y demás delitos informáticos:1. Servicios para ocultar la identidad (anonymizers)Los delincuentes usan redes como Tor o VPN privadas para esconder su ubicación real. Esta “anonimización” fue el rastro más detectado durante el año, lo que demuestra que el anonimato es su primera capa de protección.2. Programas que abren la puerta al ataqueHerramientas como Keitaro, creada originalmente para marketing digital, han sido adaptadas para redirigir a las víctimas hacia páginas infectadas. Funcionan como una antesala que prepara el terreno para que entre el malware.3. Ladrones de información (infostealers)Uno de los más conocidos es Lumma Stealer, un programa diseñado para robar contraseñas, datos bancarios y credenciales. Aunque ha sido perseguido por autoridades, sigue activo y evolucionando. También han aparecido nuevas variantes enfocadas en información financiera.4. Secuestro de datos (ransomware) El ransomware bloquea archivos y exige dinero para liberarlos. En Latinoamérica sobresale DeathRansom, que concentra buena parte de las detecciones. Colombia aparece entre los países con mayor actividad de este tipo en la región.Ataques más silenciososSegún el análisis basado en el marco MITRE ATT&CK (una base de datos abierta y actualizada que recopila las tácticas y técnicas que usan los ciberdelincuentes, basada en casos reales) los atacantes ahora prefieren mantenerse ocultos dentro de las redes antes que causar daño inmediato. En lugar de atacar de frente, crean canales secretos para controlar sistemas a distancia sin levantar sospechas.En Sudamérica, DeathRansom concentra buena parte de la actividad maliciosa y Colombia figura entre los países con mayor concentración de detecciones, junto a Brasil y Argentina. Además, sectores como Telecomunicaciones, Gobierno y Educación aparecen entre los más afectados por infostealers y ransomware en la región.Los ciberdelincuentes no siempre hacen ruido. Por eso, más allá de la tecnología, el estudio también menciona que la prevención empieza con acciones básicas como: Desconfiar de enlaces sospechosos.Activar la verificación en dos pasos.Actualizar los dispositivos y evitar redes públicas sin protección.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.
Tres personas con discapacidad visual del área metropolitana de Bucaramanga denunciaron haber sido designadas como jurados de votación por la Registraduría Nacional del Estado Civil, situación que generó reacciones en redes sociales.Uno de los casos más visibles fue el de Juan David Pérez Quintero, integrante de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos, quien dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales. Con un tono jocoso, pero cuestionando la asignación, expresó:“Oiga imagínense que a Walter lo llamaron de jurado de votación, ¿cómo la ven? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?; pues imagínense que nos llegó la notificación de que debemos ser jurados de votación (…)”.La publicación rápidamente generó comentarios de apoyo y cuestionamientos sobre los filtros utilizados para la designación de los jurados.Tras conocerse el caso, la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado en el que explicó que, al momento del sorteo y designación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la condición del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación.“Una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”, señala el documento firmado por Ricardo Yezid Montoya Infante y Daniel David Barrios Mogollón, delegados departamentales del Registrador Nacional en Santander.Las otras dos personas ciegas que también denunciaron la designación como jurados de votación para la jornada electoral del 8 de marzo también fueron desvinculados por la Registraduría.
La Universidad Industrial de Santander celebra un hito histórico al ser reconocida con el premio Edificio del Año 2026 otorgado por ArchDaily en la categoría Educación, uno de los galardones más importantes de la arquitectura a nivel mundial.El reconocimiento destaca la calidad, innovación y proyección internacional de la infraestructura universitaria, consolidando a la UIS como referente en diseño arquitectónico al servicio de la formación académica y la transformación social.Desde la institución resaltaron que este logro es el resultado del trabajo colectivo. "Respira este momento. Siéntelo. Este triunfo también es tuyo. Cada voto, cada mensaje y cada gesto de apoyo construyó esta victoria”, señalaron directivas universitarias al agradecer a estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general.El premio no solo exalta una obra física, sino una visión de futuro donde la infraestructura se convierte en motor de conocimiento, inclusión y desarrollo regional. "Con este reconocimiento internacional, la Universidad Industrial de Santander demuestra que la arquitectura colombiana puede inspirar al mundo cuando se construye con identidad, propósito y participación", manifestó el rector Hernán Porras.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
El Tribunal Administrativo de Santander, en un fallo de primera instancia, dejó sin efectos la decisión de la Procuraduría General de la Nación que suspendió, por tres meses, al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por presunta participación en política.Según el Tribunal, la medida de la Procuraduría “vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, al sufragio pasivo y al trabajo”.Según la magistrada ponente, Claudia Ximena Ardila, la Procuraduría incumplió el deber de motivación y el estándar probatorio exigidos por el Código Disciplinario.“En suma, las deficiencias en la motivación de la suspensión provisional y las irregularidades observadas en el trámite de consulta desconocen las garantías del disciplinable establecidas en el artículo 217 del Código General Disciplinario, lo que vulnera de manera directa su derecho fundamental al debido proceso”, dice el fallo.Para el Tribunal Administrativo de Santander no configura una participación indebida en política por parte del funcionario distrital, así como tampoco el uso de una gorra con el logo “BCA EJA”, el hecho de que Laura Ahumada, en ese momento candidata en la consulta interna del Pacto Histórico al Senado, hubiera asistido a un evento público en el que participó su esposo, el alcalde Jonathan Vásquez.“La conducta de la señora Laura Ahumada, al hacer propaganda aprovechando su condición de primera dama o al vincular su campaña con la gestión de su esposo, es ajena al investigado. Además, el acto cautelar no incluye un razonamiento que permita considerar que de este hecho pueda derivarse alguna relevancia para la investigación de las faltas disciplinarias”, señala el fallo del Tribunal.
Crece la polémica en Girón, Santander, tras la firma de tres contratos, por más de $192.000 millones, mediante los cuales la Administración Municipal entregó la operación de los megacolegios Mario Morales Delgado, Gabriel García Márquez y Nuestra Señora de Belén a la Corporación Crecer Educados, una entidad privada con sede en Cúcuta.Los contratos, que tendrían vigencia por 12 años, fueron cuestionados por el Sindicato de Educadores de Santander (SES), que advierte un “afán privatizador” y posibles irregularidades en el proceso.La organización asegura que la contratación no cumplió los requisitos establecidos en los decretos que regulan la prestación del servicio educativo, incluida la exigencia de experiencia mínima de 10 años, pese a que la corporación contratada obtuvo reconocimiento jurídico apenas en octubre de 2023.Según el SES, los acuerdos comprometen recursos del Sistema General de Participaciones durante cuatro administraciones municipales, situación que, afirman, podría generar riesgos de sobreendeudamiento y vulnerar principios de moralidad y sostenibilidad fiscal. El sindicato también cuestionó que las comunidades educativas y la Junta Municipal de Educación no fueron informadas previamente sobre la entrega de los colegios.Heriberto Delgado, presidente del SES, aseguró que los contratos “no cumplen con las condiciones que exige la normativa para este tipo de servicio” y que ya interpusieron denuncias ante la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Además, informaron que radicaron una acción popular con medida cautelar para solicitar la suspensión de los contratos.Por su parte, Gladys González, directiva del SES en Girón, afirmó que la decisión afecta directamente a los docentes porque la Alcaldía no gestionó la ampliación de la planta de personal, obligación contemplada en los acuerdos laborales y en las normas del Ministerio de Educación.También cuestionó la capacidad técnica del operador privado: “Tiene apenas dos años de experiencia en educación pública; no sabemos con qué respaldo pretende asumir el servicio educativo de Girón”.El sindicato anunció que el 14 de enero la comunidad educativa, junto con el SES, iniciará movilizaciones en las calles del municipio para exigir la suspensión de los contratos y defender la educación pública.
Un fuerte sismo de magnitud 5,8 sacudió en la madrugada de este miércoles al municipio de Los Santos, en Santander, y se sintió en buena parte del territorio nacional. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad de 150 kilómetros, una característica que, aunque reduce la probabilidad de daños en superficie, amplifica el alcance de la vibración en amplias zonas del país.Fredy Tovar, sismólogo del SGC, explicó que la entidad ha recibido más de 4.000 reportes de ciudadanos que percibieron el temblor en 482 municipios, especialmente en Cundinamarca, Santander, Antioquia y Bogotá.“Le recordamos a la comunidad que la región de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos un nido sísmico, que libera energía sísmica todos los días. Por eso sentimos temblores con frecuencia en esta región”, señaló.¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?El área donde se originó este nuevo sismo corresponde al Nido Sísmico de Bucaramanga, una anomalía geológica reconocida internacionalmente por su intensa actividad. Allí, a más de 150 kilómetros bajo tierra, se producen cientos de microeventos sísmicos diarios asociados al choque, deformación y acomodación de varias placas tectónicas que interactúan en el norte de los Andes.A diferencia de otras zonas sísmicas del mundo donde los eventos superficiales suelen generar daños estructurales, los sismos profundos como el registrado hoy liberan energía de manera esférica, permitiendo que las ondas sísmicas viajen grandes distancias sin disiparse por completo.“Este sismo del día de hoy, de 150 kilómetros de profundidad, tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie”, explicó Tovar.Sin reportes de daños, pero con fuerte percepciónHasta el momento, las autoridades locales y organismos de socorro no han reportado afectaciones materiales ni personas lesionadas. Sin embargo, en ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Medellín miles de ciudadanos fueron despertados por el movimiento telúrico que, aunque breve, fue descrito como intenso.El SGC recordó que la actividad sísmica en Los Santos es constante y natural, y reiteró la importancia de que la población mantenga medidas de preparación, identifique puntos seguros y atienda siempre las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.
Un sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander, sacudió al oriente del país en la madrugada de este miércoles. El movimiento telúrico ocurrió a las 3:27 a.m., a una profundidad de 150 kilómetros, y aunque su origen fue intermedio, generó un amplio alcance y despertó a miles de ciudadanos en Bucaramanga, el área metropolitana y otras regiones del país, incluida Bogotá.El temblor se sintió con fuerza en zonas residenciales, donde muchos habitantes relataron momentos de angustia.“Eran las 3 y 28 de la mañana cuando se sintió un sismo muy terrible, muy fuerte y se temblaban mucho las ventanas. Siempre se siente un pánico muy terrible, eso se siente que uno quiere salir corriendo”, contó Cecilia Pilonieta, habitante de Bucaramanga en diálogo con este medio.Otro ciudadano aseguró que el movimiento telúrico lo tomó completamente desprevenido mientras dormía.“Creo que ha sido uno de los temblores más fuertes que he sentido en mi vida. Acá en el edificio incluso se produjo el sonido de los sismos, cosa que obviamente asusta mucho más en medio de ese momento de pánico”, relató Arley Sánchez, habitante de Bucaramanga.En edificios de gran altura el susto fue aún mayor. Un residente de un conjunto en un piso 19 describió la sensación como una escena de intensa inestabilidad.“Mi santo, que tengo detrás del apartamento, y la puerta empezaron a sonar muy duro. Sentí que la cama daba vueltas y todo se movió, y no paraba. Ahí comencé a pensar en que tenía que evacuar. Fue muy duro, me asustó mucho y preocupante que este tipo de temblor se haya sentido en lugares como Bogotá”, dijo.Las autoridades locales reportaron que, hasta el momento, no se han registrado afectaciones graves ni emergencias mayores, pero recomendaron mantener la calma ante posibles réplicas y revisar el estado de viviendas y edificaciones.El área de influencia de Los Santos continúa siendo uno de los puntos de mayor actividad sísmica en Colombia, por lo que expertos reiteran la importancia de fortalecer los planes de evacuación y las medidas de autoprotección en hogares y lugares de trabajo.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.